Clínica Médica Nefrologica S.A.C — Res. 924-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla), Seguridad social (Sub materia: inscripción en la seguridad; subgrupo: inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; subgrupo: inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensionaes). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 23/02/2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente de S/9,844.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 03/03/2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente de S/9,844.00.

i. Que, nunca fueron notificados o alertados de un requerimiento de información y su reiterativo por parte de Sunafil (lo supuestamente requerido en dos oportunidades era sobre la misma información, una única información). ii. Sunafil les asignó una casilla electrónica sin aviso previo y deposita su pedido a dicha casilla y origina la imposición ilegitima de 2 cuantiosas multas, inventándose un abstracto perjuicio a todos los trabajadores de la Mype multiplicado por dos, lo que es inadmisible pues, es un comportamiento arbitrario de Sunafil que solo pretende cobrar cuantiosas sumas de dinero por infracciones que nunca existieron. iii. No se trata de actuaciones inspectivas físicas realizadas en el centro laboral, sino de requerimientos de información a través de una casilla electrónica que se les asignó y que no se nos comunicó en forma previa, por lo cual nunca tomaron conocimiento de ella, más aún cuando vivimos en un Estado de Emergencia Sanitaria que ha ocasionado que tuvieran movilidad de personal en trabajo remoto y presencial, tornándose todo más restringido debido a la escasez de personal por los descansos médicos que tienen que gozar cuando las circunstancias de salud lo ameritan. iv. No se trata de dos requerimientos distintos que acarrean dos infracciones y la aplicación de dos multas, sino de la misma información, esto debe quedar claro y la Subintendencia no lo valora. v. Si bien es cierto que, a través del Decreto Supremo N° 003-2020-TR que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de Sunafil, no es menos cierto que en esta norma debe ser interpretada a la luz de la exigencia de la norma matriz o general que lo originó, esto

es, del Art. 20 del numeral 20.4 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, por la cual establece que no se reputará como válida la notificación de un documento depositado en una casilla electrónica asignada al usuario sin que previamente se verifique el consentimiento expreso del administrado, o en todo caso, se curse a la empleadora una comunicación por escrito o un llamado informándosele que Sunafil nos ha aperturado la casilla electrónica y que toda notificación dentro de un proceso inspectivo de verificación será ahí depositado a partir de la fecha. vi. Lo solicitado resulta equívoco e incongruente, pues entre la información requerida, se solicita la relación de locadores del mes de enero de 2022, sin embargo, dentro de este reporte se pide los haberes de estos trabajadores, pero luego consigna el año anterior 2021, luego para agregar a febrero 2022. Este requerimiento resulta inconsistente e incongruente y aun así por la misma información solicitada por la casilla dos veces, aplican dos multas cuantiosas, lo que es un abuso pues, la relación que debió requerir Sunafil debió ser desde agosto del 2021 hasta febrero del año 2022. Sin embargo, la forma solicitada causa confusión al momento de trabajador el cuatro Excel solicitado, bajo la exclusiva responsabilidad de Sunafil. vii. Sunafil ha incidido en una grave vulneración a nuestro derecho de defensa, el principio de legalidad, en suma, el debido procedimiento administrativo, regulado en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, consecuentemente no hemos tenido la oportunidad de defendernos o de absolver todo requerimiento o en forma más precisa, presentar en forma efectiva toda la documentación que se nos requirió, pues contamos con ella y prueba de ello es que la presentamos como anexos a nuestro escrito de nulidad, pues fue la primera oportunidad que tuvimos para hacerlo.

i. La Sunafil se encontraba facultada y contaba el deber de asignar a cada uno de los administrados su respectiva casilla electrónica, sin que ello significara una vulneración a los derechos de los mismos, pues tal y como se acredita, su actuar fue conforme a ley. Asimismo, el D.S. N° 003-2020-TR no indica de forma alguna que la validez de las notificaciones esté sujeta a registro del administrado o consentimiento expreso de la administrada, dado que es la misma Sunafil quién se encargó, en su momento, de implementar la casilla electrónica a cada administrado que tuviera usuario y clave sol. ii. Según la Directiva sobre Reglas Generales para el Ejercicio de la Función Inspectiva, cada incumplimiento de requerimiento de información acarrea la imposición de una multa; por lo tanto, corresponde sancionar a la inspeccionada por cada falta de colaboración a la labor inspectiva. En ese sentido, no se evidencia que en la resolución impugnada ni

2 Notificada a la impugnante el 16 de enero de 2023.

en las actuaciones realizadas durante el procedimiento sancionador se haya vulnerado el referido principio. iii. Si para la impugnante el requerimiento contenía un mandato impreciso, dentro del plazo razonable otorgado para cada requerimiento pudo realizar las precisiones que considerara pertinente; no obstante, no cumplió con brindar respuesta alguna, no es que por la imprecisión se haya enviado información incorrecta, sino que optó por no cumplir con su deber de colaboración lo que en efecto configura como una infracción a la labor inspectiva. iv. La documentación remitida por la apelante, posterior al plazo consignado, no significaría una subsunción a la infracción incurrida, toda vez que, la presentación de los documentos durante la tramitación de las actuaciones inspectivas tiene la única finalidad que los mismos sean evaluados y analizados por el personal inspectivo comisionado, carecería de sustento que, la administrada presente la información requerida durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. v. Ha quedado acreditado que la inspeccionada incurrió en infracción a la labor inspectiva, y a razón de ello la primera instancia impuso la sanción respectiva, no existiendo agravio alguno que pudiera ocasionarse con la resolución apelada, al haber sido expedida conforme a ley y con la fundamentación apropiada, recalcándose que se ha desarrollado tanto la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observándose las garantías del administrado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CLINICA MEDICA NEFROLOGICA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 6 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 021-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución impugnada no resiste los controles de legalidad, ponderación y razonabilidad, situación que les irroga grave perjuicio económico y moral, ilegítimas

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

porque no han incumplido ninguna norma sociolaboral, ni ha afectado a un solo trabajador, siendo una invención que hayan afectado a todos sus trabajadores, lo cual solo es una abstracción y por abstracciones no se impone multas exorbitantes. ii. Nunca fueron notificados o alertad del requerimiento de información, se les asignó una casilla electrónica sin aviso previo, solo depositaron y se dieron por no atendidos, no se había accedido a dicha casilla, inventándose un abstracto perjuicio a todos los trabajadores de la Mype multiplicado por dos, lo cual es inadmisible y es un comportamiento arbitrario. iii. Nunca tomaron conocimiento de requerimiento alguno, por tanto, nunca existió negativa a brindar información, y pese a ello se les sancionó por duplicado, pese a que era la misma información requerida en las dos oportunidades. iv. La norma no eximió a la Administración Pública de informar a los empleadores que se les asignó una casilla electrónica y/o que está siendo sujeto a un proceso de fiscalización laboral y que todo requerimiento o notificación será depositado en la casilla electrónica, se debió resguardar el derecho de defensa y debido procedimiento. v. La información solicitada en ambas ocasiones fue la misma, además la forma solicitada causaba confusión al momento de trabajar el cuadro Excel solicitado, el requerimiento fue defectuoso, debería ser declarado nulo y realizar uno nuevo, lógico y consistente que no afecte nuestro derecho a la defensa. vi. Tampoco se ha valorado que en la primera oportunidad que se tuvo, cumplió a cabalidad con presentar toda la documentación requerida y por ello se peticionó la nulidad del Informe Final, del cual no se pronunciaron, lo cual transgredió su derecho de defensa y vicia la totalidad del procedimiento. vii. La multa aplicada es el resultado de un indebido procedimiento administrativo que transgrede el principio de legalidad, derecho de defensa, ya que las multas resultan arbitrarias, injustas, desproporcionadas, irrazonables, e imposibles de pagar. viii. Se ha incidido en una grave vulneración al derecho de defensa, principio de legalidad, debido procedimiento

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el principio del debido procedimiento 6.1 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

9 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

De la potestad sancionadora y la correcta determinación del número de trabajadores afectados

10 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

destacándose entre otros el Principio de Razonabilidad y/o proporcionalidad, principios bajo los cuales se debe buscar identificar la dimensión subjetiva, concerniente a la cantidad de trabajadores afectados de la conducta imputada.

cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en los casos analizados por la inspección del trabajo y por los órganos sancionadores de la SUNAFIL.

[1] Acreditar la representación Vigencia de Poder actualizada, Carta Poder simple y DNI. [2] T-REGISTRO presentar el formatoTR5 Datos Laborales. [3] Formato TR6 Datos de Seguridad Social y Adicionales al ingreso. [4] PDT PLAME presentar las constancias de Declaración Laboral más Formato R12 del mes de enero 2022. [5] Excel de la Relación de Locadores del mes de enero 2022 con indicación de: a) Apellidos y Nombres del Emisor, b) Nro. Doc. Emitido c) Fecha de Emisión, d) Importe mensual agosto-21, setiembre-21, octubre-21, noviembre-21, diciembre- 21, enero-22, febrero-2022, e) Total general, f) Servicio efectuado, f) Área en que prestó servicio, g) Nombre y cargo del jefe de área.

ASUNTO: VERIFICACION DE NORMAS SOCIOLABORALES La documentación requerida se refiere al periodo: A la fecha y a los siguientes trabajadores afectados: Todos los trabajadores del centro de trabajo.

“11. Atendiendo a lo explicado, este Tribunal considera que la labor del personal inspectivo debe orientarse a verificar el cumplimiento de las normas objeto de su competencia, para lo cual corresponde que adopte y ponga en práctica todas las medidas y acciones de

11 Resolución N° 393-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 12 de octubre de 2021

investigación que tiene a su disposición y que sean pertinentes para cada caso concreto. En tal sentido, en situaciones en las que este advierta la falta de respuesta de un primer requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, se debe considerar efectuar alguna otra modalidad de actuación inspectiva (por ejemplo, una visita de inspección o una comparecencia), con la finalidad de emplear alternativas adicionales de investigación que coadyuven en la determinación o no del cumplimiento sociolaboral investigado. 12. Adicionalmente, siempre que sea razonable, el inspector debe considerar la comunicación con el sujeto inspeccionado por vía telefónica, mensajes de texto, mensajería instantánea (por ejemplo: WhatsApp) o mediante cualquier otro mecanismo que tenga por finalidad establecer contacto directo con algún representante del empleador para informarle sobre la notificación realizada a la casilla electrónica. Esto, conforme con los antecedentes de cada empleador fiscalizado, reconociendo en la prexistencia de comunicaciones entre dicho administrado o de sus representantes y los servidores de la inspección del trabajo, un valor necesario para procurar contacto bajo estos canales, cuando exista la autorización correspondiente (expresa o tácita). En ese sentido, el proceder del personal inspectivo debe conducir, al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, agotando todos los medios necesarios para lograr el objetivo de la orden de inspección. 13. Si el personal inspectivo se dirigiese al sujeto inspeccionado para que presente información por casilla electrónica, sin respuesta de parte del sujeto requerido, y se limita a reiterar su solicitud bajo el mismo canal, sin procurar otro tipo de comunicación o sin disponer otra actuación inspectiva de investigación, resultará difícil la concreción de la finalidad de la inspección del trabajo. Los acápites anteriores y otros medios emprendidos creativamente deben permitir al fiscalizador actuante cumplir con el objeto de la inspección, procediendo con la profundidad y diligencia que corresponde en el marco de la finalidad y objetivo de la Inspección del Trabajo” (énfasis añadido)

“32. Sin embargo, en base a la casuística que ha sido de constante conocimiento por parte de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, esta Sala Plena estima pertinente el reiterar que – como toda actuación de poder del Estado - las labores de fiscalización no deben de apartarse de la función que les ha sido conferida, ni de sus principios ordenadores expresamente reconocidos en Ley General de Inspección del Trabajo, conforme se ha establecido, por ejemplo, en la Resolución No 711-2023/SUNAFIL-TFL- Primera Sala.

33. Por ello, en la misma medida en la que la autoridad inspectiva cuenta con amplias facultades de supervisión, extendiéndose a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de la normativa sociolaboral, los inspectores comisionados deben realizar todas las acciones legalmente permitidas para cumplir con la función de vigilancia y exigencia que les ha sido conferida; sin inhibirse de examinar, analizar y valorar los documentos que son presentados por el sujeto inspeccionado a lo largo del procedimiento inspectivo, sea como respuesta a los requerimientos efectuados por la autoridad inspectiva o como contraprueba.”

“6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación

de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente”.

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

12 CARMONA RUANO, Miguel “Prueba de la infracción administrativa y derecho fundamental a la presunción de inocencia”, EN: Jueces para la democracia N° 9 (1990): p. 24.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.33 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CLINICA MEDICA NEFROLOGICA S.A.C., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 716-2022- SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 7 de julio de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 172-2022- SUNAFIL/IRE-LIB. SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 716-2022-SUNAFIL/IR- LL/SISA, de fecha 7 de julio de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a CLINICA MEDICA NEFROLOGICA S.A.C. y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA