Congreso de la República — Res. 1163-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: discriminación en el trabajo (sub materia: en la remuneración) y remuneraciones (sub materias: pago de la remuneración sueldos y salarios). 2 Notificado mediante correo electrónico al Congreso de la República, en razón al proveído de fecha 05 de marzo de 2021, y por cédula de notificación al Procurador Público, adjunta a folios 21 del expediente sancionador, el 25 de setiembre de 2020. PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por realizar actos de discriminación remunerativa, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 283,500.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, ante el incumplimiento de la medida de requerimiento notificada el 15 de octubre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 9,450.00.

i. No es competencia de SUNAFIL revisar administrativamente actos que se encuentren en calidad de cosa decidida en vía administrativa, así como por existir condiciones eximentes de responsabilidad por obrar en cumplimiento de un deber legal de acuerdo a lo señalado en el literal b) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG. Por ello, se solicita declarar la nulidad de oficio del procedimiento inspectivo y su archivamiento. ii. La Sra. Cecilia Malpartida inició un trámite administrativo que tiene sus instancias dentro de la entidad, al no haber agotado la vía administrativa, quedó consentida la Carta Nº 2349-2019-DRRHH, que declaró improcedente su pedido, adquiriendo la calidad de cosa decidida. La actora, está asignada en el Cuadro de Asignación de Personal en la categoría SP, nivel 5; sin embargo, en virtud del Acuerdo Nº 026-2011- 2012/MESA-CR, que deja sin efecto actos administrativos sobre creación, traslado o modificación de plazas, cambio de modalidad a plazo indeterminado y nombramiento de personal sin sustento legal ni presupuesto, su nivel fue modificado al de SP-4. El Congreso de la República no ha violado ningún derecho constitucional de la referida señora; pues tiene plaza asignada, debidamente remunerada, en el grupo ocupacional de profesionales, con nivel remunerativo SP-4 y su reclamo fue tramitado dentro de los causes legales. iii. El estado no puede obviar y SUNAFIL está desconociendo los alcances del Decreto Legislativo Nº 1440, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en cuya Disposición Complementaria Derogatoria se mantiene vigente la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, la misma que prohíbe la recategorización y/o modificación de plazas que se orienten al incremento de remuneraciones por efecto de la modificación del CAP y PAP. El incumplimiento de lo dispuesto genera la nulidad de la acción de personal efectuada.

iv. Las leyes de presupuesto de los años 2012 al 2019 han mantenido en materia de gastos en ingreso de personal la prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones, incluyendo la que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. No obstante, se exige que se acredite el reintegro y nivelación de remuneraciones a favor de la Sra. Cecilia Malpartida iguales a las percibidas por la Sra. Susana Espinoza desde el mes de setiembre de 2015 a setiembre de 2019, para lo cual SUNAFIL no tiene facultades para modificar o revalorar una categoría ocupacional o nivel remunerativo del CAP. v. El artículo 38 de la LGIT determina criterio solo para un tipo de infracción referida a la materia de relaciones laborales, por tanto, el incumplimiento de la medida de requerimiento debió graduarse de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 37 de la LGIT y el principio de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 47 del RLGIT. vi. Es indudable los vicios contenidos en el acta de infracción, la imputación de cargos y el informe final de instrucción en los que se sustenta la resolución apelada pues, conforme al artículo 54 del RLGIT el acta de infracción debe estar debidamente motivada, por ello se solicita la nulidad al amparo de lo previsto en el artículo 10 numeral 1 del TUO de la LPAG.

i. La nulidad no es invocable respecto del acta de infracción, imputación de cargos e informe final de instrucción, debiendo tener presente que aquella contiene una propuesta de sanción por la comisión de las infracciones detectadas en la etapa de actuaciones inspectivas y los actos de inicio y trámite del procedimiento sancionador no son imputables; por tanto, se desestima la solicitud de nulidad planteada. ii. El 21 de junio de 2019 la Sra. Cecilia Malpartida presentó ante el inspeccionado una solicitud de modificación de su nivel remunerativo, lo que fue contestado por medio de la Carta Nº 2349-2019DRRHH-DGA/CR de fecha 24 de junio de 2019, declarándose improcedente su pedido al considerarse que la asignación de plazas y niveles remunerativos por categoría ocupacional, incluyendo la remuneración de niveles remunerativos, de acuerdo a lo establecido en el RIT debe realizarse técnicamente en los instrumentos de gestión del Congreso de la República, que son aprobados por Acuerdo de Mesa Directiva. Es así que se determinó que dicha carta se trata de una respuesta de carácter interno entre la trabajadora y el área de recursos humanos, situación que no impide que la trabajadora recurra a la fiscalización laboral por parte de SUNAFIL. iii. Dicha carta, constituye una respuesta de su entidad, que incide directamente en su derecho a la igualdad remunerativa, por lo que, si está considerada que se le está afectando en dicho derecho fundamental, y no requiere que ningún agotamiento de la vía administrativa, como lo refiere la administrada. El que la denunciante no hiciera cuestionamiento de la misma no implica que no sea revisable, máxime si la comisionada corroboró la existencia de dicho ilícito según se expone en el contenido del acta de infracción, razón por la cual emitió la medida de requerimiento a fin de revertir la discriminación remunerativa advertida. iv. Si bien la administrada refiere que ha declarado improcedente lo peticionado en función a normas de carácter imperativo, de la revisión de la carta se verifica que solo ha mencionado a su RIT para justificar su respuesta. Se advierte que el inspeccionado no está actuando por cumplimiento de un deber legal, sino, esta justificando la improcedencia del pedido porque aún se encuentra en actualización los documentos de gestión, lo cual es una acción que es de su responsabilidad y que o resulta razonable como motivo para sostener un acto de discriminación salarial si existe un grupo de trabajadoras que realizan las mismas funciones, pero perciben distinta remuneración por lo menos desde setiembre de 2015. v. No se desconoce que el inspeccionado se encuentra regido en sus relaciones laborales por las normas de régimen laboral de la actividad privada y por otras vinculadas con aspectos presupuestales, sin embargo, ello no implica que se encuentra exenta de cumplir con lo ordenado en la medida de requerimiento. La administrada solo se ha limitado a indicar que sus instrumentos de gestión se encuentran en revisión, pero no ha aportado ningún medio probatorio que demuestre haber realizado las gestiones para la asignación presupuestal a fin de lograr la nivelación de las remuneraciones de la denunciante. vi. Sobre la base de lo expuesto en el acta de infracción, la Sra. Cecilia Malpartida ha sufrido la variación de su remuneración en razón al cambio de su categoría o nivel sino también porque realiza las mismas funciones profesionales que otras reporteras presentadoras como la Sra. Susan Espinoza, pese a tener similar grado académico, entre ellas existe distinta categoría/nivel y remuneración, sin haberse justificado el tratamiento diferenciado entre las trabajadoras en este caso. vii. Esta Intendencia no comparte la interpretación del artículo 38 de la LGIT respecto a que no corresponde aplicar el criterio relativo al número de trabajadores afectados para la graduación de las infracciones a la labor inspectiva, pues las infracciones a la labor inspectiva al encontrarse comprendidas en el artículo 36 de la LGIT también deben graduarse utilizando los criterios generales establecidos en el artículo 38 de la LGIT para otro tipo de infracciones. Aun cuando es cierto que las infracciones a la labor inspectiva afectan al sistema de inspección de trabajo, medianamente también afectan a los trabajadores comprendidos en una inspección obstruida, respecto de quienes no se podrá determinar el cumplimiento de sus derechos laborales; es por ello que, solo para efectos de la sanción a aplicar, se considerará al número de trabajadores afectados por la comisión de infracciones a la labor inspectiva, por ende, resulta improcedente que se reformule la multa impuesta por el incumplimiento de la medida de requerimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Congreso De La República

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0051-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. No es competencia de SUNAFIL revisar administrativamente actos que se encuentren en calidad de cosa decidida en vía administrativa, así como por existir condiciones eximentes de responsabilidad por obrar en cumplimiento de un deber legal de acuerdo a lo señalado en el literal b) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG. Por ello, se solicita declarar la nulidad de oficio del procedimiento inspectivo y su archivamiento. ii. La Sra. Cecilia Malpartida inició un trámite administrativo que tiene sus instancias dentro de la entidad, al no haber agotado la vía administrativa, quedó consentida la Carta Nº 2349-2019-DRRHH, que declaró improcedente su pedido, adquiriendo la calidad de cosa decidida. La actora, está asignada en el Cuadro de Asignación de Personal en la categoría SP, nivel 5; sin embargo, en virtud del Acuerdo Nº 026-2011- 2012/MESA-CR, que deja sin efecto actos administrativos sobre creación, traslado o modificación de plazas, cambio de modalidad a plazo indeterminado y nombramiento de personal sin sustento legal ni presupuesto, su nivel fue modificado al de SP-4. El Congreso de la República no ha violado ningún derecho constitucional de la referida señora; pues tiene plaza asignada, debidamente remunerada, en el grupo ocupacional de profesionales, con nivel remunerativo SP-4 y su reclamo fue tramitado dentro de los causes legales. iii. No se ha valorado debidamente que el estado no puede obviar el Decreto Legislativo Nº 1440, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la misma que prohíbe la recategorización y/o modificación de plazas que se orienten al incremento de remuneraciones, incumplimiento que genera la nulidad de la acción de personal efectuada, sin perjuicio de la responsabilidad al funcionario de la entidad, así como su titular. iv. Lo requerido afecta a los documentos de gestión que salvaguardan los ingresos y egresos de las partidas presupuestales al no tener el sustento del pago en el supuesto de que no modificara el CAP y demás instrumentos internos. La modificación del CAP no puede hacerse a pedido de SUNAFIL, ya que de ser así se estaría vulnerando la autonomía administrativa y economía del primer poder del Estado. La asignación debe sustentarse técnicamente en los instrumentos de gestión, dentro de cuales se encuentra el Manual de Procesos, Manual de Perfiles de Puestos y el Cuadro de Puestos de Servicio Parlamentario, y dicha información se le proporcionó en la carta que no fue impugnada por la administrada. v. Las leyes de presupuesto de los años 2012 a 2019 han mantenido en materia de gesto en incremento de personal la prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones y demás. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquier sea su forma modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas. Ahora, se le pide a la entidad que se acredite el reintegro de las remuneraciones a favor de la Sra. Cecilia Malpartida, por lo que SUNAFIL no puede actuar como si el Congreso de la República fuera una empresa privada, cuando no tiene competencia ni facultades para modificar o revalorar una categoría ocupacional, en la forma y modo que lo establece el inciso b del artículo 7 del RIT, así como no puede pretender modificar el organigrama del Congreso que se aprueba por acuerdo de mesa directiva a efectos de sustentar un incremento que modificaría el CAP. vi. Respecto de la infracción por incumplimiento de la medida de requerimiento, el artículo 38 de la LGIT no hace referencia a las normas de labor inspectiva para graduar la sanción según el número de trabajadores afectados, en consecuencia, el inspector debió graduar conforme a lo establecido en el artículo 37 de la misma fuente, además de tener en cuenta el principio de proporcionalidad y razonabilidad, conforme a los dispuesto en el artículo 47 del RLGIT. vii. Se ha vulnerado el derecho a la motivación de resoluciones administrativas al incurrirse en una motivación inexistente o aparente dado que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan su decisión y no responde a las alegaciones del Congreso, por lo que corresponde dejar sin efecto la propuesta de las instancias de mérito y resolver el archivo del procedimiento administrativo sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los actos de discriminación laboral en la remuneración

Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

“a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados”.

“La igualdad de oportunidades – en estricto, igualdad de trato – obliga a que la conducta ya sea del Estado o los particulares, en relación a las actividades laborales, no genere una diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria”.

“La igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional que permite la convivencia armónica en sociedad y es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos y de los particulares. En tanto derecho implica una exigencia de ser tratado de igual modo respecto a quienes se encuentran en una idéntica situación, debido a que los derechos a la igualdad y a la no discriminación se desprenden de la dignidad y naturaleza de la persona humana”. “Cabe destacar que la no discriminación y la igualdad de trato son complementarias, siendo el reconocimiento de la igualdad el fundamento para que no haya un trato discriminatorio. De esta forma, la igualdad de las personas incluye: (i) el principio de no discriminación, mediante el cual se prohíbe diferencias que no se pueda justificar con criterios razonables y objetivos; y (ii) el principio de protección, que se satisface mediante acciones especiales dirigidas a la consecución de la igualdad real o positiva”. “Sin embargo, tanto la prohibición de discriminación como el derecho a la igualdad ante la ley pueden implicar tratos diferenciados, siempre que posean justificación objetiva y razonable, es decir, que el tratamiento desigual no conduzca a un resultado injusto, irrazonable o arbitrario. El derecho a la igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o todos los destinatarios de las normas tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, no todo trato desigual constituye una discriminación constitucionalmente prohibida, sino sólo aquella que no está razonablemente justificada”.

"6. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. 7. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico- constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio; debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea razonable ni proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable" (énfasis añadido).

9 Exp. N° 048-2004 PI/TC, fundamento 62.

entre en conflicto con el Principio de Igualdad y no Discriminación en el centro de trabajo, mediante la Resolución de Sala Plena Nº 014-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 28 de diciembre de 2023, el cual tiene la calidad de precedente de observancia obligatoria, sobre la base de los siguientes términos:

“6.8 En tal sentido, el Sistema Jurídico debe prevenir y erradicar todo comportamiento que entre en conflicto con el principio y derecho fundamental de igualdad y no discriminación. En especial, la actuación de la fiscalización laboral y de los órganos sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo deben orientarse especialmente a la determinación y sanción de los tratos discriminatorios basados en motivos prohibidos por factores sociohistóricos, como son el género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición semejante. (…). 6.34 En tal sentido, esta Sala entiende que la infracción prevista por el legislador en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, fue redactada buscando evitar la conf guración de conductas discriminatorias relacionadas a la comprobación de comportamientos antijurídicos sustentados en razones históricamente vedadas, esto es, aquel comportamiento que se sustente o funde en razones basadas en “el origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar el virus HIV”, conductas que de forma expresa han sido recogidas y enunciadas en nuestra norma fundamental (inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política y en el Convenio No 111 de la OIT). De ahí que tales comportamientos, repudiables para el orden constitucional en el ámbito laboral, conlleven niveles de imposición de sanciones administrativas severamente agravadas, ya que para el cálculo de una multa por esta infracción se contempla al total de los trabajadores del sujeto inspeccionado, conforme se aprecia de la redacción del artículo 48.1-C30 del RLGIT.” (el resaltado es propio).

Figura Nº 01:

Figura Nº 02:

Figura Nº 03:

Figura Nº 04:

10 Artículo 4.- Ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo “En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejercen en: 1. La empresa, centro de trabajo general y en los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 2. (…).”

77 de la Constitución Política del Perú11, que señala que, no es impedimento ni justificación suficiente para generar o convalidar mecanismos de elusión del estatuto protector del trabajo; todo lo contrario, las entidades del Estado, al constituir garantía y guardián del ordenamiento jurídico, son las primeras llamadas a observar la constitucionalidad y la legalidad en materia laboral. Recuérdese que nuestro sistema jurídico contiene una marcada opción general destinada a proteger el trabajo entendido como valor superior del ordenamiento, en tanto constituye un medio de dignificación de la persona humana y de su subsistencia y desarrollo, según lo definen los artículos 112, 2213 y 2314 de la Constitución Política del Perú.

11“Artículo 77. Presupuesto público La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de cano.” 12 “Artículo 1. Defensa de la persona humana La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” 13 “Artículo 22. Protección y fomento del empleo El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.” 14 “Artículo 23. [El Estado y el trabajo] El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y a la persona con discapacidad que trabajan. (…).”

Sobre la medida de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse.”

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización.” (énfasis añadido).

15 Numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT. inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. d) Así las cosas, un análisis circunscrito únicamente a la determinación del quantum a cancelar por los incumplimientos en materia de relaciones laborales de significado económico, como supuesto de quiebre del principio de legalidad (arguyéndose la “necesidad” de una identificación específica del monto a cancelar por parte del sujeto inspeccionado por los incumplimientos laborales de naturaleza económica), resulta erróneo; toda vez que el bloque de legalidad invocable (conforme con lo dispuesto por los artículos 5 y 14 de la LGIT y los artículos 13 y 17 del RLGIT) no establece como requisito sine qua non que la medida inspectiva de requerimiento deba identificar el monto dinerario que adeuda el sujeto inspeccionado. (…).” (el resaltado es propio).

“(…) 6.19 En consecuencia, es pertinente elevar a precedente de observancia obligatoria el criterio según el cual, imponer una sanción a la labor inspectiva cuando se ha cumplido con la subsanación voluntaria de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos atenta contra el principio de razonabilidad, ya que el sujeto inspeccionado habría cumplido con la normativa, siendo ello la finalidad de la inspección de trabajo.”

Figura Nº 05

Figura Nº 06:

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Por realizar actos de discriminación remunerativa Numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el CONGRESO DE LA REPÚBLICA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 0051-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 20 de enero de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 422-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0051-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 638-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 10 de agosto de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 0051-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. QUINTO.- Notificar la presente resolución al CONGRESO DE LA REPÚBLICA y la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903RLSH HR: 61274-2019