Concejo Distrital de Comas — Res. 706-2026

Antecedentes

20555195444 soft

- Una (01) infracción LEVE, dado que el sujeto inspeccionado no acreditó la entrega del certificado de trabajo a favor de la ex trabajadora; tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, dado que el sujeto inspeccionado no asistió a la comparecencia de fecha 23 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas; tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, dado que el sujeto inspeccionado no cumplió con la verificación de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04 de enero de 2019; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

1 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…). 2 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…). 3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. (Dispositivo normativo vigente al momento de la interposición del recurso impugnatorio en cuestión. Actualmente, dicha disposición corresponde al artículo 209° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS). 4 Cabe precisar que las referencias efectuadas en diversos dispositivos normativos al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. Ello, toda vez que el referido Texto Único Ordenado constituye

establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia de Lima Metropolitana para el trámite correspondiente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

un instrumento de técnica normativa destinado a compilar, sistematizar y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales preexistentes y sus modificatorias, careciendo de carácter innovador o interpretativo, así como de aptitud para modificar el contenido, alcance, valor o fuerza normativa de las disposiciones objeto de ordenación. En tal sentido, las adecuaciones efectuadas en el presente pronunciamiento respecto de las referencias al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS responden únicamente a la actualización de la normativa vigente, sin que ello implique alteración alguna del contenido normativo originalmente aplicable al caso concreto. Asimismo, en aquellos supuestos en los que determinados dispositivos normativos mantengan remisiones expresas al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dichas referencias deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, actualmente aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, conservándose plenamente su eficacia jurídica. 5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 7 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 8 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

10 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 11 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

conformidad con el Principio de Legalidad, y que debe caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Concejo Distrital De Comas

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 925-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Dentro del plazo legal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT, así como en las normas aplicables del procedimiento administrativo, se interpone recurso de revisión contra la resolución impugnada, al no encontrarse conforme a derecho, solicitándose su elevación al órgano superior a efectos de que sea revocada, sobre la base de los fundamentos que se desarrollan a continuación. ii. En primer término, corresponde señalar que el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado se encuentra limitado por el Principio de Legalidad, el cual constituye una garantía constitucional frente a actuaciones arbitrarias. En ese sentido, ninguna conducta puede ser sancionada si no se encuentra previamente tipificada de manera expresa e inequívoca en una norma con rango de ley, proscribiéndose la aplicación extensiva o analógica de disposiciones sancionadoras. iii. En esa misma línea, el Principio de Tipicidad, aplicable al Derecho Administrativo Sancionador, exige que las conductas infractoras se encuentren claramente definidas en el ordenamiento jurídico, no pudiendo imponerse obligaciones ni sanciones que no estén previamente previstas. En el presente caso, la imputación efectuada en la resolución impugnada no se encuentra debidamente acreditada, en tanto no se ha demostrado una negativa expresa a facilitar información o documentación requerida por la autoridad inspectiva, ni tampoco que dicha información haya sido solicitada conforme a ley. iv. Asimismo, se advierte que la tipificación de la infracción contenida en el artículo 46° del RLGIT ha sido aplicada de manera contraria al Principio de Tipicidad, en tanto se pretende

12 Al respecto, se advierte que el Procurador Público de la impugnante interpuso recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 925-2023-SUNAFIL/ILM, evidenciando conocimiento de su contenido y alcances. En ese sentido, atendiendo al Principio de Informalismo previsto en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, conforme al cual las normas procedimentales deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, evitando que aspectos formales susceptibles de subsanación afecten sus derechos e intereses, corresponde privilegiar la admisión del referido recurso, garantizando el derecho de defensa y el acceso a la impugnación administrativa.

sancionar una conducta sin que se haya acreditado plenamente la configuración del supuesto de hecho previsto en la norma, lo cual vicia de nulidad la resolución impugnada. v. Por otro lado, se identifican vicios sustanciales en la identificación del sujeto responsable dentro del procedimiento administrativo sancionador, toda vez que las actuaciones inspectivas, el acta de infracción y las notificaciones han sido dirigidas a una denominación distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico, lo que evidencia una indebida identificación del administrado y genera una afectación al Principio de Debido Procedimiento. vi. En efecto, la normativa constitucional y legal reconoce únicamente a las municipalidades como órganos de gobierno local, bajo denominaciones específicas, no existiendo sustento jurídico para atribuir responsabilidad a una entidad con denominación distinta. Esta situación ha implicado que el procedimiento se haya seguido contra un sujeto inexistente jurídicamente, afectando la validez de todos los actos administrativos emitidos. vii. En ese contexto, se advierte que el procedimiento sancionador se ha tramitado con vulneración de las normas que regulan su inicio y desarrollo, en tanto las notificaciones y actuaciones han sido dirigidas a un sujeto distinto al que corresponde conforme a ley, lo cual afecta la eficacia de los actos administrativos conforme al artículo 16° del TUO de la LPAG. viii. Adicionalmente, se verifica que no se ha requerido formalmente la presentación de información o documentación al administrado correctamente identificado, ni se le ha convocado a las actuaciones correspondientes, lo que impide atribuir válidamente una conducta infractora vinculada a la obstrucción de la labor inspectiva, evidenciándose la vulneración del Principio de Verdad Material y del Principio de Debido Procedimiento. ix. De otro lado, se advierte la configuración de causales de nulidad previstas en el artículo 10° del TUO de la LPAG, al haberse emitido actos administrativos en contravención a normas constitucionales y legales, así como la afectación de derechos fundamentales vinculados al debido proceso, lo cual faculta a la autoridad a declarar la nulidad de oficio conforme al artículo 202° del mismo cuerpo normativo. x. Asimismo, se verifica la concurrencia de supuestos de caducidad y prescripción del procedimiento administrativo sancionador, al haberse excedido los plazos legalmente establecidos para su tramitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 237-A° del TUO de la LPAG, lo que determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento y la extinción de la potestad sancionadora. xi. Finalmente, en relación con los hechos materia de imputación, se advierte que las prestaciones desarrolladas respondían a una relación de naturaleza civil, sin concurrencia de los elementos de subordinación propios de una relación laboral, por lo que resulta inaplicable el Principio de Primacía de la Realidad en los términos utilizados por la autoridad administrativa. En consecuencia, al no haberse configurado válidamente la infracción ni respetado las garantías del procedimiento, corresponde declarar fundado el recurso de revisión.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Sobre el análisis de la prescripción del procedimiento administrativo sancionador

“8. (…). De este modo desde la Carta Magna, inspirada en el principio pro homine, el Estado autolimita su potestad punitiva en la medida en que, por el paso del tiempo se elimina la incertidumbre jurídica en el caso de la extinción de la acción penal. 9. (…) la Administración en el ejercicio de su facultad sancionadora tiene el irrestricto deber de respetar los derechos procesales constitucionales de los administrados entre los cuales se encuentra el instituto procesal de la prescripción; (…)”14. (Énfasis añadido).

“8. El Tribunal Constitucional, en diversas oportunidades, ha sostenido, sobre la base del principio general de libertad, que el ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legamente impuesta, deberá, además, realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem, de las normas que restrinjan derechos. (…)”. (Énfasis añadido).

13 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador: Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (2.ª ed.). Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico. 14 Sentencia del Tribunal Constitucional, del 30 de noviembre de 2005, recaída en el Expediente N° 8092-2005-PA/TC, fundamentos 8 y 9.

“23. Ahora bien, en tanto el ser humano es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido por una norma jurídica imperativa, las disposiciones que restringen derechos, al igual que aquellas que reconocen y consagran deberes constitucionales, no pueden aplicarse por analogía y están sujetas a una interpretación restrictiva (…).”. (Énfasis añadido).

“10.6 De las notas condicionantes de la competencia del acto estatal La competencia para realizar actos estatales tiene como notas condicionantes las cuatro siguientes: la indelegabilidad, la taxatividad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Al respecto, veamos lo siguiente: (…). b) La taxatividad El ejercicio de la competencia constitucional está limitado o reducido a lo expresamente conferido. Esta competencia no puede ser ampliada o extendida en modo alguno. Más aún, las facultades conferidas a las autoridades de los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación restrictiva. En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido”, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido”. (Énfasis añadido).

Sobre la regulación de la prescripción y el ejercicio de la potestad sancionadora en el procedimiento administrativo

“Artículo 233.- Prescripción 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 233.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia”. (Énfasis añadido).

“Artículo 51.- Prescripción La facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral a que se refiere el artículo 13 de la Ley prescribe a los cuatro (4) años y se determina conforme a lo establecido en el artículo 250 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS”15.

15 Cabe precisar que la referencia efectuada por el artículo 51° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, al artículo 250° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, debe

a) Infracciones instantáneas, siendo aquellas que se producen y consuman en un único momento, por lo que el plazo de prescripción se computa desde el día en que se cometió la infracción. b) Infracciones instantáneas con efectos permanentes, siendo aquellas que se consuman en un solo acto, pero generan una situación antijurídica duradera, motivo por el cual el plazo de prescripción se computa igualmente desde el momento en que se cometió la infracción. c) Infracciones continuadas, siendo aquellas conformadas por una pluralidad de conductas homogéneas que constituyen una unidad infractora, en cuyo caso el plazo de prescripción se computa desde la realización de la última acción constitutiva de la infracción. d) Infracciones permanentes, siendo aquellas en las que la situación antijurídica se mantiene en el tiempo por voluntad del administrado, supuesto en el cual el plazo de prescripción se computa desde el cese de la conducta infractora.

entenderse actualmente efectuada al artículo correspondiente del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. Ello, toda vez que dicho Texto Único Ordenado constituye un instrumento de técnica normativa destinado a compilar, sistematizar y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales preexistentes y sus modificatorias, sin introducir modificaciones sustanciales en el contenido normativo previamente vigente. En tal sentido, la remisión normativa contenida en el artículo 51° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo conserva plenamente su eficacia jurídica y debe entenderse efectuada a las disposiciones correspondientes del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, actualmente vigente. 16 Los conceptos y criterios referidos a las infracciones instantáneas, instantáneas con efectos permanentes, continuadas y permanentes han sido desarrollados en el “Lineamiento para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones previstas en el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR”, aprobado mediante MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 086-2022-SUNAFIL/DINI.

1. El plazo para determinar la existencia de infracciones administrativas es de cuatro años. 2. El cómputo del plazo se inicia desde la comisión de la infracción, observando la naturaleza de esta. 3. Este plazo solo se suspende por el inicio del procedimiento administrativo sancionador que comprende la debida notificación de los hechos imputados. 4. Por tanto, finalizada esa diligencia, si el procedimiento continúa en un estado de inactividad, deberá inmediatamente reanudarse el referido cómputo luego de veinticinco (25) días hábiles.

Sobre la regulación del estado de emergencia y la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos

17 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS Artículo 235.- Procedimiento sancionador Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones: (…). 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 18 Un ejemplo ilustrativo de ello se presentó con la situación excepcional originada por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia de la propagación de la COVID-19, contexto en el cual la paralización de actividades de las entidades públicas obedeció a las restricciones derivadas del aislamiento social obligatorio dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, así como a las limitaciones a la libertad de tránsito previstas en el artículo 3° de la citada norma.

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia”. (Énfasis añadido).

en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46° del RLGIT, relacionadas con el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento y la inasistencia a la comparecencia de fecha 23 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas, respectivamente, quedando excluida de pronunciamiento la infracción leve confirmada por las instancias previas. En ese sentido, esta Sala efectuará el análisis correspondiente únicamente respecto de las referidas infracciones muy graves, circunscribiendo su pronunciamiento a la determinación del inicio, suspensión, reanudación y eventual vencimiento del plazo de prescripción de la potestad sancionadora administrativa vinculada a dichas conductas infractoras.

Figura N° 01 Línea de tiempo de la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT

Figura N° 02 Línea de tiempo de la infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT

plazo legalmente previsto para su ejercicio antes de la culminación del presente procedimiento administrativo sancionador.

Resultado Del Análisis Realizado

19 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico. (2017). Guía de opiniones jurídicas emitidas por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico sobre la aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: Guía para asesores jurídicos del Estado (2.ª ed., corregida y aumentada). Enlace web: https://www.minjus.gob.pe/wp- content/uploads/2017/04/MINJUS-DGDOJ-GUIA-DE-OPINIONES-DEL-TUO-DE-LA-27444.pdf

requerimiento y la inasistencia a la comparecencia de fecha 23 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas, respectivamente.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el CONCEJO DISTRITAL DE COMAS, en contra de la Resolución de Intendencia N° 925-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 17 de julio de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2139-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la PRESCRIPCIÓN de la potestad sancionadora, respecto de las infracciones muy graves a la labor inspectiva tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46° del RLGIT, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución al CONCEJO DISTRITAL DE COMAS, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260513MABJ – HR: 23069-2018