Congemin Contractor S.A.C — Res. 696-2021

Antecedentes

1 Se verificó el incumplimiento sobre las siguientes materias: Bonificación no remunerativa; Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados: Vacaciones; Remuneraciones: Pago de remuneración (sueldos y salarios), gratificaciones; Compensación por Tiempo de Servicios: Deposito de CTS; Certificado de Trabajo. 2 Ver folio 09 del expediente sancionador 20555195444 soft 20555195444 soft

presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 05 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 11 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. La autoridad inspectora omitió su propia normativa, referida a la conciliación previa, ya que conforme al inciso 3, articulo 3 de la LGIT, es de carácter obligatorio, previo a las actuaciones de investigación o comprobatorias, mismo que la autoridad inspectora paso por alto, trayendo consigo el quebrantamiento de su normativa.

ii. Con fecha 01 de marzo de 2021, fue notificada el Acta de Infracción junto con la imputación de cargos, omitiéndose el plazo de 15 días hábiles para la presentación de descargos estipulados en el literal c), articulo 45 de la LGIT; es decir, no se otorgó el plazo correspondiente a ley, quebrantando y contraviniendo el principio de legalidad, perjudicando gravemente nuestro derecho de defensa, con el fin de obtener una decisión debidamente fundada en hecho y en derecho.

iii. La Autoridad Instructora no respeto sus propios lineamientos, y respecto al punto 5 de la resolución de sub intendencia N° 044-2021, en el que la autoridad instructora alega que nuestra representada no presento descargos ante la imputación de cargos N° 024-2021, notificada el 1 de marzo de 2021, es propicio refutar dicho argumento, a sabiendas que , con fecha 04 de marzo de 2021, se cumplió a cabalidad con presentar los descargos correspondientes, junto con los documentos solicitados por la autoridad instructora.

3 Notificada a la inspeccionada el 16 de abril de 2021 (Ver folio 64 del expediente sancionador)

i. Corresponde tener presente que conforme al deber de colaboración, regulado en el artículo 9° de la LGIT, los empleadores, los trabajadores, sus representantes y todos los responsables del cumplimiento de las nomas sociolaborales, están obligados a colaborar con los inspectores cuando sean requeridos para ellos, debiendo “a) Atenderlos debidamente, presentándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor, b) Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo, c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, d) Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas; y, e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”, concordante con el artículo 15 del RLGIT, que contempla que “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”; por lo que, se encuentra regulado claramente que el deber de colaboración es de alcance general, tal como se fundamenta en la resolución impugnada.

ii. Se ha desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes, como son los principios administrativos.

iii. Los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan las infracciones en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por el inferior en grado, confirmando la resolución apelada.

4 Notificada a la inspeccionada el 06 de setiembre de 2021 (Ver folio 86 del expediente sancionador)

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONGEMIN CONTRACTOR S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de setiembre 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 014-2021-SUNAFIL/IRE-HVCA, señalando que:

i. Con fecha 5 de febrero de 2021 se dio inicio a las actuaciones inspectivas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido mediante la Orden de Inspección N° 016- 2021-SUNAFIL/IRE-HCA, no respetando la autoridad inspectora omitió su propia normativa, referida a la conciliación previa, ya que conforme al inciso 3, articulo 3 de la LGIT, “La Conciliación Administrativa”, es de carácter obligatorio, previo a las actuaciones de investigación o comprobatorias, mismo que la autoridad inspectora paso por alto, trayendo consigo el quebrantamiento de su normativa. A sabiendas, que esta función de inspección de trabajo ha sido incorporada en la Tercera Disposición Complementaria y Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1499, publicado el 10 de mayo de 2020, entrando en vigencia a los 180 días hábiles de publicada la norma, es decir a partir del 01 de enero de 2021, toda vez que las actuaciones inspectivas tuvo como fecha de inicio el 5 de febrero de 2021.

ii. Con fecha 01 de marzo de 2021, fue notificada el Acta de Infracción junto con la imputación de cargos, omitiéndose el plazo de 15 días hábiles para la presentación de descargos, tal como establece el literal c), articulo 45 de la LGIT; es decir, no se otorgó el plazo correspondiente a ley, quebrantando y contraviniendo el principio de legalidad, perjudicando gravemente nuestro derecho de defensa, con el fin de obtener una decisión debidamente fundada en hecho y en derecho.

iii. La Intendencia no se ha pronunciado respecto a cada uno de los argumentos expuestos mediante escrito de fecha 06 de mayo de 2021, acarreando la falta de motivación, vulnerando el Articulo 6 de la LPAG, ya que la Resolución de Intendencia solo menciona que la empresa tuvo negativa de colaborar con el personal inspectivo en 2 oportunidades, desvirtuando de esta manera nuestros fundamentos, siendo poco factible su sustento, debido a que no se cumplió con lo prescrito en la norma, no respetando el principio de legalidad, y por ende no estábamos ante un debido procedimiento, deviniendo las infracciones impuestas en nulas totalmente.

Análisis Del Recurso De Revisión

11 Iniciándose el plazo el 07 de setiembre de 2021.

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS.

12 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 13 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 14 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la conciliación administrativa incorporada en la tercera disposición complementaria y modificatoria del Decreto Legislativo N° 1499

“Modifíquense los artículos 1, 2, 3, 6, 10, 10-A, 11, 13, 25, 29, 33 y 49 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, los cuales quedan redactados en los siguientes términos: (…) “Artículo 3.- Funciones de la Inspección del Trabajo Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de la función de inspección y de aquellas otras competencias que le encomiende el Ordenamiento Jurídico Sociolaboral, cuyo ejercicio no puede limitar el efectivo cumplimiento de la función de inspección, ni perjudicar la autoridad e imparcialidad de los inspectores del trabajo. Las finalidades de la inspección son las siguientes: (…)

3. De conciliación administrativa 3.1 La conciliación administrativa de conflictos laborales se aplica con carácter obligatorio, como acción previa al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a mérito de las denuncias que son presentadas por los trabajadores, y respecto a incumplimientos cuyos efectos sean subsanables, los que son determinados mediante Reglamento. 3.2 La función de conciliación administrativa es desarrollada por personal que integra el Sistema de Inspección del Trabajo y que cuenta con los requisitos establecidos en el Reglamento, el cual guarda la debida reserva sobre la información obtenida en el ejercicio directo de la función de conciliación administrativa. (…)” (énfasis añadido). 6.8 El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, en la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 4677/2004-PA/TC, ha señalado respecto a la diferencia entre normas heteroaplicativas y normas autoaplicativas, lo siguiente:

“Norma heteroaplicativa: es aquella cuya aplicabilidad no depende de su sola vigencia, sino de la verificación de un evento posterior, sin cuya existencia la norma carecerá indefectiblemente de eficacia. Son normas de eficacia condicionada, bien sujeta a la realización de algún acto posterior de aplicación o una eventual regulación legislativa.

Norma autoaplicativa (también autoejecutiva, operativa o de eficacia inmediata): es aquella cuya aplicación resulta inmediata e incondicionada una vez que han entrado en vigencia. Expresado de otro modo, son normas que no requieren actos de desarrollo o ejecución para desplegar sus efectos” (énfasis añadido).

conciliación administrativa, por lo que la aplicación de la conciliación administrativa tampoco puede considerarse como inmediata.

“(...) Al respecto, el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto -por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, (...) Sentada esa premisa, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento (…)” (énfasis añadido).

1532 “TUO DE LA LPAG 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:(…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. 16 “Constitución Política del Perú Artículo 139°.- Principios de la Administración de Justicia Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. 17 Fundamentos 4 y 5 de la STC N° EXP. N° 5085-2006-PA/TC.

a perjudicarlos, en aras de evitar –en el caso de la materia que nos ocupa- el despliegue del poder punitivo del Estado.

“Artículo 254.- Caracteres del procedimiento sancionador 254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: (…) 4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 173.2 del artículo 173, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación” (énfasis añadido).

“Artículo 53.- Trámite del procedimiento sancionador 53.1 El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio y está compuesto de dos fases, una instructora y otra sancionadora. (…) 53.2 La fase instructora se desarrolla conforme al siguiente trámite: (…)

18 Cfr. Numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

d) Dispuesto el inicio de la fase instructora, se notifica al sujeto o sujetos responsables la imputación de cargos en la que consten los hechos que se les imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir, la expresión de las sanciones que se les pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia. (…) e) Luego de notificada la imputación de cargos, el sujeto o sujetos responsables, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, presentan los descargos que estimen pertinentes ante el órgano competente para instruir el procedimiento. (…)” (énfasis añadido).

Sobre la motivación de las resoluciones

19 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

fehacientemente que los hechos acarrearon infracción sancionable con multa; es decir la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada. Por consiguiente, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión interpuesto.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONGEMIN CONTRACTOR S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 014-2021-SUNAFIL/IRE-HVCA, de fecha 17 de junio de 2021, emitida por la Intendencia Regional De Huancavelica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 023-2021- SUNAFIL/IRE-HVCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 014-2021-SUNAFIL/IRE-HVCA, de fecha 17 de junio de 2021, en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONGEMIN CONTRACTOR S.A.C. y a la Intendencia Regional De Huancavelica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Huancavelica

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente