Comercializadora Salem S.A.C — Res. 152-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia, Remuneraciones (sub materia: asignaciones (asignación familiar)), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materias: horas extras y jornada y horario de trabajo). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con registro de control de asistencia, hecho que perjudica a seis (06) trabajadores, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,309.00.

i. La Resolución de Sub Intendencia vulnera el derecho a la debida motivación, denominado “motivación aparente”, toda vez que no responde a las alegaciones efectuadas por el administrado en los escritos, de fechas 01 de junio y 10 de agosto de 2021. ii. Si bien no adjuntaron el registro de control de asistencia respecto al periodo señalado, no se ha valorado que la empresa, con fecha 13 de enero del 2021 vía correo electrónico, demostró que no se ha vulnerado derecho laboral de los trabajadores en mención, pues todas las horas extras realizadas por sus trabajadores se encuentran registradas y han sido pagadas en caso haya correspondido. iii. La Resolución de Sub Intendencia ha sido emitida sin respetar el derecho al debido procedimiento, pues vulnera su derecho de defensa. iv. Se ha vulnerado el principio de verdad material dado que se ha efectuado una evaluación parcializada que no se ajusta a la realidad de los hechos. v. No tenía el control de asistencia debido a que se encontraba en traslado de local, para lo cual adjunta un correo de fecha 21 de diciembre 2020.

i. En relación a sus descargos presentados el 01 de junio de 2021, han sido valorados por el órgano instructor en la emisión del informe final de instrucción N° 069-2021- SUNAFIL/IRE-TUM/SIAI-IF, como puede apreciarse a folios 21 al 24 obra dicho informe en el cual se aprecia en el punto “III. DESCARGOS DEL ADMINISTRADO”, el detalle los descargos de la impugnante, los mismos que han sido rebatidos desde punto 9 al 21 de dicho informe, pero que no lograron desvirtuar el acta de infracción ni la imputación de cargos; respecto a los descargos presentados el 10 de agosto de 2021, los mismo han sido tomados en cuenta por el órgano sancionador a la emisión de la resolución materia de impugnación, que obra a folios 32 al 38, detallando los mismos en el punto

2 Notificada a la inspeccionada el 27 de setiembre de 2021.

ii. En el presente caso, no se ha sancionado al impugnante respecto a las horas extras pagadas a los trabajadores, teniendo en cuenta que dado a que no contaba con Registro de Control de Asistencia, resultaba imposible que el inspector actuante calcule las horas extras efectivas laboradas por los trabajadores.

iii. La resolución materia de impugnación si ha tomado en cuenta sus descargos, los mismos que no desvirtuaron lo propuesto por el Órgano Instructor, por tanto, existe vulneración al debido procedimiento.

iv. En la resolución materia de impugnación se aprecia que se ha verificado plenamente el hecho que ha servido de fundamento para que la autoridad sancionadora motive su decisión de infraccionar al impugnante por no contar con su registro de control de asistencia. v. Ahora, el hecho que la impugnante haya presentado otros documentos en los que ha alegado que ha registrado las horas extras de los trabajadores, no la exime de su obligación de tener un Registro permanente de control de asistencia. Asimismo, ello no es excusa para que la impugnante no tenga el registro de control de Asistencia, más aún si el periodo por el cual se solicita es del 01 de setiembre de 2020 al 21 de octubre de 2020 y de acuerdo a su alegato su traslado de local fue el 21 de diciembre de 2020, fecha muy posterior al periodo con el que no cuenta con Registro de control de Asistencia, no teniendo fundamento fáctico ni legal lo alegado por la impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COMERCIALIZADORA SALEM S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

la sanción impuesta de S/ 11,309.00 por la comisión de una (01) infracción tipificada como MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, prevista en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 28 de setiembre de 2021.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 023-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, señalando que:

- La Autoridad Administrativa de Trabajo ha vulnerado su derecho al debido procedimiento, en su manifestación del derecho a la debida motivación y del derecho de defensa. - La Resolución de Intendencia tiene defectos de inexistencia de motivación o motivación aparente, toda vez que solo intenta dar un cumplimiento formal a la imposición de la supuesta sanción. - Sobre la Resolución de Intendencia, denotan que la Autoridad Administrativa de Trabajo incurre en motivación aparente, pues solo intenta dar un cumplimiento formal a la imposición de la supuesta sanción, en tanto solo se pronuncia de manera formal sobre sus escritos de fecha 01 de junio y 10 de agosto de 2021, presentados ante el equipo inspectivo, indicándose que los mismos han sido rebatidos, y que no guardan mayor fundamento fáctico y jurídico. - Han señalado que si bien no adjuntaron el registro de control de asistencia respecto al periodo señalado, ello no significa que la empresa no haya cumplido con la obligación de llevar un control de registro de asistencia; prueba de ello es el registro de asistencia que presentaron de veintitrés (23) trabajadores y el tareo que presentaron de los 06 colaboradores, en el cual se ha registrado la siguiente información relacionada a ellos: i) la asistencia diaria; ii) los días de descanso semanal; iii) el goce de sus vacaciones; y, iv) las horas extras. Sin embargo, ello no ha sido valorado ni motivado en el presente procedimiento sancionador. - La Resolución de Intendencia ha sido emitida sin respetar el derecho al debido procedimiento de la empresa, pues vulnera su derecho de defensa, ya que la Resolución de Intendencia no ha emitido ningún pronunciamiento válido y debidamente fundamentado sobre el análisis realizado por las instancias de mérito respecto a sus argumentos y medios probatorios ofrecidos mediante escritos de fechas 01 de junio y 10 de agosto de 2021. - La Resolución de Intendencia ha sido emitida infringiendo su derecho al debido procedimiento, puesto que vulnera el principio de verdad material y de objetividad. Al respecto, la presente multa se sustenta en no haber cumplido con entregar el registro de control de asistencia respecto a 06 trabajadores; sin embargo, han adjuntado al presente procedimiento inspectivo el tareo personal y las boletas de pago de los referidos trabajadores por el periodo en cuestión, los cuales demuestran fehacientemente que sí han cumplido con registrar todos los pagos que correspondan, no existiendo fundamento para imponer la referida multa. - En el presente procedimiento administrativo que dio lugar a la Resolución de Intendencia, existió la posibilidad de que se evalúen los medios probatorios para verificar material y objetivamente si la falta imputada en realidad generó o constituyó alguna afectación en contra de los trabajadores inmersos en la presente inspección. - La Resolución de Intendencia ha sido emitida sin respetar el derecho al debido procedimiento, pues vulnera el principio de razonabilidad. Ello pues, no ha incurrido en

algún acto que haya afectado directa o indirectamente a alguno de los 06 trabajadores, lo cual han demostrado fehacientemente mediante las boletas y los tareos de los referidos trabajadores. - No ofreció el registro de control de asistencia por el periodo que se imputa, dado que, en dicho momento, la empresa se encontraba realizando traslado de local y solicitaron el apoyo de los seis (06) colaboradores materia de inspección, a fin de efectuar la mudanza de nuestro local, por lo que no presentaron el registro de control de asistencia, pero si el tareo de personal, respetando el derecho de sus trabajadores y el pago integro de sus remuneraciones por las horas laboradas. - La sanción confirmada por la Resolución de Intendencia no se condice con la realidad de los hechos o con nuestro ordenamiento jurídico, por lo que correspondería revocar la Resolución de Intendencia y dejarla sin efecto o en su defecto declarar la nulidad de la misma.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas”.

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso.”

trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo.”9

9 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR 10 Herramienta que sirve para monitorear las actividades realizadas por los colaboradores y mejorar la producción personal. Es utilizada para controlar y verificar el tiempo real que utiliza el personal para la realización de sus tareas y/o actividades, así como registrar la actividad, el inicio y finalización de la misma, logrando así agilizar el trabajo e incrementar el nivel de producción del personal. 11 EXP. N.º 02111-2010-PA/TC- LIMA

es, que la norma no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realicen las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad. Así, por ejemplo, en caso de que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, como en el presente caso, no solo lo deberán poner a disposición de sus trabajadores, sino también deberán asegurar, bajo responsabilidad, que el mismo se realice respecto a todos los trabajadores, adoptando los mecanismos pertinentes orientas a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo.

Sobre la motivación de las resoluciones administrativas

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“En ese sentido, el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial, definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger, respetar y remediar…, op. cit., párrafo 56]. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos al interior de la corporación, medidas de evaluación de los impactos, mecanismos de integración de las políticas en toda la organización, y finalmente, procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas. Finalmente, el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible, sino que puede variar según las circunstancias, por lo que, para determinarlo, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones; b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto; y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir, en su relación con sus socios mercantiles, proveedores, organismos estatales y otros actores no estatales).”

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las

12 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”14 (énfasis añadido).

13 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 14 El subrayado no es del original.

atendiendo a lo señalado, no se corrobora la afectación a los principios alegados, no resultando amparable lo alegado en dicho extremo.

Información Adicional

Finalmente es pertinente indicar a modo de información que la multa subsistente en el presente procedimiento administrativo sancionador sería la siguiente:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Relaciones Laborales El sujeto inspeccionado no acreditó contar con registro de control de asistencia, hecho que perjudica a seis (06) trabajadores. Numeral 25.19 del artículo del RLGIT, aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

S/. 11,309.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por COMERCIALIZADORA SALEM S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 023-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 24 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Tumbes dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 046-2021- SUNAFIL/IRE-TUM, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 023-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, en todos sus extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a COMERCIALIZADORA SALEM S.A.C. y a la Intendencia Regional de Tumbes, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Tumbes.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA