Consorcio Arbi — Res. 25-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (gratificaciones, pago de bonificaciones, pago de la remuneración), Compensación por tiempo de servicios (depósito CTS), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (vacaciones, descanso semanal obligatorio), Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (construcción civil), Trabajos peligrosos para las y los adolescentes (Decreto Supremo N° 003-2010), incluye todas. 20555195444 soft

etapa instructiva, otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del inciso 2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, en relación de dependencia, afectando al trabajador, cuyos datos se detallan en el cuadro N° 02, tipificada en el numeral 25.7 del artículo 25 del RLGIT, con una multa ascendente a S/. 880,000.00. - Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento, debiendo haber remitido el total de la información requerida hasta el 16 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/. 23,100.00.

i. Con fecha 25 de enero de 2021 aparentemente se nos fue notificado el requerimiento de información S/N, en el que se nos solicita comparecer el día 03 de febrero de 2021; cuestionamos el acto notificado, debido a que se observa que no lleva fecha de notificación.

ii. Además, como se puede apreciar en el requerimiento de fecha 25 de enero de 2021, el inspector a la vez obliga y condiciona la comparecencia, no otorgando el medio virtual o la oportunidad de hacerlo vía mesa de partes virtual, en caso no se pueda asistir, conforme a las disposiciones emitidas durante el Estado de Emergencia Nacional, siendo que expone la vida y salud al tener que asistir de forma presencial.

iii. No existe un cierre de requerimiento o emisión de documento formal en el que se deje constancia que se ha cumplido, de manera parcial o incumplido con el requerimiento de información; además de enunciar taxativamente la infracción cometida, en cumplimiento del principio de tipicidad.

iv. Con fecha 02 de febrero de 2021, se efectúa un nuevo requerimiento, el que cuestionamos, ya que no hace referencia a ninguna solicitud de información

anterior, tampoco aclara si en el anterior requerimiento se cumplió con entregar, parcial o total con la información, o simplemente no se cumplió con la entrega del mismo.

v. Se informa que tal como lo establece la Resolución de Sub Intendencia N° 194- 2021-SUNAFIL/IRE-HUA/SIRE, se nos exige subsanar dichas infracciones, para lo cual nuestra representada cumplió con la cancelación total de las remuneraciones, conceptos y beneficios requeridos, lo cual acreditamos con la presentación de las boletas de pago. vi. La materia de controversia de la presente apelación, se fundamente en determinar si existe o no explotación laboral contra el mejor Rojas Isidro Waldir de 17 años de edad; quien, si bien es cierto, fue encontrado laborando en mi representada, éste desarrolla labores exclusivamente livianas, las cuales son apoyo en la limpieza del terreno y topografía, lo cual, dado su edad (17 años) no se considera como un trabajo forzoso. Asimismo, el mencionado adolescente, mantiene permiso para laborar de sus padres de fecha cierta (15 de octubre de 2020), antes del inicio de sus labores; el cual presentamos para que sea evaluado. Es preciso señalar que tampoco se ha entrevistado a sus padres o al adolescente para determinar o presumir que se encuentra laborando bajo amenaza, presión o engaño.

i. De la revisión de la documentación, se tiene el documento “Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación”, el mismo que es notificado juntamente con el requerimiento de comparecencia; documento en el cual se aprecia la fecha, el mismo que ha sido notificado con fecha 25 de enero de 2021 al señor David Arbi Ospino, el mismo que lo cita para el 03 de febrero de 2021. Sin embargo, dicho requerimiento de comparecencia de manera presencial, ha sido dejado sin efecto por el propio inspector actuante, en mérito al estado de emergencia y distanciamiento social.

ii. El reconocimiento implica que el administrado se allana a todas las imputaciones realizadas en su contra; sin embargo, en el presente caso, el administrado ha negado y contradicho las infracciones determinadas respecto a la materia de trabajo infantil y la medida de requerimiento, solicitando además una reducción

2 Notificada a la inspeccionada el 13 de setiembre de 2021.

que no corresponde, pues no ha presentado el compromiso de subsanar la infracción, manifestando que ha cumplido con el pago de las remuneraciones a sus trabajadores; sin embargo, de la revisión de la documentación presentada se tiene que ésta no se ha realizado en forma completa para los 11 trabajadores determinados; ya que solo anexa boletas de pago, sin fecha y con firma de solo 10 trabajadores.

iii. Las labores de construcción civil no son permitidas para que un menor de edad sea contratado para laborar y el hecho de tener carga familiar no cambia el hecho de que las labores que se encontraba desempeñando están consideradas como peligrosas (trabajos en construcción civil en calidad de peón).

iv. El órgano que emite la autorización para el trabajo adolescente es en el presente caso, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Huánuco, a solicitud de los padres, documento que no obra en ninguno de los documentos presentados por el sujeto inspeccionado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que sean sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio Arbi

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 067-2021-SUNAFIL/IRE-HUA, señalando los siguientes fundamentos:

8 D.S. 016-2017-TR, art. 14.

i. La Intendencia Regional no notificó válidamente la documentación que se pronuncia sobre las actuaciones del procedimiento sancionador, ya que el acto administrativo no cumplió su finalidad como tal, con ello se viola el debido procedimiento administrativo, concretamente a ser notificado válidamente para poder responder dentro de los plazos y con las pruebas necesarias para defender nuestros derechos.

ii. Cuestionamos que no exista un cierre de requerimiento o emisión de documento formal en el que se indique expresamente o se deje constancia que se ha incumplido con la entrega de la información, toda vez que los actos administrativos deben estar concatenados entre sí, a fin de darle correcta trazabilidad al mismo; además de enunciar taxativamente la infracción cometida, aplicando el principio de tipicidad.

iii. Por lo que, solicitamos la revisión y análisis objetivo, toda vez que consideramos excesiva la carga y sanción impuesta, al corresponder a un mismo hecho y fundamento, a un proceso en el que el inspector no ha evidenciado objetivamente la carga de la prueba correspondiente.

iv. Además, como se puede apreciar en el requerimiento de fecha 25 de enero de 2021, el inspector a la vez obliga y condiciona la comparecencia, no otorgando el medio virtual o la oportunidad de hacerlo vía mesa de partes virtual, en caso no se pueda asistir, conforme a las disposiciones emitidas durante el Estado de Emergencia Nacional, siendo que expone la vida y salud al tener que asistir de forma presencial.

v. No se ha dejado evidencia suficiente que mi conducta haya sido obstruccionista, toda vez que colaboré durante todo el procedimiento; en esa línea de acción y comportamiento voluntario, la SUNAFIL no ha valorado los documentos presentados, ni las acciones que provienen de ello, sus actuaciones no han sido motivadas ni observadas en la búsqueda de la verdad material.

vi. La materia de controversia de la presente apelación, se fundamente en determinar si existe o no explotación laboral contra el mejor Rojas Isidro Waldir de 17 años de edad; quien, si bien es cierto, fue encontrado laborando en mi representada, éste desarrolla labores exclusivamente livianas, las cuales son apoyo en la limpieza del terreno y topografía, lo cual, dado su edad (17 años) no se considera como un trabajo forzoso. Asimismo, el mencionado adolescente, mantiene permiso para

laborar de sus padres de fecha cierta (15 de octubre de 2020), antes del inicio de sus labores; el cual presentamos para que sea evaluado. Es preciso señalar que tampoco se ha entrevistado a sus padres o al adolescente para determinar o presumir que se encuentra laborando bajo amenaza, presión o engaño.

vii. De acuerdo a la tipicidad, materialidad y al debido proceso, se debió consignar en el acta de infracción y demás documentos que respaldan la determinación de la infracción, si dicho adolescente registra o no autorización, lo que le da un sentido de legalidad y defensa al obligado, además de solicitar la autorización respectiva, como elementos y fundamentos jurídicos de las actuaciones realizadas.

viii. Se afirma deliberadamente que la infracción cometida perjudica a 11 trabajadores, al respecto se solicita sustento objetivo y técnico. Ya que todos nuestros trabajadores gozan de sus beneficios y remuneraciones de acuerdo a Ley.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 11 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De los hechos constitutivos de infracción

Artículo 25.- Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales Son infracciones muy graves los siguientes incumplimientos: (…) 25.7 El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad en relación de dependencia, incluyendo aquellas actividades que se realicen por debajo de las edades mínimas permitidas para la admisión en el empleo, que afecten su salud o desarrollo físico, mental, emocional, moral, social y su proceso educativo. En especial, aquellos que no cuentan con autorización de la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajos o actividades considerados como peligrosos y aquellos que deriven en el trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral.

“Por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, en relación de dependencia, afectando al trabajador comprendido en el Cuadro N° 2; contraviniendo así lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, artículo 22 de la Ley N° 27337 – Código de los Niños y Adolescentes, artículo 3 del Convenio N° 138 de la OIT, artículo 67 de la LSST, artículo 2 y 3 del Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES; concordante con lo señalado por el numeral 25.7 del artículo 25 del RLGIT. Dicha infracción está calificada como MUY GRAVE, en materia de relaciones laborales”.

“b) Modificar el numeral 25.7 del artículo 25° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo

El propósito de la modificación del numeral 25.7 es adecuar el término “menores trabajadores al de “niños, niñas y adolescentes”, para dar coherencia a esta normativa con la actual doctrina de protección integral recogida en la Convención sobre los Derechos del Niño y convenios de la OIT, donde el término “menores” es dejado de lado por esta relacionado a una connotación negativa, diferente a la de sujeto de derecho.

Asimismo, resulta necesario precisar que constituye una infracción muy grave el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad en relación de dependencia, señalando aquellos supuestos en que se vulneran sus derechos, como es el incumplimiento de las edades mínimas de admisión en el empleo, el no contar con la respectiva autorización para laborar y verificar que las actividades que realizan no afecten su desarrollo integral (es decir, su salud, su integridad física y emocional, su moralidad, su educación, entre otros)” (énfasis añadido).

“Artículo 9.- Evaluación de la solicitud La Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces en los gobiernos regionales, cuenta con quince días hábiles desde su recepción para evaluar la solicitud, teniendo en cuenta lo siguiente:

12 Publicado el 07 de abril de 2011 en el diario oficial El Peruano.

a) Que el trabajo no perturbe la asistencia regular a la escuela; b) Que el certificado médico acredite la capacidad física, mental y emocional del o de la adolescente para realizar las labores; c) Que la jornada de trabajo del o de la adolescente entre los doce y catorce años no exceda de cuatro horas diarias ni de veinticuatro horas semanales; y, en caso del trabajo del o de la adolescente entre los quince y diecisiete años no exceda de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales, de conformidad con el artículo 56 del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley N° 27337, y sus modificatorias; d) Que se respeten las edades mínimas de admisión al trabajo establecidas en el artículo 51 del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley N° 27337, y sus modificatorias; e) Que él o la adolescente no realice el trabajo entre las 19:00 y las 7:00 horas (salvo autorización emitida por un/a juez); y, f) Que él o la adolescente no realice un trabajo peligroso, de acuerdo con la Relación de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral y la moral de las y los adolescentes, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES, o documento que lo reemplace”.

13 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.” 14 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

pedido, en concordancia con el artículo 9 citado, por lo que tampoco es amparable lo sustentado en este extremo por parte de la impugnante.

Sobre el trabajo de adolescentes menores de edad

“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan (…)”.

“El adolescente que trabaja será protegido en forma especial por el Estado. El Estado reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, con las restricciones que impone este Código, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

“El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia. El empleador debe realizar una evaluación de los puestos de trabajo que van a desempeñar los adolescentes previamente a su incorporación laboral, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias”.

biopsicosocial, la seguridad o la moral de las y los adolescentes. Contribuyan a ocasionar daño a las y los adolescentes que realizan trabajos peligrosos, los factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial.

Asimismo, el artículo 3 establece que:

“Las niñas, niños y adolescentes no deberán ser admitidos en trabajos, actividades y empleos por debajo de la edad mínima de admisión que establece la normativa vigente, ni realizar trabajos cuyas actividades sean peligrosas por su naturaleza o condición, bajo sanción administrativa y penal (...)”.

En ese entendido, del listado adjunto en Anexo denominado: “Relación de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y la Moral de las y los Adolescentes” del Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES se tiene:

A. TRABAJOS PELIGROSOS POR SU NATURALEZA Actividades y trabajos, que, por alguna característica propia, representen riesgo para la salud y desarrollo integral de las y los adolescentes.

A2. Trabajos en los que se utilice herramientas tipo manual o mecánico y equipos especializados y que requieran capacitación y experiencia para su uso como en la agricultura, imprenta, metal mecánica, construcción civil, explotación e industria maderera, industria alimentaria y cocina, manejo de vehículos de transporte y de carga pesada, así como la operación de equipos de demolición, lavado, secado y planchado de prendas en lavanderías industriales (énfasis añadido).

quien viene ejecutando la obra civil denominada: “Ejecución de la Obra Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable, e Instalación del Sistema de Alcantarillado y Letrinas en las Localidades de Caracalla, Mauca y Ungro, Distrito de Huacar – Ambo - Huánuco”, ubicada en el distrito de Huacar, provincia de Ambo y departamento de Huánuco; cuyo contrato fue suscrito entre CONSORCIO ARBI y la Municipalidad Distrital de Huácar con fecha 02 de octubre de 2020; siendo atendido por el maestro de obra, el señor Saturnino Caqui Huaranga. El día de la visita, durante el recorrido de la obra, se tomo los datos a diversos trabajadores, entre ellos a la persona de iniciales WRI, quien manifestó tener la ocupación de peón, con fecha de ingreso 04 de diciembre de 2020, recibiendo por su labor un pago de S/. 60.00 soles por jornal diario, con un horario de trabajo de 08:00 a 17:00 horas, conforme obra en la relación del personal presentada por la impugnante, a fojas 19 del expediente inspectivo.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.31 Sobre el particular, el TUO de LPAG establece “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”15 (énfasis añadido).

15 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.

28806, Ley General de Inspección del Trabajo y el numeral 46.7 del Artículo 46 de su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2006-TR”, conforme se aprecia a continuación:

Sobre el supuesto incumplimiento al deber de motivar las decisiones

16 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. 17 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10).

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO ARBI en contra de la Resolución de Intendencia N° 067-2021-SUNAFIL/IRE-HUA, de fecha 10 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 96-2021-SUNAFIL/IRE- HUA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 067-2021-SUNAFIL/IRE-HUA, en los extremos referentes a las sanciones impuestas por el incumplimiento en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 25.7 del artículo 25 del RLGIT y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO ARBI y a la Intendencia Regional de Huánuco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Huánuco.

“En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso” (Fundamento 12). “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado, tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento” (Fundamento 13).

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo en parte de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar el incumplimiento de pago de los jornales o remuneraciones, la gratificación trunca, la bonificación extraordinaria, la CTS trunca, la BUC, la bonificación por movilidad, el descanso semanal obligatorio(dominical) y la remuneración vacacional trunca proporcional, sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral, entre otra, por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida de requerimiento, de fecha 09 de febrero de 2021. Sintetizo el sustento de mi posición – que implica un cambio de criterio, basado en el análisis crítico de las resoluciones de esta Sala- en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad

del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos”

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenido en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las

18 Gordillo, A. (2007). Tratado de derecho administrativo: el acto administrativo (Vol. 3). Agustín Gordillo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo8.pdf

normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, de fecha 09 de febrero de 2021, y la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO. Presidente