Consorcio Checsac – Cccc4th — Res. 1481-2025

Mediante Orden de Inspección N° 580-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de relaciones laborales1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 289-2022-SUNAFIL/IRE-LIM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT .

Que, mediante Imputación de Cargos N° 405-2022-SUNAFIL/IRE-LIM/SIFN-IC, de fecha 06 de octubre de 2022, notificada el 10 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 20-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SIFN-IF, de fecha 20 de enero de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lima, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 272-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, de fecha 07 de julio de 2023, notificada el 10 de julio de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/53,176.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 31 de julio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 272-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 156-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 11 de setiembre de 20232, la Intendencia Regional de Lima declaró infundado el recurso de apelación, confirmando la sanción impuesta. 1.6 Con fecha 03 de octubre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lima el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 156-2023- SUNAFIL/IRE-LIM.

La Intendencia Regional de Lima admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000957-2023-SUNAFIL/IRE- LIM, recibido el 05 de octubre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el CONSORCIO CHECSAC – CCCC4TH, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 156-2023-SUNAFIL/IRE- LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima, que confirmó la sanción impuesta de S/53,176.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 14 de setiembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CONSORCIO CHECSAC – CCCC4TH.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo,

El numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultades de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el artículo 12 del RLGIT.

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad11. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no sólo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”12.

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia13. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

Del mismo modo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

En esa misma línea, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008-2023- SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó:

En mayor extensión a lo indicado, mediante precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 005-2025-SUNAFIL/TFL, publicada el 16 de julio de 2025, se estableció lo siguiente:

En los casos que son examinados por el Tribunal de Fiscalización Laboral, se advierte que la evaluación desarrollada durante las actuaciones inspectivas y los órganos a cargo del procedimiento administrativo sancionador para determinar la responsabilidad de las conductas derivadas de la demora en la respuesta a los requerimientos de información, dejan de lado en su análisis a ciertos elementos propios del caso que podrían ser relevantes para evaluar tanto al deber de colaboración global como los efectos producidos por la demora en la entrega de información.

Así, a juicio de esta instancia de revisión, aun cuando el ilícito por la entrega tardía de información constituyera un actuar reprochable, la propuesta de infracción o la sanción resultaría irrazonable si es que el inspector de trabajo comisionado al caso en concreto puede evaluar la información y concluir que el sujeto inspeccionado ha cumplido las normas de

De esta forma, es el inspector actuante el único servidor que puede establecer una estimación ponderada sobre la pertinencia o impertinencia de interrumpir las actividades que debe ejecutar tras la superación del plazo establecido para la exhibición de determinada pieza informativa, sea a través del envío de documentos en físico, por vía digital o a través de una sesión de comparecencia, por ejemplo. En estos casos, el inspector deberá identificar que se encuentra ante un supuesto distinto a los tipificados en el numeral 45.2 del artículo 45 (referido a la perturbación y retraso de la fiscalización imputable al inspeccionado) y 46.3 del artículo 46 del RLGIT (que alude a la negativa de entrega de información).

Por lo antes señalado, compete a esta Sala complementar los criterios de observancia obligatoria aprobados en los fundamentos 15 y 16 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL y fundamentos 9, 11 y 12 de la Resolución de Sala Plena N° 008-2023- SUNAFIL/TFL, estableciendo que los elementos constitutivos para la configuración de conductas no punibles derivadas de la demora en la respuesta a requerimientos de información, en donde no basta con que se haya cumplido con el objeto de la inspección, sino que, además, deberá evidenciarse la existencia de los siguientes presupuestos, concurrentemente:

A juicio de este Tribunal, la valoración de los elementos antes señalados corresponde a un actuar de la Administración en observancia de los principios que rigen su actividad y de la finalidad última del Sistema de Inspección del Trabajo, que es procurar el cumplimiento de las normas de trabajo, por lo que la rectificación de un accionar antijurídico que en este caso atenta contra el deber de colaboración debe ser evaluada motivadamente por el inspector.” (énfasis añadido)

Sobre dicho marco, del expediente inspectivo se verifica que el inspector comisionado, con el fin de investigar el cumplimiento de las materias inspectivas, emitió un requerimiento de información de fecha 28 de junio de 2022, que fue notificado vía casilla electrónica en la misma fecha, mediante el cual se solicitó a la impugnante la presentación, dentro del plazo de cuatro (04) días hábiles, de la siguiente documentación:

Al respecto, el inspector comisionado consignó en el numeral 4.3 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que la administrada incumplió con facilitar la información requerida, motivo por el cual se configuraría la infracción contra la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Siendo así, el desarrollo de las actuaciones inspectivas para la verificación de las materias establecidas en la orden de inspección, de acuerdo con lo consignado por el comisionado en los numerales 4.5 al 4.7 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, resultó obstruido, frustrándose la fiscalización debido al proceder omisivo de la administrada. En ese sentido, la afectación a la labor inspectiva habría desencadenado efectos gravosos, que son calificados como muy graves, según lo establece el RLGIT.

Siendo así, primero, cabe señalar que, realizado el examen que corresponde en observancia al principio del debido procedimiento respecto de la validez del emplazamiento del requerimiento de información del 28 de junio de 2022, que fue notificado en la misma fecha, se advierte que este ha contado con su respectiva alerta, la misma que fue efectuada al contacto registrado por la propia impugnante con fecha anterior a la notificación de ambos requerimientos, así tenemos:

Del mismo modo, no debe perderse de vista que el administrado ha tenido accesos a la casilla electrónica con antelación inmediata a la notificación de los requerimientos de información, conforme se visualiza a continuación: FIGURA N° 04:

Ahora bien, a pesar de lo anterior, la inspeccionada alega que no existe medio probatorio que demuestre que existió una negación expresa por su parte a brindar la información requerida por el inspector comisionado. Es importante resaltar, por tanto, que el análisis respecto de la validez de la notificación del requerimiento de información del 28 de junio de 2022 consta también en los numerales 4.4 y 4.10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, en donde el comisionado dejó constancia de que la notificación y alerta por correo electrónico fueron emitidas debidamente al dato de contacto registrado por la propia impugnante en el Sistema de Casilla Electrónica, conforme ha corroborado también esta Sala en los fundamentos precedentes y fue también comprobado por las instancias administrativas previas.

En consecuencia, al confirmarse que la impugnante tuvo acceso previo al Sistema de Casilla Electrónica y que fue debidamente alertado por correo electrónico respecto del depósito del requerimiento de información del 28 de junio de 2022, es evidente que dentro del procedimiento sancionador ha quedado demostrado que la impugnante tuvo conocimiento de la solicitud informativa efectuada por el inspector comisionado y que, sin embargo, no la atendió dentro del plazo de cuatro (04) días que le fue concedido, ni tampoco extemporáneamente. Tal omisión, es una acción denegatoria que sí está demostrada y que, además, es contraria a los deberes de colaboración de la impugnante, pues como se ha establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, la acción omisiva que se subsume dentro del tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, es aquella que incumple con la entrega de la información requerida oportunamente frustrando el desarrollo de las actuaciones inspectivas y la comprobación de las materias de inspección, tal cual como ha ocurrido en el presente caso.

Así, para la configuración de la infracción mencionada, la demostración de la intención o del acto volitivo de negar la entrega de la información que exige la impugnante, se sustenta en que a pesar de tener conocimiento del requerimiento informativo, corroborado con el acto válido de la notificación del documento que lo contiene, la impugnante ha incumplido (omitido) con su facilitación, impidiendo que el inspector pueda verificar el cumplimiento de las materias de inspección y limitando con ello el objetivo de la fiscalización, sea que dicho incumplimiento fue doloso o culposo por una falta de diligencia imputable a la inspeccionada. En base a este sustento, entonces, tampoco existe contracción alguna por parte de la Intendencia al referirse a la omisión y a la negativa como componentes concatenados en la configuración de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Por otra parte, la impugnante también sostiene que el incumplimiento corroborado en los fundamentos anteriores debió ser tipificado en la infracción prevista en el numeral 45.2 o incluso en el 45.1 del artículo 45 del RLGIT y no en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, pues la no presentación de información no está tipificada como infracción muy grave a la labor inspectiva. Al respecto, como se ha hecho referencia en los fundamentos anteriores, conforme a la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que ha sido complementada con la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL y la Resolución de Sala Plena N° 005-2025-SUNAFIL/TFL, la falta de presentación de la información requerida por el inspector comisionado, cuando conlleve la frustración de las actuaciones inspectivas, impidiendo la comprobación de las materias de la orden de inspección, configura la comisión de la infracción muy grave prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, pues se niega el acceso a información necesaria para el desarrollo de las funciones inspectivas.

En contrario, la conducta prevista en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, aplica para aquellas dilaciones o demoras en la entrega de información que no impiden la comprobación de las materias de inspección, pues permiten que el comisionado desarrolle sus funciones, pero sí configuran un retraso y/o perturbación en las mismas. La figura prevista en el numeral 45.1 del artículo 45 del RLGIT, en cambio, contiene un tipo infractor más amplio que sanciona los actos de incumplimiento al deber de colaboración, también en un grado de menor impacto para el desarrollo de las actuaciones inspectivas.

De este modo, el incumplimiento observado por la inspeccionada respecto del requerimiento de información del 28 de junio de 2022, no puede ser subsumido en el numeral 45.2 y menos en el numeral 45.1 del artículo 45 del RLGIT, en tanto que, como consta de los numerales 4.5 al 4.7 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, las materias de la orden de inspección, referentes al pago de las remuneraciones, jornada horario y descansos remunerados, vacaciones de regímenes especiales y registro de trabajadores en planillas, no pudieron ser verificadas ni examinadas debido a la falta de colaboración de la inspeccionada. Es bastante evidente entonces que no hubo un retraso y/o perturbación o un incumplimiento mínimo al deber de colaboración de la impugnante, sino que –en base a los precedentes de

Por último, la impugnante alude que la Intendencia se equivoca al considerar que las infracciones a la labor inspectiva, en particular el incumplimiento informativo observado al requerimiento de fecha 28 de junio de 2022, constituye una infracción insubsanable. Con relación a ello, es importante considerar que este Tribunal ha establecido como precedente vinculante en la Resolución de Sala Plena N° 003-2024-SUNAFIL/TFL, lo siguiente:

No obstante, de manera general, en el segundo párrafo del artículo 49 del RLGIT12 se ha establecido que las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación puedan ser revertidos. Es así que el Tribunal de Fiscalización Laboral establece como precedente de observancia obligatoria que:

En atención a lo expuesto, esta Sala ha establecido similarmente en diversos pronunciamientos, que las infracciones a la labor inspectiva son de carácter insubsanable y de comisión inmediata, dado que el daño generado al desarrollo de las actuaciones inspectivas y a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de trabajo que fueron materia de la orden de inspección, es irreparable. No siendo posible que, como solicita la impugnante, el inspector comisionado otorgue extensiones o ampliaciones de plazo para el cumplimiento del requerimiento de información, sobre todo porque los plazos de la investigación inspectiva se estructuran dentro de una programación y en base a plazos bien

Bajo todas las razones antes expuestas, esta Sala verifica que el incumplimiento observado por parte de la inspeccionada al requerimiento de información de fecha 28 de junio de 2022, que le fue válidamente notificado, en tanto que impidió el desarrollo y la finalidad de las actuaciones inspectivas, configura la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, conforme lo determinaron las instancias administrativas previas. Corresponde, por ende, confirmar la sanción impuesta.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante con ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Al respecto, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia en relación a ello, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio del debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior, se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material15.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 272-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, como la Resolución de Intendencia N° 156-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, el principio de tipicidad efectuando la subsunción adecuada en el tipo infractor en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, conforme a los fundamentos que ya han sido expuestos precedentemente al respecto.

Cabe remarcar que, sobre la alegada vulneración del principio de legalidad, en base al cual la impugnante basa también su pedido de nulidad de la resolución impugnada, este no corresponde ser amparado, dado que –como se ha señalado en fundamentos precedentes– el incumplimiento informativo al requerimiento de información del 28 de junio de 2022, no es subsumible en el numeral 45.2 ni mucho menos en el 45.1 del artículo 45 del RLGIT, pues no se trata de un mero retraso y/o perturbación y/o incumplimiento en general al deber de colaboración inspectiva, sino que configura, más bien, la negativa de información necesaria para el desarrollo de las actuaciones inspectivas conforme al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Asimismo, sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos sobre el deber de motivación conforme al expediente 349-2021-PA/TC, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Igualmente, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión y que efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción, cumpliendo sobre todo con motivar la relación causal entre los incumplimientos detectados, conforme al precedente contemplado en la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL. No existe tampoco la falta de motivación externa alegada por la impugnante, en tanto que la motivación de la subsunción de los hechos imputados al tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 ha sido desarrollada en la impugnada, descartándose en la misma la aplicación de los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 del RLGIT

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, pues, no se verifica vulneración alguna al debido procedimiento ni al deber de motivación, no correspondiendo acoger tampoco es este del recurso de revisión, ni declarar la nulidad de la resolución impugnada por ello.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.