Compañía de Seguridad Prosegur S.A — Res. 772-2026

Mediante Orden de Inspección N° 32356-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2392-2021 (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 986-2021-SUNAFIL/ILM/AI3, notificada el 29 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora III emitió el Informe Final de Instrucción N° 505-2021-SUNAFIL/ILM/AI3, notificado el 03 de junio de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 137-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, notificada el 28 de enero de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de febrero de 2022, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 137-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, notificada el 28 de enero de 2022, presentando como nuevas pruebas: la Carta Notarial de fecha 07 de enero de 2021, mediante la cual se comunicó a la trabajadora el cambio de modalidad de trabajo presencial a remoto y la modificación de horario; el Acta de Infracción N° 949- 2021-SUNAFIL/ILM; y la Resolución N° 34-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, a efectos de sustentar que habría cumplido con las medidas adoptadas durante las actuaciones inspectivas y que se habría vulnerado el debido procedimiento y su derecho de defensa. Asimismo, manifestó que no incurrió en actos de hostilidad contra la trabajadora, alegando que las labores, el horario y la modalidad de trabajo asignados respondían a necesidades empresariales objetivas y al ejercicio legítimo de su facultad directriz. Del análisis efectuado, la autoridad administrativa concluyó que los medios probatorios presentados acreditaban parcialmente las acciones adoptadas por la impugnante respecto de los hechos advertidos durante las actuaciones inspectivas; no obstante, estos no resultaban suficientes para desvirtuar íntegramente la responsabilidad administrativa atribuida. En consecuencia, mediante Resolución de Subintendencia N° 1012-2022- SUNAFIL/ILM/SISA4, notificada el 12 de setiembre de 2022, que declaró fundado en parte el recurso de reconsideración.

Con fecha 03 de octubre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1012-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4.

Mediante Resolución de Intendencia N° 549-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 18 de mayo de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana, tras evaluar los argumentos expuestos por la impugnante, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

Con escrito de fecha 05 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 549-2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante memorando, recibido el 08 de abril de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo4 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución –en días hábiles– es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo-, así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que debe caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 549-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, y de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° de la norma antes acotada; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 19 de mayo de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

De conformidad con el Principio de Buena Fe Procedimental establecido en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG se dispone que: “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

Del mismo modo, el artículo 15° del RLGIT establece que: “15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. 15.2 El Sector Público y quienes ejerzan funciones públicas están obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a facilitarles la información que requieran. Las Autoridades y la Policía Nacional del Perú prestarán el auxilio y colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus facultades de investigación”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9° de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. (…)”.

Cabe señalar que, a través del artículo 1° de la LGIT, se define las actuaciones inspectivas como “las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas

En ese orden de ideas, los inspectores de trabajo están facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo; por lo tanto, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las cuales se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

De conformidad con lo señalado, el artículo 14° de la LGIT, establece que: “(…). Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse (…)”.

En similar sentido, el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT estipula que: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización (…)”.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5° de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del citado reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20° del RLGIT ha establecido que, las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas por la inspección del trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Las mismas que pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, consistente en no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo10. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Sumado a ello, debe de tenerse presente los criterios de observancia obligatoria aprobados en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, de los cuales prescribe que, del análisis de las infracciones a la labor inspectiva tipificados en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, conforme al siguiente detalle:

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, la cual dispone que:

Es pertinente señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, este Tribunal reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, estableciendo que: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo tanto, su configuración se realiza de manera independiente a las infracciones detectadas en relación con el ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de enero de 2021, obrante en el expediente inspectivo, dispuso al administrado en su calidad de sujeto inspeccionado11, cumpla con realizar las siguientes obligaciones en un plazo máximo de tres (03) días hábiles:

En el presente caso, de acuerdo con los numerales 4.6 y 4.14 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo concluyó que el administrado no cumplió con presentar la documentación que acredite el cumplimiento de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se configuró la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, criterio que ha sido asumido y mantenido de manera uniforme por las instancias de mérito.

Es pertinente precisar que, el cumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento exige, en principio, su atención integral, oportuna y conforme a los términos válidamente establecidos por la autoridad inspectiva. Dado su carácter coercitivo, dicha medida presupone la existencia de mandatos claros, posibles y emitidos dentro del marco normativo aplicable, pues únicamente frente a requerimientos válidamente determinados puede exigirse su acatamiento íntegro dentro del plazo conferido, sin que resulte admisible un cumplimiento fragmentario o condicionado a interpretaciones unilaterales del administrado.

En efecto, aunque la medida inspectiva de requerimiento pueda comprender diversos mandatos específicos, cada uno de éstos responde a un incumplimiento específico y constituye una obligación autónoma que debe ser cumplida de manera independiente. La eventual invalidez o cuestionamiento de alguno de los mandatos no compromete, por sí misma, la exigibilidad de los demás, siempre que éstos hayan sido emitidos conforme a la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental; sin embargo, dicha autonomía no habilita a la Administración a exigir el cumplimiento de mandatos cuyo contenido resulte defectuoso, irrazonable o de imposible ejecución, pues ello afectaría la propia finalidad de la medida inspectiva de requerimiento. En esa línea, el administrado mantiene vigente su deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT, lo que implica dar cumplimiento a las obligaciones válidamente dispuestas, incluso cuando pueda discrepar sobre algún extremo individual. Esta interpretación razonable y proporcional garantiza que la medida sea cumplida con su objetivo sin que la discusión sobre un mandato específico afecte la efectividad y validez de los demás.

En el presente caso, del análisis integral de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que, si bien el personal inspectivo consignó la obligación sociolaboral incumplida cuyo cumplimiento debía acreditarse, así como las disposiciones normativas vinculadas, se omitió identificar de manera expresa y concreta el tipo infractor previsto en el RLGIT que resultaba aplicable frente al incumplimiento advertido. Tal individualización normativa constituye un elemento esencial de la medida, en tanto el artículo 14° de la LGIT dispone que tal medida se reflejará por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, lo que implica la observancia estricta de estándares contenidos en la reglamentación aplicable.

En esa línea, la exigencia de consignar el tipo infractor no se deriva únicamente de la Versión 1 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva” aprobada por la Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL12 (en adelante, la Directiva), sino que emana directamente del Principio de Legalidad y de lo establecido en el artículo 14° de la LGIT y del artículo 17° del RLGIT, los cuales supeditan la emisión de una medida a la comprobación previa de una infracción subsanable. La Directiva no introduce exigencias autónomas, sino que desarrolla el mandato legal de asegurar que toda medida de requerimiento detalle los hechos constitutivos del incumplimiento, las normas vulneradas y el tipo infractor por el cual el RLGIT tipifica dicha conducta infractora. En tal virtud, la observancia de la Directiva constituye una manifestación concreta del Principio de Legalidad y no un requisito meramente formal o accesorio.

En consecuencia, la omisión de identificar el tipo infractor aplicable impide que el administrado conozca de manera íntegra y clara la ilicitud que se le atribuye y, por ende, limita su posibilidad de anticipar las consecuencias jurídicas derivadas de un eventual incumplimiento. La ausencia de dicho elemento afecta directamente los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento, al privar al sujeto inspeccionado de la información mínima necesaria para evaluar si corresponde acatar la tesis de la autoridad inspectiva, subsanar la conducta observada o cuestionar la validez del mandato emitido.

Debe considerarse que el encuadramiento jurídico preliminar —esto es, la identificación del tipo infractor en el que podría subsumirse la conducta advertida— constituye una actuación de especial relevancia, en tanto proyecta de manera inmediata los efectos de

En atención a lo expuesto, la omisión del tipo infractor sustantivo constituye un vicio trascendente que afecta el contenido y validez de la medida inspectiva de requerimiento, al impedir conocer la causa jurídica que justifica su emisión y, en consecuencia, desnaturalizar su finalidad preventiva y correctiva. Una medida carente de tipificación no permite al administrado identificar la ilicitud previamente constatada ni comprender la conducta cuya subsanación se le exige, careciendo así de la estructura mínima requerida para generar efectos jurídicos válidos.

Bajo dicho escenario, la medida inspectiva de requerimiento se configura como un mandato genérico desprovisto de los elementos esenciales que exige el Principio de Legalidad para dotarlo de validez y exigibilidad. En tal sentido, no resulta jurídicamente viable atribuir responsabilidad por su presunto incumplimiento, por cuanto la imposición de la infracción muy grave prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT depende de la validez de la medida que se afirma transgredida.

En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al verificarse que esta se sustentó en una medida inspectiva emitida en contravención del Principio de Legalidad y carente de los elementos mínimos necesarios para su exigibilidad.

Dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del Principio del Debido Procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 230° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante a ello, la LGIT, desarrolla en su artículo 44°, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional –máximo intérprete de la Constitución– se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-PA/TC señaló que, no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

El numeral 3 del artículo 139° de la Constitución establece, como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso. Dicho derecho, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones: una formal, procesal o procedimental, y otra de carácter sustantivo o material. En la primera de las mencionadas, está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales, a su vez, son derechos que parten de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja) que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento o proceso (sea este judicial, administrativo, corporativo, particular o de cualquier otra índole). En la segunda de sus dimensiones, exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales.

El debido proceso, dentro de la perspectiva formal, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su contenido constitucionalmente protegido, entre ellos, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, convierte al proceso en irregular, legitimando con ello la necesidad de ejercer labores de control constitucional (énfasis añadido).

En este sentido, el derecho de defensa se encuentra reconocido en el numeral 14 del artículo 139° de la Constitución, el cual establece: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”.

Al respecto, en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 5871-2005-AA/TC, mediante los fundamentos jurídicos 12 y 13, el máximo intérprete de la Constitución sostuvo que el derecho de defensa:

La posibilidad de su ejercicio presupone, que quienes participan en un proceso para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan.

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el Principio de Debido Procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho (énfasis añadido).

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6° del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de los actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así, las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al Principio del Debido Procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo (énfasis añadido).

En el caso concreto, se advierte que la controversia se centra en torno a la forma en que las instancias de mérito analizaron los hechos relacionados con la denuncia por presunto acto de hostilidad y, en particular, la determinación del supuesto trato diferenciado y la alegada variación de funciones respecto de la trabajadora afectada. Si bien el personal inspectivo constató una serie de circunstancias vinculadas al cambio de horario de trabajo, la modalidad presencial de prestación de servicios, la ubicación física diferenciada y la realización de funciones distintas a las efectuadas por los demás analistas de predicción, las instancias de mérito no efectuaron una valoración integral, uniforme y razonada respecto de cuál era concretamente el acto de hostilidad imputado ni bajo qué supuesto específico del artículo 30° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR y modificatorias (en adelante, el TUO de la LPCL), se subsumían tales hechos. Tal deficiencia resulta relevante, toda vez que la determinación de responsabilidad por la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT exigía que la Autoridad Administrativa identifique de manera clara, suficiente y coherente la conducta constitutiva del presunto acto hostil, así como el razonamiento jurídico que justificaba su configuración. No obstante, de la revisión de los actuados se advierte que las instancias de mérito desarrollaron de manera concurrente fundamentos relacionados con el presunto trato discriminatorio, la afectación a la dignidad de la trabajadora, la variación de funciones, la alegada “supresión de facto” de funciones y la no restitución de las mismas, sin delimitar de manera uniforme el núcleo de la conducta infractora atribuida a la impugnante ni precisar adecuadamente el sustento jurídico específico que sustentaba la configuración del acto de hostilidad imputado. Esta omisión genera cuestionamientos respecto al debido procedimiento.

Sobre el particular, cabe indicar que, en todo procedimiento administrativo sancionador, existe la obligación de observar las reglas que informan y regulan el procedimiento administrativo. En esa línea, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el

En el presente caso, del desarrollo del procedimiento inspectivo se advierte que, como resultado de las actuaciones realizadas en el marco de la Orden de Inspección N° 32356- 2020-SUNAFIL/ILM, el personal inspectivo intervino a raíz de la solicitud presentada por la organización sindical y la trabajadora afectada, mediante la cual denunciaron la realización de actos de hostilidad por parte del sujeto inspeccionado en agravio de la trabajadora afectada, consistentes en el cambio de horario de trabajo, la modificación de la modalidad de prestación de servicios, la ubicación física diferenciada respecto de los demás analistas de predicción y la realización de funciones distintas a las efectuadas por estos últimos. De las actuaciones realizadas, el inspector comisionado constató que, durante el estado de emergencia sanitaria, la trabajadora venía realizando labores presenciales en horario nocturno, mientras los demás analistas de predicción realizaban trabajo remoto, así como que la trabajadora efectuaba labores distintas a las realizadas por los demás trabajadores que ocupaban el mismo cargo, concluyendo que ello constituía un supuesto de trato diferenciado y afectación a la dignidad de la trabajadora. No obstante, de la revisión de los actuados se advierte que las instancias de mérito desarrollaron fundamentos relacionados con la presunta afectación a la dignidad, el trato discriminatorio, la variación de funciones y la alegada “supresión de facto” de funciones, señalando además que la trabajadora no habría sido restituida a las mismas funciones efectuadas por los demás analistas de predicción. Asimismo, se advierte que mediante Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 06 de enero de 2021, el personal inspectivo requirió al sujeto inspeccionado acreditar el cese de los actos de hostilidad denunciados, disponiendo que la trabajadora realice las mismas funciones de un analista de predicción, labore bajo las mismas condiciones de trabajo y se priorice el trabajo remoto. Sin embargo, pese a ello, las instancias de mérito no desarrollaron de manera uniforme y suficientemente motivada cuál era concretamente el acto de hostilidad imputado ni el supuesto específico del artículo 30° del TUO de la LPCL bajo el cual correspondía subsumir los hechos verificados durante las actuaciones inspectivas.

Estando a la verificación de los hechos denunciados por la trabajadora afectada, el personal inspectivo determinó que el sujeto inspeccionado dispuso que aquella realice labores presenciales en horario nocturno, en condiciones distintas a las del resto de analistas de predicción, quienes realizaban trabajo remoto, así como que desarrollara funciones distintas a las efectuadas por dichos trabajadores. En tal sentido, al advertir tales circunstancias, el personal inspectivo, mediante Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 06 de enero de 2021, requirió al sujeto inspeccionado acreditar el cese de los actos de hostilidad denunciados; en consecuencia, que deje sin efecto el cambio de funciones y horario de trabajo, disponga que la trabajadora realice las mismas

En atención a lo expuesto, en el presente procedimiento administrativo sancionador se advierte que, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 137-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, notificada el 28 de enero de 2022, así como de la Resolución de Subintendencia N° 1012- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA4 y posteriormente confirmada por la Resolución de Intendencia N° 549-2023-SUNAFIL/ILM, las instancias de mérito determinaron responsabilidad administrativa respecto de la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, por considerar que el sujeto inspeccionado incurrió en actos que afectaban la dignidad y los derechos constitucionales de la trabajadora afectada, en atención al cambio de horario de trabajo, la modalidad presencial de prestación de servicios, la ubicación física diferenciada respecto de los demás analistas de predicción y la realización de funciones distintas a las efectuadas por dichos trabajadores. Asimismo, las instancias de mérito concluyeron que tales hechos configuraban un supuesto de trato diferenciado y afectación a la dignidad de la trabajadora, considerando además que no se acreditó la restitución de las mismas funciones efectuadas por los demás analistas de predicción. No obstante, conforme se ha desarrollado precedentemente, se advierte que durante el procedimiento administrativo sancionador no se delimitó de manera uniforme y suficientemente motivada cuál era concretamente el acto de hostilidad imputado, ni se precisó de manera clara el supuesto específico previsto en el artículo 30° del TUO de la LPCL bajo el cual correspondía subsumir los hechos verificados durante las actuaciones inspectivas.

Resulta necesario resaltar que las instancias responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar el respeto por los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, entre ellos, el Principio del Debido Procedimiento, el Principio de Tipicidad y el Principio de Razonabilidad. Ello implica que la Administración desarrolle sus actuaciones de manera ordenada, coherente y suficientemente motivada, respetando las etapas esenciales del procedimiento, las formalidades imprescindibles y la finalidad legal de cada actuación, asegurando que las decisiones adoptadas se sustenten en una adecuada delimitación de la conducta imputada, una correcta subsunción normativa y una valoración integral de los hechos verificados durante las actuaciones inspectivas. En tal sentido, tratándose de la imputación de actos de hostilidad tipificados en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, correspondía que las instancias de mérito identifiquen de manera clara y uniforme el acto constitutivo de hostilidad atribuido al sujeto inspeccionado, así como el supuesto específico previsto en el artículo 30° del TUO de la LPCL bajo el cual se sustentaba la imputación administrativa, a efectos de garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa y la validez de la decisión administrativa emitida.

En ese sentido, respecto de la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, se advierte que la valoración realizada por las instancias de mérito, si bien consideró los elementos detectados por el personal inspectivo vinculados al cambio de horario de trabajo, la modalidad presencial de prestación de servicios, la ubicación física diferenciada y la realización de funciones distintas a las efectuadas por los demás analistas de predicción, dicha valoración no fue desarrollada de manera uniforme ni

Sin perjuicio a lo anterior, corresponde traer a colación la Resolución de Sala Plena N° 006-2024-SUNAFIL/TFL, la misma que fijo como precedente administrativo de observancia obligatoria, los siguientes criterios vinculantes contenidos en los fundamentos 6.9, 6.10 y 6.11:

Así, cuando la determinación de una conducta hostil por parte del empleador contra uno o varios trabajadores (as), la inspección del trabajo debe cumplir con determinar, con las actuaciones investigadoras necesarias y la valoración de las piezas probatorias disponibles, la existencia del daño (o del comportamiento tendente a producir ese resultado antijurídico) y la conexión entre este comportamiento (acción u omisión) y el empleador. Estos extremos son suficientes para determinar la responsabilidad administrativa por la comisión de un acto de hostilidad” (énfasis añadido).

En consecuencia, conforme a los criterios vinculantes establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 006-2024-SUNAFIL/TFL, la determinación de responsabilidad administrativa por actos de hostilidad exige que la Autoridad Administrativa identifique de manera suficiente la afectación concreta a los derechos de la parte trabajadora, así como la conexión existente entre los hechos verificados y la conducta empresarial reputada como hostil, efectuando una adecuada subsunción jurídica clara respecto del supuesto previsto en el artículo 30° del TUO de la LPCL aplicable al caso concreto14. No obstante, en el presente caso se advierte que las instancias de mérito sustentaron la configuración de la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT sobre fundamentos concurrentes y no uniformes, sin delimitar de manera clara cuál era concretamente el acto de hostilidad imputado ni bajo qué supuesto específico del artículo 30° del TUO de la LPCL correspondía efectuar la imputación administrativa. En tal sentido, este Tribunal concluye que las decisiones emitidas durante el procedimiento administrativo sancionador no cumplen con exteriorizar de manera suficiente y coherente las razones jurídicas que sustentan la configuración de la conducta infractora imputada, vulnerando el deber de motivación y las garantías inherentes al debido procedimiento administrativo.

Estando a ello, corresponde precisar que la Autoridad sancionadora de primera instancia, en el marco de la aplicación del Principio de Impulso de Oficio, contaba con la facultad15 de disponer actuaciones complementarias que resultaran pertinentes a fin de contar con mayores elementos de juicio que permitan esclarecer suficientemente los hechos materia de imputación y efectuar una adecuada delimitación de la conducta infractora atribuida a la impugnante. Dicha facultad resulta concordante con los criterios expuestos en los

Una vez realizadas las actuaciones complementarias que la autoridad competente considere pertinentes para contar con mayores elementos de juicio respecto de los hechos materia de imputación, corresponderá efectuar un nuevo análisis de la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, debiendo determinarse de manera clara, suficiente y uniforme cuál es concretamente la conducta constitutiva del presunto acto de hostilidad imputado a la administrada, así como el supuesto específico previsto en el artículo 30° del TUO de la LPCL bajo el cual corresponde efectuar la subsunción jurídica de los hechos verificados durante las actuaciones inspectivas, ello en observancia de las garantías inherentes al debido procedimiento administrativo y del deber de motivación suficiente de los actos administrativos.

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, configurada a partir de una motivación aparente. Ello se evidencia en la medida que tanto

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG16, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

En efecto, no resulta aplicable la conservación del acto prevista en el artículo 14° del TUO de la LPAG, dado que el vicio identificado trasciende la mera insuficiencia o parcialidad de la motivación, sino que se trata de una motivación aparente que afecta directamente la validez del procedimiento administrativo. La omisión de un análisis integral y razonado respecto de cuál era concretamente el acto de hostilidad imputado a la impugnante, así como la falta de delimitación uniforme del supuesto específico previsto en el artículo 30° del TUO de la LPCL bajo el cual correspondía sustentar la imputación administrativa, constituye un defecto sustancial que compromete el núcleo del derecho al debido procedimiento y el Principio de Tipicidad, así como la correcta aplicación de la potestad sancionadora. En tanto las instancias de mérito desarrollaron de manera concurrente

En ese sentido, toda imputación debe sustentarse en un análisis completo de los hechos y del tipo infractor aplicable, verificando que la conducta atribuida se ajuste correctamente al marco normativo. Sin embargo, en el presente caso, las resoluciones emitidas por las instancias de mérito no realizaron dicho análisis integral, al no valorar de manera uniforme y suficientemente motivada cuál era concretamente el acto de hostilidad imputado ni bajo qué supuesto específico del artículo 30° del TUO de la LPCL correspondía efectuar la subsunción jurídica de los hechos verificados durante las actuaciones inspectivas. En efecto, las instancias de mérito desarrollaron fundamentos concurrentes relacionados con el presunto trato discriminatorio, la afectación a la dignidad de la trabajadora, la variación de funciones, la alegada “supresión de facto” de funciones y la no restitución de las mismas, sin delimitar de manera clara el núcleo de la conducta infractora atribuida a la impugnante, generándose así vacíos sustanciales en la fundamentación del acto administrativo que afectan la debida motivación exigida por el ordenamiento jurídico.

En tal sentido, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dado que se ha advertido un defecto en un requisito esencial de validez del acto administrativo consistente en la motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG. Dicho requisito exige que todo acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, considerando todos los elementos fácticos y jurídicos relevantes para la decisión.

En el caso concreto, aun cuando las actuaciones inspectivas identificaron elementos vinculados al cambio de horario de trabajo, la modalidad presencial de prestación de servicios, la ubicación física diferenciada y la realización de funciones distintas a las efectuadas por los demás analistas de predicción, las instancias de mérito no efectuaron una valoración integral y uniforme de tales elementos. Debe enfatizarse que eran las propias instancias de mérito quienes, antes de formular la imputación y continuar con la tramitación del procedimiento sancionador, debían determinar de manera completa y razonada cuál era concretamente el acto de hostilidad atribuido a la impugnante y bajo qué supuesto específico del artículo 30° del TUO de la LPCL correspondía efectuar la subsunción jurídica de los hechos verificados durante las actuaciones inspectivas, lo cual no se cumplió en el presente caso. En efecto, las actuaciones inspectivas, por sí solas, no resultaban suficientes para sustentar la calificación realizada, sin un análisis integral que otorgue coherencia fáctica y jurídica a lo constatado. Esta omisión evidencia la falta de

Asimismo, la ausencia de un análisis específico respecto de cuál era concretamente la conducta constitutiva del presunto acto de hostilidad imputado y del supuesto específico previsto en el artículo 30° del TUO de la LPCL aplicable al caso concreto, evidencia que no se cumplió con el deber de motivar debidamente el acto administrativo. En efecto, al omitirse una valoración integral y uniforme de los hechos constatados durante las actuaciones inspectivas y desarrollarse de manera concurrente fundamentos relacionados con presunto trato discriminatorio, afectación a la dignidad, variación de funciones, “supresión de facto” de funciones y no restitución de las mismas, las instancias de mérito incurrieron en un defecto sustancial de motivación que compromete la validez de las resoluciones emitidas.

Por tanto, no resulta posible convalidar las actuaciones realizadas por las instancias de mérito, en tanto ambas instancias omitieron efectuar una evaluación integral y razonada respecto de cuál era concretamente el acto de hostilidad imputado a la impugnante y bajo qué supuesto específico del artículo 30° del TUO de la LPCL correspondía sustentar la imputación administrativa. En efecto, las instancias de mérito desarrollaron de manera concurrente fundamentos relacionados con el presunto trato discriminatorio, la afectación a la dignidad de la trabajadora, la variación de funciones, la alegada “supresión de facto” de funciones y la no restitución de las mismas, sin delimitar de manera clara y coherente el núcleo de la conducta infractora atribuida, generándose resoluciones carentes de una motivación suficiente, lo cual produjo una afectación directa al derecho de defensa de la impugnante y compromete la validez del acto administrativo, generando incertidumbre respecto del alcance de la responsabilidad atribuida.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 137-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, así como la Resolución de Subintendencia N° 1012- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, posteriormente confirmada por la Resolución de Intendencia N° 549-2023-SUNAFIL/ILM, incurren en vicio de nulidad en el extremo referido a la determinación de responsabilidad administrativa por la infracción tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT. Ello obedece a que dichas instancias sustentaron su decisión en una motivación meramente aparente, sin efectuar un análisis integral, razonado, uniforme y coherente que permita determinar de manera clara cuál era concretamente el acto de hostilidad imputado a la impugnante ni bajo qué supuesto específico del artículo 30° del TUO de la LPCL correspondía sustentar la imputación administrativa. En efecto, las instancias de mérito desarrollaron de manera concurrente fundamentos relacionados con el presunto trato discriminatorio, la afectación a la dignidad de la trabajadora, la variación de funciones, la alegada “supresión de facto” de funciones y la no restitución de las mismas, sin delimitar adecuadamente el núcleo de la conducta infractora atribuida. La omisión de dicha valoración afecta directamente un requisito esencial de validez del acto administrativo: la debida motivación. En consecuencia, se configura un supuesto de nulidad contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, al existir un vicio en el acto administrativo por motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e

El artículo 15° de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento, al momento de motivar sobre la presunta infracción cometida por la impugnante, que acarrearon la imposición de multa por la infracción prevista en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT referida a la presunta comisión de actos de hostilidad contra la trabajadora afectada, sin haberse delimitado de manera clara, uniforme y suficientemente motivada cuál era concretamente la conducta infractora imputada ni el supuesto específico del artículo 30° del TUO de la LPCL aplicable al caso concreto.

Considerando lo expuesto, la Resolución de Sub Intendencia N° 137-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, notificada el 28 de enero de 2022, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12° y los numerales 13.1 y 13.2 del artículo 13° del TUO de la LPAG18; tal resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en los extremos relacionados con la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT,

Cabe mencionar que, la figura de la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo19.

En tal sentido, subsisten los extremos de la Resolución de Sub Intendencia N° 137-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, notificada el 28 de enero de 2022, de la Resolución de Subintendencia N° 1012-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, notificada el 12 de setiembre de 2022, y de la Resolución de Intendencia N° 549-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 18 de mayo de 2023, que no se encuentran vinculados a la causal de nulidad antes señalada.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 137-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión respecto de la infracción muy grave contenida en el numeral 25.14 del artículo 25° del RLGIT, considerando los argumentos contenidos en la presente resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12° del TUO de la LPAG.

En consecuencia, corresponde remitir los actuados del presente procedimiento administrativo sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a efectos que –de ser el caso– procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones previamente expuestas, no resulta necesario emitir pronunciamiento respecto de los demás alegatos formulados en el recurso de revisión.