Compañía de Seguridad Prosegur S.A — Res. 1494-2025

Mediante Orden de Inspección N° 13325-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3983-2018-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la solicitud formulada por una organización sindical en aplicación del inciso f) del artículo 2 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 033-2022-SUNAFIL/ILM/AI-I, de fecha 14 de enero de 2022, notificada a la impugnante el 17 de enero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 361-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 28 de febrero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 774-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 19 de julio de 2022, notificada a la impugnante el 21 de julio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,337.50 por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 10 de agosto de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 774-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1467-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 01 de setiembre de 2022, notificada el 05 de setiembre de 2022, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la primera instancia.

Con fecha 20 de setiembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1467- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001080-2023- SUNAFIL/ILM recibido el 2 de mayo de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1467-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 9,337.50 por la comisión, de una (01) infracción muy

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración a la debida motivación como parte integrante del derecho y garantía al debido proceso. Por ende, corresponde emitir pronunciamiento sobre esta causal.

El artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Así, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución impugnada, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación interna o externa. Asimismo, tampoco se advierte una afectación al derecho de defensa o al derecho a la prueba, pues,

En tal sentido, el artículo 4 de la LPCL, reconoce como regla general la contratación a tiempo indeterminado, la cual no está sujeta al cumplimiento de formalidad alguna. Por el contrario, la contratación laboral de duración determinada denominada “sujeto a modalidad” tiene carácter excepcional, nunca se presume y procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar, y como resultado de este carácter excepcional, la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso establece sanciones cuando a través de estos se comete simulación o fraude para evadir la contratación por tiempo indeterminado (énfasis añadido).

Sobre el particular, el artículo 72 del citado cuerpo normativo, dispone que:

Asimismo, el literal d) del artículo 77, establece que:

Sobre el contrato por incremento de actividad el artículo 57 de la LPCL, señala que:

De las actuaciones inspectivas de investigación se tiene que, el personal inspectivo dejó constancia en el numeral 4.7.2 de los hechos constatados del Acta de Infracción, que los contratos de trabajo por incremento de actividad de los extrabajadores afectados se sustentaron en la siguiente cláusula:

En ese sentido, se evidencia que, si bien es cierto, la impugnante contrató trabajadores bajo la modalidad de incremento de actividad para que presten servicios por un plazo determinado; sin embargo, de la causa invocada no se verifica cual es la actividad de la empresa que se ha incrementado y la vinculación específica de esta a los puestos de trabajo de “Custodio” y “Resguardo de Valores” que ocupaban tales extrabajadores; es decir, no especifica cual actividad que realiza a repercutido en la necesidad de contar con personal adicional de manera temporal, contraviniendo lo establecido en el artículo 72° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (LPCL), el cual establece que: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la causa objetiva consignada en los referidos contratos es vaga e imprecisa ya que solo hace referencia a haber “experimentado un incremento en las actividades” originado “por el contrato de locación de servicios existente entre EL EMPLEADOR y su cliente Banco de la Nación”, añadiendo en el párrafo siguiente “La atención de este incremento de actividades no pude ser cubierto con los trabajadores permanentes que actualmente cuenta EL EMPLEADOR razón por la que existe la necesidad objetiva de contratar temporalmente nuevo personal que permita afrontar dicho incremento de actividad […]”, es decir, tales precisiones, no suplen el requerimiento normativo de causa objetiva en la contratación temporal, toda vez que no precisa las actividades que supuestamente se incrementaron y en qué porcentaje o cantidad se elevaron al punto que no pudieron ser cubiertas por el personal permanente, por tanto, la Inspectora comisionada constató que se omitió la obligación legal prevista en el artículo 72 de la LPCL.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 015-2023 SUNAFIL/TFL, publicado el 28 de diciembre de 2023 en el diario oficial El Peruano, sobre la determinación de la causa objetiva en los contratos a plazo determinado, se deben considerar los siguientes aspectos:

De tales antecedentes, se evidencia que no se ha verificado la existencia de la causa objetiva de contratación para la contratación de los nueve (9) extrabajadores afectados identificados en la Resolución de Sub Intendencia N° 774-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, los cuales fueron contratados bajo la modalidad de incremento de actividad, sin que se haya detallado y explicado adecuada y suficientemente en sus contratos, la causa objetiva que motiva su contratación. En tal sentido, se concluye que los contratos laborales de naturaleza temporal se han desnaturalizado por simulación o fraude de las normas referidas a la contratación temporal; por tanto, debieron ser considerados como de duración indeterminada.

Entonces, dado que las disposiciones del TUO de la LPAG alcanzan a todas las actuaciones de la administración, incluyendo las actuaciones inspectivas, es importante identificar las consecuencias de la vulneración de los principios generales del derecho administrativo en el Acta de Infracción, dado que la indefensión que podrán ocasionar un Acta de Infracción que se aparta de los principios generales del derecho administrativo trasciende a todas las actuaciones posteriores de la administración; es decir, si durante el procedimiento inspectivo la omisión de actuaciones probatorias o el apartamiento de alcances legales impacta en la calificación de las conductas, tal error o apartamiento trasciende todo el procedimiento instructivo y posterior procedimiento sancionador.

En el presente caso, la impugnante refiere que hubo una indebida motivación de dicha Acta toda vez que no precisa cuales han sido los contratos de trabajo revisados para corroborar la causa objetiva, lo cual es relevante porque en la resolución de sanción de primera instancia se excluyó a un trabajador del cual no había su contrato, siendo este una causal de nulidad, asimismo, sería una causa de nulidad que en el Acta se haya consignado el número de trabajadores del año 2018 para determinar si los años 2015 y 2016 se produjo el incremento de actividad, error que se repitió en la resolución de

Al respecto, este Tribunal no identifica algún vicio de validez en el Acta de Infracción que amerite la declaración de su nulidad, dado que no se identifica ningún error o apartamiento que trascienda el procedimiento instructivo y posterior procedimiento sancionador y vicie todo lo actuado, toda vez que las observaciones que hace la impugnante no se refieren a los requisitos de validez del Acta sino cuestiona el criterio tomado por el Inspector comisionado el cual fue ratificado por las autoridades correspondientes en el procedimiento sancionador, al respecto, debemos ser enfáticos en señalar que es no causal de nulidad del Acta de Infracción, la diferencia de criterios que tenga el administrado con lo constatado por el personal inspectivo.

Sin perjuicio ello, este Tribunal ha procedido a revisar los contratos de trabajo de los nueve (09) extrabajadores por lo cuales se aplicó la sanción (Carlos Salazar, Bernie Cholan, German Rafael, Antonio Murakami, Segundo Ramírez, Jefferson Herrera, Franco Claudio, Maikol Suma y Marco Navarro) y en todos ellos se aprecia que la impugnante ha consignado la misma cláusula citada en el numeral 6.13 de la presente resolución. En tal sentido, la Inspectora comisionada igualmente citó dicha cláusula para sustentar los hechos constatados, no siendo relevante que consigne la misma clausula tantas veces haya sido utilizada en cada trabajador cuando de los hechos constatados se desprende que en todos los casos se utilizó la misma redacción.

En todo caso, el hecho que haya habido un (01) extrabajador que previamente haya sido identificado como afectado y luego el mismo haya sido excluido por la autoridad sancionadora de primera instancia, no le causa ningún perjuicio a la impugnante, todo lo contrario, mas bien la favorece, dado que la Subintendencia de sanción simplemente determinó la sanción en base a los documentos que constan en el expediente de inspección, prerrogativa que le corresponde al ser la autoridad que aplica sanción y tiene el deber de revisar toda la documentación necesaria, y en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios.

Adicionalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal que la impugnante durante la etapa de actuaciones inspectivas, cumplió con modificar el contrato de trabajo de cuatro (04) de los catorce (14) extrabajadores identificados inicialmente como afectados a raíz de la emisión de una medida inspectiva de requerimiento de fecha 27 de noviembre de 2018, toda vez que la Inspectora identificó que ellos aun tenían vínculo laboral al momento de efectuada las actuaciones inspectivas y podía subsanarse el incumplimiento referido a la contratación temporal indebida, siendo contradictorio que la impugnante ahora cuestione la interpretación hecha por dicha Inspectora cuando en un primer

En cuanto a la alegación de la impugnante de que el Acta de Infracción no debió consignar el número de trabajadores del año 2018 para determinar el incremento de actividades de los años 2015 y 2016 y que debió considerarse que el contrato con su cliente inició el año 2015. Este Tribunal identifica que no se trató de ningún error, sino que a criterio de la Inspectora este dato le pareció relevante a efectos de demostrar que el promedio anual de trabajadores contratados por la impugnante no varía significativamente, lo cual es un indicio mas de no haber un incremento de actividades sino un flujo de contratación estandarizado, de hecho, la información que dejó constancia la Inspectora es la que pudo acceder en ese momento del sistema de Consulta Ruc de la SUNAT ya que en dicha fecha ya no figuraba datos del año 2015 o 2016. En todo caso, si la impugnante quería demostrar que dichos datos eran impertinentes, o si deseaba acreditar que con el contrato con su cliente se incrementaron las actividades desde el año 2015, debió presentar por su cuenta algún documento para acreditar ello (llámese estados financieros, balance de cuentas, declaración de impuestos, comprobantes de pago, etc.) y no simplemente deslizar argumentos sobre vicios administrativos que en la puridad de los hechos no existieron.

Siendo ello así, y al no haberse identificado ningún vicio en la emisión del Acta de Infracción, corresponde desestimar los argumentos planteados en este extremo del recurso.

En ese sentido, los argumentos presentados en este extremo del recurso deben ser desestimados, ya que la resolución impugnada ha realizado una correcta valoración de los medios probatorios obtenidos durante las etapas de inspección y sanción, sin vulnerar el derecho de defensa ni el derecho al debido procedimiento de la impugnante.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.