Clínica San Jose S.A.C — Res. 1023-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores en la Planilla); y, Seguridad social (Sub materia: Inscripción en la seguridad social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e, Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones)). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, las mismas que fueron requeridas en fechas 28 de marzo y 01 de abril de 2022, cuyo incumplimiento se dio en fechas 31 de marzo y 04 de abril de 2022, respectivamente, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. Refieren que, el 25 de marzo de 2022, con varios días de anticipación, cumplieron con remitir toda la documentación solicitada por el inspector de trabajo; no es cierto que se haya incurrido en la infracción al deber de colaboración, atentando al principio de predictibilidad o de confianza legítima. ii. Alegan que, días posteriores se requiere nuevamente información ya presentada el 25 de marzo de 2022, con el único fin de sancionar; en tanto que, en fecha 28 de marzo y 01 de abril, piden la misma información y sobre estas últimas se impone sanción y se omite en forma mal intencionada, guardar silencio respecto a la información presentada el 25 de marzo de 2022. iii. Señalan que las actuaciones de la autoridad administrativa deberían ser congruentes con las expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos; por lo que, debe someterse a motivar adecuadamente sus resoluciones y no actuar arbitrariamente; en tal sentido, el Tribunal de Fiscalización Laboral emite la Resolución N° 702-2012-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en su numeral 6.29, señala que no se puede soslayar que el personal inspectivo tiene más medios para poder procurar el conocimiento al administrado, así como, en el numeral 6.30, precisa que, conforme a la doctrina especializada, cuando se aplica una sanción, más allá de los estándares de la razonabilidad, se comete un exceso de punición. iv. Precisan que, el Tribunal de Fiscalización Laboral advierte que imponer 02 depósitos y comunicaciones sobre el mismo hecho (como sucede en el presente caso), es un exceso de punición, toda vez que el personal inspectivo tiene más medios para procurar el conocimiento del administrado y en amparo del principio de predictibilidad o de

confianza legítima, no puede variar irrazonablemente e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables, por consiguiente debe archivarse el presente caso y eximirlos de la sanción que se pretende imponer. v. Sostienen que, el 26 de octubre de 2022 presentaron los descargos pertinentes a las imputaciones contenidas en el informe final de instrucción, sin embargo, se omite analizar si con la supuesta conducta habrían obstruido la labor inspectiva, ello entendido con la acción deliberada en entorpecer la labor inspectiva, y si como consecuencia se habría configurado la infracción que les acusa. vi. Por último, manifiestan que el 25 de octubre de 2022, demostraron su deber de colaboración, remitiendo la planilla de diciembre 2021, así como los recibos por honorarios emitidos los meses de enero y marzo de 2022.

i. Que, la Resolución N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala en su fundamento 14 y 15 hace la diferencia entre el retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas de los fiscalizadores actuantes, distinguiéndose de la negativa del sujeto inspeccionado de entregar información al inspector de trabajo, para lo cual se debe observar que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT. ii. En el presente caso, se verifica que, el desarrollo del procedimiento de investigación concluyó con la emisión del Acta de infracción el 13.04.2022 la misma que se notificó con la imputación de cargos el 08.07.2022, oportunidad que el sujeto inspeccionado negó todos los hechos y con posterioridad a la notificación del Informe final de instrucción, recién presenta la información solicitada en etapa inspectiva, es decir, acreditando en tal medida su incumplimiento, que contando con la información la presenta con mucha posterioridad en otra etapa procedimental. iii. Conforme se viene explicando, en la etapa inspectiva no se puede advertir una demora, toda vez que la información solicitada por el inspector fue presentada después de la notificación del informe final de instrucción (es decir, en la etapa sancionadora, ya cuando había concluido la etapa inspectiva) verificándose así la infracción a la labor que venía desarrollando el inspector en su oportunidad. iv. Evidenciando que la conducta del sujeto inspeccionado impidió la continuación de la inspección respecto a las materias objeto de investigación contenido en la orden de

2 Notificada el 23 de enero de 2023.

inspección Nº 388-2022- SUNAFIL/IRE-CUS que versaba sobre registro de planillas, seguridad social inscripción en salud y pensiones. v. Entonces, se hace mal al señalar que se habría cumplido con entregar la información cuando la infracción y sanción impuesta, corresponde a las conductas de incumplimiento sobre hechos posteriores a la presentación de los documentos de fecha 25.03.2022. vi. Con relación a la Resolución Nº 702-2012-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, ésta no reviste una aplicación de vinculante, motivo por el cual se ha citado la aplicación del razonamiento establecido en la Resolución N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala con relación a la naturaleza y aplicación de sanción en el marco del requerimiento de información.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CLINICA SAN JOSE S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 016-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes alegatos:

i. Demuestran que se encuentran muy cerca de la SUNAFIL, y que la documentación solicitada por una visita inspectiva fue cumplida. ii. Señalan que, desde que inicio la inspección no sabían las materias objeto de fiscalización, solo fueron objeto de requerimiento de información, sin poner el inspector en conocimiento que materias eran objeto de fiscalización, lo que se puede demostrar de los actuados y acciones realizadas por el inspector de trabajo. iii. Precisan que, ya en el procedimiento sancionador se enteran cuáles habían sido las materias de inspección, por lo que, para dichas materias inspectivas debían cumplir con el Protocolo N° 02-2018-SUNAFIL/INII, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 07- 2018-SUNAFIL, que ordena en este tipo de casos, la obligatoriedad de la visita inspectiva, así se desprende del numeral 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3, por lo que se debe verificar la existencia de una relación laboral en base a medios de prueba y no como en el presente caso, recién

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

en el procedimiento sancionador, vulnerándose el principio de predictibilidad y confianza legítima. iv. Por otro lado, refieren que se incumple el plazo materia de inspección, habida cuenta que dicho protocolo dice que las materias deben investigarse en 20 días como máximo; sin embargo, se otorgó 30 días al inspector, de esto tampoco tuvieron conocimiento, hasta recién en el procedimiento sancionador, cuando se les notifica la resolución que impone la multa. Entonces, señalan que, han actuado desconociendo el motivo de la investigación y expuestos a una incertidumbre respecto de la forma y el plazo de inspección que realizaba la Sunafil, violando el principio de probidad que rige el Sistema de Inspección del Trabajo en la Ley N° 28806. v. Alegan que, si cumplieron con mandar información, el mismo día que los visito el inspector, del cual no han tomado conocimiento qué evaluación le mereció la información alcanzada el 25 de marzo de 2022, incluso varios documentos con anterioridad, violando de esta forma el principio de objetividad. vi. De la notificación a la casilla electrónica señalan que, tenían como responsable al señor Alan Gustavo Sota Orellana, quien no informo nada al señor José Alberto Ordoñez Jara, quien estuvo en su lugar, notificándose a personas que ya no laboran, por lo que, piden que se pueda verificar en la plataforma de notificación y alertas de la casilla electrónica para corroborar lo indicado; adjuntando como adicional el alta y baja de dichas personas, lo que permite acreditar que contaban con malos trabajadores, habida cuenta que no se puso en conocimiento de ninguno de los dos, perjudicándolos, por tanto, no surte eficacia dicha notificación. vii. Con relación a la labor inspectiva, sostienen que, lamentablemente por un trabajo deficiente de su personal de recursos humanos, es cierto que no remitieron la información, pero creen injusto que el inspector sin visitar su centro de trabajo y sin agotar los medios de investigación, imponga una sanción sobre “supuestos trabajadores laborales”, más aún, que se omita pronunciarse sobre la información que sí cumplieron en remitir para su evaluación. Asimismo, cuestionan que el sistema de inspección de trabajo permita que sobre los documentos que mandaron se presuma (sin visita o verificación alguna), una sanción sobre la base de personas no inspeccionadas, estando tan cerca su establecimiento del local de Sunafil. viii. Manifiestan que su cuestionamiento esta dirigido a la forma de determinación de la sanción, específicamente respecto a la determinación de la cantidad de trabajadores, en tanto que, se consignan 64 supuestos trabajadores afectados, pero no se hizo investigación, lo cual consideran desproporcionado, ilógico y sin sustento. Al respecto, consideran que, si bien hubo una infracción, ésta debería estar acorde a las acciones verificadas, constatadas por el inspector y no sobre supuestos, como lo establece la LGIT y la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, en su segundo párrafo, numeral 8.2.6. ix. Alegan que, el 25 de marzo de 2022, cumplieron con otorgar la documentación (constancia de presentación de planillas de los periodos enero a febrero 2022, constancias de alta de trabajadores, copia de recibo por honorarios diciembre 2021 a febrero 2022, formato Excel

relación de trabajadores, formato Excel relación de locadores diciembre 2021, enero y febrero 2022, copias de seguridad PLAME), y no se puso de conocimiento el resultado o alguna observación a la información que se indica. x. Cuestionan que, sin razón o certeza de lo que se venía investigando, el inspector en fecha 28 de marzo de 2022, solicita otro requerimiento de información, pidiendo información que se alcanzó el 25 de marzo de 2022, es decir, piden lo mismo con el único objeto de maximizar la multa, teniendo incluso el inspector 30 días para la investigación, lo cual consideran un exceso de punición. xi. Precisan que la Resolución N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en efecto hace referencia al retraso o perturbación a la labor inspectiva, sin embargo, enviaron información el 25 de marzo de 2022, sin conocer exactamente las materias inspectivas, por tanto, el inspector ya sabía su situación, es decir, pudo continuar desplegando sus funciones, motivo por el cual niegan que se haya frustrado la inspección, por el contrario, el inspector tenía documentos que omite investigar y además atribuye una supuesta infracción sobre trabajadores que tampoco inspeccionó. xii. Reiteran lo establecido en el fundamento 16 de la Resolución N° 001-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, que siempre será determinante el examen de motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no solo puntual y conciso, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración que niegan que se hay producido íntegramente, pues si remitieron información, pero que si bien luego se solicitó la misma, se tenía la información para los fines que se necesitaba investigar. xiii. Requieren que los inspectores deben justificar la razón por la cual se opta por una comparecencia, cuando las propias disposiciones internas obligan a realizar una visita inspectiva, hecho que viola el principio de buena fe, legalidad y el debido procedimiento. xiv. Reiteran la aplicación de la Resolución N° 702-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, referido a que el personal inspectivo tiene más medios para poder procurar el conocimiento al administrado, asimismo que, conforme a la doctrina especializada, cuando se aplica una sanción, más allá de los estándares de la razonabilidad se comete un exceso de punición, acto prohibido por resulta un vicio de nulidad del acto administrativo. xv. Manifiestan que el tipo infractor no se ajusta a su caso, pues sí enviaron información, de la cual no conocen su evaluación, lo que no configura una negativa, más aún cuando continúa solicitando información sin siquiera conocer la razón de las materias a inspeccionar, hecho que vulnera el derecho de defensa. xvi. Alegan que en el Acta de Infracción no se tiene motivación alguna, ni explicación de cómo se llegó a determinar el número de trabajadores afectados, tanto más que incluso se basa en la información que no han remitido, es decir sanciona por no remitir información y sin embargo toma como base del número de trabajadores sobre la información que enviaron, entonces, no se puede sostener una negativa si el mismo inspector incumple su labor de análisis y pretende agravar un hecho deficiente de la labor de inspección. xvii. Invocan la Resolución N° 001-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, sobre la precisión de los principios de presunción de licitud, principio de verdad material, en tanto que, la carga de la prueba corresponde al que acusa. Refieren que lo mismo ocurre con el Protocolo N° 02- 2018-SUNAFIL/INII, en tanto que, no se dio cumplimiento a su verificación. xviii. Reiteran que, si bien es cierto que no se cumplió con enviar información, también es justo que la determinación de “trabajadores afectados”, obedezca a criterios de razonabilidad y acorde a lo inspeccionado por el inspector y no bajo un supuesto subjetivo que los termina por perjudicar, lo que vulnera el principio de buena fe procedimental, licitud, confianza legítima, seguridad jurídica y presunción de inocencia.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1º). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6º, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6º, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8º). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9º). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11º).

11 TUO de la LPAG, Artículo 20.- Modalidades de notificación “(…) 20.4. (...) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25”.

la Resolución de Superintendencia Nº 114-2020-SUNAFIL, ya en el marco de la presente Emergencia Sanitaria. Asimismo, se aprecia que la propia SUNAFIL ha procurado la difusión de esta obligación, lo que fluye por ejemplo de materiales instructivos que datan de julio de 202012, los que se han replicado en diversos otros medios, incluyendo las redes sociales.

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”13.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

- El documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 28 de marzo de 2022; así como la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 28 de marzo de 2022, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

12 Al respecto, véase el siguiente enlace el cual se encuentra en la cuenta institucional de YouTube de SUNAFIL denominado: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, de fecha 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 13 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado (El caso de los Decretos Supremos no publicados). THEMIS Revista de Derecho (6), 18. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489.

Figura 1:

- Asimismo, se verifica el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 01 de abril 2022; así como la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 01 de abril 2022, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 2:

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala

mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR”.

Figuras 3: Alertas al correo electrónico

Figura 4: Registro de contacto

Figura 5:

Acceso a casilla electrónica

procedimiento, toda vez que, según lo detallado precedentemente, la impugnante fue debidamente notificada vía casilla electrónica, tanto durante las actuaciones inspectivas de los requerimientos de información de fecha 28 de marzo y 01 de abril de 2022 y, cuyo incumplimiento es reprochado en este procedimiento, así como de los documentos emitidos en el procedimiento sancionador que objetó la impugnante en el recurso de revisión.

Figura 6:

No obstante, el inspector comisionado notifica el segundo y tercer requerimiento de información (28 de marzo y 01 de abril de 2022), reiterando expresamente la siguiente información en ambos requerimientos:

Figura 7:

Sobre el plazo de las actuaciones inspectivas de investigación

14 Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (...) 5.5 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción a la labor inspectiva. (...)

dispone que las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse dentro del plazo señalado en las ordenes de inspección, siendo el plazo máximo para su realización el de treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, pudiéndose prorrogar dicho plazo por una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles (énfasis añadido).

15 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “…no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

impugnante en su escrito que contiene su recurso de revisión, pues el Acta de Infracción fue emitida dentro del plazo establecido para las actuaciones inspectivas; esto es, dentro de los treinta (30) días hábiles dispuestos para la realización de las actuaciones inspectivas. Por lo tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Información Adicional

16 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva La negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, las mismas que fueron requeridas en fecha 28 de marzo y 01 de abril de 2022, cuyo incumplimiento se dio en fechas 31 de marzo y 04 de abril de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CLINICA SAN JOSE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 016-2023-SUNAFIL/IRE CUS, emitida por la Intendencia Regional del Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 284-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 016-2023-SUNAFIL/IRE CUS, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la CLINICA SAN JOSE S.A.C., y a la Intendencia Regional del Cusco, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20241030MCR - HR 28362-2023