Consorcio Arequipa — Res. 1335-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2448-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1176-2021-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 725-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN2, de fecha 10 de agosto de 2022, notificado el 12 de agosto de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1023-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, de fecha 16 de diciembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 328-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 04 de abril de 2023, notificado el 10 de abril de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 74,844.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante escrito de fecha 25 de abril de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 328-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 188-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 08 de agosto de 2023 y notificado el 10 de agosto de 2023, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción contra la administrada, por considerar los siguientes puntos:

Con fechas 30 de agosto de 2023 la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 188- 2023-SUNAFIL/IRE-AQP. Asimismo, con fecha 27 de septiembre de 2024, la impugnante presenta un escrito de ampliación de argumentos de su recurso de revisión

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 1526-2023- SUNAFIL/IRE-AQP recibido el 13 de setiembre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el CONSORCIO AREQUIPA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 188-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta de S/ 74,844.00, por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de agosto de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el CONSORCIO AREQUIPA.

Con fecha 30 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 188-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

Adicionalmente, con fecha 27 de setiembre de 2024, la impugnante presenta un escrito de ampliación de argumentos de su recurso de revisión, del cual se identifican los siguientes:

En principio, en razón a los argumentos expuestos en el recurso impugnatorio y a lo desarrollado en el proceso administrativo sancionador, este Tribunal procede a realizar el análisis respectivo desde la aplicación del principio del debido procedimiento y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco de la presente causa.

Sobre el particular, el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG establece que:

Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA: “2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido). 6.6 En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

El Principio de Debido Procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA/TC, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material9.(énfasis añadido).

Respecto a la falta de motivación, en palabras de Guzmán Napurí10, se ha expresado lo siguiente:

En esta misma línea, el Tribunal Constitucional precisa lo siguiente en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC:

Como se aprecia, en nuestro ordenamiento administrativo, se ha contemplado que “no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento”11.

En el presente caso, de las piezas anexadas al expediente administrativo, se verifica que con la emisión de la Imputación de Cargos Nº 339-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, de fecha 13 de mayo de 2022, se dio inicio al proceso administrativo el 16 de mayo de 202212 de manera primigenia. Posteriormente, la autoridad instructora dispuso dejar sin efecto dicha Imputación de Cargos y evaluar la generación de una nueva, mediante el Proveído Nº 993-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, de fecha 21 de julio de 2022, al advertir que el Acta de Infracción N° 1176-2021-SUNAFIL/IRE-AQP notificada a la administrada carecía de la firma de un Inspector Auxiliar, que conformaba el cuerpo inspectivo según la Orden de Inspección N° 2448-2021-SUNAFIL/IRE-AQP.

En razón a dicha disposición, la autoridad instructora emitió la Imputación de Cargos N° 725-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN , de fecha 10 de agosto de 2022, mediante la cual se reinició el proceso administrativo en fecha 12 de agosto de 202213.

Sobre el particular, el legislador ha delimitado de manera precisa el contenido mínimo que toda acta de infracción debe integrar al solventar la imputación de infracciones contra el investigado. Así, mediante el artículo 54 del Reglamento de la LGIT, tenemos que:

De acuerdo a ello, queda claro que la determinación de responsabilidad y, consecuente, propuesta de sanción contra el investigado, debe responder a una estructura de fundamentación clara y específica que integre cada uno de los extremos de identificación y fundamentación debida, así como la debida identificación de los responsables a cargo de la investigación, conforme lo ha establecido también la Corte Suprema, mediante la Casación Nº 22627-2022-CUSCO, de fecha 24 de mayo de 2024, en la cual establece lo siguiente:

De acuerdo a ello, se identifica la gravitante importancia de la satisfacción del contenido mínimo del acta de infracción, mediante el establecimiento de requisitos de fondo y forma, a fin de establecer válidamente la imputación de responsabilidad del sujeto fiscalizado, la cual se define desde la emisión del acta de infracción. Dichos parámetros se encuentran concordantes con la versión Nº 02 de la Directiva Nº 001-2020- SUNAFIL/INII, denominada “Directiva Sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”, que en su numeral 8.2.7. establece la obligatoriedad de suscripción por parte del cuerpo inspectivo, bajo los siguientes términos:

De acuerdo a ello, la autoridad de instrucción en el marco de su deber de calificación del acta de infracción, no podrá iniciar procedimiento administrativo en contra del

Tal y como lo señala la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección de Trabajo”14, la autoridad instructora debe de dar inicio al procedimiento sancionador “al emitir y notificar la Imputación de Cargos al sujeto responsable, en virtud del contenido del Acta de infracción y lo advertido en el desarrollo de las actuaciones de investigación y comprobatorias” (literal b del artículo 6.4.1.4 de la Directiva); es decir, si durante el procedimiento inspectivo la omisión de actuaciones probatorias o el apartamiento de alcances legales impacta en la calificación de las conductas, tal error o apartamiento trasciende todo el procedimiento instructivo y posterior procedimiento sancionador.

En el presente caso, la autoridad de instrucción ha advertido desde el Proveído Nº 993- 2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, de fecha 21 de julio de 2022, que mediante la Imputación de Cargos Nº 339-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, de fecha 13 de mayo de 2022, ha hecho suya un acta de infracción que adolecía de un requisito de validez de forma, como es la suscripción de la integridad del cuerpo inspectivo a cargo; sin embargo, del contenido de dicha disposición administrativa, se advierte que la autoridad de instrucción no ha definido de manera clara el inicio del procedimiento administrativo, al disponerse dejar sin efecto la Imputación de Cargos Nº 339-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, sobre la base de los siguientes fundamentos:

A consideración de esta Sala, dicha fundamentación ha contribuido a la confusión del cómputo del plazo de caducidad que el administrado ha venido postulando desde su recurso de apelación, pues si bien mediante el Proveído Nº 993-2022-SUNAFIL/IRE- AQP/SIFN se deja sin efecto la Imputación de Cargos Nº 339-2022-SUNAFIL/IRE- AQP/SIAI, no puede perderse de vista que su fundamentación aparente se contrapone al estatus que el proceso había adquirido desde la notificación de dicha Imputación de Cargos, esto es, ya se había dado inicio al procedimiento administrativo desde el 16 de mayo del 2022.

De este modo, no se verifica que la autoridad de instrucción hubiera definido válidamente e informado a la administrada del reinicio del procedimiento administrativo sancionador desde la fundamentación confusa generada en el Proveído Nº 993-2022-

Ante ello, corresponde precisar que la administración tiene la responsabilidad de conducir de oficio el proceso administrativo, sobre el cual no debe asumir que el administrado sobreentienda el desarrollo del proceso sino le asiste la responsabilidad de otorgarle información verás alineada y congruente con las expectativas legítimas de los administrados, máxime si este es el que se encuentra soportando la imputación de infracciones en el proceso.

En ese sentido, se advierte que la autoridad de sanción no ha generado la debida verificación de los actuados en el proceso administrativo, transgrediendo su deber de garante del debido procedimiento ante el administrado. Del contenido de su pronunciamiento mediante Resolución de Sub Intendencia N° 328-2023-SUNAFIL/IRE- SISA-AQP, de fecha 04 de abril de 2023, no se aprecia, siquiera, haber generado mención del Proveído Nº 993-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, lo cual acredita que la Sub Intendencia de Sanción no ha contemplado desarrollar evaluación adecuada del plazo de caducidad y otorgado a la administrada la información necesaria para no generar indefensión en el proceso.

Por otro lado, a fin de otorgar mayores luces de las omisiones incurridas por la autoridad de sanción en el proceso, se verifica que la evaluación generada respecto de la medida de requerimiento no ha considerado que la fundamentación de la misma, en cuanto a la materia de Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha establecido el incumplimiento de la administrada respecto a su deber de acreditación de la conformación de un Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin haber generado pronunciamiento del presupuesto exigido por el artículo 22 del Decreto Supremo Nº 011-2019-TR16, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

Sobre el particular, en el marco de una inspección en el sector de la construcción, el cuerpo inspectivo debe determinar que la inspeccionada se encuentra a cargo de más de una obra de construcción a fin de establecer la obligatoriedad de conformación de un Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Presupuesto no analizado por la autoridad de sanción a fin de determinar la valides de la medida de requerimiento emitida en el presente caso y por la cual se ha impuesto sanción en contra de la administrada, verificándose que ha acentuado su conclusión de responsabilidad respecto de dicha infracción sobre la base de una fundamentación genérica, sin haber hecho incidencia en el plano fáctico y normativo advertido.

Resulta imperativo enfatizar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar el respeto por los principios del procedimiento administrativo -entre los cuales se encuentran los principios de Debido Procedimiento y Verdad Material17-, y que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación

Cuando el/la empleador/a tenga a cargo más de una obra de construcción, cada una de estas debe tener: a) Un Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la obra tenga veinte (20) o más trabajadores/as de dicho/a empleador/a; o b) Un/a Supervisor/a de Seguridad y Salud en el trabajo, elegido/a por los/las trabajadores/ras, cuando la obra tenga menos de veinte (20) trabajadores/as de dicho/a empleador/a. (…)” (el resaltado es propio). 17 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo, así tenemos:

Por tanto, resulta inviable convalidar las omisiones incurridas por la autoridad de instrucción y sancionadora, las cuales debieron evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador y generar en sus pronunciamientos la debida motivación que exprese legalmente la responsabilidad de la administrada y el desarrollo idóneo del debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente cada conducta antijurídica en el imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que las Resoluciones de Sub Intendencia N° 328-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 04 de abril de 2023, y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 188-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, incurren en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independizables para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad18. Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente válido, en la parte que no adolece de vicio alguno, tal como se evidencia en el presente caso.

En tal sentido, considerando las omisiones de evaluación y pronunciamiento de la Resolución de Sub Intendencia N° 328-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 04 de abril de 2023, esta Sala concluye que ha sido emitida vulnerando el derecho a la debida motivación, por lo cual, corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento vinculados a dicho extremo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.2 del artículo 1319 del TUO de la LPAG.

Cabe mencionar que, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial que motiva la nulidad parcial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión, acorde a los argumentos contenidos en la presente Resolución.

En cuanto a los argumentos integrados en el recurso de revisión, respecto de los alegatos orientados a cuestionar aspectos asociados a lo resuelto en la presente resolución, carece de objeto emitir pronunciamiento al haber declarado la nulidad parcial del procedimiento administrativo.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento de la impugnante, al momento de motivar sobre el desarrollo del proceso administrativo y la presunta infracción cometidas por este, en específico, respecto a la tipificación de la infracción del del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 328-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 04 de abril de 2023, ha sido emitido vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, tal resolución carece de efecto y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y de tipicidad.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente

En consecuencia, se remite la presente Resolución a la Intendencia Regional de Arequipa y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.