Consorcio Ejecutor Bellavista — Res. 388-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (incluye todas las submaterias y todos los subsubgrupos), Seguridad Social (subgrupo materia: inscripción en la seguridad, subsubgrupo: inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud), Seguridad Social (subgrupo materia: inscripción en la seguridad, subsubgrupo: inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (submateria: vacaciones, subsubgrupo: todos), Planillas o registros que la sustituyan (submateria: registro de trabajadores y otros en la planilla, subsubgrupo: todos), Planillas o registros que la sustituyan (submateria: entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades, subsubgrupo: todos), Remuneraciones (submateria: pago de la remuneración (sueldos y salarios), subsubgrupo: todos), Remuneraciones (submateria: gratificaciones, subsubgrupo: todos) y Compensación por tiempo de servicios (submateria: depósito de CTS, subsubgrupo: todos) 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

seguridad y salud en el trabajo, dos (02) infracciones leves a las relaciones laborales y dos (02) infracciones graves a las relaciones laborales.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, por no registrar a los trabajadores en planilla o registro que lo sustituye, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 57,860.00.

- Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 17,248.00.

- Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones legales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la CTS, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 17,248.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las vacaciones, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 23,100.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la seguridad social, por no haber inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social en salud, tipificada en el numeral 44- B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 57,860.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la seguridad social, por no haber inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social de pensiones, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 57,860.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 23,100.00.

i. Alega que son nueve (09) las infracciones y son trece (13) trabajadores afectados, de los cuales ocho (08) se encuentran en planillas y cinco (05) trabajadores laboran bajo contratos de locación de servicio, sin vínculo laboral, que obtienen su pago mediante recibo por honorarios. ii. Respecto a las infracciones detalladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del parrafo precedente alega que hay una interpretación errónea en la sanción impuesta, dado que no se valoraron adecuadamente las boletas de pago y recibos por honorarios presentados, los cuales evidencian que los beneficios laborales fueron otorgados de manera equivalente tanto a los trabajadores en planilla como a los que prestaron servicios bajo recibos por honorarios, en función del tiempo de contratación. Asimismo, se señala que dicha situación ya fue subsanada ante el inspector de trabajo, pero esta subsanación no fue considerada al momento de resolver, por lo que se presentarán nuevamente los documentos en esta etapa del procedimiento. iii. Respecto a las infracciones detalladas en los ítems 8 y 9 alega que en las actas de ingreso de los trabajadores y también en su boleta de pago se evidencia que, si estaban considerados dentro un régimen pensionario y además de ello contaban con seguro de salud, mientras prestaban trabajo para la administrada. iv. Finalmente indica que se ha cumplido con los requerimientos solicitados por el inspector dentro de las actuaciones inspectivas, independientemente de ello también presentó sus descargos, cursando la información que acredita el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

2 Notificada a la recurrente personalmente el 25 de abril de 2023

i. Precisa que el principio de primacía de la realidad establece que, ante discrepancias entre lo declarado en documentos y lo ocurrido en la práctica laboral, deben prevalecer los hechos constatados. Siendo así, durante la tramitación del procedimiento inspectivo se constató que los hechos verificados son totalmente discordantes con los contratos de locación de servicios y términos de referencia presentados por la impugnante con respecto a los cinco trabajadores que indica son locadores de servicios, sumado a ello se acreditó la existencia de los tres requisitos indispensables para la configuración del vínculo laboral. ii. Asimismo, respecto a las infracciones de no acreditar el pago de la remuneración y no acreditar la entrega de boletas de pago, en virtud al concurso de infracciones ante una misma acción u omisión que se constituya en más de una conducta infractora, se aplica la sanción de mayor gravedad. Siendo así, se evidencia que, el monto pagado por los meses de setiembre y octubre del año 2021 a sus trabajadores, no indica el monto total que por ley les correspondía, pues existe una diferencia entre el monto pagado y el monto que debería haber cancelado según la Tabla Salarial Vigente del régimen laboral especial de construcción civil y los días laborados. Aunado a ello, se advierte que no se canceló en forma íntegra las remuneraciones consistentes en el jornal básico, descanso semanal obligatorio – dominical; y siendo que el cálculo de la bonificación única de la construcción – BUC, depende del monto remunerativo a pagar. iii. Respecto al pago integro de las gratificaciones legales se advierte que la impugnante no acreditó el pago integro de las gratificaciones por navidad correspondientes a los periodos de setiembre y octubre de 2021 a favor de sus trabajadores contratados erróneamente mediante locación de servicios. iv. El sujeto inspeccionado no pagó de manera íntegra la compensación por tiempo de servicios de acuerdo a la tabla salarial vigente del régimen de la construcción civil a sus trabajadores, de los meses de setiembre y octubre de 2021. v. De la misma forma, no se acredita el pago integro de las vacaciones dado que al quedar acreditado el incumplimiento del pago integro y oportuno de las remuneraciones, también incumplió con las obligaciones referidas al descanso vacacional vi. En el ámbito de la seguridad social, se verificó el incumplimiento de la obligación de inscribir a los trabajadores (contratados bajo la modalidad de locación de servicios) en los regímenes de salud y pensiones, pese a la medida inspectiva de requerimiento. vii. Asimismo, se evalúa la deficiencia en el registro de control de asistencia, elemento obligatorio según el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR y el numeral 25.19 del RLGIT. Así, se advirtió que la empresa impuso registros preimpresos, impidiendo al trabajador consignar personalmente su horario, lo que constituye una infracción insubsanable y muy grave en el marco normativo. viii. Por último, precisa que la impugnante no ha cuestionado la infracción vinculada al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; siendo que, al respecto se ha acreditado que pese a que la misma presentó documentación en diferentes fechas, esta no acredita lo solicitado por el inspector en la referida medida inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio Ejecutor Bellavista

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

SUNAFIL/IRE-AMZ, que confirmó la sanción de multa ascendente a S/. 272,756.00 por la comisión de seis (06) infracciones MUY GRAVES, a la labor inspectiva y a las relaciones laborales y tres (03) infracciones graves a las relaciones laborales, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, esto es, el 26 de abril del 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

El 9 de mayo de 2023, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 007-2023-SUNAFIL/IRE-AMZ, argumentando lo siguiente:

i. Alega que la resolución recurrida transgrede el principio del debido procedimiento administrativo dado que son 8 los trabajadores que se encuentran en planilla y 5 locadores de servicio que emiten recibo por honorario. Siendo que, presentó conforme corresponde las boletas de pago y los recibos por honorarios, documentación que no fue valorada. ii. De la lectura de las altas de ingreso de los trabajadores y de sus boletas de pago, se advierte que si estaban dentro de un régimen pensionario y, además de ello, contaban con seguro de salud. Por lo que, no se puede sancionar un acto que ya fue subsanado. iii. Finalmente, alega que las resoluciones emitidas durante el procedimiento administrativo sancionador no fueron debidamente notificadas a la impugnante.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones;

ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Es importante precisar que mediante el argumento i), la impugnante busca cuestionar la relación laboral acreditrada por el Inspector en el Acta de Infracción, es decir, tiene como objeto cuestionar un hecho comprobado en el marco de las actuaciones inspectivas, sin ofrecer medios probatorios que sustenten sus afirmaciones. De la misma forma, mediante el argumento iii) busca cuestionar las notificaciones del procedimiento alegando no haber sido debidamente notificado, sin embargo, de la revisión de los actuados se advierte que el administrado ante la resolución de primera y segunda instancia ejerció su derecho de defensa presentando los recursos administrativos pertinentes. Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos de competencia material.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la conducta imputada y cuestionada por la recurrente

Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”11 (énfasis añadido).

Principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. TUO de la LPAG, Título Preliminar “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”.

Figura N° 01

Figura N° 02

Pensiones (ONP o AFP) de acuerdo a sus fechas de ingresos a favor de los trabajadores señalados en el Cuadro N° 03 del numeral 4.9 de la presente medida inspectiva de requerimiento, comprobadas por PRIMACÍA DE LA REALIDAD en las presentes actuaciones inspectivas”13.

Figura N° 03

El cuadro N° 3 al que se hace referencia es la imagen N° 2 citada en el ítem 6.9 de la presente resolución.

la impugnante vinculado a la subsanación de la infracción inicialmente detectada y a la presunta vulneración al principio del debido procedimiento.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No registrar a los trabajadores en planilla o registro que lo sustituye Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración GRAVE No acreditó la entrega de la boleta de pago LEVE (Concurso de infracciones) Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las gratificaciones legales Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago integro de la CTS Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las vacaciones Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Relaciones Laborales No haber inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social en salud Numeral 44-B.1 del artículo 44-B. del RLGIT MUY GRAVE Relaciones Laborales No haber inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social en pensiones Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Relaciones Laborales No contar con el registro de control de asistencia Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva El sujeto inspeccionado no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO EJECUTOR BELLAVISTA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 007-2023-SUNAFIL/IRE-AMZ del 7 de febrero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Amazonas, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 020-2022-SUNAFIL/IRE-SMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 007-2023-SUNAFIL/IRE-AMZ en los extremos referidos a las infracciones Muy Graves, tipificadas en los numerales 25.20, 25.6 y 25.19 del artículo 25, numeral 44-B.1 del artículo 44-B y 46.7 del artículo 46 del RLGIT

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO EJECUTOR BELLAVISTA y a la Intendencia Regional de Amazonas, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250416VLFR – HR 89199-2023