Colegio Arquidiocesano San Antonio Abad — Res. 512-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Discriminación en el trabajo (Sub materia: En la remuneración), y, Bonificación (Sub materia: incluye todas). 20555195444 soft Jessica Alexandra FAU 20555195444 soft 21:13:17-0500 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no realizar el pago íntegro y oportuno de la remuneración - bonificaciones, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por la discriminación de los trabajadores en materia de empleo como las referidas en la retribución, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 76,296.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 15 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

2 La Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Cusco, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 701-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO de fecha 19 de noviembre de 2021, notificada el 22 de noviembre de 2021, emitió su resolución sancionadora. Sin embargo, mediante Resolución de Intendencia 0021-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, de fecha 01 de febrero de 2022, notificada el 03 de febrero de 2022, la Intendencia Regional de Cusco declaró la nulidad de oficio de dicha Resolución de Sub Intendencia, disponiendo que la autoridad de primera instancia califique y emita pronunciamiento cumpliendo con lo establecido en la versión 2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII.

i. Es evidente que la infracción tiene sustento por conductas completamente diferentes del sujeto inspeccionado, la primera referida al incumplimiento de los criterios para el bono por antigüedad, lo cual ha evidenciado un acto de discriminación entre los trabajadores que no se ajusta a la realidad, la segunda al no haber pagado la bonificación de febrero en razón de 7 trabajadores. ii. El sujeto inspeccionado, en efecto, no ha considerado un criterio solido con relación a la forma y distribución del bono por antigüedad, situación que como se observa de la evaluación a nivel inspectivo es evidente una desigualdad salarial lo cual vulnera el extremo regulado en el artículo 26 inciso 1 de la Constitución Política del Perú, numeral 3 del artículo 1 del Convenio N° 111 de la OIT, de igual forma conforme lo señalado en la STC N° 008-2005-PI-TC. iii. Es recién en el procedimiento sancionador a través del escrito de descargo contra el Informe Final de fecha 23 de agosto de 2021 que el sujeto inspeccionado adjunta las boletas del mes de abril de los trabajadores, donde se observa su firma y huella digital, en cuyo contenido se tiene la consignación del bono correspondiente al año 2021, incluyendo un voucher en favor del Sr. Aparicio Zambrano Mario Héctor, de quien se advirtió según el acta de infracción que no le correspondía reintegro en el 2020 ni el 2021. En consecuencia, estos medios documentales tienen trascendencia con relación al cumplimiento de la obligación de pago de bono de febrero al año 2021, quedando acreditado en su oportunidad, incluso advirtiéndose que también a dichos trabajadores se les reconoce el bono de febrero en el año 2020. iv. Con relación al extremo de la declaración de procedente, improcedente o fundado e infundado, señalado por el recurrente, el sancionador ha procedido a emitir pronunciamiento sobre los descargos y elementos documentales que obran en el expediente sancionador, determinando imponer sanción, en cumplimiento de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, que regula el procedimiento sancionador del sistema inspectivo de trabajo. v. En ese sentido, la resolución sancionadora, al expresar en el artículo primero de su parte resolutiva sancionar al Colegio Arquidiocesano San Antonio Abad del Cusco, se ha cumplido en primer lugar con el marco normativo, en razón que en la etapa sancionadora se ha establecido según la valoración en primera instancia la determinación de sanción a imponer y en segundo lugar ha generado efectos jurídicos como consecuencia de acto jurídico emitido, motivo por el cual se ha habilitado a la impugnación a través de la formulación del recurso de apelación incurso, oportunidad que corresponde la determinación de procedente, improcedente o fundado o infundado o no en la etapa de primera instancia. vi. Conforme se ha expresado, persiste la infracción con relación a los actos de discriminación en el otorgamiento del bono por antigüedad con relación a los 67

3 Notificada a la impugnante el 09 de mayo de 2022.

trabajadores verificados en la etapa de inspección conforme se ha detallado en el acta de infracción. vii. Con relación al extremo apelado del bono a febrero de 2020 y el año 2021, se observa que, en efecto, se tiene aporte documental con relación a 7 trabajadores a quienes se les otorgó dicho bono de febrero 2020 y febrero 2021, ello conforme a las boletas presentadas, que al ser boletas de abril del 2021 son anteriores a la notificación de la imputación de cargos, la misma que se produjo el 21 de junio de 2021, por tanto, dentro del extremo regulado como eximente regulado en el literal f) del artículo 255 del TUO de la Ley 27444, siendo aplicable dicho marco normativo. viii. Se advierte que si bien existe identidad de sujetos no se tiene acreditada la identidad de hechos ni la identidad de fundamentos, toda vez que conforme se advierte del procedimiento inspectivo se ha verificado hechos que fueron generados por diversas circunstancias y cuyo fundamento también es diferente, toda vez que la infracción tipificada en el numeral 24.4 está referida al pago integro u oportuno por el bono referido al mes de febrero de 2020 y febrero 2021, y el numeral 25.17 por actos de discriminación al no tener razonamiento lógico respecto del bono por antigüedad que vulnera el artículo 26 inciso 1 de la Constitución Política del Perú, numeral 3 del artículo 1 del Convenio N° 111 de la OIT. En consecuencia, no reúne los presupuestos para ser acogidos como concurso de infracciones por tratarse de infracciones diferentes. ix. Ahora bien, indica que las conductas que han configurado las infracciones imputadas son conductas diferentes. Una referida al bono por antigüedad y otra referida al bono en el mes de febrero 2020 y 2021, conforme se han ido señalando a lo largo del desarrollo del procedimiento sancionador. 1.9. Con fecha 27 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cusco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0073- 2022-SUNAFIL/IRE-CUS.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1. El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos

Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Colegio Arquidiocesano San Antonio Abad

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de mayo de 2022 la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0073-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, señalando los siguientes alegatos:

i. Se observa que una conducta ha generado dos sanciones, siendo como primera conducta: no pagar integra y oportunamente la bonificación al trabajador bajo el supuesto equivocado de razonamiento lógico respecto del bono por antigüedad que conllevó a la sanción calificada como grave, el de no pagar integra y oportunamente la bonificación al que tiene derecho el trabajador. Por otro lado, la segunda sanción calificada como muy grave es que precisamente este hecho de no pagar íntegra y oportunamente la bonificación constituye acto discriminatorio. ii. El Resolutor no ha analizado la existencia del concurso ideal de infracciones. iii. Advierte que el fundamento y la circunstancia de la conducta infractora que motivó el no pago de la bonificación son las mismas. iv. Se debe aplicar la figura del concurso ideal de infracciones, esto es, cuando una misma acción infringe una pluralidad de leyes, se le aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. v. Asimismo, señala que está demostrado la existencia de la triple identidad de persona y la identidad de hechos y fundamento. vi. La entidad debió sancionar solo con la conducta más grave y debió dejar sin efecto las demás, es más, sostiene que, en su oportunidad debió declararlo insubsanable y proceder a sancionar la conducta discriminatoria y no adoptar una medida de requerimiento para el pago de bono por antigüedad y a su incumplimiento sancionar por dos conductas. vii. En el expediente tampoco se aprecia la medida de requerimiento que conlleve a la eliminación de la discriminación, solo obliga al pago del bono por antigüedad. Si esto es así, tampoco existe la constancia de insubsanabilidad para proceder con la sanción por discriminación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el principio de igualdad

“270. (…) El principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el

10 BLANCAS BUSTAMANTE, C. (2009). "Derechos Fundamentales de la Persona y la Relación de Trabajo". Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda Edición Aumentada, p. 134. 11 Exp. N° 048-2004 PI/TC, fundamento 62. 12 Corte IDH, Cuadernillo de jurisprudencia Nº 14: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, p. 17.

andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del Ius cogens.”

13 Ibídem, p.11: “la Convención Americana, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no contiene una definición explícita del concepto de “discriminación”. Tomando como base las definiciones de discriminación establecidas en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el artículo I.2.a) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el artículo 1.1 de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, el artículo 1.1 de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y el artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, al igual que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se podría definir la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”. 14 Blume Moore, I. (2011). “Mejoras salariales y principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores”. En: Revista IUS ET VERITAS, (42), pp. 232-249. Recuperado de: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12090/12657

Sobre el caso en concreto

Figura 1 Carta N° 007-PROM-CASAC-2019

Figura 2 Carta N° 008-Promt-CASAC-2021

15 Véase folio 57 del expediente inspectivo. 16 Véase folio 51 del expediente sancionador.

antigüedad no se cumplieron, puesto que, se ha evidenciado que hay trabajadores que contaban con 2 años de servicios pero percibían la bonificación de S/ 800 o que no se les pagaba a pesar de cumplir con la antigüedad requerida, lo que acreditaría la ausencia de objetividad al momento de otorgar la bonificación por antigüedad a sus trabajadores y que no se encuentra acorde con lo dispuesto en los criterios para su percepción. En ese sentido, el otorgamiento de la bonificación por antigüedad concedida por el empleador a sus trabajadores no se sustentaría en factores objetivos.

17 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. 18 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11).

“Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado, tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13).

eximente de responsabilidad contemplado en el artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, dejando sin efecto las infracciones tipificadas en el numeral 24.4 del artículo 24 y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el COLEGIO ARQUIDIOCESANO SAN ANTONIO ABAD, en contra de la Resolución de Intendencia N° 0073- 2022-SUNAFIL/IRE-CUS, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 253-2021-SUNAFIL/IRE- CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 0162-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, de fecha 28 de febrero de 2022, confirmada a través la Resolución de Intendencia N° 0073-2022-SUNAFIL/IRE-CUS.

19 Por ejemplo, el fundamento 6.18 de la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al COLEGIO ARQUIDIOCESANO SAN ANTONIO ABAD y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20230531MLA