Comunidad Local Adm.salud los Algarrobos — Res. 1137-2023

Mediante Orden de Inspección N° 2552-2020-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 341-2020-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no asistir a los requerimientos de comparecencia en fecha 11 y 18 de diciembre de 2020; en mérito a la denuncia del señor Fredy Eduardo Morales Delgado (Técnico administrativo), por el supuesto incumplimiento al pago de remuneraciones, y el cese de actos de hostilización, en tanto aduce que, se han reducido inmotivadamente sus remuneraciones.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 342-2021-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC, de fecha 02 de julio de 2021, notificada a la impugnante el 05 de julio de 2021 y a la Procuraduría Pública Regional el 01 de febrero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 31-2022-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, de fecha 24 de febrero de 2022 (en adelante, el informe final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 163-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, de fecha 30 de marzo de 2022, notificada el 01 de abril de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 22,618.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 11 de abril de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 163-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 098-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 22 de agosto de 20222, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 14 de setiembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 098-2022- SUNAFIL/IRE-PIU.

La Intendencia Regional de Piura admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001027-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, recibido el 23 de setiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la COMUNIDAD LOCAL ADM.SALUD LOS ALGARROBOS, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 098-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, que confirmó la sanción impuesta de S/ 22,618.00, por la

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la COMUNIDAD LOCAL ADM.SALUD LOS ALGARROBOS.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”9. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, a folio 28 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 04 de diciembre de 2020, notificado a la señora María Teresa Cornejo Trelles, en calidad de encargada de mesa de partes del sujeto inspeccionado, por medio del cual se citó a la impugnante a la diligencia programada para el día 11 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas, en la Oficina de Inspección del Trabajo, ubicada en Calle Los Juncos Mz- M, Lote 05, Urb. Miraflores – Castilla - Piura, a fin de que cumpla con aportar los siguientes documentos: “[1] Poderes de representación vigentes; [2] Acreditar entrega de boletas de pago de remuneraciones; y, [3] Pago y/o depósito de remuneraciones”.

Asimismo, a folio 34 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 14 de diciembre de 2020, notificado a la señora María Teresa Cornejo Trelles, en calidad de encargada de mesa de partes del sujeto inspeccionado, por medio del cual se citó a la impugnante a la diligencia programada para el día 18 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas, en la Oficina de Inspección del Trabajo, ubicada en Calle Los Juncos Mz- M, Lote 05, Urb. Miraflores – Castilla - Piura, a fin de que cumpla con aportar la misma documentación solicitada en el requerimiento de comparecencia de fecha 04 de diciembre de 2020. La documentación requerida se refiere al periodo diciembre mayo-2020 a setiembre-2020 y respecto del trabajador: Fredy Eduardo Morales Delgado. Asimismo, de los referidos documentos se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Sin embargo, de los numerales 4.3 y 4.5 de los hechos constatados del Acta de Infracción se advierte que el inspector comisionado ha dejado constancia que, con fecha 11 y 18 de diciembre de 2020, siendo las 11:00 horas, respectivamente, se apersono José Leoncio Yarleque Ruíz , quien presentó certificado de vigencia cuyo período de poderes de la junta de la inspeccionada es del 12 de julio de 2018 al 12 de julio de 2020, el cual se encuentra vencido; por lo cual, se advierte que no se encontraba debidamente acreditado, según la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, en su apartado 7.13.2.3 c); por tanto, el inspector deja constancia que la inspeccionada no está debidamente representada, lo que configura las inasistencias a los requerimientos de comparecencia para las fechas 11 y 18 de diciembre de 2020.

En ese entendido, como se ha establecido en el Acta de Infracción, el comisionado ha determinado como parte de los hechos constatados, en los numerales 4.8 y 4.9 que, el sujeto inspeccionado, no asiste debidamente acreditado a las diligencias de comparecencia debidamente notificadas para el día 11 y 18 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas; incurriendo en dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, de conformidad con el artículo 46 numeral 46.10 del RLGIT.

Como se verifica de los actuados, la impugnante no participo de las referidas diligencias, reiterando al respecto que, a la fecha de los hechos la presidenta del Consejo Ejecutivo, quien es la representante legal, se encontraba imposibilitada de presentarse físicamente por motivo de vulnerabilidad ante la Covid-19, razón por la que se apersonó el contador, presentando documentos que acreditaban el pago de los beneficios sociales del trabajador; en tal sentido, manifiesta que, se debe valorar que las fechas de citación, corresponden al contexto de la pandemia, en la que se establecieron medidas legales orientadas a la cautela de la salud, flexibilización de trámites y de plazos procesales; por tanto, refieren que, tramitar la vigencia de la representación legal fue complejo y recién se pudo actualizar el 11 de junio de 2021; asimismo, cuestionan una desproporcionada exigencia por la presencia de la presidenta, a la luz de los principios de informalismo y razonabilidad.

Sobre el particular, se debe tener en cuenta que, conforme a lo establecido por el artículo 17 de la LGIT, “(…) La intervención mediante representante sin capacidad o insuficientemente acreditado se considerará inasistencia, cuando se haya solicitado el apersonamiento del sujeto obligado”.

Por otro lado, pese a que la impugnante alega que por el contexto de la pandemia, no pudo tramitar la vigencia de la representación legal, para que comparezca conforme a ley en las diligencias de comparecencia programadas para los días 11 y 18 de diciembre de 2020, ya

En el caso en particular, la impugnante alegó que el representante legal no pudo ejercer la defensa por motivo de vulnerabilidad ante la Covid-19, lo que imposibilitó asistir a las diligencias de comparecencia de fecha 11 y 18 de diciembre de 2020. Al respecto, del expediente inspectivo se evidencia que la impugnante no actúo diligentemente en atender a los requerimientos de comparecencia en virtud a su deber de colaboración con la inspección del trabajo. Por tanto, se puede advertir una secuencia en el proceder del sujeto inspeccionado que no permite apreciar que, en virtud a su deber de colaboración con los inspectores de trabajo, debía cumplir con la asistencia a las diligencias de comparecencia programadas por el inspector de trabajo como parte del desarrollo de las actuaciones inspectivas, de conformidad con el artículo 9 de la LGIT12.

Asimismo, respecto a que, el trámite de la vigencia de la representación legal fue complejo y recién se pudo actualizar el 11 de junio de 2021; señalando como desproporcionada la exigencia de la presencia de la presidenta, a la luz de los principios de informalismo y razonabilidad. Sobre el particular, cabe señalar que, en el contexto de la emergencia sanitaria y debido a las restricciones de desplazamiento y reunión, es que el gobierno central mediante la publicación del Decreto de Urgencia N° 100-2020 – “DICTAN MEDIDAS PARA LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS NO PRESENCIALES O VIRTUALES” de fecha 26 de agosto de 2020, dictó la siguiente medida:

En tal sentido, se advierte que, el contexto de la emergencia sanitaria nacional no representó ningún impedimento para que, a partir del 24 de agosto de 2020, que entró en vigencia el Decreto de Urgencia N° 100-2020, la impugnante, oportunamente, iniciara el trámite para la realización de su convocatoria a elecciones y reuniones virtuales, en tanto, debía acordar la renovación y actualización de los miembros de su Junta Directiva (vencida), incluido el cargo de presidente; quien por mandato legal, es quien tiene la facultad de representación legal.

En tal sentido, se evidencia que la impugnante no actuó diligentemente, y que lo alegado no justifica la inasistencia a las diligencias de comparecencia, en razón de que la atención de los requerimientos de comparecencias pueden ser realizados a través de representantes o mediante delegación de poderes a otra persona, es decir que, si el representante legal se ve en la imposibilidad de asistir, la impugnante en observancia a su deber de colaboración debió actuar con la responsabilidad y previsión que amerita el caso y efectuar las gestiones necesarias correspondientes a la renovación de su Junta Directiva, a fin de otorgar representación para la asistencia a las referidas comparecencias.

Por tanto, como se verifica de los actuados, la impugnante no participo de las referidas diligencias, así como tampoco ha acreditado la existencia de alguna causal eximente. Por lo que, el incumplimiento de su deber de diligencia, no la exime de responsabilidad, por la no participación de su representante en las diligencias de comparecencia de fecha 11 y 18 de diciembre de 2020, para las cuales se encontraba debidamente notificada, más aún, si se dejó constancia del apercibimiento en los referidos requerimientos de comparecencia, advirtiendo que la inasistencia a las citadas comparecencias constituye infracción a la labor inspectiva.

Por tanto, al no tener asidero legal, que la impugnante trate de deslindar su responsabilidad de no haber asistido a las comparecencias citadas, corresponde desvirtuar lo argumentado en este extremo de su recurso de revisión. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que el motivo de la citación se circunscribe a hechos laborales que se encuentran judicializados a la fecha, e incluso se encuentran en calidad de cosa juzgada. Sobre el particular, se advierte que, las materias controvertidas en la presente causa no se encuentran relacionadas al incumplimiento de las normas sociolaborales sino a infracciones relacionadas a la labor inspectiva, por la falta de colaboración del entonces, sujeto inspeccionado, en tanto que, no asistió a los requerimientos de comparecencias de fecha 11 y 18 de diciembre de 2020, que conllevaron a que no se pueda verificar el cumplimiento de las materias: Hostigamiento y actos de hostilidad y, Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), conforme lo señalado por el inspector comisionado en el numeral 4.9 de los hechos constatados del Acta de Infracción. No obstante, el proceso judicial que se encuentra en calidad de cosa juzgada entre el extrabajador Fredy Eduardo Morales Delgado y la impugnante, corresponde a una

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.