Compañía Minera Antamina S.A — Res. 428-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (sub materia: Registro de monitoreo de agentes, físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo/ Materia refrendada (sub materia: Registro de monitoreo de agentes psicosociales), Identificación de peligros y evaluación de riesgos/ Materia refrendada (sub materia: IPER de agentes psicosociales). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft Erwin FAU 20555195444 soft 19:13:04-0500 1.2 Mediante Imputación de cargos N° 1199-2019-SUNAFIL/ILM/SIAI del 28 de marzo de 2019, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción Muy Grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, programada para el 23 de julio de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. Se acreditó la participación de trabajadores en evaluación de riesgos psicosociales, sin que exista cuestionamiento respecto a la participación en la etapa previa de identificación de los peligros asociados a la implementación del SAF (enero - junio 2018). ii. La resolución apelada crea obligaciones de participación que no se encuentran reguladas en ninguna disposición legal. La evaluación de riesgos psicosociales forma parte del programa anual de seguridad y salud ocupacional. Se Incluyó Información respecto a la evaluación de riesgos psicosociales, y se demuestra como prueba adicional respecto a la participación de los trabajadores. Se acreditó que no se ha cometido la infracción que se les imputa. iii. Se acreditó el cumplimiento de la medida de requerimiento, por lo que la sanción vulnera el principio de razonabilidad, se presentó documentación en el que se señala el informe de evaluaciones de riesgos psicosociales enero-junio de 2018, en ese sentido, la medida inspectiva de requerimiento, no fue incumplida por la empresa. La resolución apelada carece de la debida motivación habiendo omitido pronunciarse de los descargos, se solicita que se declare la nulidad por contravenir el principio del debido procedimiento administrativo. En los descargos se advirtió que en el Informe Final no se refirió a las particularidades de la evaluación de riesgos psicosociales ni se pronunció sobre la participación de los trabajadores ni las entrevistas realizadas y la resolución apelada ratifica la invalidez en sus considerandos señalados del Informe Final. iv. La resolución apelada carece de la debida motivación habiendo omitido pronunciarse de los descargos, se solicita que se declare la nulidad por contravenir el principio del debido procedimiento administrativo. En los escritos de descargos se ha advertido que en el Informe Final no se refirió a las particularidades de la evaluación de riesgos psicosociales ni se pronunció sobre la participación de los trabajadores ni las

entrevistas realizadas y la resolución apelada ratifica la invalidez en sus considerandos señalados del Informe Final. v. En el Informe Final se realizó una variación ilegal de la Imputación de Cargos, en el Acta de Infracción se consideró que se cometió la infracción prevista en el numeral 27.3 del artículo del RLGIT, la cual fue cambiada variando la tipificación al considerar que se cometió la infracción prevista en el numeral 27.13 del artículo 27 del RLGIT; no obstante, están prohibidas las sanciones sin haber seguido el procedimiento que exige la norma, sin que exista norma habilitante, se han variado los cargos en el Informe Final, vulnerando así el principio de legalidad, debido procedimiento y el derecho a la defensa, lo cual recae en nulidad. vi. Se vulneró el principio de concurso de infracciones y de razonabilidad en la determinación de la infracción, ya que no se acreditó la participación de los trabajadores en la planificación y/o ejecución de la evaluación de riesgos psicosociales, y se incumplió a su vez con la verificación de la medida de requerimiento que versa sobre la participación de los trabajadores. El principio de razonabilidad es aplicable para este caso, en la medida que los hechos imputados responden a una relación de causa efecto. vii. Se vulneró el principio de proporcionalidad en la graduación de la sanción, pues no tiene sustento legal alguno considerar a los trabajadores afectados como parámetros o criterio para fijar la cuantía de la multa al trasgredir el principio de proporcionalidad. viii. Se cometió ilegalidad al haberse celebrado la audiencia de informe oral sin la presencia del Sub Intendente de resolución, siendo que no se cumplieron con las garantías mínimas para el Informe oral cumpla con su finalidad; la reunión concluyó sin la emisión y firma de un documento donde conste la participación de la empresa, en ese sentido, la audiencia no se ha producido, al haberse tramitado de forma defectuosa, lo que acarrea la nulidad.

i. La autoridad de primera instancia Sancionó a la inspeccionada por la falta de participación de los trabajadores y sus representantes en la evaluación de riesgos psicosociales para la implementación del SAP, en que se colocó un sensor en 12 equipos pesados con que laboraron sus trabajadores, y no se evidenció factores de riesgos psicosociales que afecten a los operadores de camiones en la implementación del SAP. (Sistema Antifatiga), que se aplicó desde enero a Junio de 2018. De los documentos presentados por la inspeccionada no se cumple con acreditar la

2 Notificada a la impugnante el 28 de junio de 2021. participación de los trabajadores y sus representantes en dicha evaluación de riesgos, lo cual afectó a 646 trabajadores, en mérito a lo detectado por los Inspectores comisionados a través de las actuaciones inspectivas de investigación.

ii. Respecto a la medida de requerimiento, la inspeccionada finalizado el plazo que se le otorgó para el cumplimiento del mismo exhibió: a) un registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosocial y factores de riesgos disergonómicos - tipo: factores de riesgo psicosocial, documento que contiene información de los monitoreos realizados en noviembre de 2017 y enero 2017 (EMOA) y b) un documento titulado "Programa anual de monitoreo de riesgos psicosocial 2018" con fecha de elaboración 15/12/2017; por lo que, la inspeccionada no acreditó de manera fehaciente e! cumplimiento a lo señalado en la medida de requerimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- De la Aplicación indebida del artículo 14 de la LGIT y del numeral 17.2 del RLGIT

Manifiesta que, a lo largo de las actuaciones inspectivas, presentamos la documentación que acreditaba que, entre enero y junio de 2018, el SAF se encontraba implementado como programa piloto, de manera que únicamente 12 de los 120 camiones tenían instalado el sistema.

Manifiesta que la medida de requerimiento partía de una premisa equivocada: considerar que la instalación del SAF había producido un cambio permanente y general en los camiones de acarreo, que modificó el ambiente de trabajo en el que laboraban los operadores e hizo necesaria la evaluación de riesgos de factores psicosociales. Sin

8 Iniciándose el plazo el 30 de junio de 2021.

embargo, el sistema se encontraba en etapa de prueba, los equipos aún no habían sido instalados de manera permanente y solo se encontraban en el 10% de los camiones de acarreo.

A la fecha en que se emitió la medida de requerimiento, no existía una obligación legal incumplida por la Empresa, ya que el SAF no había sido implementado al ser un proyecto piloto, y aún no era exigible la actualización de la evaluación de riesgos psicosociales.

- De la aplicación errónea de la infracción tipificada en el numeral 46.7 del RLGIT

Manifiesta que esta disposición sanciona directamente la falta de colaboración del sujeto inspeccionado con la labor de los inspectores, con la finalidad de colaborar con la labor inspectiva, realizaron todas las acciones necesarias para acreditar, dentro del plazo que les fue otorgado, el cumplimiento de las dos observaciones contenidas en la medida de requerimiento.

Es falso que no hayan acreditado de manera fehaciente el cumplimiento a lo señalado en la medida de requerimiento, ya que no solo presentaron: (i) el Registro de monitoreo de factores de riesgo psicosociales y (ii) el Programa anual de riesgo psicosocial 2018; si no que también se presentó el Informe denominado “Evaluación de riesgos psicosociales enero-junio 2018 Operaciones Mina", que formaba parte de los documentos presentados, documento último que no ha sido tomado en cuenta en la resolución apelada.

Así mismo, se ha valorado negativamente la información vinculada con la participación de los trabajadores en la evaluación de riesgos psicosociales. El nivel de participación no pudo ser mayor: Los trabajadores fueron partícipes activos en la evaluación de los riesgos psicosociales y tuvieron la oportunidad de informar -en reuniones privadas y confidenciales- respecto de cualquier alteración o desorden que les haya causado el SAP.

Esto quiere decir que, con el Informe de evaluaciones de riesgos psicosociales enero - junio de 2018, acreditaron que la evaluación se realizó con la participación de 230 operadores de camión a quienes se aplicaron la “Escala de ansiedad y Depresión de Goldberg” y la “Escala de Estrés percibido PSS14”.

Análisis Del Recurso De Revisión

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

incurriendo en una violación del principio de legalidad, lo que originaría la nulidad de la medida de requerimiento9 .

I) De la Evaluación de riesgos de factores psicosociales

9 Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” 10 Véase a folios 177 del expediente de inspección 11 Véase a folios del expediente de inspección Sobre el particular, en el considerando tercero del Acta de Infracción, se señaló:

En tal sentido, teniendo en cuenta que es necesario que el inspector comisionado compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, antes de emitir la medida de requerimiento; en el presente caso, quedó evidenciado que, a la fecha de la medida de requerimiento, la inspeccionada no contaba con un documento la evaluación de riesgo psicosocial de enero a junio de 2018 de factores psicosociales por cambios en equipos y condiciones del ambiente de trabajo 2018, en el que participen de dicha evaluación los trabajadores y sus representantes, al incorporar equipos escáner Guardavant del sistema antifatiga (SAP) en el puesto de trabajo de conductor de camiones de acarreo HT, por lo que correspondía emitir la medida inspectiva de requerimiento.

“El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en: a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de tareas, b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos, c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores, d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinarias, e) Las deficiencias de las acciones correctivas, en las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el IPERC -Continuo del ANEXO No 7, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su firma”. (El énfasis es añadido).

12 Ley Nº 29783, LSST "El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral". 13 El artículo 54 de la LSST, señala: “El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar y horas de trabajo.” 6.17 Al respecto, como se advierte del punto 4.5 del Acta de Infracción, y de lo afirmado en sus alegaciones por el administrado, quedó determinado que sólo a 230 operadores de camión se le aplicó las evaluaciones de riesgo psicosociales de enero a junio de 2018.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

14 Artículo 49 de la Ley N° 29783: "Obligaciones del empleador: El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, 15 Artículo 95 del Decreto Supremo 024-2016-EM y su modificatoria, que dispone: “El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los trabajadores”. (el énfasis es nuestro).

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1025-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de junio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 632-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1025-2021-SUNAFIL/ILM en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 de la LGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga