Comercial RC S.A.C — Res. 1236-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), y Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones, Pago de bonificaciones y Pago de la remuneración (sueldos y salarios)). CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber realizado el descuento por los días comprendidos entre el 18 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020, pese a que el trabajador tenía prueba positiva a COVID-19, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante medida inspectiva de requerimiento notificada el 02 de febrero del 2021 dentro del plazo otorgado, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por el retardo en el cumplimiento del requerimiento de información de 22 de enero de 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

i. Indica que, se ha vulnerado el debido proceso al haber realizado actuación inspectiva fuera del plazo definido en la orden de inspección, pues la notificación de la prórroga se hizo el 02 de febrero de 2021 y la actuación de comprobación de datos el 12 de febrero de 2021.

2 Véase folio 90 del expediente sancionador.

ii. Señala que, no han sido válidamente notificados con el requerimiento de información de fecha 22 de enero de 2021, al no haberse efectivizado la alerta oportuna al correo electrónico del depósito en casilla electrónica; por lo tanto, se debe revocar la resolución impugnada y declarar el archivo del proceso. iii. Manifiesta que, el acuerdo realizado con el trabajador respecto a la devolución de días pagados sin trabajar, para que les sean descontados de su descanso vacacional, utilidades y gratificaciones, es válido y procede de acuerdo a ley, amparados en el artículo 26.2 literal b) del Decreto de Urgencia 029-2020. iv. Refiere que, no se le ha exigido mediante requerimiento la subsanación de ninguna situación contraria a derecho, sino sólo la emisión documental de los motivos del descuento materia de inspección, por lo que no existe razón alguna para identificar la comisión de una infracción por incumplimiento de la medida de requerimiento. v. Alega que, habiéndose reconocido en la resolución materia de impugnación que se realizó una incorrecta tipificación de la infracción imputada (art. 46.3 RGLIT), se vulnera el debido proceso por lo que se debe revocar la resolución impugnada Y archivar el proceso.

i. Se evidencia que en este caso el impugnante nunca recibió las alertas de notificación, a través de correo electrónico, que le diera a conocer la notificación del requerimiento de información de fecha 22 de enero del 2021, debido a que su representada registró sus datos de contacto recién el día 29 de enero de 2021; fecha que resulta ser posterior a la de la notificación del requerimiento antes mencionado. ii. A fin de procurar la estricta aplicación del principio de tipicidad, y salvaguardar el derecho al debido procedimiento administrativo, es que corresponde a este Despacho dejar sin efecto la multa por Labor Inspectiva impuesta contra el apelante, tipificada originalmente en el numeral 46.3 y adecuada por la autoridad sancionadora en el numeral 45.2 del artículo 459 del RGLIT, al no haberse enviado la alerta de notificación al sujeto inspeccionado; no obstante, esta decisión no afecta el desarrollo posterior del procedimiento inspectivo, ni del procedimiento sancionador, toda vez que las posteriores notificaciones han sido realizadas válidamente, tanto así que, el sujeto responsable ha presentado sus descargos y recursos oportunamente. iii. La segunda es la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 02 de febrero de 2021, donde se le requiere al sujeto inspeccionado que proceda a adoptar las

3 Notificada a la impugnante el 07 de diciembre de 2022, véase folio 128 del expediente sancionador.

medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral, por lo que, DEBERÁ acreditar el abono de los montos descontados por los días comprendidos entre el 18 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020, pese a que el extrabajador tenía prueba positiva de COVID-19. iv. En conclusión, el requerimiento de información solicitaba la presentación de un informe, mientras la medida inspectiva de requerimiento exigía acreditar el abono de los montos descontados sin motivo; quedando demostrado de esta manera que cada una de las conductas conllevaba efectos diferentes. v. Respecto al punto e) del apartado ll de la presente resolución, el recurrente aduce que, al realizarse una incorrecta tipificación de la infracción imputada, la resolución impugnada no debió corregirla sino archivar el proceso. En ese sentido, el órgano resolutor en los puntos 3.4.11.14 al 3.4.11.17 de la resolución apelada, fundamenta de manera clara y precisa la motivación y la facultad que tiene para modificar la calificación propuesta por el órgano instructor, al no ser un vicio con carácter de insubsanabilidad, por lo cual no corresponde de ninguna manera disponer el archivamiento del proceso. En esa línea, este despacho se adhiere plenamente al criterio adoptado por el órgano resolutor. vi. En tal sentido, es que, a consideración de este Despacho, en el presente caso se ha constatado que se ha configurado la infracción a la normativa sociolaboral por parte del sujeto responsable, correspondiente a haber realizado el descuento por los días comprendidos entre el 18 de junio y el 15 de julio de 2020, pese a que el trabajador contaba con prueba positiva a COVID-19. Asimismo, ha sido totalmente demostrada la infracción a la labor inspectiva por no acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante medida inspectiva de requerimiento notificada el día 02.02.2021 Sin embargo, este Despacho concluye que corresponde DEJAR SIN EFECTO la sanción por la infracción relacionada con el retardo en el cumplimiento del requerimiento de información del 22.01.2021 pues se ha demostrado que no se enviaron las alertas correspondientes para la notificación por casilla electrónica.

Del Recurso De Revisión

III. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COMERCIAL RC S.A.C.

4 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14 y Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, artículo 14.

laborales, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 12 de diciembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 162-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

i. Sin perjuicio de lo mencionado, se ha vulnerado al derecho constitucional a la motivación respecto a la imputación de la infracción prevista en el artículo 24.4 del RLGIT, porque la autoridad no fundamentó adecuadamente cómo el convenio de compensación de días pagados sin trabajo efectivo careció de validez, cuando este contó con las voluntades declaradas de su representada y su trabajador, el conocimiento de ambos y el respaldo de la ley. Quiere hacer hincapié en el respaldo a la ley, porque mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 del 20/03/2020 se permitió que, en el caso de empresas del sector privado dedicadas a actividades "no esenciales" (en el contexto de pandemia por la COVID-19), se aplique "lo que acuerden las partes" en el tema de licencias con goce de haber sujetas a compensación. Lo que hizo la autoridad fue interpretar erróneamente la ley, al señalar que los trabajadores contagiados con COVID-19 no pueden suscribir acuerdos sobre las licencias de goce con sus empleadores, lo cual no se observa en la redacción de la norma. ii. En segundo lugar, recurre en recurso de revisión ante su despacho porque advierte en primer lugar que, se verifica una transgresión al principio de razonabilidad y tipicidad en la acusación a su representada. Si bien se les ha atribuido incumplir con la medida de requerimiento de fecha 02 de febrero del 2021 (Artículo 46.7), puesto que no habrían acreditado el abono de los montos descontados por los días comprendidos entre el 18 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020, el órgano de Intendencia no ha considerado, que su actuar ha estado justificado y conforme a ley, por lo que la imposición de una sanción careció de toda razonabilidad. iii. Lo que se ha cometido es una interpretación errónea de la ley, puesto que se le ha dado un alcance que no tiene, el artículo 26.2.b) del Decreto de Urgencia No 029- 2020, del 20 de marzo del año 2020, ha sido claro en establecer que los empleadores podrán otorgar una licencia con goce de haber, según lo convenido por las partes, e la generalidad de sus trabajadores. En este sentido y en virtud del principio de "no distinguir donde la ley no distingue", debería interpretarse que el empleador podrá convenir los alcances de la licencia con goce de haber con trabajadores contagiados con COVID-19 y/o los no contagiados. De igual manera y de conformidad con el artículo 51 de la Constitución, dicho decreto de urgencia es una norma legal con jerarquía sobre cualquier norma de inferior jerarquía, como las administrativas. iv. El acuerdo suscrito está alineado directamente con la coyuntura del país con el fin de no afectar la subsistencia económica de su representada sin perder de vista el apoyo económico a sus trabajadores desde el 17 de marzo del año 2020. Ante ello,

había necesidad de compensar los días en los que el trabajador no prestó servicios de manera efectiva, como habilitó el decreto de urgencia citado. v. La ley ha permitido la celebración del convenio (acuerdo) como mecanismo de subsistencia del trabajador y su representada en el contexto de la situación de emergencia sanitaria, ellos merecen atención y resguardo por el estado en la misma medida e iguales condiciones. Sostener lo contrario supondría la necesidad de declarar ilegal todos los decretos de urgencia emitidos desde marzo del año 2020 por implicar una flexibilización de los parámetros laborales en un espacio normal, el que claramente no sucedió en el presente caso y que el despacho sancionador no contempló. vi. En ese sentido, el convenio de compensación de días pagados sin trabajo efectiva resulta acorde a Derecho y la administración no cuenta con justificación normativa para no ponderarlo, máxime si no ha desplegado un solo argumento legal que desvirtué les fuentes que han habilitado a las partes de una relación laboral como la presente el poder celebrar libremente acuerdos de compensación en el marco de la emergencia sanitaria. Resulta una transgresión a la debida motivación que la autoridad sancionadora haya ejecutado una valoración precaria y califique como "inválido" dicho acuerdo sin efectuar ningún pronunciamiento de fondo sobre el presente extremo. vii. No debe perderse de vista que su representada a lo largo de la investigación ha contribuido con el esclarecimiento de los hechos respecto de la denuncia en cuestión, ello a pesar de actos procesales en la presente investigación que han debilitado el debido procedimiento. Respecto del procedimiento de inspección, mediante acta de infracción el comisionado dejó constancia que el día 29 de diciembre de 2020 la investigada cumplió con remitir la información requerida en razón a la notificación de la misma mediante visita al centro de trabajo, la cual reconocemos como un emplazamiento válido de la Administración. viii. En ese sentido, solicita se ponderen los hechos, se valore la no contradicción por parte del actor respecto de la suscripción del convenio y el proceder diligente y alineado bajo la ley de la investigada, a fin de reconocer la legalidad del mismo, por tanto, corresponde se REVOQUE lo resuelto en este extremo por parte de la autoridad sancionadora y se declare el ARCHIVO respectivo de la presente causa. ix. La medida de inspección del requerimiento no tiene sentido toda vez que han estado respetando la normativa sociolaboral. Como han explicado en el tópico precedente, su representada celebró un acuerdo con el trabajador sobre los alcances de la licencia con goce de haber de conformidad con una interpretación estricta del artículo 26.2.b) del Decreto de Urgencia No 029-2020 del 20/03/2020. Nuevamente reitera que, dicha norma con rango legal no ha hecho una distinción

entre trabajadores contagiados con COVID-19 y los no contagiados, de manera que cualquiera de ellos podrá celebrar un convenio, sobre el otorgamiento de la licencia con goce de haberes, con su empleador. x. El convenio celebrado entre su representada y su trabajador cuenta con un respaldo sólido en la ley, por lo que no había lugar a que ella deba acreditar el abono de los montos descontados por los días comprendidos entre el 18 de junio del año 2020 hasta el 15 de julio del año 2020. xi. No se ha presentado el elemento objetivo del requerimiento de adopción de medidas dirigidas al cumplimiento de la normativa sociolaboral, porque no hubo la vulneración de alguna norma y en esta línea la medida careció de sentido y finalidad. Ante esta situación, se ha vulnerado el principio de tipicidad en la imputación de la infracción descrita en el artículo 46.7.del RLGIT. xii. En consecuencia, si en la realidad material, no se ha verificado el tipo infractor que se les atribuye puesto que su actuar siempre ha estado conforme a ley, resulta carente de razonabilidad que el órgano de Intendencia, haya procedido a imponerles una multa cuantiosa, valorizada en la suma de S/11,572.00, monto que implica un grave perjuicio económico para la Organización Empresarial. Máxime si, por su parte, siempre hemos estado prestos a contribuir con la labor inspectiva del presente proceso.

Análisis Del Recurso De Revisión

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”5.

a) plazo para resolver b) ampliación excepcional del mismo debidamente sustentada y justificada c) pronunciamiento de la autoridad competente sobre dicha ampliación a través de una resolución d) potestad de ser declarada de oficio o a pedido de parte; y e) la subsistencia de las actuaciones de fiscalización y de determinados medios probatorios luego de la declaración de caducidad, bajo ciertos supuestos.

5 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo 2, pp. 538 – 539.

Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, DGDNCR)6, respecto de la consulta planteada por la SUNAFIL en torno a la autoridad u órgano competente y otros alcances vinculados con el pronunciamiento sobre la caducidad. Por tanto, corresponde complementar la postura de esta Sala con dicho pronunciamiento en el análisis del presente procedimiento.

Sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra COMERCIAL RC S.A.C.

“funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad” (fundamento N° 3.4.4.5 de la Resolución N° 137-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala) (énfasis añadido).

6 De conformidad con los “Lineamientos para la atención de solicitudes de Dictámenes Jurídicos, Opiniones Jurídicas e Informes Legales”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-JUS-VMJ, la DGDNCR emite opinión jurídica respecto de los alcances de una o más normas jurídicas de efectos generales (7.2.1).

de los órganos o funcionarios que determine cada entidad “conforme a su organización interna, sin que ello constituya una sujeción o condición necesaria […]”, para el ejercicio de tales competencias.

Sobre la imparcialidad del órgano que conoce del pedido de ampliación del plazo de caducidad

7 Punto I.11.3.2.1 de la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1272.

para resolver el procedimiento, no puede obviarse que la misma debió ser emitida por un órgano imparcial.

Sobre la forma y contenido del pronunciamiento que resuelve la ampliación del plazo de caducidad

8 TUO de la LPAG, Artículo 10.- Causales de nulidad “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.

Sobre la nulidad de oficio de la Resolución de Sub Intendencia N° 246-2022- SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA

Sobre el análisis de caducidad administrativa del procedimiento sancionador

SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, de fecha 03 de agosto de 2022, que impuso sanción a la impugnante fue notificada con fecha 05 de agosto de 2022, cuando el procedimiento administrativo sancionador ya había caducado. Para mejor ilustración se adjunta la línea de tiempo siguiente:

Figura N° 01:

Línea de Tiempo

9 De fecha 28 de junio de 2021. Inicio del cómputo de plazo 06.08.2021 (Se notifica la Imputación de cargos y Acta de Infracción) Fin del cómputo del plazo 9 meses 09.05.2022 La caducidad operó (al día siguiente hábil del plazo máximo para resolver) 05.08.2022 Se notifica la Resolución de Sub Intendencia N° 390-2022-SUNAFIL/IRE- PIURA/SIRE (resolución sancionadora) 06.05.2022 Culmina el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador

Además, la autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 246-2022-SUNAFIL/SIRE/IRE- PIURA de fecha 03 de mayo de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra COMERCIAL RC S.A.C., recaído en el expediente sancionador N° 411-2021-SUNAFIL/IRE- PIU, de la Intendencia Regional de Piura, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo su archivo.

TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Piura, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además, remitir los actuados a la citada Intendencia y a la Gerencia General de la SUNAFIL a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado fundamento 5.33 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a COMERCIAL RC S.A.C. y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20231227MLA