Club Residencial los Girasoles de Huampani — Res. 600-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Bonificación no remunerativa (sub materia: incluye todas); remuneraciones (submateria: pago de la remuneración (sueldos y salarios); y gratificaciones); jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (submateria: vacaciones); compensación por tiempo de servicios (submateria: depósito de CTS). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 1.2 Que, mediante Imputación de Cargos N° 534-2021-SUNAFIL/ILM-AI3, de fecha 08 de marzo de 2021, notificada el 10 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios trunca de noviembre 2020 que comprende el periodo 01 de mayo de 2020 al 21 de junio de 2020, a favor de un extrabajador; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/6, 751.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 13 de noviembre de 2020; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11, 309.00. 1.4 Con fecha 21 de setiembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Subintendencia N° 746-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, presentando como nuevas pruebas: i) Carta Notarial de fecha 20 de setiembre de 2021 dirigida al extrabajador poniendo en conocimiento haber efectuado el depósito de CTS; ii) Liquidación de beneficios de fecha 17 de setiembre de 2021; iii) Voucher de depósito al Banco de la Nación de fecha 21 de setiembre de 2021; iv) Carta de fecha 20 de setiembre de 2021 emitida por el Banco de la Nación consignando liquidación de beneficios sociales; v) Informe N°003-2020- SSOMA/LVT/ADMCRGH de fecha 11 de noviembre de 2020. Asimismo, mediante Resolución de Subintendencia N° 1147-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5 de fecha 05 de noviembre de 2021, notificada el 08 de noviembre de 2021, se declaró fundado en parte al advertir que ha cumplido con subsanar antes del plazo para interponer el recurso de apelación, correspondiendo aplicar el inciso a) del artículo 40 de la LGIT, reduciendo la multa impuesta por la infracción al numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT a S/ 16, 034.70.

i. Que, ha operado la caducidad del procedimiento sancionador, ya que la resolución fue notificada luego de haber transcurrido 9 meses desde la fecha de emisión de la imputación de cargos que tiene la fecha de emisión de 17 de setiembre de 2020.

ii. Los derechos y los principios vulnerados por la demandada al expedirse la resolución administrativa materia de nulidad, señalan que el artículo 139° de la Norma Suprema del Estado, establece los Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional, consagrando en el inciso 3) la observancia del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional. En esa línea, se tiene que el debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto por parte de la Administración Pública y privada, de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (STC Nº 4289-2004-AA/TC, fundamentos Nº 3, 4 y 5). iii. El principio de legalidad, según el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; además, se recoge el principio del debido procedimiento, por el cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, invocando el principio de presunción de licitud. iv. Los artículos 3.4, 6.1, 6.2, y 6.3 de la Ley 27444, señalan respectivamente que, para su validez, el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directo a los anteriores justifican el acto adoptado. v. El Tribunal Constitucional ha establecido en la STC Nº 8495 2006-PA/TC que un acto administrativo, dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida, resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva a expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. vi. Respecto al contagio por COVID-19 y al supuesto incumplimiento de la medida de requerimiento de fecha 13 de noviembre de 2020, solicitan la aplicación de lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004- 2009, el cual dispone, en su artículo 257, como eximentes y atenuante de responsabilidad por infracciones, entre las cuales se señala como eximente el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. vii. La Superintendencia Nacional de Salud ha emitido un precedente vinculante administrativo sobre el caso fortuito y la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad por infracciones administrativas, en el que se refiere a la declaratoria de cuarentena general como consecuencia del Covid-19 como “(…) un evento excepcional en nuestro país y extraordinario”. No se trata de un «evento frecuente o repetitivo» (Casación Nº 1764 2015, Lima) que hubiere permitido a las partes adoptar algún mecanismo para prevenir tal escenario. viii. En virtud del estado de salud de trabajador, quien presentó una temperatura de 37.9, y al pertenecer al grupo de riesgo, en virtud de la edad de trabajador (72 años) la empresa no pudo dar cumplimiento al requerimiento del 13 de noviembre de 2020, más aún si se toma en consideración que, por carácter imperativo de las normas dictadas en el estado de emergencia sanitaria, dicho trabajador debe tener como mínimo 14 días calendario de aislamiento o cuarentena. Aunado a lo expuesto, se debe reiterar que el trabajador antes acotado presentó su declaración jurada, a efectos de que se le haga llegar las notificaciones a su correo electrónico, "overal@hotmail.com", siendo ello, así y conforme a lo expuesto en el punto precedente, no hacen más que acreditar que el trabajador en mención se encontraba imposibilitado de poder revisar, responder y/o atender los correos remitidos a su dirección electrónica. ix. Se debe reiterar que el COVID-19 de acuerdo al criterio señalado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en el precedente vinculante recaído en la Resolución N 022- 2021 SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 10 de junio de 2021, lo alegado por la Sub Intendencia, no hace más que vulnerar el deber de motivación, tipicidad, uniformidad, predictibilidad y debido procedimiento que el legislador le impone al emitir un acto administrativo, toda vez que al pretender que la apelante prevea un caso fortuito y de fuerza mayor como el estado de salud de un empleador contagiado por COVID19, no tiene asidero legal ni respaldo jurídico, por lo que solicitan sea revocado este extremo y dejar sin efecto la multa impuesta. x. Respecto a la supuesta infracción a la normativa sociolaboral de naturaleza subsanable, consistente en acreditar el pago de la compensación por Tiempo de Servicios precisan que la conducta, materia de sanción, únicamente versa en el no pago de la CTS de noviembre de 2020 de manera oportuna. Al respecto, y conforme a los descargos realizados, la apelante cumplió con el pago de la CTS, conforme se aprecia del cheque bancario recaído a través de la entidad bancaria-Banco BBVA, por el monto de S/3,282.04, recepcionado y recibido por el extrabajador el 01 de diciembre de 2020, conforme se aprecia en el print cuya imagen se visualiza en el escrito de apelación. En ese sentido, señalan que la apelante cumplió con el pago de la CTS de manera oportuna, mucho antes de haberse emitido la resolución de sanción, hecho que fue puesto en conocimiento del inspector de trabajo y de la Sub Intendencia, sin que estos últimos objeten el contenido de la liquidación pagada. xi. La apelante procedió a realizar un recalculo de liquidación de beneficios sociales, sin que dicha acción constituya una continuidad al requerimiento realizado primigeniamente; recalculo que fue realizado sin que exista requerimiento y/o medida correctiva respecto a la liquidación antes liquidada y cancelada al ex trabajador en mención siendo, por tanto, un hecho que no ha causado perjuicio ni mucho menos ha causado un daño insubsanable y/o advertido por el inspector, toda vez que en virtud del recalculo antes citado, se procedió al pago de S/ 106.88, pago que se generó a través del Banco de la Nación, conforme se aprecia en la captura de imagen que se visualiza en el escrito de apelación. xii. En el extremo negado que la autoridad considere un criterio distinto al expuesto, solicitan que se aplique el descuento del 50% de la multa impuesta originalmente, conforme lo dispone el literal 40.b del artículo 40° del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, toda vez que su representada cumplió con el supuesto regulado en la norma antes citada, esto es, ha subsanado la observación y/o el requerimiento dentro de los 10 días hábiles.

i. La autoridad de primera instancia concluye que el sujeto inspeccionado, con la liquidación de beneficios sociales de fecha 17 de setiembre del 2021, ha procedido a recalcular el concepto de Compensación por Tiempo de Servicios del ex trabajador, del 01/05/2020 al 21/06/2020, quedando un total a cancelar la suma de S/ 106.88, acreditando con el voucher de pago del Banco de la Nación, el haberse cancelado la suma de S/ 106.88 a favor del extrabajador; sin embargo, en el considerando 13 de la resolución apelada se ha señalado que si bien los documentos presentados, además de los que ya obran en los actuados del presente caso, acreditan que la empresa subsanó la omisión advertida por el inspector comisionado respecto a la Compensación por Tiempo de Servicios del ex trabajador, dicha subsanación fue realizada con posterioridad a la notificación de la resolución de Sub Intendencia Nº 746-2021-SUNAFIL/SIRES que se impugna. ii. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 257 numeral 1 literal f) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, la conclusión señalada por la Autoridad de primera instancia se encuentra arreglada a derecho, no existiendo, para el presente caso, posibilidad alguna de eximir la multa o que ésta sea dejada sin efecto. iii. Conforme lo ha señalado la Autoridad de primera instancia en el considerando 13 y sustentado en el considerando 16 de la apelada, en el presente caso y respecto a la infracción por el incumplimiento del pago de la compensación por tiempo de servicios, resulta aplicable la reducción de la multa regulada en el artículo 40 de la LGIT, al haberse acreditado la subsanación de la infracción relativa al depósito de la compensación por tiempo de servicios trunca de noviembre 2020, que comprende el periodo 01 de mayo de 2020 al 21 de junio de 2020, a favor de su ex trabajador, corresponde aplicar la reducción al 30% en este extremo. iv. Sin embargo, si bien la resolución apelada ha consignado, en el cuadro de infracciones del considerando 17, la determinación de la reducción al 30% antes señalada, se debe advertir que el cálculo de dicha reducción ha considerado la aplicación de una reducción del 30% del monto de la multa impuesta. Sin embargo, el artículo 40 literal a) de la LGIT señala que las multas se reducen “Al treinta por ciento (30%) de la multa originalmente propuesta o impuesta”; determinándose que el cálculo de la reducción aplicable al presente caso concluye el monto de la sanción

2 Notificada en fecha 22 de agosto de 2022. Véase en folio 119 del expediente sancionador. pecuniaria respecto a la infracción grave por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios es de S/ 2, 025.30. v. El Inspector actuante emite, en fecha 13 de noviembre de 2020, la medida inspectiva de requerimiento a través de la cual se requirió al sujeto inspeccionado adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia socio laboral, para lo cual se otorgó el plazo de catorce (14) días hábiles, señalándose el 04 de diciembre de 2020, como fecha para acreditar el cumplimiento de lo solicitado, estableciéndose el correo electrónico ebejar@sunafil.gob.pe, como el correo electrónico donde debía remitirse la documentación sustentatoria. Además, acorde al principio de predictibilidad o de confianza legítima, de forma escrita se le indicó que su incumplimiento constituiría infracción a la labor inspectiva sancionable con multa. Sin embargo, el sujeto inspeccionado, faltando a su deber de colaboración no cumplió con lo dispuesto en la referida medida. vi. Para el presente caso, conforme la se acredita en la “Constancia de Actuaciones Inspectivas” a folios 17 del expediente inspectivo, el Inspector de trabajo, en fecha 3 de noviembre de 2020, se apersonó a las instalaciones de la apelante, notificándose el “Requerimiento de Información por medio de sistemas de comunicación electrónica” donde se le solicita, entre otros, acreditar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios del trabajador Angulo. De esta manera, no es posible ni resulta atendible que la emplazada señale, como causa de fuerza mayor, el aislamiento de su área administrativa, considerando que conocía del requerimiento del inspector de trabajo con anterioridad a la fecha de la determinación de dicha medida al interior de la empresa. vii. En concordancia con lo señalado en el considerando 14 de la resolución apelada, los hechos señalados por el inspeccionado no justifican el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, considerando que el sujeto inspeccionado tenía la obligación y el conocimiento para proveer de todas las medidas necesarias para colaborar con la labor inspectiva, cuanto más si ya tenía conocimiento de la inspección laboral y que consintió que toda documentación se efectuaría a su correo electrónico. viii. Conforme se ha fundamentado en la presente resolución, corresponde también señalar que la decisión de la Autoridad sancionadora no vulnera los principios del procedimiento administrativo ni su derecho a la defensa, a los que hace alusión la inspeccionada en su recurso impugnativo, no existiendo razones que ameriten la declaración de nulidad del pronunciamiento venido en alzada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Club Residencial Los Girasoles De Huampani

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de setiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1384-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que se habrían vulnerado el derecho al debido procedimiento y motivación de los actos administrativos, así como también al principio de legalidad y uniformidad, por lo cual solicitan la nulidad de la resolución de intendencia. ii. Sostienen que se encontraban bajo un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, debido al estado de emergencia por Covid19, y que el trabajador que se encontraba a cargo de revisar, responder y/o atender al pertenecer al grupo de riesgo, no pudo dar cumplimiento al requerimiento de información de fecha 13 de noviembre de 2020. iii. Manifiestan que, respecto a la infracción a la normativa sociolaboral subsanable consistente en acreditar la compensación por tiempo de servicios, sus alegatos presentados en el recurso de apelación no han sido valorados, vulnerando el deber de congruencia que la ley de manera imperativa le impone a la administración pública.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o i ii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse

Caso fortuito o fuerza mayor

sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” 10 TUO de la LPAG Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada” 11 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II. Página 517 adicionalmente, que este reviste de las características de extraordinario, imprevisible e irresistible12.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

12 Respecto a estas características, cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por De Trazegnies, lo extraordinario es entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa generadora del daño, notorio o público y de magnitud; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera de lo común para todo el mundo. Asimismo, siguiendo al citado autor, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él. (DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 - 341). Partiendo de ello, el mencionado académico señala: para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario" (p. 339).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido). 6.13 Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la medida de requerimiento, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”13:

13 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 1 Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

Sobre la supuesta vulneración a la motivación, legalidad y debido procedimiento 6.22 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo –como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios trunca de noviembre 2020 que comprende el periodo 01 de mayo de 2020 al 21 de junio de 2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha de noviembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1384-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 19 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 193-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1384-2022-SUNAFIL/ILM, sobre la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250604LGN - HR 117023-2023