Club de Regatas Lima — Res. 781-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: R elaciones colectivas (S ub materias: convenios colectivos) y J ornada, horario de trabajo y descansos remunerados (S ub materias: vacaciones). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT). Se precisa que de manera primigenia se emitió la Imputación de Cargos Nº 2651-2020- SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 10 de diciembre de 2020, notificada en fecha 16 de diciembre de 2020, la cual dio origen a un procedimiento administrativo que fue declarado caduco mediante Resolución de Sub Intendencia Nº 888-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE52.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber acreditado el cumplimiento de la cláusula novena y décimo cuarta del convenio colectivo 2018-2019 suscrito con el Sindicato, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las vacaciones vencidas y no gozadas , tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada , tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 51,030.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 51,030.00.

i. Lo argumentado en el considerando 19 de la resolución apelada no es correcto, pues si bien la empresa era quien tenía que autorizar sin trámite previo el evento a realizarse el primer sábado del mes de marzo; sin embargo, el Sindicato nunca nombró una comisión para dicha fecha, razón por la cual la empresa no autorizó la actividad, no obstante, así lo hubiera autorizado, el Sindicato no había conformado la comisión para la realización del evento y ésta autorización no hubiera surtido sus efectos. ii. Sobre la carta señalada en el considerando 21 de la resolución apelada, es correcto, pues la empresa está abierta a la coordinación del evento y como la carta emitida

2 Notificada al impugnante el 27 de setiembre del 2021, véase folio 128 del expediente sancionador.

por el Sindicato fue posterior a la fecha pactada, es conveniente que el Sindicato mediante su comisión para la actividad indique en qué fecha estime conveniente llevar a cabo la actividad, toda vez que la empresa tiene semanalmente eventos ya pactados, siendo necesario que todo evento adicional y posterior a la fecha pactada sea coordinando, es así que, luego de enviar la carta, la comisión no volvió a indicar nada más, quedando en el aire el evento que pudo realizar con las coordinaciones previas. iii. Si bien la empresa no cumplió con la entrega de uniformes a todos los trabajadores esto no quiere decir que no se haya cumplido con algunos de los trabajadores, además, no se ha valorado apropiadamente la declaración del señor López , quien es dirigente del gremio y a su vez defensor de los derechos de los trabajadores afiliados al Sindicato, vulnerando así el principio de presunción de veracidad, ya que dicha declaración responde a la verdad al indicar que la empresa realizó la entrega de uniformes, respetando los plazos y específicamente contenidas en el convenio colectivo. iv. Se ha efectuado el pago de la indemnización vacacional por el período 2017-2019, el mismo que se encuentra acreditado en las boletas de pago de los dos trabajadores. v. La empresa tiene la voluntad de colaborar asistiendo a todas las comparecencias, por lo cual resulta irrelevante la sanción en este extremo y se indique sin medios de prueba sobre una supuesta inasistencia. vi. La empresa ha cumplido a cabalidad lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento, por lo que resulta una sorpresa la imputación de una infracción por la falta de colaboración.

i. A juicio del comisionado, la administrada no cumplió con acreditar el cumplimiento de la cláusula novena y décimo cuarta del convenio colectivo 2018-2019, respecto de la realización de una actividad pro-campaña escolar, suscrito con el Sindicato de Empleados del Club Regatas Lima, (en adelante, el Sindicato), incumpliendo tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. ii. Que el Sindicato haya cursado documentación para la conformación de la comisión de manera extemporánea no le exime de responsabilidad al inspeccionado, en razón a que el convenio colectivo materia de análisis no se condicionó el inicio de la actividad con un procedimiento previo atribuido al gremio sindical. Adicionalmente, ha quedado pendiente la entrega a 109 trabajadores de sus uniformes, lo cual no ha sido subsanado por la administrada. iii. De la revisión de las boletas de pago obrantes en el expediente inspectivo, se aprecia únicamente el concepto por indemnización vacacional del período laborado 2017- 2028, más no se acredita medio probatorio, el pago de los otros conceptos a que tienen derecho los trabajadores mencionados por las vacaciones vencidas y no gozadas, aunado a ello, las boletas de pago ofrecidos por el inspeccionado no se encuentran firmados por los trabajadores, por lo que, al no contar con las respectivas firmas no existe certeza que se haya cumplido con el pago de los beneficios sociales. iv. La inspeccionada se encontraba válidamente notificada para la comparecencia a desarrollarse el 11 de octubre de 2019 a horas 9:00 am, sin embargo, no asistió, sin identificarse la presentación de prueba alguna que la exima de responsabilidad por la infracción imputada. v. Se emitió la medida de requerimiento el 02 de octubre de 2019, con la finalidad que la administrada cumpla con acreditar el cumplimiento de la cláusula cuarta y décimo cuarta del convenio colectivo 2018-2019, así como el pago de los conceptos por las vacaciones vencidas y no pagadas; obligación a lo cual no dio cumplimiento dentro del plazo. Del mismo modo, al no haberse acreditado la subsanación de la totalidad de las infracciones, no resulta posible aplicar la reducción de multa, por lo que se mantiene la responsabilidad de la administrada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Club De Regatas Lima

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1590-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Del contenido de la cláusula novena del convenio, se advierte que la organización estará a cargo de una “Comisión nombrada por el Sindicato de Empleados”, de lo que hasta ahí se tiene que sí se establece una función para que se realice dicha actividad no estaba a cargo del Club sino del propio Sindicato. Por tanto, constituye un error en la interpretación del acuerdo convencional que el Club haya sido el encargado para tramitar la autorización del evento. ii. Sobre la base de la declaración del Sr. López se acredita el cumplimiento efectivo por parte de la empresa de la cláusula décimo cuarto del convenio colectivo, al haberla

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

efectuado en calidad del representante del sindicato; sin embargo, no fue valorado adecuadamente. En ese sentido, se cumplió con acreditar que se entregaron uniformes a 126 trabajadores y no a 38 como se sostiene en la resolución venida en grado. iii. En el marco del criterio definido mediante la Resolución de Superintendencia Nº 016- 2020-SUNAFIL, el cual refiere a la acreditación de las obligaciones laborales mediante cualquier medio de pago, se debió haber valorado las boletas de pago que dan cuenta del pago del concepto de vacaciones, independientemente que no se encuentren suscritas por los trabajadores. iv. Respecto de la medida inspectiva de requerimiento, la empresa nunca se negó a exhibir la documentación, motivo por el cual no se puede pretender la aplicación de sanciones administrativas en contra del Club.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

Sobre la presunta vulneración al principio de tipicidad

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

tipificación en el proceso administrativo, según lo fundamentado en el numeral 6.3. de la Resolución N° 318-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 17 de setiembre de 2021, así tenemos:

“i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto10.”

10 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269. 6.17. De los actuados se advierte que, al momento de subsumir la conducta infractora, se confunde la omisión del pago de las vacaciones del régimen privado con la omisión de otorgamiento del descanso vacacional, lo cual resulta erróneo, pues se trata de dos conductas distintas. Tanto es así que, para la configuración del primer tipo infractor, se requiere que el trabajador haya gozado de su descanso vacacional; sin embargo, el empleador no canceló de forma íntegra y oportuna, entre otros, el pago correspondiente al concepto de remuneración vacacional o de vacaciones truncas. Mientras que, para el segundo, el/la trabajador(a) debe haber alcanzado el derecho al descanso vacacional; y, a pesar de ello, su empleador no cumplir con su otorgamiento, es decir, que el trabajador no haya gozado de su derecho al descanso vacacional, supuesto determinado en el presente caso.

11 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.” (énfasis añadido)

12 Artículo 10.- Causales de nulidad “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…).” Sobre la inconcurrencia a la medida de comparecencia e incumplimiento de la medida de requerimiento

“9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…).”

requerimiento no ha logrado sus efectos en razón al proceder obstructivo del administrado, al no haber concurrido a la comparecencia programada para el 11 de octubre de 2019 a las 9:00 horas, el cual fue válidamente notificado, lo cual generó la configuración de dos (02) infracciones de naturaleza inspectiva, la correspondiente a la no comparecencia y el incumplimiento de la medida de requerimiento, tipificadas bajo el numeral 46.10 y 46.7 respecto del artículo 46 del RLGIT, respectivamente.

Figura N° 01

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el cumplimiento de la cláusula novena y décimo cuarta del convenio colectivo 2018-2019, suscrito con el sindicato. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No asistir a la comparecencia programada para el 11 de octubre de 2019 Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No acreditar cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CLUB DE REGATAS LIMA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1590-2022-SUNAFIL/ILM, de 30 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 709-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia Nº 0903-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 03 de agosto de 2022, y de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 709-2020- SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 0903-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 03 de agosto de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1590-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT. QUINTO. - Declarar agotada la vía administrativa, respecto al extremo referente de las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. SEXTO. -Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.36 de la presente resolución. SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución a CLUB DE REGATAS LIMA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702RLSH HR: 69507-2019