Clínica Santa Martha del Sur S.A.C — Res. 619-2024

Mediante Orden de Inspección N° 230-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 961-2019- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por incumplir con el pago de horas extras; así como por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 14 de marzo de 2019.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 2019-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 4 de noviembre de 2020, notificado el 22 de diciembre de 2020, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1455-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 27 de julio de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 747-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 8 de setiembre de 2021, notificada el 10 de setiembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 102,060.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 30 de setiembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 747-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3. Asimismo, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1044-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 28 de octubre de 2021, notificada el 3 de noviembre de 2021, se declaró infundado el recurso de reconsideración, al considerar que los documentos presentados en calidad de prueba nueva no desvirtúan la comisión de las infracciones sancionadas.

Con fecha 22 de noviembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1044-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1053-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 21 de junio de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando el monto de la multa, por considerar los siguientes puntos:

Con escrito de fecha 15 de julio de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1053-2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-003766-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 27 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral,

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CLINICA SANTA MARTHA DEL SUR S.A.C. (ANTES CLINICA SANTA MARIA DEL SUR S.A.C.) presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1053-2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 102,060.00 por la comisión de dos (2) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 27 de junio de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CLINICA SANTA MARTHA DEL SUR S.A.C. (ANTES CLINICA SANTA MARIA DEL SUR S.A.C.)

Previo al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.” 6.2. En ese entendido del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento9, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

La impugnante alega que no se han valorado los medios probatorios presentados, en específico el registro de control de asistencia con el que acreditó las horas laboradas por sus trabajadores, no siendo relevante si el mismo fue presentado en una hoja simple. Asimismo, señala que en las declaraciones presentadas ante SUNAT se han consignado no solo las horas efectivamente laboradas, sino también las horas de descanso semanal obligatorio, no correspondiendo el reconocimiento y pago de horas extras.

Sobre el particular, es oportuno señalar que, en concordancia con el desarrollo de los fundamentos 13 y siguientes de la sentencia recaída en el expediente N° 4635-2004- AA/TC, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que los alcances referidos a la jornada de trabajo, el horario y el trabajo en sobretiempo deben entenderse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT10, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú11, los precedentes vinculantes que sobre el particular emita el Tribunal Constitucional y la norma especial sobre la materia.

Según el fundamento 15 de la sentencia citada, “las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son prescritas como máximas en cuanto a su duración”.

Debemos indicar que el artículo 10 del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo prescribe que “el tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes”.

Como puede desprenderse de la norma antes citada, bastará que el inspector corrobore la existencia de tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal para que la misma sea considerada como en sobretiempo y se requiera que se abone, con un recargo, conforme lo establece la norma de la materia.

En el caso sub examine, se advierte que el inspector comisionado dejo constancia, en el numeral 4.3.2. del Acta de Infracción que, “La jornada y horario de trabajo del personal técnico asistencial es variable y rotativo habiéndose verificado que en los meses de agosto y setiembre del 2018 no excedían del límite de ciento cincuenta (150) horas mensuales que estipula la ley”. Asimismo, determinó que “De la revisión de la documentación proporcionada por la inspeccionada (Declaración a la SUNAT en los formatos, R02 (Detalle de ingresos) y R06 (Jornada Laboral) del PDT - PLAME, boletas de pago de remuneraciones y registro de control de asistencia) se ha determinado que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018, la inspeccionada incrementó la jornada ordinaria de los trabajadores que se mencionan líneas abajo, excediendo el límite de ciento cincuenta (150) horas mensuales establecido en la Ley 2856112 y su Reglamento13 (…)”. Verificándose del numeral 4.3.3 del mismo documento, que el comisionado determinó que los trabajadores afectados, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, laboraron en jornadas superiores al límite antes señalado, de acuerdo al cuadro resumen consignado en dicho numeral.

Como se advierte de lo señalado, el comisionado efectuó al análisis de toda la documentación aportada por la impugnante, no resultando amparable el extremo del recurso de revisión referente a la falta de valoración de los medios probatorios presentados.

Debemos considerar que en el Formato R06: Trabajadores – Jornada Laboral14, la impugnante declaró la información referente a la jornada laborada por sus trabajadores, efectuando el detalle de los días laborados, días subsidiados, días no

Respecto a los documentos denominados “Rol Coordinación Enfermería – Supervisión enfermería”15, remitido por la impugnante, se advierte que el mismo contiene los nombres del personal de la impugnante, los rangos de los turnos diurnos, nocturnos, mañana y tarde, la asignación de los turnos a sus trabajadores y el total de horas asignadas.

Sobre el particular, el Decreto Supremo N° 004-2006-TR16, “Disposiciones sobre el Registro de Control de Asistencia y de Salida en el régimen laboral de la actividad privada”, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa: “Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o subcontratistas”.

La exposición de motivos del Decreto Supremo N° 004-2006-TR hace referencia a la obligación de llevar registros al tiempo de trabajo, reconocido en el literal c) del artículo 8 del Convenio N° 01 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada máxima de trabajo a través del registro de las horas laborales, “uniformizando el control de tiempo de trabajo, darle seguridad jurídica a los trabajadores, y garantizar el cumplimiento de la jornada máxima de trabajo”, así como el “Establecer presunciones para una mejor fiscalización del trabajo en sobre tiempo y un cumplimiento más efectivo de los derechos y obligaciones que se generan con ocasión de su prestación”, entre otra.

Por su parte, en el artículo 3 del mismo dispositivo legal se establece que “El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

La finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Para tales efectos, dicho registro debe contener la siguiente información mínima “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro Único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo”.17

En ese entendido, del “Rol Coordinación Enfermería – Supervisión Enfermería”, presentado por la impugnante durante las actuaciones inspectivas, no se advierte que contenga la información mínima exigida para el registro de control de asistencia, no debiendo ser considerado como tal. Cabe señalar que, si bien en dicho documento se realiza la determinación de rango de horas por cada turno, no se advierte que el mismo contenga la hora y minutos de ingreso y salida de cada trabajador.

Es oportuno señalar que, recién durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, la impugnante presentó como parte del contenido de sus escritos de descargo reporte respecto de algunos trabajadores; asimismo, adjuntó a dichos escritos reportes pertenecientes a sus trabajadores que contienen los datos de identificación de los trabajadores, horas de inicio y fin, y observaciones. Documentos que no se encuentran firmados por el representante de la impugnante, así como tampoco contiene datos de identificación de la impugnante, como lo establece la norma antes citada.

Sin perjuicio de ello, se advierte que la información de los referidos reportes difiere del documento denominado “Rol Coordinación Enfermería – Supervisión Enfermería”, presentado por la impugnante. Así, por ejemplo, para el caso de la trabajadora Mirian Bernardo Aguilar, de acuerdo al reporte de asistencia del mes de noviembre, se consigna que el día 2 de noviembre de 201818, se consigna que dicha trabajadora laboró en el horario de noche, esto es, de las 20:00 a 8:00 horas, sin embargo, del rol de coordinación19 se advierte que en la referida fecha la trabajadora tenía asignado el turno diurno, esto es, de las 8:00 a 20:00 horas. Lo propio ocurre para el caso del 7, 10, 12, 16, 17, 22, 25 y 27 de noviembre de 2018, fechas en las que la trabajadora tenía asignados los turnos diurnos o de mañana, respectivamente, no siendo este el único supuesto que se advierte de la documentación presentada.

En tal sentido, compartimos la argumentación desarrollada por las instancias previas, en el extremo de que el “Rol Coordinación Enfermería – Supervisión Enfermería” y los reportes presentados por la impugnante, no solo no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para ser considerados como registro de control de asistencia, sino que los mismos no aportan la información certera y veraz respecto de la jornada de trabajo de los trabajadores, como sí se desprende de la información consignada por la propia impugnante en el Formato R06.

Respecto a que la información consignada en el Formato R06 contemplaba las horas del descanso semanal obligatorio, debemos señalar que, como se desprende de la

Por tanto, se advierte que se ha efectuado la correcta valoración de los medios probatorios, no configurándose las vulneraciones alegadas por la impugnante, no correspondiendo acoger dichos extremos del recurso de revisión.

En ese entendido, encontrándose plenamente acreditado por los inspectores comisionados y corroborado por las instancias previas —con la verificación de las horas laboradas consignadas en el Formato R06— que los trabajadores afectados laboraron jornadas superiores a las ciento cincuenta (150) horas mensuales establecidas en la Ley 28561 y su reglamento, y constatado el incumplimiento en el pago de dichas horas extras, corresponde confirmar la multa por la referida infracción.

El artículo 14 de la LGIT establece lo siguiente, respecto de las medidas de requerimiento: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

Por ello, la LGIT señala que la emisión de medidas de requerimiento constituye una potestad de los inspectores de trabajo20, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización en aquellos supuestos en los que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector21.

Es decir, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador22. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión -a consideración de esta Sala- atenta contra el Principio de Razonabilidad23.

De autos se observa que la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 14 de marzo de 2019, contenía los siguientes mandatos: “i) Acreditar la efectiva recepción de las correspondientes boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores administrativos y asistenciales, durante los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018; ii) De ser el caso, acreditar que hubo acuerdo con los trabajadores, para la entrega de las boletas de pago de remuneraciones por correo electrónico”. Otorgando para dicho efecto un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

En mérito a dicho requerimiento, la impugnante, se apersonó a la diligencia del día 21 de marzo de 2019, presentando documentos que a criterio del comisionado no acreditan la subsanación de la infracción respecto al pago de horas extras de los trabajadores afectados, incurriendo en dicha infracción.

Es oportuno señalar que este Tribunal, mediante Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la

Debemos tener en cuenta que la infracción a la labor inspectiva, materia de análisis, es de comisión inmediata e insubsanable24, lo que implica que se configura y consuma en el momento en el que se realizó el incumplimiento, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. Por lo que su incumplimiento en el plazo otorgado permite evidenciar su configuración.

Asimismo, de la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que los inspectores comisionados realizaron una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y 17.225 del RLGIT, referente a que para la emisión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico, cumpliendo con la aplicación del principio de legalidad, conforme se advierte de los fundamentos de la medida inspectiva de requerimiento, en la que se determinó que los trabajadores de la impugnante laboraron jornadas en sobretiempo, las mismas que no fueron canceladas por la impugnante.

En tal sentido, se advierte que los comisionados efectuaron la correcta determinación de las conductas infractoras imputadas, los trabajadores afectados, las normas aplicables y no cumplidas, así como la forma de subsanación de dichas infracciones. Por lo que, la medida de requerimiento referida se encuentra correctamente emitida.

Por tanto, la impugnante se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a dicha medida de requerimiento de manera íntegra, esto es, a cada uno de los requerimientos efectuados por el comisionado, supuesto, que como se ha señalado, no ha cumplido. En tal sentido, en aplicación del principio de razonabilidad, y luego de la valoración, por parte del inspector comisionado y esta Sala, de los hechos y medios probatorios aportados, se evidencia el incumplimiento del deber de colaboración por parte de la impugnante, así como el no cumplimiento de lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento, correspondiendo confirma la sanción por dicha infracción.

Por tanto, habiéndose corroborado que la impugnante no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento en el plazo otorgado, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Asimismo, se advierte que la impugnante alega que se han inaplicado el debido procedimiento administrativo y el deber de motivación. Sobre el particular, se advierte que la impugnante reitera los alegatos ya absueltos en la resolución impugnada. Sin perjuicio de ello, debemos señalar que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional —máximo intérprete de la Constitución— se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia como la Resolución impugnada han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiendo el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En ese entendido del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna al debido procedimiento ni al deber de motivación, no correspondiendo acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Respecto a vulneración del principio de presunción de inocencia, debemos considerar que, como se ha señalado previamente, la documentación presentada por la impugnante respecto a la jornada de trabajo de sus trabajadores no genera la convicción de las horas laboradas, como si se desprende del Formato R06 presentado por la impugnante. Por lo que, encontrándose correctamente determinadas las imputaciones por parte del comisionado y las instancias previas, se advierte que la impugnante no presentó medio probatorio fehaciente que desvirtúe las imputaciones efectuadas, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, precisando que “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

En ese sentido, en el artículo 47 del RLGIT, se dispuso, además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, según lo dispuesto por el artículo 246 numeral 3) del TUO de la LPAG26. Considerando ello, en la resolución de primera instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, sobre la base de lo sustentado y de acuerdo a la normativa vigente. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni la Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto, salvo la aplicación de la reducción de la misma, cuando corresponda.

Si bien en el acta de infracción y en las resoluciones previas se consignó por error que el cálculo de la multa se aplica en consideración al valor de 12.5, lo cierto es que ello solo constituye un error material, pues para el cálculo del monto de la multa se consideró el valor de 12.15, establecido en la tabla de sanciones vigente al momento de determinar la configuración de las infracciones. Por tanto, considerando que dicho error material no incide sustancialmente en los pronunciamientos emitidos, ni afecta los derechos de la impugnante, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.