Colegio Odontologico de Lima — Res. 1267-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Horas extras; y, Vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); y, Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con facilitar la información y/ documentación requerida por el inspector comisionado, para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante requerimiento de información de fecha 25 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. Alegan la existencia de falta de motivación en la resolución administrativa, dado que se encuentra dentro de los supuestos eximentes de responsabilidad del infractor el cual es la fuerza mayor, lo que no fue analizado en la resolución apelada, ni en el informe final e imputación de cargos. ii. Sostienen que la no entrega de información a la administración, no obedeció a un acto voluntario interno por culpa o dolo, a fin de no colaborar con la administración, sino a un estado de fuerza mayor donde el personal administrativo no tenía acceso al local institucional, donde se encontraba la información requerida por la SUNAFIL, por estar en posesión de terceros.

i. Respecto a la falta de motivación en la resolución administrativa, de la revisión de los actuados se observa que la Autoridad Instructora mediante Informe Final de Instrucción N° 1530-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI-I, recomienda la continuación del procedimiento administrativo sancionador dando respuesta al escrito de descargo de fecha 25 de julio de 2022, sobre el impedimento de ingreso a su local institucional como causal de eximente y atenuante, conforme se observa en los puntos 5, 6, 7 y 8 del informe final mencionado. Asimismo, la opinión del Informe Final de Instrucción N° 1530-2022- SUNAFIL/ILM/SINS/AI-I, fue acogida por la Subintendencia de Sanción.

2 Notificada a la impugnante el 16 de febrero de 2023. Véase folio 105 del expediente sancionador.

ii. Es así que, se ha determinado que el escrito de denuncia presentado en copia simple no acreditó la imposibilidad de haber dado cumplimiento al requerimiento de información, sino se evidencia únicamente su falta de organización interna. iii. Por otro lado, respecto a la no entrega de información a la administración, debemos añadir que el caso fortuito o fuerza mayor debe acreditarse, pues la carga de la prueba recae en la inspeccionada la que debe demostrar la notoriedad o significancia del hecho imprevisible o inevitable como causa de la conducta que se imputa, lo cual no ha ocurrido en el presente procedimiento. iv. Si bien la inspeccionada presentó una denuncia por la comisión del delito de Estafa Agravada y Usurpación, no se han acreditado los actos seguidos por la fiscalía correspondiente a dicha denuncia, de modo que la Autoridad Instructora pueda determinar o tener indicios de que efectivamente los locales de la inspeccionada eran objeto de usurpación. Teniendo únicamente a la vista el escrito de denuncia del Colegio Odontológico de Lima, la Carta Notarial de fecha 06 de noviembre de 2021, por el cual solicita la entrega de llaves de locales institucionales, y la solicitud de intervención del Ministerio Público. Asimismo, el Acta de Entrega y Recepción de la Sede Miraflores, adjunta al escrito de apelación en foto, no permite observar la entrega de ningún elemento referido a lo peticionado en el requerimiento de fecha 25 de agosto de 2021. v. Por otro lado, no se puede determinar de la denuncia presentada, que la documentación otorgada como medios de prueba en el presente expediente sancionador se encontraba en los lugares mencionados por el sujeto inspeccionado, más aún si de acuerdo a la consulta efectuada en la página web de la SUNAT, se verifica que la razón social Colegio Odontológico de Lima tiene domicilio en el Jr. Cruz del Sur N° 140 Int. 314 Urb. Los Granados (al costado de la Universidad de Lima), distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. vi. Es decir, esta instancia considera que no se acreditó que los hechos mencionados por la inspeccionada (usurpación de local), fuese causa que anule la conducta que se imputa. vii. Finalmente, si bien el principio de culpabilidad requiere, además de la comisión de la infracción y de la producción objetiva del resultado, que haya sido cometida con la presencia de un elemento subjetivo (conductas dolosas o culposas); así pues, en el caso concreto se aprecia que el incumplimiento que se le imputa a la inspeccionada se encuentra establecido en la norma anteriormente citada que no exige previamente que se compruebe la intención de cometer la infracción (dolo), sino solo se requiere la inobservancia de un deber legal exigible a la inspeccionada (culpa), pues no exige probar la voluntad de transgredir la norma, sino basta que en su calidad de obligado haya desatendido su deber como administrado de cumplir con el requerimiento de comparecencia emanado por la Autoridad Inspectiva, lo que conlleva a la comisión de la infracción; por lo que, lo alegado por la inspeccionada respecto a que la entrega de información no obedeció a un acto involuntario por culpa o dolo, no enerva la falta cometida.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Colegio Odontologico De Lima

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 114-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que para la administración no procede eximir de responsabilidad porque las pruebas presentadas no acreditarían que el local realmente se encontraba usurpado por terceros y porque no se evidencia que la fiscalía haya realizado otras diligencias que evidenciarían que efectivamente el local estaba tomado, con lo cual, consideran que, la administración ha violado uno de los principios fundamentales del procedimiento administrativo sancionador, que es el Principio de Presunción de Veracidad, y que en el presente caso, se estaría practicando en forma inversa la presunción de veracidad al administrado, pues a pesar que han probado, a través de una serie de documentos que el local se encontraba tomado por terceros desde enero de 2021 hasta enero de 2022, la administración sin prueba documental alguna señala que lo manifestado no sería cierto, por cuanto no se evidencia que la fiscalía haya realizado diligencias posteriores a la denuncia presentada. ii. Precisan que, si bien los documentos presentados como son las cartas notariales del 16 de marzo de 2021, 11 de junio de 2021 y 08 de noviembre de 2021, fueron elaborados posterior al 02 de marzo de 2021, ello no significa que el local antes de dicha fecha no estaba tomado por terceras personas, ello se traduce del mismo texto de las cartas notariales y del texto de la denuncia presentada ante la fiscalía, documentos que en forma homogénea señalan que el local estuvo tomado desde antes del 02 de marzo de 2021, por ende la motivación realizada por la Intendencia resulta insuficiente, pues concluye que no existe eximente de responsabilidad por el simple hecho que la fiscalía no realizó diligencias posteriores a la presentación de la denuncia, es decir, son víctimas de las demoras de los órganos encargados de administrar justicia. iii. Cuestionan que la administración indique que no existe nada que acredite que los documentos que se requirieron se encontraban en el local usurpado, pues, según información de la SUNAT, se tendría otro local ubicado en Jr. Cruz del Sur No. 140, Interior 340, Urb. Los Granados, distrito de Santiago de Surco, donde también podrían haber estado

los documentos requeridos por el inspector. Al respecto, señalan que, lo dicho por la administración serían solo conjeturas no probadas, las cuales no pueden ser tomadas en cuenta para resolver el presente proceso administrativo sancionador, toda vez que, es deber de la administración probar que efectivamente los documentos requeridos estaban en otro local distinto a aquel que se encontraba usurpado; lo cierto es que existen documentos presentados que demostrarían la existencia de una toma del local institucional desde enero de 2021, que evitaba que los directivos del Colegio Odontológico del Perú- Región Lima, puedan acceder a la documentación contable como es la clave SOL, y a los files personales de los trabajadores, los mismos que eran requeridos por la SUNAFIL, por ende, era imposible cumplir con el requerimiento de la orden inspectiva, pues a la fecha, no se tenía acceso al local. iv. Por último, precisan que, para que el caso fortuito o la fuerza mayor se constituya en condiciones que fracturen el nexo causal y eximan de responsabilidad al infractor, es necesario que se cumpla con los siguientes elementos: hecho extraordinario, imprevisible, irresistible y hecho ajeno.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación del requerimiento de información 6.1. Cabe precisar que el artículo 1 de la LGIT define a las actuaciones inspectivas como:

“(…) las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”.

“el procedimiento administrativo especial que se inicia siempre de oficio con la notificación del documento de imputación de cargos, que comprende los actos y diligencias conducentes a la determinación de la existencia o no de la responsabilidad administrativa en la comisión de infracciones en materia socio laboral y a la labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo advertidas mediante las actas de infracción derivadas de actuaciones de investigación o comprobatorias de la inspección del trabajo”.

Sobre la notificación por casilla electrónica

9 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: (…) 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.” 10 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. (…) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. 11 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 1. 12 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 2.

las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”. (énfasis es añadido).

“Primera. - Emisión de normativa de desarrollo y cronograma para la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, emite el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica y la normativa de desarrollo necesaria para su funcionamiento.

Segunda. - Implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional Mediante resolución de superintendencia, y en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), da inicio a la implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional en atención al cronograma referido en la Primera Disposición Complementaria Final de esta norma.

La fecha de inicio establecida en el cronograma determina el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).”

Figura N° 01

“Artículo 1.- Objeto La presente resolución tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, que aprueba el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL).”

Figura N° 02

Sobre el requerimiento de información

13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando cree n obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

14 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 15 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa:

mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”16.

Figura N° 03

Sin embargo, conforme se verifica del numeral 4.5 de los hechos constatados en el acta de infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 16 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 17 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

con remitir la información solicitada en dicho requerimiento. Verificándose que las actuaciones inspectivas no pudieron proseguir, emitiéndose el acta de infracción correspondiente.

Figura N° 04

18 TUO de la LPAG Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada”. 19 Respecto a estas características, cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por De Trazegnies, lo extraordinario es entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa generadora del daño, notorio o público y de magnitud; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera de lo común para todo el mundo. Asimismo, siguiendo al citado autor, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él. (DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 - 341) Partiendo de ello, el mencionado académico señala: para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario" (p 339).

que, los problemas de índole legal (penal) que alegó para cumplir con el requerimiento de información, y la denuncia penal por delito de Estafa Agravada y Usurpación Agravada, que presenta; no son medios probatorios suficientes que dejen constancia de la imposibilidad de cumplir con la obligación, impuesta por ley. Ante ello, es pertinente precisar que conforme a la copia de la denuncia fiscal que obra en el expediente inspectivo, así como de los documentos presentados por el trabajador recurrente, tales como, comunicados que emitió la impugnante a sus agremiados y del contenido del Oficio N° 0165-2021/COP-RL, se puede concluir que las pugnas al interior del sujeto inspeccionado son de carácter económico, la misma que no puede ser usada como justificación para no cumplir con enviar la información y documentación requerida por el inspector comisionado.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No cumplir con facilitar la información y/ documentación requerida, por el inspector comisionado, para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante requerimiento de información de fecha 25 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el COLEGIO ODONTOLOGICO DE LIMA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 114-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de febrero de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1867-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 114-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución al COLEGIO ODONTOLOGICO DE LIMA y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250924MCR – HR 16609-2020