Colegio Regional de Obstetras XIII San Martín — Res. 419-2021

Mediante Orden de Inspección N° 277-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto del impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 064-2021-SUNAFIL/IRE-SMA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica al impugnante por la comisión de tres (03) infracciones graves en materia de relaciones laborales, una (01) infracción muy

Mediante Imputación de Cargos N° 075-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIAI del 09 de abril de 2021, notificada el 14 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 102-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIAI (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas al impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 189-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE de fecha 14 de junio de 2021, multó al impugnante por la suma de S/ 43,868.00 por haber incurrido, entre otras, en:

Con fecha 06 de julio de 2021, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 189-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia Regional N° 078-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 23 de julio de 20212, la Intendencia Regional de San Martín declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 189-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE, por considerar lo siguiente:

Con fecha 18 de agosto de 2021, el impugnante presentó ante la Intendencia Regional de San Martín el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Regional N° 078-2021-SUNAFIL/IRE-SMA.

La Intendencia Regional de San Martín admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 392-2021- SUNAFIL/IRE-SMA, recibido el 24 de agosto de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS XIII SAN MARTÍN presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 078-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, emitida por la Intendencia Regional de San Martín, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 43,868.00 por la comisión, entre otras, de dos infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en el numeral 25.1 del artículo 25, y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS XIII SAN MARTÍN.

Mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 078-2021-SUNAFIL/IRE- SMA, señalando los siguientes argumentos:

En principio se debe precisar que el artículo 24 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador”.

Al respecto, el artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante, la LPCL), establece que: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto”.

Dicho ello, se precisa que la Remuneración Mínima Vital asciende a S/ 930.00, a la actualidad, en conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2018-TR. Debe entenderse que el concepto de remuneración mínima vital supone la garantía de un monto mínimo percibido por el trabajador como retribución por sus servicios, el cual no puede ser objeto de reducción por ningún medio.

En el caso de autos, el inspector comisionado hace constar en los hechos constatados del Acta de Infracción, respecto a la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García, que: “4.7.3 (…) Se verifica de los recibos por honorarios electrónicos E001-40 al E001-58 emitidos desde setiembre 2019 a enero 2021 por la prestadora de servicios que el sujeto inspeccionado le paga un monto fijo mensual de S/ 930.00 hasta marzo 2020 y a partir de abril 2020 a enero 2021 por S/ 500.00 por la prestación de sus servicios como asistente administrativa. (…) 4.11.6 Con respecto al pago de la Remuneración Mínima Vital: El sujeto inspeccionado suscribe un convenio de reducción de remuneraciones con la trabajadora antes

Por su parte, en el recurso de revisión, la impugnante alega que se justifica el pago menor a la Remuneración Mínima Vital aduciendo que la trabajadora, Florcita del Pilar Ramírez García, tiene una jornada de medio tiempo. Para analizar ello, es pertinente tener claros algunos aspectos sobre la contratación laboral a tiempo parcial:

Bajo estas consideraciones, se advierte que lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 91-92-TR, sobre reducción proporcional de la Remuneración Mínima Vital, no resulta aplicable al caso de la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García, por cuanto la citada trabajadora labora más de cuatro (4) horas diarias, conforme a lo constatado por el inspector comisionado en el Acta de Infracción, teniendo como base el registro de control de asistencia exhibido por el impugnante, así como el “Cuestionario para el sujeto inspeccionado o jefe inmediato - Anexo N° 02 del Protocolo N° 002-2018-SUNAFIL/INNI PROTOCOLO DE FISCALIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL”, aprobado por R.S. N° 017-2018-SUNAFIL, donde el impugnante señaló que Florcita del Pilar Ramírez García realiza la actividad de emisión de boletas, para ello ingresa y sale del centro de trabajo en el horario de 8:00 a 2:00 pm de lunes a viernes, y de 8:00 am a 1:00 pm los sábados, retribuyéndole por dicho servicios con S/ 500.00 mensuales. En ese sentido, lo antes señalado evidencia que no le resultaba aplicable la contratación laboral a tiempo parcial a la trabajadora, pues su jornada semanal dividida entre seis (6) no resulta en promedio inferior a las cuatro (4) horas diarias. En la línea de lo expuesto, se precisa que no puede considerarse que la referida trabajadora mantuvo un contrato a tiempo parcial, máxime si de la revisión de autos no se verifica su celebración por escrito. Siendo ello así, debe desestimarse lo argumentado por la inspeccionada al respecto, ya que se trata de una mera declaración de parte.

De la revisión de los documentos obrantes en el expediente sancionador, se advierte que la impugnante aportó el Acta N° 03-2020-CROXIII-SM y el Acuerdo de Reducción de Retribución Mensual9. Se aprecia que en el primer documento se acordó en una reunión extraordinaria del Consejo Directivo Regional de Obstetras XIII San Martín, la aprobación de la reducción de pago económico a S/ 500.00 de los trabajadores, entre otros temas; mientras que en el segundo documento se acordó con la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García, la reducción de la retribución mensual al monto antes señalado. A la luz de lo expuesto se ha corroborado que la impugnante redujo la remuneración de la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García al monto de S/ 500.00; monto menor a la Remuneración Mínima Vital.

Sobre dichos documentos, debemos precisar lo siguiente: se descarta el Acta N° 03-2020- CROXIII-SM como documento que evidencie un acuerdo válido de reducción de remuneraciones, porque este contiene solo la decisión del empleador de reducir remuneraciones, por lo que no se puede concluir que hubo un consenso con la trabajadora.

En cuanto al Acuerdo de Reducción de Retribución Mensual, cabe indicar que, si bien es un documento consensuado con la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García donde se acuerda una reducción de remuneración mensual, llama la atención que, para una trabajadora con jornada en promedio semanal de más de cuatro (4) horas diarias, se haya pactado como remuneración el monto de S/ 500.00, esto es un monto inferior a la Remuneración Mínima Vital establecida por ley, toda vez que, a todas luces, dicho acuerdo contraviene a la Constitución y al Decreto Supremo N° 004-2018-TR. Al respecto, cabe acotar que existe el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, el cual se encuentra consagrado en el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú, que dispone que: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (…) 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Este principio supone la imposibilidad de que los trabajadores renuncien por propia decisión a los derechos laborales que la Constitución y la ley reconocen, motivo por el cual, aun cuando la trabajadora haya suscrito un acuerdo de reducción de remuneración por debajo del mínimo legal establecido por ley, este acto es nulo. Este principio se fundamentó en el carácter protector del derecho laboral, por lo que se presume la nulidad de todo acto del trabajador que disponga de un derecho reconocido en una norma imperativa.

Ahora bien, en atención a que el impugnante alega que el acuerdo de reducción de remuneraciones se produce de conformidad al marco legal vigente y, especialmente, de acuerdo al literal c) y d) del artículo 4 del D.S. N° 011-2020-TR, esta Sala estima propicio aclarar que, si bien en el marco de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional10 se dictaron normas tales como el Decreto de Urgencia N° 38- 2020 y el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, sobre la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, para aquellos empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber; estos dispositivos legales no

Sin perjuicio de ello, es pertinente hacer mención que en el Decreto Supremo N° 011-2020- TR, que precisa las medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria que alude el Decreto de Urgencia N° 38-2020, se contempló, entre otros aspectos, la posibilidad de acordar, como dichas medidas, la reducción de la remuneración, siempre que el acuerdo sea consensuado (no impuesto por el empleador), que exista proporcionalidad con las causas que lo motivan y que se respete la Remuneración Mínima Vital, conforme se puede apreciar del texto del artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, que se cita a continuación:

Los empleadores incursos en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 procuran en primer término adoptar las medidas alternativas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el diálogo con los trabajadores, tales como: a) Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. b) Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. En este último caso, el adelanto del descanso vacacional se sujeta a las reglas establecidas en el capítulo II del Decreto Supremo Nº 002-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector privado. c) Acordar mediante soporte físico o virtual, la reducción de la jornada laboral diaria o semanal, con la reducción proporcional de la remuneración. Para tal efecto, se considera el criterio de valor hora definido en el artículo 12 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR. d) Acordar mediante soporte físico o virtual, con los trabajadores la reducción de la remuneración. Dicha reducción consensuada debe guardar proporcionalidad con las causas que la motivan. En ningún caso, puede acordarse la reducción de la remuneración por debajo de la Remuneración Mínima Vital (RMV).11

En consideración de lo expuesto, se verifica que la reducción de la remuneración de la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García a S/ 500.00, efectuada a partir del mes de abril de 2020, configura la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, contenida en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT.

Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece lo siguiente:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

De las normas acotadas, se evidencia que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el sujeto inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Así pues, con fecha 17 de marzo de 2021 se notificó al impugnante la “Medida de requerimiento”12, vía casilla electrónica13, por medio de la cual se le otorgó el plazo de tres (03) días a la impugnante, a fin de que cumpla con: i) acreditar el registro en el T-Registro de la Planilla Electrónica dentro de los alcances del régimen laboral de la actividad privada, de acuerdo a la LPCL, con contrato de trabajo a plazo indeterminado, a la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García, desde su fecha de ingreso, debiendo presentar información real en el T-Registro de la Planilla Electrónica sobre el régimen laboral de la mencionada trabajadora presentando la constancia de alta de la trabajadora y el Formato TR5 del T-Registro actualizado con cargo de entrega; ii) acreditar la inscripción en el régimen contributivo de la seguridad social en salud y pensiones, sean estos públicos o privados, de la citada trabajadora, desde su fecha de ingreso, debiendo presentar la constancia de alta de la trabajadora y el Formato TR6 del T-Registro; iii) efectuar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en la entidad financiera elegida por la trabajadora antes mencionada, por el monto de la CTS generada desde el 01 de setiembre de 2019 al 31 de octubre de 2020, más los intereses compensatorios; debiendo presentar la constancia de depósito y la hoja de liquidación de la CTS a nombre de la trabajadora, por el periodo antes señalado y el cargo de recepción; iv) pagar las gratificaciones legales por fiestas patrias y navidad (julio y diciembre), más los intereses compensatorios por el periodo comprendido del 01 de setiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020 correspondientes a la trabajadora antes citada, debiendo acreditar las constancias de depósitos a nombre de dicha trabajadora y las boletas de pago con cargo de entrega; v) pagar la bonificación extraordinaria a la que se refiere la Ley N° 29351 y la Ley N° 30334 (julio y diciembre) más los intereses compensatorios, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020, correspondientes a la trabajadora antes citada, debiendo acreditar las constancias de depósitos a nombre de dicha trabajadora y las boletas de pago con cargo de entrega; y vi) pagar la diferencia resultante de restar el monto de la Remuneración Mínima Vital vigente menos los pagos mensuales efectuados a la citada trabajadora desde el 01 de abril de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, inclusive considerando los intereses compensatorios, debiendo acreditar las constancias de depósitos a nombre de dicha trabajadora y las boletas de pago con cargo de entrega. En aquella medida de requerimiento, explícitamente, se señaló que el incumplimiento al requerimiento constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa.

Corresponde anotar que, en este caso, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento reposa, en parte, en la falta de pagos de conceptos que son sancionados como infracciones graves y sobre las cuales esta instancia de revisión no tiene competencia para emitir pronunciamiento. Basta señalar, para el caso concreto, que la ausencia de pago íntegro de un beneficio laboral contraviene normas imperativas.

Asimismo, es de señalar que el otro incumplimiento en el que se sustenta la medida inspectiva de requerimiento consiste en no pagar la Remuneración Mínima Vital vigente, en perjuicio de la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García; el cual ha sido analizado en esta instancia de revisión, por ser de su competencia.

De la revisión de autos, se evidencia que el inspector comisionado solicitó conforme a ley los documentos citados en la medida inspectiva de requerimiento, a fin de que sean presentados por la impugnante; sin embargo, se verifica que la impugnante no cumplió en su totalidad con la medida inspectiva de requerimiento, subsistiendo tres (3) infracciones graves en materia de relaciones laborales, cuya sanción ha sido confirmada en la resolución impugnada, y una (1) infracción muy grave en materia de relaciones laborales prevista en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT, cuya configuración se ha corroborado en la presente resolución de acuerdo a lo referido en líneas precedentes. En ese sentido, ha quedado evidenciado que la medida inspectiva de requerimiento no es contraria a derecho, lo cual alegó la impugnante en su recurso de revisión, sin respaldo alguno.

Por tanto, está acreditado que la impugnante no cumplió, en el plazo otorgado, con la medida inspectiva de requerimiento, siendo que por esta conducta ha incurrido en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT. En ese orden de ideas, se desestima el argumento respecto a que no estaba obligada a cancelar la Remuneración Mínima Vital, y, por ende, tampoco a cumplir el requerimiento.

Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger el recurso de revisión.