Concejo Distrital de Comas — Res. 1468-2025

Mediante Orden de Inspección N° 0000021612-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1291-2020-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 620-2020-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 30 de octubre de 2020, notificada el 16 de diciembre de 2020, y a la Procuraduría Pública el 15 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 767-2021-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 9 de julio de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 3 (actual Subintendencia de Sanción 3) de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1249-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 06 de diciembre de 2021, notificada a la impugnante el 09 de diciembre de 2021, y a la procuraduría pública el 09 de diciembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,309.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 04 de enero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1249-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3.

Mediante Resolución de Intendencia N° 576-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de abril de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 27 de marzo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 576- 2022-SUNAFIL/ILM. Del mismo modo, con fecha 22 de mayo de 2023, la impugnante presentó escrito denominado “nulidad de todo el presente procedimiento administrativo”.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-003056-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 04 de octubre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el CONCEJO DISTRITAL DE COMAS, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 576-2022- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 11,309.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 07 de marzo de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el CONCEJO DISTRITAL DE COMAS

Sobre el particular, el principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG, establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, conforme al artículo 1 de la LGIT, “las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad9.

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes el facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad11. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo

Debemos señalar que, de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia.13

Vinculado al caso materia de autos, corresponde señalar que el Tribunal de Fiscalización Laboral, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

En esa misma línea, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, en el la cual se determinó:

Estando a lo señalado, de la revisión del expediente de actuaciones inspectivas, se observa que la inspectora de trabajo notificó, el 24 de agosto de 2020, el requerimiento de información14, notificación que fue realizada en la dirección Plaza de Armas Nro. S/N (Km.

Por tanto, a efectos de dar cumplimiento a su deber de colaboración con la inspección del trabajo, dicha obligación se encontraba vinculada a facilitar, a los inspectores de trabajo, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, lo que no ha sucedido en el presente caso. Sin embargo, conforme a lo descrito en el numeral 4.3 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, consta que el sujeto inspeccionado, frente al citado requerimiento de información, no cumplió con remitir la información solicitada por la inspectora de trabajo, por lo cual el personal comisionado dejó constancia de dichos hechos, señalando además la imposibilidad de identificar los hechos en relación al término del vínculo laboral con los denunciantes.

Como se concluye, de la lectura del Acta de Infracción la recurrente, al haberse negado a facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, frustró la actuación del mismo, constituyendo dicho accionar un actuar reprochable plausible de sanción. Ello se explica en atención que la norma busca proteger el correcto funcionamiento de la labor inspectiva, la cual se puede perjudicar por la conducta de los empleadores que, teniendo posesión de la documentación e información necesaria para dilucidar un caso, se nieguen a exhibirla o no colaboren con proporcionarla a la Autoridad Administrativa del Trabajo, ello con la finalidad de entorpecer su labor.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debe precisarse que este Tribunal, en la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SUNAFIL/TFL, de fecha 30 de julio de 2021, dictaminó el precedente administrativo de observancia obligatoria16 con el cual se fija el criterio a tener en cuenta sobre la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva, estableciendo que:

En relación a la aludida vulneración del principio de tipicidad y legalidad, debe hacerse mención a que el artículo 248 numeral 4 del TUO de la LPAG, dispone que: “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria”.

En ese contexto legal, debe considerarse que, por regla general, es la ley la que debe establecer las infracciones; sin embargo, en forma excepcional, se ha dispuesto que la misma ley puede disponer que se realice la tipificación de infracciones por vía reglamentaria. Este es el caso del Sistema de Inspección del Trabajo, en tanto el artículo 38 de la LGIT dispone que: “El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”. Sobre la base de dicho dispositivo legal, se debe interpretar entonces que se ha autorizado al legislador reglamentario a que determine la tipificación de las infracciones a través de su incorporación en el RLGIT. Por ende, no se ha vulnerado los principios invocados por la impugnante.

En relación al carácter insubsanable de la infracción materia de análisis, cabe indicar que el incumplimiento a un requerimiento de información constituye infracción a la labor inspectiva de comisión inmediata, por lo que son de naturaleza insubsanable, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se cometen, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. Así las cosas, el incumplimiento al requerimiento de información de fecha 24 de agosto de 2020 resulta insubsanable. En dicha circunstancia, la motivación para dicha determinación se encuentra señalada en el numeral 4.3 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, donde se deja constancia que se perjudicó la labor inspectiva, impidiendo la fiscalización en la materia dispuesta en la orden de inspección.

Del mismo modo, de la revisión del Acta de Infracción, no se observa que el inspector de trabajo hubiera dejado señalado que la impugnante cumplió con la presentación de la documentación solicitada. Del mismo, esta Sala ha procedido a efectuar el análisis de la documentación que obra en el expediente de actuaciones inspectivas como del expediente sancionador, no observándose que el impugnante haya presentado información alguna vinculada al requerimiento efectuado, por lo que debe desestimarse los argumentos señalados en dichos extremos.

En relación a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la

Asimismo, el artículo 47 del RLGIT dispuso, además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad, así como de proporcionalidad, según lo dispuesto por el artículo 24617 numeral 3) del TUO de la LPAG. La Tabla de cuantía y aplicación de sanciones estipulada en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, contempla valores fijos (montos tasados por el propio legislador), sin que la autoridad inferior en grado tenga discrecionalidad para imponer un monto diferente al establecido por el legislador. Dichos valores dependen de la condición del sujeto infractor (Microempresa, Pequeña Empresa y No Mype), la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados. Asimismo, en la citada tabla se han recogido los criterios de graduación de sanciones de acuerdo al principio de proporcionalidad y razonabilidad dispuestos en el TUO de la LPAG.

Por lo tanto, en la resolución sancionadora, al momento de imponer la sanción de multa se verifica que la autoridad inferior en grado aplicó correctamente los valores establecidos, contenidos en la Tabla de cuantía y aplicación de sanciones, al momento de cuantificar el monto de la sanción, siendo que la multa impuesta a la inspeccionada, es consecuencia de la responsabilidad por los incumplimientos que no han sido desvirtuados en el presente procedimiento. Por ende, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

En relación a los alegatos vinculados con el régimen de los trabajadores denunciantes, debe atenderse que en, en el presente caso, el desarrollo de las actuaciones inspectivas se vincularon con la verificación de hechos solicitada en los formularios presentados por cada una de las denunciantes. De este modo, las actuaciones desarrolladas por el inspector se circunscribieron a una verificación de hechos, por lo que correspondía que la impugnante cumpliera con su obligación de atender dicho requerimiento. Sin embargo, conforme se ha determinado en el expediente de autos, la impugnante no cumplió con presentar la información solicitada por la inspectora comisionada durante la etapa de actuaciones inspectivas.

Así, el incumplimiento detectado de no colaborar con la función inspectiva constituye infracción pasible de sanción económica, pues el sujeto inspeccionado se encontraba obligado en facilitar y entregar al comisionado la información y/o documentación requerida, lo cual en el caso de autos no se evidenció, no solo obstaculizando la labor inspectiva, sino también frustrándola, conforme se describe en los considerandos precedentes, subsumiéndose dicha conducta en tipo señalado en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, por lo que el alegato vinculado con el régimen de los denunciantes no enerva su responsabilidad en el presente caso.

En cuanto al argumento vinculado con la notificación a una razón social distinta, es preciso indicar que la razón social debe entenderse como el nombre oficial del administrado, por el cual responde legalmente y cuyo uso genera obligaciones para el administrado; no obstante, el nombre comercial es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica del ejercicio de su actividad económica

Ahora bien, en el presente caso, de la consulta efectuada en la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT18, se ha podido verificar que el administrado con RUC N° 20168737565, tiene como razón social CONCEJO DISTRITAL DE COMAS, y su nombre comercial es: Municipalidad Dist. De Comas, conforme se aprecia a continuación

Por tanto, no es que la denominación Concejo Distrital de Comas, no exista jurídicamente; por el contrario, conforme se aprecia en la Figura 01 de la presente resolución, se verifica que el RUC pertenece al “Concejo Distrital de Comas”, cuyo nombre comercial es: “Municipalidad Dist. De Comas”. Ahora bien, se advierte que la impugnante, al momento de identificarse en la presentación de descargos dentro del procedimiento administrativo sancionador, a través de los escritos presentados, consigna el RUC N° 20168737565. Por ende, no se advierte vulneración a alguna garantía del debido procedimiento, dada cuenta que el desarrollo de las actuaciones se efectuó respecto del impugnante, por lo que todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados

Finalmente, contrario a los alegatos planteados por la recurrente, no se advierte un defecto de motivación o debido procedimiento o la afectación a alguno de los principios del procedimiento administrativo o los principios que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo pues, el análisis del expediente de actuaciones inspectivas y los hechos recogidos y constatados en el Acta de Infracción, acreditan la responsabilidad administrativa por los incumplimientos sancionados y respecto de ambas ex trabajadoras afectadas.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.