Congreso de la Republica — Res. 1934-2025

Antecedentes

1 Cabe precisar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Reglamento del Congreso de la República, dicha norma regula aspectos tales como su definición, funciones generales, estructura, composición y denominación. Sobre este último aspecto, establece que en los documentos oficiales deberá utilizarse la denominación “Congreso de la República”. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Remuneraciones (Sub Materia: Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS); Bonificación no remunerativa (Sub Materia: Incluye todas).

3 Cabe señalar que, mediante la Cédula de Notificación N° 0000050357-2020, expedida el 16 de octubre de 2020 y obrante en fojas 08 del expediente sancionador, se intentó notificar al administrado la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción. Sin embargo, dicha diligencia fue infructuosa debido a que la dirección consignada no era la correcta, lo que motivó la devolución de la cédula. Posteriormente, se emitió el Informe Final de Instrucción N° 357-2021-SUNAFIL/ILM/AI2 de fecha 17 de febrero de 2021. No obstante, mediante MEMORÁNDUM N° 169-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 10 de marzo de 2021, la Sub Intendencia de Resolución 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana devolvió el expediente, al haberse advertido que no existe certeza de que la impugnante haya tomado conocimiento de la documentación. En atención a ello, mediante proveído s/n de fecha 10 de marzo de 2021, incorporado a fojas 30 del expediente sancionador, la Autoridad Sancionadora de primera instancia, con la finalidad de no vulnerar el derecho a la defensa y el debido procedimiento que le asiste a la impugnante, dispuso la devolución del expediente sancionador con todos sus actuados a la Autoridad instructora competente para su reevaluación y para que se cumpla con el acto procesal de notificación. Asimismo, mediante proveído s/n de fecha 29 de marzo de 2021, ante el carácter infructuoso de la notificación del proveído de fecha 10 de marzo de 2021, se dispuso volver a notificar a la impugnante, así como a su Procuraduría Pública, a través de la mesa de partes virtual, con la finalidad de dar cumplimiento con el acto procesal de notificación. Frente a ello, mediante proveído s/n de fecha 06 de abril de 2021, incorporado a fojas 33 del expediente sancionador, la Autoridad Instructora dejó sin efecto el Informe Final antes citado y dispuso que se vuelva a notificar la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción a la impugnante, así como a su Procuraduría Pública. En cumplimiento de dicha disposición, se expidieron las Cédulas de Notificación N° 0000013324-2021 y N° 0000013326-2021, de fechas 10 de marzo de 2021, obrantes en fojas 34 y 35 del citado expediente; sin embargo, dichas notificaciones tampoco pudieron ser efectuadas, siendo devueltas. Finalmente, mediante proveído s/n de fecha 09 de junio de 2022, incorporado a fojas 41 del expediente sancionador, la Autoridad Instructora dispuso volver a notificar la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción a través de la mesa de partes virtual, tanto a la impugnante como a su Procuraduría Pública, disponiéndose la continuación del procedimiento administrativo sancionador. 4 Notificada a la impugnante 25 de agosto de 2022, mediante casilla electrónica, tal como consta en el expediente sancionador.

ejercicio de sus atribuciones5 emitió la Imputación de Cargos N° 2731-2022- SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, notificada a la Procuraduría Pública de la impugnante el 04 de enero de 20236. A través de dicho acto, se remitió el Acta de Infracción y se concedió un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, conforme a lo establecido en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT.

5 En aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se establece que, en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 6 Notificada a la impugnante el 07 de diciembre de 2022, mediante casilla electrónica, tal como consta en el expediente sancionador. 7 Notificada a la impugnante el 27 de marzo de 2023 , mediante Cédula de Notificación N° 0000009289-2023, tal como consta en fojas 76 del expediente sancionador. 8 Notificada a la impugnante el 25 de agosto de 2023, mediante casilla electrónica, tal como consta en el expediente sancionador.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de marzo de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

9 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…). 10 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…). 11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 12 Tal como consta en el Anexo 1-C del recurso de revisión. Sin perjuicio a ello, se notifico a la impugnante del 10 de octubre de 2023, mediante casilla electrónica, tal como consta en el expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

13 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 14 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 15 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 16 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 17 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 18 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Congreso De La Republica

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de octubre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1336-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución impugnada atribuye un presunto incumplimiento del deber de colaboración con el personal inspectivo, sustentado en la supuesta inobservancia de la medida inspectiva de requerimiento que ordenaba acreditar, en un plazo de cuatro (04) días hábiles, la subsanación de determinadas infracciones en materia de relaciones laborales. Sin embargo, tal imputación no se ajusta a la realidad, pues no existió incumplimiento alguno del deber de colaboración. Por el contrario, se evidencia una conducta constante de atención a los requerimientos formulados, dentro de los límites de lo materialmente posible y conforme al marco legal aplicable. ii. Lo resuelto por la Intendencia de Lima Metropolitana se fundamenta en el informe final derivado del Acta de Infracción, en la que se concluye la existencia de infracciones en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva. Sin embargo, las actuaciones inspectivas y comparecencias concluyeron el 12 de marzo de 2020, fecha en la que se presentó la documentación señalada en el numeral 4.19 del acápite IV “Hechos Constatados” del Acta de Infracción. Dicha información no fue valorada conforme a ley, lo que contraviene las exigencias del marco normativo aplicable y afecta una adecuada determinación de los hechos.

iii. La autoridad sancionadora de primera instancia incurre en error al sostener que no se cumplió la medida inspectiva de requerimiento, pues el error no genera derecho y, conforme se reconoce en el numeral 20 de la propia resolución, los conceptos cuestionados no correspondían ser abonados. Se encuentra acreditado que los montos reclamados por la ex trabajadora nunca debieron ser pagados, por lo que no puede pretenderse convertir un error en un derecho adquirido. Asimismo, resulta improcedente imputar una infracción por efectuar el descuento en la liquidación de beneficios sociales, toda vez que dicho acto no vulnera norma alguna, conforme al criterio recogido en el Informe Técnico N° 1028-2018-SERVIR/GPGSC. Las entidades públicas, ante la negativa de devolución de pagos indebidos, están facultadas a efectuar los descuentos correspondientes al momento del cese. En tal sentido, la actuación cuestionada se enmarca en el ejercicio legítimo de la protección de sus intereses, sin transgredir la normativa vigente. iv. Corresponde garantizar una adecuada y justa observancia del Principio de Legalidad durante el desarrollo del procedimiento, asegurando que toda actuación administrativa se ajuste estrictamente al marco normativo aplicable. v. Asimismo, se advierte una vulneración a los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, dado que la sanción impuesta por el monto de S/. 11 309.00 prescinde de una correcta aplicación del Principio de Legalidad, así como de los Principios de Taxatividad, Proporcionalidad y Razonabilidad. En atención a ello, corresponde dejar sin efecto la multa, al no encontrarse debidamente justificada conforme a los estándares exigidos por el ordenamiento jurídico. vi. De la propia Acta de Infracción se acredita que, desde el inicio de la actuación inspectiva y durante las comparecencias, se otorgaron todas las facilidades necesarias, así como la información y documentación disponible en ese momento. En consecuencia, no existe elemento alguno que permita inferir intención de obstaculizar o perjudicar la labor inspectiva. vii. Corresponde considerar, al momento de imponer una sanción, que se trata de la primera imputación por este tipo de infracción y que no existió intención alguna de afectar a la trabajadora ni de incumplir el mandato inspectivo. Consta que en todo momento se brindó colaboración al personal inspectivo, por lo que la sanción no debió ser graduada en función del número de supuestos trabajadores afectados, pues no existe afectación acreditada. Asimismo, no concurre reiterancia, no se produjo perjuicio para la trabajadora y no se evidencia intencionalidad de entorpecer la labor inspectiva. viii. Se advierte una vulneración al deber de motivación en el Acta de Infracción, dado que contiene afirmaciones genéricas sin detallar la información efectivamente recabada durante la visita inspectiva. La omisión de una justificación objetiva y específica evidencia una insuficiente motivación del acto administrativo, razón por la cual corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta ix. Sin perjuicio de lo expuesto, una vez declarada la caducidad del procedimiento administrativo sancionador y ante la inacción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la ex trabajadora interpuso una demanda de pago de beneficios sociales, indemnización y otros conceptos económicos, la cual se tramita en el Expediente N° 07958-2021-0-1801-JP-LA-03. Ello genera un conflicto jurisdiccional, pues, si bien SUNAFIL no es parte en dicho proceso, el pronunciamiento del órgano jurisdiccional resulta estrictamente vinculante. En aplicación del artículo 75° del TUO de la LPAG, corresponde que la autoridad administrativa se inhiba hasta que exista decisión judicial firme, la cual, conforme al artículo 215° del mismo cuerpo normativo, no será revisable en sede administrativa. En atención a ello, se solicita declarar fundado el recurso excepcional de revisión, dejar sin efecto la sanción impuesta y disponer el archivamiento del procedimiento administrativo sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR),

tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. 15.2 El Sector Público y quienes ejerzan funciones públicas están obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a facilitarles la información que requieran. Las Autoridades y la Policía Nacional del Perú prestarán el auxilio y colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus facultades de investigación”.

19 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

de seguridad y salud en el trabajo; por lo tanto, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las cuales se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo20. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

20 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

FIGURA N° 01

21 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

La eventual invalidez o cuestionamiento de alguno de los mandatos no compromete, por sí misma, la exigibilidad de los demás, siempre que éstos hayan sido emitidos conforme a la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental; sin embargo, dicha autonomía no habilita a la Administración a exigir el cumplimiento de mandatos cuyo contenido resulte defectuoso, irrazonable o de imposible ejecución, pues ello afectaría la propia finalidad de la medida inspectiva de requerimiento. En esa línea, el administrado mantiene vigente su deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT, lo que implica dar cumplimiento a las obligaciones válidamente dispuestas, incluso cuando pueda discrepar sobre algún extremo individual. Esta interpretación razonable y proporcional garantiza que la medida sea cumplida con su objetivo sin que la discusión sobre un mandato específico afecte la efectividad y validez de los demás.

22 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 46.- Contenido de las Actas de Infracción Las Actas de Infracción de la Inspección del Trabajo, reflejarán: a) Los hechos constatados por el Inspector del Trabajo que motivaron el acta. b) La calificación de la infracción que se impute, con expresión de la norma vulnerada. c) La graduación de la infracción, la propuesta de sanción y su cuantificación. d) En los supuestos de existencia de responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal. 23 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo: a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. c) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. d) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción. e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación.

referentes al deber de colaboración con la labor inspectiva. Esta deficiencia afecta la validez del acta al no cumplirse con uno de sus elementos esenciales que esto es, la expresión precisa del mandato jurídico presuntamente transgredido.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el CONGRESO DE LA REPUBLICA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1336-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 05 de octubre de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4117-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 1645-2023-SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 23 de agosto de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1336-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 05 de octubre de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución al CONGRESO DE LA REPUBLICA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251217MABJ – HR: 60209-2019