Cold Air Service S.A.C — Res. 1436-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 11881262 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas- juridicas.asp. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “COLD AIR SERVICE S.A.C.” se deberá entender que es dirigida a “COLD AIR SERVICE S.A.C”. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS); Bonificación no remunerativa (Sub Materia: Incluye todas); Certificado de trabajo (Sub Materia: Incluye todas); Planillas o registros que la sustituyan (Sub Materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades).

en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago, conforme a ley, de las vacaciones ganadas y truncas, así como de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 10 de mayo de 2021.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las gratificaciones legales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascedente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria de las gratificaciones legales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las vacaciones, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascedente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Mediante contrato de trabajo suscrito el 01 de agosto de 2019, una ex trabajadora inició labores para la empresa con una remuneración mensual de S/. 1,400.00. Posteriormente, mediante carta de renuncia presentada el 11 de febrero de 2020, comunicó su decisión de dar por concluido el vínculo laboral, el cual finalizó el 14 de mayo de 2020. Sin embargo, a partir del 15 de marzo de 2020, mediante el Decreto

Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19, disponiendo el aislamiento social obligatorio. En ese contexto, la empresa otorgó a la trabajadora una licencia con goce de haber desde el 16 de marzo de 2020 hasta la fecha de culminación del vínculo laboral, por lo que la relación laboral se mantuvo vigente y sin reducción salarial. ii. Por otra parte, el otro ex trabajador inició labores el 10 de julio de 2019 con una remuneración mensual de S/. 1,200.00. A raíz de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional el 15 de marzo de 2020, se le otorgó licencia con goce de haber desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril de 2020. Posteriormente, mediante Resolución Directoral N° 8420-2020-SPL-MTPE/1/20.2 de fecha 13 de julio de 2020, se aprobó la suspensión perfecta de labores desde el 01 de mayo de 2020 hasta el 07 de octubre de 2020, la cual fue ampliada por Resolución Directoral N° 31479.033- 2020-SPL-MTPE/1/20.2 del 30 de octubre de 2020 hasta el 05 de enero de 2021. Finalmente, mediante carta de renuncia del 11 de enero de 2021, el trabajador comunicó la terminación del vínculo laboral, que concluyó el 13 de enero de 2021. En consecuencia, la relación laboral no se mantuvo constante debido a las medidas de suspensión perfecta aprobadas. iii. En cuanto al supuesto incumplimiento del pago íntegro de la gratificación legal y bonificación extraordinaria, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27735 y la Ley N° 28411, dichos beneficios requieren que el trabajador haya laborado efectivamente durante la quincena de julio o diciembre, salvo en los casos de suspensión perfecta de labores. Asimismo, para el pago proporcional, el trabajador debe haber laborado al menos un mes dentro del semestre correspondiente. No obstante, la autoridad inspectiva requirió el pago íntegro de la gratificación y bonificación extraordinaria del segundo semestre de 2019 a favor de un ex trabajador, alegando la falta de acreditación de once días de inasistencia. La empresa sustentó, mediante boletas de pago y registros de asistencia de los meses de julio a diciembre de 2019, que dichos días no fueron laborados, ascendiendo el descuento correspondiente a S/. 73.33. Por tanto, el monto correcto por gratificación fue S/. 935.70 y por bonificación extraordinaria S/. 84.22, sumas debidamente canceladas en diciembre de 2019, cumpliéndose con la normativa aplicable. iv. Respecto al presunto incumplimiento en el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios, se indicó que el cálculo efectuado a favor de una ex trabajadora comprendió el periodo de noviembre de 2019 a abril de 2020. El supuesto error identificado por la autoridad deriva de una base remunerativa errónea de S/. 930.00, cuando correspondía considerar S/. 1,400.00. Asimismo, se acreditó la existencia de seis días no laborados, debidamente sustentados con boletas de pago y registros de asistencia. De la rectificación efectuada, resultó un pago total de S/. 731.23, lo que implicó un reintegro de S/. 275.72 sobre el depósito inicial de S/. 515.51. En consecuencia, se cumplió con el pago íntegro de la CTS correspondiente. v. En relación con el presunto incumplimiento del pago íntegro de la remuneración vacacional, el vínculo laboral de la ex trabajadora tuvo una duración de 9 meses y 14

días, comprendidos entre el 01 de agosto de 2019 y el 14 de mayo de 2020. Sin embargo, la empresa reconoció 9 meses y 6 días al descontar ocho días no laborados, debidamente acreditados mediante boletas y registros de asistencia. Dichos días no fueron considerados en el cómputo del tiempo vacacional conforme a la normativa vigente. Además, se efectuó un reintegro de S/ 198.33, cumpliéndose de manera íntegra con la obligación laboral, por lo que corresponde desestimar la infracción. vi. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la empresa cumplió con liquidar y pagar los beneficios sociales de ambos ex trabajadores antes de la emisión de la resolución apelada, conforme se acredita con el escrito de descargo presentado el 28 de febrero de 2022. En tal sentido, el procedimiento administrativo cumplió su finalidad de tutela de derechos laborales, por lo que debe desestimarse la infracción imputada. vii. Finalmente, en caso no se acoja la pretensión de nulidad de la sanción, corresponde aplicar la reducción de la multa al 30%, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 40° de la LGIT, dado que se ha acreditado la subsanación de las infracciones antes de la interposición del recurso de apelación.

i. Respecto al vínculo laboral de los ex trabajadores involucrados, de acuerdo con la documentación señalada en el numeral 4.6 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, presentada durante la etapa inspectiva, se encuentra acreditada la existencia de una relación laboral con la inspeccionada. En ambos casos se suscribieron contratos de trabajo a plazo indeterminado, constatándose que las labores se desarrollaron dentro de un período determinado y con una remuneración mensual establecida. ii. Si bien la impugnante sostuvo que se otorgaron licencias con goce de haber, no se presentó medio probatorio que respalde dicha afirmación. Sin perjuicio de ello, se verificó que, respecto a uno de los ex trabajadores, mediante Resolución Directoral N° 8420-2020-SPL-MTPE/1/20.2 de fecha 13 de julio de 2020, se aprobó la suspensión perfecta de labores desde el 01 de mayo de 2020 hasta el 07 de octubre de 2020. Posteriormente, a través de la Resolución Directoral N° 31479.033-2020- SPL-MTPE/1/20.2 de fecha 30 de octubre de 2020, se amplió dicha medida desde el 08 de octubre de 2020 hasta el 05 de enero de 2021. En ese sentido, la información documentada permite concluir que existió un vínculo laboral formal entre las partes, no habiéndose acreditado las licencias con goce de haber alegadas por la impugnante. Asimismo, se constató la aplicación de una medida de suspensión perfecta de labores dentro del período en cuestión. iii. Respecto a la obligación de pago de la gratificación legal, bonificación extraordinaria y sus montos truncos, se advierte que la inspeccionada reiteró en su recurso de apelación los mismos argumentos expuestos en su descargo contra el Informe Final, aportando documentación que ya formaba parte del expediente inspectivo y sancionador. En tal sentido, corresponde analizar si dichos documentos fueron debidamente valorados por la autoridad de primera instancia al emitir la resolución apelada. iv. De la revisión de los considerandos 7 al 10 de la resolución apelada, se aprecia que se tomaron en cuenta las disposiciones pertinentes de la Ley N° 27735, que regula el otorgamiento de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad; del Decreto Supremo N° 005-2002-TR, que reconoce el derecho a la gratificación trunca; y de la Ley N.°

29351, que reduce los costos laborales asociados a dichos conceptos. Asimismo, una vez establecido el vínculo laboral de la ex trabajadora, se verificó que se acreditó el pago de la gratificación trunca y la bonificación extraordinaria, calculadas sobre un período de cuatro meses. Dichos pagos constan en la hoja de liquidación de fecha 28 de febrero de 2022 y en el respectivo recibo de pago firmado por la trabajadora. No obstante, ello constituye únicamente una subsanación parcial, por lo que, conforme al artículo 40° de la LGIT, la reducción de la multa solo procede cuando la infracción es subsanada en su totalidad. v. En cuanto a los once días de inasistencia alegados por la inspeccionada, se advierte que no se presentó medio probatorio que respalde dicha afirmación. Además, la Boleta de Pago correspondiente a diciembre de 2019 consigna veintiocho días laborados y tres no laborados, resultando incongruente con lo sostenido por la inspeccionada. En consecuencia, se concluye que no se ha desvirtuado lo determinado por la autoridad de primera instancia, manteniéndose la validez de los fundamentos que sustentan la resolución apelada. vi. Respecto a la obligación de pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, se advierte que la autoridad de primera instancia valoró la documentación señalada, conforme a lo indicado en el considerando 20 de la resolución apelada. Del análisis efectuado, se determinó que, respecto al período comprendido entre noviembre de 2019 y abril de 2020, no se acreditó la subsanación total, dado que, pese al incremento en el monto pagado, el cálculo continuó efectuándose sobre la base de cinco meses, omitiéndose un mes del período correspondiente. vii. En relación con el pago trunco correspondiente a los días laborados en mayo de 2020, se verificó que sí fueron incluidos en el cálculo, considerándose dicha parte como subsanada. No obstante, según la hoja de liquidación de fecha 28 de febrero de 2022, el cumplimiento se produjo de forma parcial, motivo por el cual no resulta aplicable el beneficio de reducción de multa previsto en el artículo 40° de la LGIT, que exige la subsanación íntegra de la infracción. En consecuencia, se confirma lo determinado por la autoridad de primera instancia, dado que la inspeccionada solo acreditó un cumplimiento parcial de sus obligaciones luego de la notificación de la Imputación de Cargos. Cabe precisar que el cumplimiento de las obligaciones laborales debe demostrarse con medios probatorios idóneos, situación que no ha sido plenamente acreditada en el presente caso. viii. Respecto a la obligación de pago de la remuneración vacacional y su monto trunco, se observa que la autoridad de primera instancia valoró los medios probatorios presentados por la impugnante, conforme a lo indicado en el considerando 28 de la resolución apelada. Del análisis efectuado, se concluyó que no se acreditó la subsanación de los hechos verificados durante la actuación inspectiva, dado que, pese al incremento en el monto pagado, el cálculo continuó realizándose sobre la base de nueve meses y seis días, cuando correspondía efectuarlo por nueve meses y catorce días.

ix. En esa línea, se mantiene el criterio de la autoridad de primera instancia, toda vez que en sede recursiva la impugnante no aportó medio probatorio que desvirtúe lo determinado en la resolución apelada. En consecuencia, persiste la responsabilidad administrativa atribuida a la inspeccionada respecto al incumplimiento del pago correcto de la remuneración vacacional trunca. x. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme al artículo 14° de la LGIT, cuando el personal inspectivo verifica la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, debe requerir al sujeto inspeccionado la adopción, dentro de un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. xi. En el presente caso, se constató en el numeral 4.9 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción que, no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de mayo de 2021, al no haber acreditado los pagos correspondientes a los conceptos señalados en el numeral 4.8 de la referida Acta de Infracción, a favor de los ex trabajadores involucrados. Asimismo, se verificó que dicha omisión no fue subsanada durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. xii. De la revisión de la documentación presentada, se advierte que la medida no fue cumplida dentro del plazo y condiciones otorgadas. Siendo así, en atención al criterio 3) de la Relación de Criterios Aplicables en la Inspección del Trabajo, aprobada mediante Resolución Directoral N.° 029-2009-MTPE/2/11.4 de fecha 22 de mayo de 2009, las medidas inspectivas de requerimiento tienen carácter insubsanable, por lo que deben ser ejecutadas íntegramente dentro del plazo establecido para tal efecto. Además, conforme al criterio vinculante contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL de fecha 30 de julio de 2021, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha precisado que los actos u omisiones que impiden o dificultan la labor inspectiva constituyen infracciones autónomas, sin carácter secundario ni dependiente respecto de otras infracciones detectadas. En consecuencia, corresponde mantener la imputación por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, al no haberse acreditado su cumplimiento oportuno y total. xiii. Respecto a la solicitud de reducción de multa, el artículo 40° de la LGIT dispone que las multas impuestas podrán reducirse al treinta (30 %) por ciento cuando se acredite la subsanación de las infracciones detectadas desde la notificación del Acta de Infracción y antes del vencimiento del plazo para interponer el recurso de apelación. Sin embargo, al no haberse acreditado la subsanación total de las infracciones en materia de relaciones laborales, no resulta jurídicamente procedente la aplicación de dicho beneficio, manteniéndose la responsabilidad administrativa de la inspeccionada. xiv. Asimismo, se advierte que las actuaciones de los inspectores comisionados se realizaron conforme a los Principios que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo. Del mismo modo, la resolución de primera instancia se encuentra debidamente motivada, por cuanto expone de manera clara las razones que sustentan la determinación de las infracciones, valorando los medios probatorios y los argumentos de defensa de la inspeccionada, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 48.1 del artículo 48° de la LGIT y el numeral 6.1 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019- JUS. xv. En consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no logran desvirtuar las infracciones imputadas, las cuales fueron correctamente determinadas por la autoridad competente. En tal sentido, corresponde confirmar la resolución apelada en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 8 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COLD AIR SERVICE S.A.C

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 26 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 481-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se solicita que se declare fundado el recurso de revisión y se revoque la resolución impugnada, dejando sin efecto la decisión que desestimó el recurso de apelación y determinó la existencia de una infracción muy grave por presunta vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral en materia de relaciones laborales. Dicha resolución adolece de vicios sustanciales, al haberse emitido con vulneración de las garantías mínimas del Principio de Debido Procedimiento Administrativo y por falta de debida motivación, al no haberse valorado ni analizado de manera integral los fundamentos de defensa ni los medios probatorios ofrecidos.

ii. La infracción imputada corresponde al supuesto incumplimiento en el pago de vacaciones. Sin embargo, de las Resoluciones Directorales N° 0008420-202-SPL- MTPE/1/20.2 de fecha 13 de julio de 2020 y N° 31479.033-2020-SPL-MTPE/1/20.2 de fecha 30 de octubre de 2020, se acredita que un ex trabajador estuvo bajo suspensión perfecta de labores desde el 01 de mayo de 2020 hasta el 05 de enero de 2021. Por tanto, dicho periodo no debió ser considerado para el cómputo de las vacaciones. En consecuencia, el tiempo efectivamente computable ascendió a 9 meses y 1 día, habiéndose efectuado el recálculo correspondiente y realizado un reintegro de S/. 73.34, subsanándose plenamente la observación formulada. iii. En relación con otra ex trabajadora, se verificó que inició labores el 01 de agosto de 2019, con una remuneración mensual de S/. 1,400.00, y que mediante carta del 11 de febrero de 2020 comunicó su renuncia, dándose por concluido el vínculo laboral el 14 de mayo de 2020. A partir del 15 de marzo de 2020, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19, motivo por el cual la empresa otorgó licencia con goce de haber desde el 16 de marzo de 2020 hasta la fecha de cese, manteniéndose la continuidad del vínculo laboral por un periodo total de 9 meses y 14 días. iv. Del análisis de los medios probatorios se acreditó que la ex trabajadora registró 8 días de inasistencia injustificada en las fechas 09 de octubre de 2019, 17 de octubre de 2019, 21 de diciembre de 2019, 30 de enero de 2020, 07 de febrero de 2020, 14 de febrero de 2020, 25 de febrero de 2020 y 02 de marzo de 2020, según el control de asistencia y las boletas de pago respectivas. En consecuencia, el tiempo computable para el cálculo vacacional asciende a 9 meses y 6 días, habiéndose efectuado un reintegro de S/. 198.33, con lo cual se corrigió cualquier eventual error y se cumplió con la normativa vigente. v. Toda vez que la empresa subsanó las observaciones antes del vencimiento del plazo para la interposición del recurso de apelación, corresponde la aplicación de la reducción de la multa al 30%, conforme a lo dispuesto en el artículo 40° de la LGIT. vi. Por tanto, al haberse acreditado la corrección de los conceptos observados y advertirse vicios de motivación y valoración probatoria en la resolución impugnada, corresponde dejar sin efecto el extremo que ordena el pago ascendente a S/. 11,572.00, revocar la resolución impugnada y desestimar la imputación de infracción muy grave formulada en contra de la empresa. Subsidiariamente, en caso de no estimarse ello, debe aplicarse la reducción de la multa conforme a la normativa vigente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente

de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

evaluación de los alegatos formulados en relación a la medida inspectiva de requerimiento deben efectuarse considerando los siguientes aspectos:

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Figura N° 01

9 Obrante a fojas 63 al 68 del expediente inspectivo. 10 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT

derechos y libertades de los ciudadanos. En ese marco, a través numeral 22 del artículo 2° y el artículo 25° de la Carta Magna11 se reconoce el derecho al descanso vacacional.

11 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…). 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

respecto del primer ex trabajador se reconocieron vacaciones truncas por un periodo menor al exigido y, de manera similar, respecto del segundo ex trabajador, se consignó un periodo inferior al correspondiente, descontándose únicamente el tiempo de suspensión perfecta de labores; asimismo, durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador tampoco se presentaron documentos que acrediten el pago de las obligaciones laborales correspondientes.

Sobre la vulneración al Principio del Debido Procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (Énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos

administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis añadido).

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente

o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de

inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”. (Énfasis añadido).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

cuando lo que se atribuye a la impugnante es el hecho de no acreditar o pagar la remuneración vacacional trunca del periodo laborado, a favor de dos ex trabajadores, es decir, se le imputa a la impugnante una infracción laboral por no cumplir con el pago de dicho concepto.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

13 Contenido en el fundamento jurídico 14 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-PA/TC. 14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buen fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. (…).

de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en el extremo relacionado con la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los Principios de Debido Procedimiento y Motivación.

Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 15 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones laborales No acreditar el pago de las gratificaciones legales. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria de las gratificaciones legales. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por COLD AIR SERVICE S.A.C, en contra de la Resolución de Intendencia N° 481-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1524-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 801-2022- SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 12 de julio de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1524-2021- SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT.

TERCERO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo al momento en el que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 801-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 12 de julio de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 481-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 03 de mayo de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa respecto al extremo de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

SEXTO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.56 de la presente resolución.

SÉPTIMO. – Notificar la presente resolución a COLD AIR SERVICE S.A.C, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015MABJ – HR: 27181-2021