Consorcio Checsac - Cccc4th — Res. 944-2025

Mediante la Orden de Inspección N° 357-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral 1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 237-2022-SUNAFIL/IRE-LIM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sancionar económicamente a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

A través de la Imputación de Cargos N° 337-2022-SUNAFIL/IRE-LIM/SIFN-IC, de fecha 19 de agosto de 2022, notificada el 22 de agosto de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 524-2022-SUNAFIL/IRE-LIM/SIFN-IF, de fecha 28 de octubre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lima, la cual mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE- LIM/SISA, de fecha 14 de abril de 2023, notificada el 17 de abril de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/. 24,196.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 09 de mayo de 2023 la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante la Resolución de Intendencia N° 101-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 05 de julio de 2023, notificada el 07 de julio de 2023, la Intendencia Regional de Lima declaró infundado el recurso de apelación, en atención a los siguientes fundamentos:

Con fecha 26 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lima el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 101-2023- SUNAFIL/IRE-LIM.

La Intendencia Regional de Lima admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante el MEMORÁNDUM-000688-2023- SUNAFIL/IRE-LIM, recibido el 02 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el CONSORCIO CHECSAC - CCCC4TH, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 101-2023- SUNAFIL/IRE-LIM, que confirmó la sanción de multa ascendente a S/. 24,196.00 por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.3 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 10 de julio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el CONSORCIO CHECSAC - CCCC4TH

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”8 (énfasis añadido).

En la misma línea, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores - Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

En ese marco, el artículo 1 de la LGIT define a “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad.9

Complementariamente, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT establece que, “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. (énfasis añadido)

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las

Asimismo, es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

Por tanto, los requerimientos de información recaen sobre instrumentales exigibles a los administrados ya sea por su deber legal de resguardo documental en la relación de trabajo, o bien porque el empleador cuenta con los medios para presentar dicha información, conforme con el deber de colaboración.

Ahora bien, en el caso concreto, de la lectura del expediente inspectivo se verifica que:

No obstante, pese a haber sido debidamente notificada con el requerimiento de información antes señalado y, a pesar que el Inspector comisionado verificó que la administrada sí descargo el referido requerimiento, esta no cumplió con remitir la información solicitada en el plazo conferido, conforme dejó constancia en el ítem 4.4 del apartado “IV. Hechos Constatados” del Acta de Infracción, veamos:

Asimismo, se recalca que no sólo se ha merituado la conducta reprochable constitutiva de infracción –la misma que vulnera el precepto legal que regula la colaboración a la función inspectiva– sino que se ha advertido que dicho comportamiento impidió que el personal inspectivo cumpliera con el objeto de la inspección, no tratándose en el presente caso de un mero retraso, sino que el comportamiento reprochable terminó frustrando completamente la fiscalización, dada la imposibilidad de verificar las materias a inspeccionar.

Así, cabe recordar que la LGIT y el RLGIT, han otorgado especial importancia a la falta de colaboración a la labor inspectiva, al considerarla como una infracción muy grave de naturaleza insubsanable por cada hecho verificado; pues la finalidad es sancionar el incumplimiento de la obligación de colaboración a la labor inspectiva en la oportunidad requerida, en garantía de la eficacia del funcionamiento de la labor inspectiva en el marco de las facultades que la Ley confiere. A pesar de lo cual, la impugnante ha incumplido conforme consta en el Acta de Infracción, en los hechos constatados.

Por las razones expuestas precedentemente, debe confirmarse este extremo de la sanción impuesta, al haberse demostrado que pese a haber sido debidamente notificada la impugnante con el requerimiento de información emitido, no cumplió con remitir lo solicitado en el plazo conferido.

El artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas” (Énfasis añadido). Así, se debe precisa que la comparecencia es una de las modalidades de actuación inspectiva conforme el artículo 1112 de la LGIT.

En relación a ello, el literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 69 y 70 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS" (énfasis añadido).

Asimismo, el inciso 3 del artículo 36° de la LGIT establece que “son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de

Asimismo, el artículo 17 de la LGIT, en cuanto a la capacitada de obrar de los administrados frente a la inspección del trabajo, señala que “(…) Las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, actuarán por medio de quienes, al tiempo de la actuación inspectiva, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida, siempre que lo acrediten con arreglo a ley. Las actuaciones inspectivas se seguirán con los sujetos obligados al cumplimiento de las normas, que podrán actuar por medio de representante, debidamente acreditado ante el inspector actuante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones. (…) La intervención mediante representante sin capacidad o insuficientemente acreditado se considerará inasistencia, cuando se haya solicitado el apersonamiento del sujeto obligado” (Énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT establece en el numeral 46.10 del artículo 46 que es infracción muy grave a la labor inspectiva “la inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia”. Así las cosas, se evidencia que para la configuración de este tipo infractor solo se requiere la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia.

Sobre el particular, en el caso concreto, de la lectura del expediente inspectivo se verifica que:

Asimismo, es importante recalcar que, el referido requerimiento de comparecencia notificado señala expresamente que la inasistencia de la impugnante constituye “(…) INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA, sancionable con multa, según dispone los artículos 36 y 39 de la Ley N.º 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y los artículos 45 y 46 de su Reglamento aprobado por D.S. N.º 019-2006-TR”.

No obstante, pese a encontrarse debidamente notificada, se advierte que, el día y hora fijados, el representante de la impugnante no asistió a la comparecencia con los poderes de representación debidamente acreditados, conforme ha sido recogido en el considerando 4.5 del Acta de Infracción, veamos:

En tal sentido, según lo consignado en el Acta de Infracción, en la fecha y hora programadas no se presentó ningún representante o apoderado debidamente acreditado a la diligencia de comparecencia. Si bien acudió el señor Carpio, lo hizo portando una carta poder simple, la cual estaba acompañada de un Certificado de Vigencia de Poder y del Carné de Extranjería de un representante distinto al que suscribe la mencionada carta. Por ello, al no haber sido posible llevar a cabo la diligencia por esta irregularidad, se configuró la infracción prevista en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

En consecuencia, conforme a lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar este extremo de la sanción impuesta, al haberse acreditado que, pese a haber sido válidamente notificada con el requerimiento de comparecencia, la impugnante no acudió debidamente representada a la referida diligencia.

Es importante precisar que los argumentos i), ii) y iii), planteados por la impugnante serán analizados de manera conjunta, en tanto todos ellos comparten un mismo eje argumental, esto es, sostienen que los requerimientos formulados durante las actuaciones inspectivas eran irrazonables y desproporcionados, ya sea por el breve plazo otorgado para cumplir con el requerimiento de información, por la falta de reprogramación de la diligencia de comparecencia dada la presentación del representante sin poderes debidamente acreditados, o por la supuesta imposibilidad material de cumplimiento que excluiría la configuración de responsabilidad administrativa.

Al respecto, es importante precisar que el plazo de un (01) día hábil otorgado a la impugnante para cumplir con el requerimiento de información no constituye una decisión discrecional ni irrazonable adoptada por la autoridad inspectiva, sino que deriva directamente de una previsión reglamentaria expresa con rango normativo, contenida en el literal b) del numeral 9.1 del artículo 9 del RLGIT, veamos:

Siendo así, se denota que dicha norma establece que, en los casos de despido arbitrario y otras materias que requieren intervención urgente, las actuaciones inspectivas deben iniciarse el mismo día de recibida la orden de inspección o desde que se tome conocimiento del hecho. A diferencia del régimen general (literal a), que permite iniciar las actuaciones inspectivas en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, esta disposición especial impone un estándar de inmediatez de cumplimiento, cuyo objeto es salvaguardar derechos fundamentales laborales comprometidos por el cese abrupto.

Así, se evidencia que esta previsión reglamentaria, de carácter imperativo, constituye una excepción legal al régimen general de actuaciones inspectivas, al establecer una actuación prioritaria que habilita a la SUNAFIL a fijar plazos reducidos para los requerimientos formulados, siempre que se garantice el respeto al debido procedimiento. En dicha línea, corresponde recordar que el artículo 36 de la LGIT establece que son infracciones a la labor inspectiva aquellas conductas que, directa o indirectamente, impidan o dilaten el cumplimiento de la fiscalización.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9 del RLGIT, la SUNAFIL emitió la Directiva N° 003-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre verificación de despido arbitrario”, cuyo contenido no crea nuevas obligaciones ni plazos, sino que operativiza el mandato normativo reglamentario con el fin de dotar de eficacia al procedimiento inspectivo y evitar que dilaciones injustificadas neutralicen el ejercicio oportuno del poder de fiscalización en materia de cese laboral. Así, el numeral 7.1.1 de dicha directiva dispone que:

En ese contexto, se colige que la exigencia de remitir la información requerida en el plazo de un (01) día hábil no solo encuentra sustento en lo dispuesto en el RLGIT, sino que es indispensable para garantizar el cumplimiento de los estrictos plazos impuestos al propio sistema inspectivo. En efecto, el artículo 2 de la LGIT consagra como principio rector de la función inspectiva el deber de celeridad en la tutela de los derechos laborales, mientras que el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG exige que las autoridades actúen de manera eficiente para satisfacer el interés general.

Así, los plazos breves otorgados a los inspeccionados, no responden a un diseño aleatorio, sino que obedecen a una política pública de tutela urgente ante presuntos despidos arbitrarios, en un marco institucional que impone a la SUNAFIL límites temporales perentorios para atender y cerrar este tipo de actuaciones rápidamente. Debe tenerse presente que las órdenes de inspección no se ejecutan de forma aislada, sino dentro de una programación institucional que contempla cargas operativas múltiples por parte del personal inspectivo. Por tanto, el deber de colaboración del administrado debe ejercerse con una diligencia reforzada en estos supuestos excepcionales, no pudiendo invocarse como excusa la falta de tiempo interno sin sustento documental o prueba de imposibilidad material de cumplimiento.

En cuanto a la diligencia de comparecencia, se advierte que, si bien concurrió un tercero a la citación formulada por el inspector comisionado, dicha persona no estaba debidamente facultada para representar a la inspeccionada. Tal como consta en el Acta de Infracción, el señor Carpio presentó una carta poder firmada por una persona distinta a aquella respecto de la cual adjuntó el Certificado de Vigencia de Poder y el Carné de Extranjería, configurándose así una incongruencia sustantiva en la acreditación de la representación legal.

En atención a dicha circunstancia se denota que no se trató de una omisión subsanable en la propia diligencia, sino de una deficiencia sustancial que impidió la verificación del cumplimiento de las normas laborales, equiparándose jurídicamente a una inasistencia conforme al artículo 17 de la LGIT y subsumible en la infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Por otro lado, la invocación de los Principios de Culpabilidad y Causalidad carece de sustento jurídico. Ello, dado que conforme a la LGIT y a su reglamento, la configuración de las infracciones previstas en los numerales 46.3 y 46.10 se verifica por el incumplimiento objetivo del deber de colaboración dentro del plazo previsto. No se exige, por tanto, la acreditación de intencionalidad o dolo, en tanto se trata de infracciones de naturaleza administrativa sancionable por omisión o resistencia al cumplimiento del mandato inspectivo. En tal sentido, la supuesta voluntad de colaboración de la impugnante no resulta jurídicamente relevante frente a una conducta que, en los hechos, impidió el desarrollo efectivo de las actuaciones inspectivas.

En consecuencia, los tres argumentos de la impugnante —relacionados con la supuesta irrazonabilidad de los plazos, la falta de oportunidad para subsanar la comparecencia y la alegada ausencia de intención— no resultan amparables, por cuanto se ha verificado que las exigencias formuladas por la Inspección del Trabajo no solo se ajustan a lo dispuesto por la Directiva N° 003-2020-SUNAFIL/INII, sino que esta, a su vez, se encuentra debidamente respaldada en el mandato reglamentario contenido en el artículo 9 del RLGIT.

Asimismo, se recalca que la referida Directiva N° 003-2020-SUNAFIL/INII, lejos de constituir una disposición autónoma o desproporcionada, desarrolla y aplica el mandato imperativo del artículo 9 del RLGIT, cuya finalidad es garantizar la tutela urgente e inmediata de derechos fundamentales frente a situaciones como el despido arbitrario. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos i), ii) y iii), al no haberse acreditado vulneración alguna a los principios invocados.

Finalmente, se precisa que mediante su argumento iv), la impugnante alega que, en atención a los argumentos planteados, se evidencia la vulneración a su derecho al debido procedimiento debiendo declararse la nulidad de la resolución impugnada; sobre el particular, se advierte que la impugnante reitera los alegatos ya absueltos en la presente resolución. Sin perjuicio de ello, debemos señalar que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional —máximo intérprete de la Constitución— se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia como la Resolución impugnada han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiendo el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas

En ese entendido del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

Siendo así, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, pues, no se verifica un supuesto de nulidad, al no evidenciarse vulneración alguna al debido procedimiento, al deber de motivación, ni falta de valoración de los medios probatorios aportados y obtenidos en las actuaciones inspectivas, no correspondiendo acoger dichos extremos del recurso de revisión.

En consecuencia, se verifica que el presente procedimiento administrativo sancionador no ha incurrido en alguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, toda vez que se ha garantizado el respeto al debido procedimiento administrativo y al derecho de defensa de la recurrente a lo largo de su tramitación. 6.43. Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde acoger los alegatos expuestos en el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.