Confiteca del Perú S.A — Res. 1219-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en salud; y, Cobertura en invalidez – sepelio). CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por el inspector comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 26 de febrero de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 03 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 104,016.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por el inspector comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 04 de marzo de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 10 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 104,016.00.

i. Refieren que, los requerimientos de información no fueron alertados por correo electrónico, evidenciándose que no existió una negativa en la entrega de la información, es así que, al comprobarse que no ha sido notificada mediante la alerta por correo electrónico con las medidas de requerimiento, las mismas deben ser archivadas en su totalidad.

ii. Que, pese al análisis planteado en el numeral 3.4.5 de la resolución apelada; si bien es cierto, las diversas resoluciones emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral no son precedentes administrativos de observancia obligatoria, existe un criterio desarrollado que aplica los principios de informalidad y veracidad al analizar infracciones relacionadas al incumplimiento de las medidas de requerimiento, por no haber existido una alerta por correo electrónico, esto al vulnerarse el derecho de defensa, por lo que, se requiere que el criterio administrativo que viene siendo aplicado a sendos casos sea tomado en cuenta para el presente caso.

iii. Señalan que, todas las conductas infractoras sobre incumplimiento de medidas de requerimiento deberán tipificarse en forma conjunta y no en forma independiente;

asimismo, que ambos documentos relacionados a la entrega de información solicitaban la entrega de los mismos documentos, pese a esta identidad, han sido imputadas de forma independiente al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; sin embargo, deben ser imputadas en su conjunto y no de forma independiente, criterio e interpretación que ha sido ratificado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante las Resoluciones 421 y 422-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

iv. Alegan que, no se ha incurrido en una infracción muy grave tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; en tanto que, se ha reconocido que cuando exista un incumplimiento de un requerimiento de información, pero el mismo ha sido entregado con fecha posterior al plazo otorgado, como ocurre en el presente caso, corresponde la imputación de una infracción tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, ya que la misma está referida a acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de la función inspectiva de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siendo este criterio conformado por las Resoluciones 226 y 308-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala.

v. Por último, manifiestan que, en el supuesto negado que se pretenda sancionar por la comisión de las infracciones administrativas mencionadas, corresponde que se tome en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, previstos en el numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG.

i. Que, el inspeccionado no puede pretender excluirse de sus obligaciones como empleador al mencionar que no se cumplió con remitir las alertas de depósito del requerimiento en la casilla electrónica; en tanto que las empresas se encuentran obligadas a responden adecuadamente en el uso de las tecnologías digitales, como la notificación virtual; más aún si se tiene en cuenta que el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, referido al uso obligatorio de la casilla electrónica fue publicado en el año 2020, antes del inicio de las actuaciones de fiscalización llevadas a cabo en el presente caso, en el año 2021.

ii. En cuanto a eso, cierto es que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-T, señala que, para que las alertas de notificación a la casilla electrónica se envíen de manera automática a la notificación de un documento y el administrado reciba las

2 Notificada a la impugnante el 29 de setiembre de 2022, véase folio 91 del expediente sancionador.

alertas previas, es este quien debe tener por lo menos un correo electrónico registrado.

iii. Es decir, es la empresa, quien tomando conocimiento oportuno y diligente de su obligatoriedad como usuario de la casilla electrónica, debió registrar de forma oportuna por lo menos un contacto designado para recibir alertas previas y los documentos o actos administrativos emitidos por la SUNAFIL; sin embargo, ello no sucedió, dado que realizada la búsqueda por medio del sistema de notificaciones y alertas de la SUNAFIL, se pudo observar que el administrado efectuó el registro de un contacto de forma tardía, posterior a las notificaciones que se le realizaron; evidenciándose con ello, el incumplimiento de sus obligaciones como empleador, lo cual deviene en dos infracciones muy graves a la labor inspectiva.

iv. Que, respecto a la solicitud de tipificar en forma conjunta las dos infracciones a la labor inspectiva, amparando su requerimiento en las Resoluciones 421 y 422-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, no resulta atendible, toda vez que las resoluciones citadas no son precedentes vinculantes de obligatorio cumplimiento; además, el contenido en dichas resoluciones difiere del presente caso, dado que, su tipificación se encuentra enmarcada en incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

v. Sobre el argumento que solicita la correspondencia de un cambio de tipificación del numeral 46.3 al numeral 45.2 del RLGIT, por haber entregado la información con fecha posterior al plazo otorgado; indicar que la negativa configurada por no presentar la información requerida en los plazos estipulados, no solo dilató la fiscalización sino también la frustró; es así que, el incumplimiento en el deber de colaborar con la inspección del trabajo a través de los requerimientos de información programados para los días 03 y 10 de marzo de 2021, configuraron infracciones a la labor inspectiva de carácter insubsanables e independientes una de la otra.

vi. Respecto a la supuesta vulneración al principio de razonabilidad y proporcionalidad; cabe señalar que la multa se encuentra establecida en el incumplimiento de la normativa legal vigente en materia de labor inspectiva, determinándose que la inspeccionada incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción, respetándose a su vez los citados principios ordenadores, al observar que el inferior en grado realizó el cálculo de la multa a imponer, basado en el artículo 38 de la LGIT y el artículo 48 del RLGIT, el cual establece como criterios de graduación de las sanciones, la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONFITECA DEL PERU S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 170-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, los requerimientos de información no fueron alertados por correo electrónico, evidenciándose que no existió una negativa en la entrega de la información, sino que se ha vulnerado el derecho a recibir las alertas por correo electrónico, de modo que se pueda tomar conocimiento oportuno de los requerimientos, y poder cumplir con lo solicitado.

ii. Señalan que, sobre hechos parecidos, el Tribunal de Fiscalización Laboral se ha pronunciado en extenso sobre los alcances de la notificación electrónica a través del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL; estableciendo que para aquellos usuarios que no registraban ningún ingreso a la casilla, no se podía verificar o identificar que el sistema hubiese remitido la alerta, independientemente de la recepción del documento en la casilla del usuario.

iii. Asimismo, alegan que, no puede imputarse el incumplimiento de un requerimiento de información si no ha existido una alerta de notificación en la casilla electrónica al correo registrado, criterio establecido en la Resolución N° 545-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

iv. Que, la autoridad administrativa señala, que es posible dejar en indefensión a un administrado por el hecho de que ignoraba que debía registrar un correo electrónico, aun cuando una actuación diligente de su parte hubiese sido notificar por única vez de forma física un requerimiento presencial en el que se quede registrado un cargo de recepción y en el que se solicite el registro de un correo electrónico para continuar el proceso en forma digital, lo que se condice con lo indicado en la Resolución N° 790-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, es así que, al comprobarse que no ha sido notificada mediante la alerta por correo electrónico con las medidas de requerimiento, las mismas deben ser archivadas en su totalidad.

v. Que, pese al análisis planteado en el numeral 3.4.5 de la resolución apelada; si bien es cierto, la resolución emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral no es precedente administrativo de observancia obligatoria, existe un criterio desarrollado que aplica los principios de informalidad y veracidad al analizar infracciones relacionadas al incumplimiento de las medidas de requerimiento, por no haber existido una alerta por correo electrónico, esto al vulnerarse el derecho de defensa; por lo que, se requiere que el criterio administrativo que viene siendo aplicado a sendos casos sea tomado en cuenta para el presente caso.

vi. Señalan que, todas las conductas infractoras sobre incumplimiento de medidas de requerimiento deberán tipificarse de forma conjunta y no de forma independiente, criterio e interpretación que ha sido ratificado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante las Resoluciones 421 y 422-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

vii. Alegan que, conforme a lo señalado en el considerando 6.21 de la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, reconocido como precedente de observancia obligatoria, se reconoce que de detallarse de forma independiente una sanción tipificada en una infracción debe estar debidamente sustentada; pero en el presente caso, no se ha sustentado de forma adecuada la causalidad de cada una de las infracciones, por tanto, deben ser archivadas.

viii. Manifiestan que, no se ha incurrido en una infracción muy grave tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; en tanto que, se ha reconocido que cuando exista un incumplimiento de un requerimiento de información, pero el mismo ha sido entregado con fecha posterior al plazo otorgado, como ocurre en el presente caso, corresponde la imputación de una infracción tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, ya que la misma está referida a acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de la función inspectiva de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siendo este criterio conformado por las Resoluciones 226 y 308-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

ix. Por último, señalan que, no se ha tomado en cuenta la intención de entregar la información, aún en la etapa tardía del procedimiento administrativo, y no sigue los precedentes que indican que se debe considerar esta entrega tardía como una omisión, pero no como una negativa a entregar la información, siendo este criterio confirmado en las Resoluciones N° 226 y 308-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala; motivo por el cual, requieren que en caso se persista con la presunta imputación de la comisión de las infracciones, estas sean variadas de muy graves a graves.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1º). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6º, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6º, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8º).

9 TUO de la LPAG, Artículo 20.- Modalidades de notificación “(…) 20.4. (...) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25”.

e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9º). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11º).

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”11.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

10 Al respecto, véase el siguiente enlace el cual se encuentra en la cuenta institucional de YouTube de SUNAFIL denominado: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, de fecha 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 11 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado (El caso de los Decretos Supremos no publicados). THEMIS Revista de Derecho (6), 18. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489.

modo alguno las disposiciones sobre notificaciones contenidas en el TUO de la LPAG, para dotar de eficacia a los actos administrativos, ya que dichos instrumentos normativos, fluyen de la propia ley (numeral 20.4 del artículo 20), y han sido debidamente autorizados por el ente facultado para ello, esto es la Presidencia del Consejo de Ministros.

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica). 14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR” (énfasis añadido).

electrónica data del 28 de setiembre de 2020, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 01:

Figura N° 02:

reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad12. 6.14. Asimismo, conforme al numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el literal d) del artículo 12 del RLGIT que precisa que, en cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores de trabajo iniciarán las actuaciones de investigación, entre otras modalidades, mediante el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica (énfasis añadido).

12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

i) A folio 6 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 26 de febrero de 2021; y, a folios 7 (reverso), la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante, con el cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, en fecha 26 de febrero de 2021, en el cual el inspector comisionado, requirió que la impugnante cumpla con remitir, lo siguiente:

13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…)”.

Figura N° 03:

ii) Para lo cual, tenía un plazo de tres (03) días hábiles para la presentación de los mismos, bajo apercibimiento de constituirse en infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento, plazo que vencía el 03 de marzo de 2021. Al respecto, conforme se verifica del numeral 4.5 del Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación solicitada en el plazo otorgado.

iii) Ante el incumplimiento de la impugnante, la inspectora comisionada, emite otra medida de requerimiento de información, notificada con fecha 04 de marzo de 2021.

iv) Al respecto, como se verifica del numeral 4.6 de los hechos constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación solicitada en el plazo otorgado en este segundo requerimiento de información.

afectación a los principios de informalismo y veracidad como alega la impugnante, por cuanto, la Administración ha procedido respetando el debido procedimiento.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por el inspector comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 26 de febrero de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 03 de marzo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por el inspector comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 04 de marzo de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 10 de marzo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONFITECA DEL PERU S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 170-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 27 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 539-2021-SUNAFIL/IRE- CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 170-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONFITECA DEL PERU S.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

20231227MCR