Consorcio Educativo la Inmaculada EIRL — Res. 893-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contratos de trabajo (Sub materia: Formalidades), Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios), gratificaciones), Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS), y Seguridad Social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social en pensiones). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago total a la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal (periodo: marzo 2020 hasta junio 2020) de la compensación por tiempo de servicios (CTS); tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago total a la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal (periodo: marzo 2020 hasta junio 2020) de sus gratificaciones truncas; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar el pago de todo o parte de los aportes pensionarios de la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal (periodo: marzo 2020 hasta junio 2020); tipificada en el numeral 44- B.2 del artículo 44 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de remuneraciones de los días laborados por la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal (periodo: abril 2020 hasta junio 2020); tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de contrato de trabajo a la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal; tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,144.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Vulneración del principio constitucional del debido procedimiento administrativo - derecho a la defensa, debido a que con fecha 27 de octubre del 2021, solicitó copias del íntegro del presente expediente, documentos que necesitaba para preparar sus descargos. ii. La notificación de dicha medida se realizó el 16 de agosto del 2021, cuando ya se encontraba vigente la versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, que entró en vigencia desde el 12 de agosto del 2021, siendo de cumplimiento obligatorio que la medida inspectiva de requerimiento contenga la conformidad del supervisor inspector para tener validez en un procedimiento inspectivo, hecho que no se ha realizado en este caso, donde solo aparece la firma de la inspectora comisionada. iii. En el presente caso, existe falta de motivación en el Acta de Infracción, debido a que la inspectora comisionada se limita a señalar que se ha efectuado requerimientos a nuestra empresa y que ésta no ha cumplido con acreditar el pago de beneficios sociales, sin desarrollar los argumentos, la justificación, la fundamentación de la inspectora para determinar que se haya cometido alguna infracción. iv. La denunciante laboró del 03 al 11 de marzo del 2020, no quiso continuar laborando de manera virtual, no pudiendo acreditar la entrega del contrato de trabajo, debido a que nunca se firmó un contrato en físico, que desde un inicio fue de manera verbal pendiente de materializarlo, pero se decretó la emergencia sanitaria y la denunciante no quiso continuar laborando, cumpliendo con cancelar la CTS como las gratificaciones truncas, del periodo que la denunciante laboró, siendo que el pago de las remuneraciones de los meses de abril a julio, no corresponde porque no laboró para ellos, así como no se hizo efectivo el aporte pensionario porque la denunciante no fue declarada como trabajadora suya, dado que se negó a continuar con sus labores, pagándosele por los días trabajados en el mes de marzo.

i. Que, de la valoración de todo lo actuado se verifica que se ha venido respetando el debido procedimiento del apelante, tanto en la etapa de actuación inspectiva como en el procedimiento administrativo sancionador - fase instructora y sancionadora - al habérsele notificado debidamente con la imputación de cargos, a fin que efectúe sus descargos dentro de los plazos legalmente establecidos, así como habiéndosele notificado debidamente todas las actuaciones correspondientes al presente caso, otorgándosele la oportunidad conforme a su derecho, de presentar sus argumentos de defensa, así como de adjuntar los medios probatorios que considere pertinentes

2 Notificada a la impugnante el 04 de julio de 2022, véase folio 124 del expediente sancionador digitalizado.

para sustentar su teoría del caso y estrategia de defensa, obteniendo una decisión motivada por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, como es el caso de la expedición de la resolución cuestionada, encontrándose acorde a la normativa expuesta, al haber desarrollado un análisis jurídico y fáctico de las normas vulneradas, según los hechos constatados por el inspector comisionado y los descargos efectuados por el sujeto inspeccionado. ii. Asimismo, en cuanto a su solicitud de copias del presente expediente sancionador, ello no resulta ser un impedimento para ejercer su derecho de defensa, toda vez que durante las actuaciones inspectivas de investigación y el procedimiento administrativo sancionador, se ha cumplido con notificar al sujeto inspeccionado con los actos administrativos emitidos, desestimando lo alegado por la impugnante en este extremo. iii. Por otra parte, del Acta de Infracción se verifica que la impugnante, no cumplió con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, configurándose una infracción muy grave a la labor inspectiva según lo dispuesto en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, de naturaleza insubsanable. iv. Asimismo, con respecto a lo dispuesto en la Versión 02 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII denominada “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”, la misma entró en vigencia en el mes de agosto del 2021, sin embargo, no resulta de aplicación a la orden de inspección que dio origen al presente expediente sancionador, por cuanto fue generada con fecha 14 de mayo del 2021, es decir, con anterioridad a la publicación de dicha Directiva, debiendo continuar su trámite de conformidad a las normas y reglas que determinaron su generación, desestimándose lo alegado por el impugnante en este extremo. v. Al respecto, se advierte que tanto en el Acta de Infracción como en la Resolución de Sub Intendencia N° 952-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, se ha cumplido con el sustento jurídico por el cual se ha determinado la sanción pecuniaria impuesta, siendo que además se ha detallado la conducta infractora, la norma vulnerada y la tipificación legal, así como se ha expresado claramente los hechos por los cuales se ha configurado la infracción descrita en dicha resolución, mencionándose los motivos por los cuales la inspeccionada debe ser sancionada. vi. También puntualiza que, la hoja de liquidación de beneficios sociales presentada por el impugnante para acreditar el pago de los derechos laborales adeudados a la trabajadora afectada Mónica Paola Castillo Espinal, correspondía a los periodos laborados antes del año 2020 y no al periodo denunciado de marzo a julio del 2020, más aún cuando la denuncia presentada, en un primer momento, se tramitó mediante el Módulo de Gestión de Cumplimiento de la SUNAFIL, siendo que la empresa denunciada efectuó los descargos correspondientes, afirmando que existía un contrato de trabajo suscrito con la denunciante de marzo a julio del 2020, por lo que persisten los incumplimientos advertidos. vii. Finalmente, advierte que, en diferentes extremos del recurso de apelación, el impugnante afirma que se trató de una contratación laboral de manera verbal, lo que implica una relación laboral a plazo indeterminado como regla general en la contratación según lo establecido en el TUO del D.L N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, precepto normativo que también se habría vulnerado en caso de no existir el contrato de trabajo de marzo a julio del 2020 como señala el empleador inspeccionado, por lo que, desestima lo alegado por el impugnante en este extremo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (..)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio Educactivo La Inmaculada Eirl

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 208-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación de la Constitución Política y de las normas de derecho laboral respecto del derecho al debido procedimiento administrativo. Cita el inciso 14 del artículo 139° de la Constitución, numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, literal a) del artículo 44° de la LGIT. ii. Aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral. iii. Que, a pesar de su solicitud de entrega de copias de todo el expediente sancionador, incluido el expediente inspectivo, no se obtuvo respuesta alguna por parte de la administración pública, pues no se le entrego las copias solicitadas, las mismas que

hubiesen servido para preparar mucho mejor su defensa en este procedimiento, vulnerando así su derecho a la defensa. iv. Menciona que, la notificación de dicha medida se realizó el 16 de agosto de 2021 cuando ya se encontraba vigente la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII – DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA aprobada mediante la Resolución de Superintendencia N° 216-2021- SUNAFIL, la misma que entró en vigencia desde el 12 de agosto de 2021, y que en su numeral 7.15.1, tercer párrafo, señala lo siguiente: “El supervisor inspector, como parte de sus funciones de supervisión y control, brinda conformidad respecto de las medidas inspectivas de requerimiento emitidas por el personal inspectivo a su cargo”. Que, de la revisión de dicha medida no se evidencia ninguna conformidad del supervisor inspector, sólo aparece la firma de la inspectora comisionada, lo que incurre en un vicio del procedimiento inspectivo. v. Por otra parte, alega la propia acta de infracción no desarrolla los argumentos, la justificación, la fundamentación de la inspectora para determinar que se haya cometido alguna infracción, aunado a ello, no se pronuncia en nada sobre sus escritos presentados en su oportunidad, los mismos que obran en el expediente y que no puede señalar los folios en los que estarían, porque no se les entrego las copias solicitadas. vi. Expresa que, uno de los derechos fundamentales, de esencial importancia en materia sancionadora, es el derecho a la presunción de inocencia, que en el caso peruano se encuentra regulado en el literal e), inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. Este derecho, recogido en el plano legal en el numeral 9 del artículo 248 de la LPAG bajo la denominación de presunción de licitud, proscribe que se sancione a una persona en tanto su responsabilidad sobre el hecho imputado no haya sido debidamente acreditada, más allá de toda duda razonable. vii. En base a ello, puntualiza que, en sus escritos de fechas 22 de junio y 07 de julio de 2021, ofreció como medios probatorios los testimonios de trabajadores administrativos o de profesores de su empresa, referidos a si la denunciante laboró o no en su empresa en el periodo advertido en su denuncia, medios probatorios que no se valoraron ni actuaron y que tampoco se ha pronunciado del porqué no los ha valorado ni los ha tomado en cuenta, vulnerando así su derecho al debido procedimiento administrativo. viii. Considera que, la vulneración de sus derechos, como el debido procedimiento administrativo y derecho a la defensa, resulta suficiente para que la autoridad sancionadora de segunda instancia declare nula la resolución recurrida y todos los actos anteriores a esta. ix. Respecto del pago de los beneficios sociales, señala que, en lo referido a la CTS como las gratificaciones truncas, estas se han cumplido con cancelar del periodo que la denunciante laboró, que es el periodo que legalmente le correspondía y que se realizó con depósito en la cuenta bancaria de la denunciante, documento que comunicamos a la inspectora en nuestro escrito de fecha 07 de julio de 2021. x. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento como infracción a la labor inspectiva, señala que, dicha información no la podía presentar porque no existen documentos con qué acreditar, tanto el pago de remuneraciones, de beneficios sociales, del pago de los aporte pensionarios y del contrato de trabajo, porque es materialmente imposible que los tenga dado que los pagos no se realizaron, ni se emitieron los otros documentos, ya que la denunciante no laboró para su empresa en el periodo señalado por la inspectora en el acta de infracción. xi. Concluye que, en la Carta N° 070-2020- SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI-MGC en donde se menciona que la trabajadora firmó un contrato con la institución educativa desde el

02 de marzo hasta el 31 de julio de 2020, en la realidad esto no se dio, hecho que la misma inspectora no ha podido corroborar por que dicho contrato firmado no existe, y que, lo que se tuvo fue un acuerdo verbal al inicio con la denunciante.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al

asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

que suspendieron las clases a nivel nacional productor de la pandemia Covid-19; sin embargo, se le canceló todo el mes completo.(…)” y, luego, señalase en sus escritos que fue una contratación verbal, sus argumentos no han logrado desacreditar la existencia de una relación laboral con la trabajadora, por lo que, este extremo debe ser desestimado.

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.11. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por

el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente (énfasis añadido).

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, del 30 de julio de 20219, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. En dicho Acuerdo Plenario, se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva, el cual establece literalmente lo siguiente:

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia

9 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021.

administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

10 Véase fojas 01 a 04 del expediente inspectivo.

Figura N°01

Documento que fue firmado por Ruby Esmeralda Silva Herrera, en calidad de Titular Gerente de la Empresa Consorcio Educativo La Inmaculada EIR.

11 Véase fojas 07 del expediente sancionador. 12 Véase fojas 85 a 90 del expediente inspectivo.

Figura N°02

todas las documentales presentadas. Asimismo, se ha verificado que las actuaciones inspectivas se han desarrollado respetando el debido procedimiento, no observándose ninguna afectación a los principios de tipicidad y razonabilidad, como refiere la impugnante.

Sobre la afectación del principio de presunción de inocencia y el principio de licitud

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales La inspeccionada no acredita la entrega de contrato de trabajo a la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Relaciones Laborales La inspeccionada no acredita el pago total a la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal (periodo: marzo 2020 hasta junio 2020) de la compensación por tiempo de servicios (CTS). Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales La inspeccionada no acredita el pago total a la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal (periodo: marzo 2020 hasta junio 2020) de sus gratificaciones truncas. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales La inspeccionada no acredita el pago de remuneraciones de los días laborados por la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal (periodo: abril 2020 hasta junio 2020). Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Seguridad Social La inspeccionada no acredita el pago de todo o parte de los aportes pensionarios de la ex trabajadora Mónica Paola Castillo Espinal (periodo: marzo 2020 hasta junio 2020). Numeral 44-B.2 del artículo 44 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva Incumplimiento de la medida de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO EDUCATIVO LA INMACULADA EIRL, en contra de la Resolución de Intendencia N°208-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N°636-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N°208-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de seguridad social tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT y la infracción muy grave a la labor inspectiva, por, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO EDUCATIVO LA INMACULADA EIRL, y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230913JCR