Compañía Minera Argentum S.A.C — Res. 1164-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de gestión SST en las empresas (Sub materias: Supervisión efectiva; Procedimiento escrito de trabajo seguro); Gestión interna de SST (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidente); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materias: Cobertura en salud; Cobertura en invalidez - sepelio); Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimiento en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial); Identificación de peligros y evaluación de riesgos - IPER (Sub materia: Actividades de prevención); Condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones de seguridad); Formación e información sobre SST (Sub materia: Incluye todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft actuaciones inspectivas realizadas en la orden de inspección generada en mérito a la denuncia presentada.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las condiciones de seguridad, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relacionadas a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relacionadas al Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS), tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relacionadas a la formación e información en SST, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relacionadas a la supervisión efectiva, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i) No hay omisión alguna en el formato elaborado según los anexos del RSSOM. No hay razón técnica para exigir que tres trabajadores carguen el cuartón ni por la extensión de la madera ni por las condiciones en que se manipulaba.

ii) La autoridad indica que se incumplió el deber de formación porque el PETS no era adecuado. Es decir, sanciona dos veces el mismo hecho. iii) El trabajador recibió información específica sobre los peligros y riesgos de la manipulación de carga, sus límites, mecanismos, exigencias de ergonomía, posturas, pesos, etc. Toda esa información fue reforzada mediante el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el PETS, el PETAR, el IPERC continuo, entre otros. iv) Las tres cuestiones observadas en el Informe Final respecto a la supervisión han sido descartadas. v) Según el principio de causalidad, la responsabilidad recae en quien realiza la conducta infractora omisiva o activa. No se puede sancionar a quien no ha actuado, intercedido, provocado o cometido un incumplimiento. Solo un acto u omisión propia sustenta la atribución de culpa a una persona. vi) La determinación del nexo causal requiere que el incumplimiento tenga un efecto directo o sea determinante para ocasionar la lesión; lo que no ocurre en este caso al tratarse de una lumbalgia por esfuerzo cuyas causas son múltiples y circunstancialmente se habría manifestado en la empresa. vii) Se atribuye de manera independiente respecto de cada presunta falta la infracción del artículo 28 numeral 28.10 del RLGIT. Esta disposición no es aplicable porque no existió accidente de trabajo y porque no hay causalidad entre la conducta y el hecho.

i. La inspeccionada pretende hacer valer la definición de accidente de trabajo contenida en las normas que regulan el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Sin embargo, esta definición sólo opera en lo que corresponda al otorgamiento de las prestaciones de salud que brinda dicho seguro a sus beneficiarios, entre otros; pero no se puede aplicar la misma al análisis que ha hecho la inspectora del trabajo actuante, en tanto su fiscalización se hace en el marco de la legislación vigente de seguridad y salud en el trabajo. ii. El uso de botas antideslizantes por parte del trabajador accidentado debe constituir una medida alternativa o complementaria a otras medidas de prevención de mayor orden de jerarquía conforme al artículo 21 de la LSST; por lo que dicha circunstancia no enerva su responsabilidad de haber omitido adoptar otras medidas de control del riesgo de resbalarse en dicha zona de tránsito durante el traslado de materiales.

2 Notificada el 20 de enero de 2023, ver folio 243 del expediente sancionador. iii. La matriz IPERC no solo debe elaborarse considerando el formato dispuesto en el Anexo 8 del RSSOM; pues existe una regulación de seguridad y salud en el trabajo aplicable en forma general para todas las actividades económicas, incluyendo las de minería, contenida en la LSST y el RLSST, que también debió observar la inspeccionada en la elaboración de dicho documento. iv. A la luz de la evidencia acopiada durante las actuaciones inspectivas de investigación, la inspeccionada mal hace en desconocer las falencias que tuvo el PETS vigente a la fecha del accidente de trabajo y que se ha reconocido en su registro de accidentes de trabajo al consignar como medidas correctivas las siguientes: "Incluir en el PETS-MO-PR-05 la revisión del traslado de cargas acorde a las dimensiones" y "Revisar en el PETS-MO-PR-05 la verificación exhaustiva del piso de toda la zona de trabajo antes de realizar labores y difundir a los colaboradores del área de proyectos". v. La inspeccionada no ha aportado los materiales utilizados en dichas capacitaciones referidas a la manipulación manual de cargas y el PETS de Encofrado y Desencofrado, a fin de verificar si la formación brindada sobre estos aspectos fue suficiente, para desvirtuar los hechos constatados por la inspectora del trabajo. vi. No se puede sostener que existe defectos de motivación en este caso, pues las constataciones de la inspectora del trabajo se basan en los hechos que fueron recopilados por su Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y el registro de accidentes de trabajo.

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 09 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0047-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Interpretación errónea del artículo 7 del D.S. No. 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (RSSOM), pues la autoridad no tiene claras las causas del evento. Siendo así, no puede decretar que este se produjo con ocasión del trabajo o alguna otra causa relacionada. ii. No hay ninguna evidencia de un "agujero", ni mucho menos de que el trabajador se haya caído, o que haya adoptado una posición forzada e incorrecta que le haya generado la dolencia lumbar. iii. Sorprende que sea tan concluyente, cuando no ha verificado los antecedentes médicos del denunciante, sus actividades de la vida cotidiana, una prueba de electromiografía y otros elementos que pudieran ayudar a determinar el posible origen de la lumbalgia. iv. El inspector sólo constató la existencia de una dolencia común (lumbago e infección de vías urinarias) que, por sí misma, no tenía un origen ocupacional, ni determinaba la responsabilidad de la empresa. v. Aplicación errónea del artículo 28.10 del D.S. N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, pues no cometió ninguna infracción. Pero si hubiera habido alguna deficiencia, esta habría sido subsanable, y ciertamente no provocó la dolencia del trabajador. vi. El Tribunal exige que el análisis de causalidad esté plasmado desde el acta de infracción, lo que no ha ocurrido en este caso. vii. La omisión en la valoración del informe de MAPFRE Seguros S.A. no solo transgrede el principio de verdad material, sino que afecta gravemente el derecho de defensa y la presunción de licitud, al ser este un elemento contundente elaborado por una entidad en base a la legislación sobre la materia y el análisis de los hechos. viii. Interpretación errónea del artículo 98 del D.S. N° 024-2016-EM, pues lo consignado en dicho PETS (vigente a la fecha del evento) cumplía con las exigencias establecidas en la normativa. Pese a ello, la autoridad pretende que el documento contenga un desarrollo y un nivel de especificidad que la norma no exige, precisamente por la finalidad de este tipo de documentos. ix. Aplicación errónea del artículo 38 del D.S. N° 024-2016-EM, pues solo las actividades de alto riesgo exigen una supervisión presencial permanente, de acuerdo con la evaluación de riesgos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el análisis de caducidad administrativa del procedimiento sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (...)” (énfasis añadido).

9 Morón, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo 2, pp. 538 – 539.

para resolver sin que se haya notificado la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento.

FIGURA N° 01: Línea de Tiempo

Inicio del cómputo de plazo 14 días para el cumplimiento del plazo 20.5.2022 Culmina el plazo máximo para resolver el procedimiento (considerando la nulidad) Fin del cómputo del plazo 9 meses el 27 de mayo de 2022, ya había operado la caducidad dispuesta en el artículo 259° del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.C., recaído en el expediente sancionador N° 665- 2021-SUNAFIL/ILM, de la Intendencia de Lima Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo su archivo

10 De fecha 28 de junio de 2021.

SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a la COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903CEC - HR 276426-2020