Cmac Piura S.A.C — Res. 625-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Participación en las utilidades (pago); Participación en las utilidades (Hoja de liquidación y sus formalidades). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con las formalidades de la hoja de liquidación de participación de utilidades, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,196.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de mayo de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Se encuentra acreditada la entrega de la hoja de liquidación por concepto de utilidades, más aún si la propia Sub Intendencia, en el fundamento 3.1.3 de la resolución apelada, lo ha señalado. Además, el ordenamiento jurídico vigente establece la posibilidad de la entrega de documentos laborales a través de sistemas electrónicos, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310. A través de un comunicado oficial del Ministerio de Trabajo se exhorta a los empleadores al uso de tecnologías de digitalización, información y comunicación para la debida suscripción y entrega de documentos laborales durante el estado de emergencia nacional que duró hasta el 27.10.2022 conforme al D.S. N° 130-2022-PCM. ii. La Autoridad Administrativa tiene la obligación de desvirtuar lo alegado respecto a la razonabilidad de la entrega de hojas de liquidación a través del Módulo Web ERP PAYROLL, lo cual no ha hecho. iii. La impugnante no ha tenido la intención de obstaculizar la labor inspectiva y, siendo que la empresa ha obrado de buena fe en todo momento, no ha incurrido en ninguna infracción a la labor inspectiva ni mucho menos ha tenido la intención de incumplir con el requerimiento de información.

2 Notificada a la impugnante el 22 de mayo de 2023, véase expediente sancionador.

i. El impugnante ha presentado hojas de liquidación de utilidades del mencionado ejercicio de los trabajadores materia de investigación. Adjunta pantallazos de un sistema ORACLE que, informa, es el sistema ERP – Payroll donde los colaboradores ingresan su usuario y contraseña para poder consultar y visualizar sus hojas de liquidación de las utilidades 2021. Sin embargo, cuando se informa de la posibilidad que el trabajador ingrese a dicho sistema, no acredita que cumpla con su obligación de realizar la entrega del documento, ya que se deja a voluntad de los trabajadores pode ingresar o no a dicho sistema. Del mismo modo, de las hojas presentadas, no se desprende el cargo de entrega a los trabajadores o la constancia de recepción del citado documento. ii. Para la aplicación de lo señalado en el numeral 3.2 del artículo 3 del D.L. N° 1310 debía cumplirse con los siguientes parámetros: 1) Que el pago de las obligaciones laborales económicas se deposite en cuenta por medio de empresas del sistema financiero 2) La puesta a disposición del trabajador de dichos documentos mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación 3) Que el medio utilizado garantice la constancia de su emisión por parte del empleado y 4) Adecuado y razonable acceso por parte del trabajador; es en función a dichos aspectos que se procedió a analizar la existencia de cada presupuesto para entender por cumplida la obligación establecida en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 892. iii. Respecto al primer supuesto, sobre que el pago de las obligaciones se deposite en cuenta por medio de empresas del sistema financiero, la conducta del recurrente se corresponde con lo previsto en la citada norma. iv. Respecto al segundo requisito, que se haya puesto a disposición del trabajador dichos documentos (hojas de liquidación de utilidades), de la lectura del Memorando CMP-GP-R03-2017-1176-A, proporcionado por la propia impugnante, se establece que no es obligatoria la entrega de boletas de pago firmadas a partir de marzo de 2017, indicando que dichas boletas se encontraban a disposición de los trabajadores en el Sistema de Colaboración Interna – Infoline aplicativo Modulo Web de Personal. v. Sin embargo, dicho documento no evidencia o acredita que se señaló a los trabajadores que las hojas de liquidación de utilidades se hallarían en dicho sistema, ya que solo se refiere a las boletas de pago. De este modo, no hay certeza de si en el sistema web que señala el recurrente, se haya garantizado la emisión y la puesta a disposición de las hojas de liquidación. Además, existe un comunicado donde se señala que las constancias de distribución de utilidades se enviarían recién a los respectivos mails detallados en la solicitud, debidamente firmadas, que presentasen los extrabajadores, lo que demuestra que el acto de envío de constancias de distribución de utilidades recién se daría a la presentación de cada solicitud, demostrándose con ello que las constancias no estaban disponibles a los trabajadores de manera permanente ni oportuna.

vi. Sobre el adecuado y razonable acceso por parte del trabajador, de las capturas de pantalla presentadas, respecto del trabajador Sergio Quispe, Wilson Ramos, Nelson Ramos, Celedonio Flores, Yanet Quispe, Yen Ríos, se observa que la fecha programada del documento es el 24 de enero de 2023, no guardando coherencia con la fecha oportuna en la que debió entregarse la hoja de liquidación del ejercicio 2021. Y sobre el trabajador Corpuna Aron, se indicó que no es posible mostrar la captura de pantalla por estar desvinculado laboralmente. Por tanto, no resulta precisa la información remitida toda vez que, en cada caso, las fechas programadas para la verificación de las constancias de distribución de utilidades, denotan que recién al 24 de enero de 2023 estuvo programada dicha información. Por tanto, tampoco se cumple el supuesto del numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310. vii. Además, en el extremo que cuestiona el fundamento 3.1.3 del acto recurrido, donde se señala que la subintendencia reconoció el cumplimiento de la entrega de hojas de liquidación con los requisitos de ley, dicha afirmación efectuada por la impugnante resulta contrario a la verdad, toda vez que en el referido fundamento, la autoridad sancionadora refiere el cumplimiento del pago de utilidades, sin pronunciarse sobre la entrega de hojas de liquidación de utilidades, por lo que en este extremo dicho argumento no responde a la verdad de los hechos, advirtiéndose vulneración al principio de buena fe procedimental. viii. Del mismo modo se hace la indicación que la recurrente no debe confundir la conducta sancionada, vinculada a la no entregar las hojas de liquidación de participación en utilidades; de este modo, en ningún momento del procedimiento en curso fue objeto de sanción el pago de utilidades. ix. Sin perjuicio de lo anterior, respecto a la conducta infractora de no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, intendencia concuerda con los fundamentos de la autoridad sancionadora que analizan dicha conducta (fundamentos 3.2.1 a 3.2.8 del acto recurrido); en este extremo resulta infundado el argumento recursivo, al no haberse probado de manera suficiente el cumplimiento de la entrega de las hojas de liquidación de utilidades a los siete trabajadores afectados, no existiendo causal que implique la revocación sobre la resolución de primera instancia. x. Además, se ha rectificado el error material en relación al monto consignado nominalmente en la parte final del Cuadro 1 de la Resolución de la Sub Intendencia de Sanción N° 218-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, conforme lo señalado en la parte considerativa de dicho acto administrativo, quedando inalterables los demás extremos de la rectificada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CMAC PIURA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 de junio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 112-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando lo siguiente:

i. La apelada incurre en nulidad al haber declarado, de forma inmotivada y contraria a derecho, el agotamiento de la vía administrativa respecto de una de las infracciones imputadas, conforme se observa en el numeral quinto de la resolución impugnada. Así, no existe norma legal alguna que indique que la autoridad administrativa tenga potestad para restringir el derecho de un administrado a contradecir algún criterio resolutivo de la administración, más aún si se trata de un pronunciamiento que ha resuelto imponer una multa a la impugnante. Asimismo, el recurso de apelación se ha sustentado en diferente interpretación de las pruebas producidas, principalmente respecto a la correcta entrega de hojas de liquidación a los trabajadores y, además, se ha sustentado en cuestiones de puro derecho, con lo cual, resulta contrario a derecho la decisión adoptada (sin motivación alguna) por parte de SUNAFIL de declarar por agotada la vía administrativa respecto a dicha imputación. ii. Aunado a ello, el D.S. 019-2006-TR, prescribe en su artículo 55° los recursos que puede interponer el administrado (como es el caso de la CMAC PIURA), siendo que dicho texto normativo no ha establecido la facultad de la Administración para denegar la interposición de dichos recursos durante el trámite de un procedimiento administrativo sancionador. Así mismo, el D.S. 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización

Laboral, no ha establecido alguna causal para negar de oficio y/o declarar por agotada la vía administrativa luego de haber interpuesto una apelación, negando la posibilidad de interponer un recurso de revisión. Se está contraviniendo lo dispuesto en el artículo 228° del TUO de la LPAG, mismo que dispone cuando un acto administrativo da por agotada la vía administrativa. La Intendencia de Cuzco no ha motivado debidamente en la impugnada la causal por la cual considera que se debe agotar la vía administrativa, defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, y por tanto, en la causal de nulidad prescrita en el numeral 2 del artículo 10° del D.S. 004-2019-JUS. iii. En cuanto a la entrega oportuna de la hoja de liquidación de utilidades y simplificación administrativa la impugnante ha cumplido, debida y oportunamente, con la entrega de las hojas de liquidación a los trabajadores supuestamente afectados, lo cual no ha sido valorado debidamente por la Intendencia Regional de Cuzco. Durante el procedimiento se han presentado documentos sustentatorios, mismos que son: Hojas de liquidación generadas el 24 de marzo del 2022 y firmadas por los trabajadores; así como las constancias y capturas del Módulo Web del ERP (PAYROLL) utilizado por la CMAC PIURA donde se entregan todos los documentos laborales referidos a obligación de pagos (boletas, constancias, hojas de liquidación), resultando erróneo lo desarrollado por la Intendencia de Cuzco en la página 6 de la resolución. Conforme se acredita en la imagen adjunta, en el sistema de Módulo Web del ERP (PAY ROLL), se generan automáticamente TODOS los documentos relacionados a constancia de pago de la empresa, tales como: boletas de pago, hojas de liquidación de utilidades, hojas de liquidación de CTS, entre otras, razón por la cual, si bien el memorando CMP-GPR03-2017- 1176-A se indicó de forma general “boletas de pago”; ello es un error, siendo que, el error no genera derecho ni mucho menos, se puede utilizar para sancionar a la empresa. iv. Aunado a ello, el ordenamiento jurídico vigente establece la posibilidad de la entrega de documentos laborales a través de sistemas electrónicos, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 3° del Decreto Legislativo 1310. Asimismo, la finalidad de la norma, establecida en la exposición de motivos del D.L. 1310, es eliminar las cargas administrativas para el empleador, conforme se detalla en la página 12 de la exposición de motivos. Por ello, la Autoridad Administrativa no ha realizado una correcta interpretación respecto a las normas de simplificación administrativa precitadas, siendo que, ello es una facultad de las empresas, y además, que el sistema utilizado por la CMAC PIURA, es decir, el Módulo Web del ERP (PAY ROLL), garantiza un adecuado y razonable acceso por parte del trabajador, lo cual además, no ha sido desvirtuado por la Administración, transgrediendo directamente el principio de presunción de licitud prescrito en el numeral 9 del artículo 248° del D.S. 004-2019-JUS. v. Además, a todos los trabajadores de la CMAC PIURA se les ha explicado y remitido tutorial sobre el uso del PAY ROLL, mediante correo electrónico, mismo que estamos adjuntando al escrito de impugnación, es decir, se acredita el adecuado y razonable acceso por parte del trabajador a dicho sistema, lo cual además se ha acreditado con documentos presentados en el presente procedimiento administrativo sancionador, tales como: (i) declaraciones juradas de los trabajadores supuestamente afectados, y, (ii) con la lista de usuario y clave de TODOS los trabajadores de la CMAC PIURA, incluidos los supuestos afectados. Por tanto, se acredita que el uso de este medio informático, además de asegurar el uso adecuado por el trabajador, acredita la constancia de emisión, siendo que la fecha se genera automáticamente y se consigna en el documento, lo cual se acredita en las hojas de liquidación que se está adjuntando.

vi. Resulta contrario a derecho lo resuelto por la Intendencia de Cuzco en la apelada donde, en la página 7 señala que, supuestamente, no se guarda coherencia con la fecha oportuna en la que debió entregarse la hoja de liquidación del ejercicio 2021 por cuanto, según una interpretación errónea de esta intendencia, la fecha de generación de las hojas de liquidación que figura en las capturas que se adjuntaron, es decir, 24 de enero del 2023, sería la fecha en la que la empresa habría generado el documento. Ello es falso por cuanto esta fecha se refiera al día en el que el trabajador solicitó o volvió a solicitar la hoja de liquidación de beneficios sociales, y el sistema la genera nuevamente, sin perjuicio de su depósito oportuno el 24 de marzo del 2022. vii. Es decir, la Intendencia no ha cumplido con su deber de acreditar debidamente el supuesto incumplimiento por parte de LA CMAC PIURA, más aún si esta es una de sus obligaciones, ello en atención al principio de Debido Procedimiento y al Principio de Presunción de Licitud, mismos que no se han aplicado correctamente en el presente procedimiento Administrativo Sancionador. viii. Sobre el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, dicha infracción no existe por cuanto la Autoridad Administrativa no está evaluando los medios probatorios presentados por la CMAC Piura que acreditan el pago íntegro de los beneficios ordenados en el requerimiento, a través de las constancias de depósito que se acompaña al presente y la entrega de hojas de liquidación a través del sistema de la entidad, cumpliendo así con el requerimiento del Inspector. ix. La empresa en ningún momento ha tenido la intención de obstaculizar la labor inspectiva, y, siendo que la empresa ha obrado de buena fe en todo momento, y cada vez que ha sido requerido por SUNAFIL, no ha incurrido en ninguna infracción a la labor inspectiva, por cuanto no ha obrado de mala fe ni ha tenido la intención de incumplir con el requerimiento de información. x. Finalmente, debemos señalar que la Intendencia de Cuzco, no ha aplicado los principios de Razonabilidad y Eficacia, mismos que rigen a todos los procedimientos administrativos, incluyendo los sancionadores, siendo que esta inaplicación está perjudicando a la CMAC PIURA.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción leve

"Artículo 49.- Recursos administrativos

Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

11 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado).

incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

12 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

Figura N° 01

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”13, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

13 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

Sobre la vulneración al principio de razonabilidad

14 Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa (...) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado;

criterios que deben ser seguidos para la imposición de la sanción; debe atenderse que en el presente procedimiento, la autoridad administrativa no tiene discrecionalidad para imponer un monto diferente al establecido en la tabla de multas recogido por el legislador, según lo regulado en el artículo 48 del numeral 48.1 del RLGIT; por lo tanto, la propuesta de multa contenida en la resolución impugnada, no afecta dicho principio, en tanto la graduación de dicha multa, ha sido realizada en función al número de trabajadores afectados, la gravedad de la falta cometida y el tipo de empresa, conforme se establece en el artículo 38 de la LGIT.

Sobre el principio de buena fe procedimental

“Artículo 14.- Materias impugnables”

El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

“QUINTO. - TENER POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA únicamente en el extremo referido a la infracción leve tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del D.S. N° 019-2006- TR, contenida en la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 218- 2023-SUNAFIL/IRE CUSCO”.

“(…) utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio” .

“…no debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso”16 (énfasis añadido)

15 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 16 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob cit. Página 107.

procede en contra de dichas infracciones, que no están dentro de las competencias de este Tribunal, habiéndose agotado ya la vía administrativa en dicho extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales

No cumplir con las formalidades de la hoja de liquidación de participación de utilidades. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de mayo de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CMAC PIURA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 112-2023-SUNAFIL/IRE CUS, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 370-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 112-2023-SUNAFIL/IRE CUS, en el extremo referente a una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CMAC PIURA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Exhortar al administrado a actuar bajo el principio de buena fe procedimental, conforme a los considerandos 6.29 a 6.37 de la presente resolución.

SEXTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250604RZR - HR: 111690-2023