Clínica Javier Prado S.A — Res. 1165-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla); e, Inscripción en la seguridad social (Sub materia: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud y pensiones). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

de requerimiento notificada con fecha 02 de noviembre de 20172; en el marco del “Operativo Fiscalización Formalización Laboral y con Susalud Lima Agosto 2017”

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no registrar en la planilla electrónica a sus trabajadores desde el día 16 de agosto de 2017, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 91,125.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en salud, a sus trabajadores desde el día 16 de agosto de 2017, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 91,125.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones, a sus trabajadores desde el día 16 de agosto de 2017, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 91,125.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento emitida el 02 de noviembre de 2017, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,112.50.

i. Refieren que, el procedimiento sancionador se sustenta únicamente en el Acta de Infracción, que no respetó su derecho a la defensa al no valorar y desvirtuar sus alegatos y medios probatorios presentados en la fiscalización laboral; a través del escrito de fecha 22 de setiembre de 2021 se informó de manera detallada y sustentada

2 Véase folio 1100 del expediente inspectivo.

a la autoridad instructora, luego reiterado con el escrito de fecha 3 de diciembre de 2021 a la autoridad sancionadora, de las serias incongruencias e ilegalidades que se estaba incurriendo al continuar con la instrucción del procedimiento. Sin embargo, las autoridades administrativas decidieron continuar con el procedimiento, intentando convalidar los vicios insubsanables advertidos en el Acta de Infracción. ii. Manifiestan que, en la diligencia citada para verificar el cumplimiento de la medida de requerimiento el 9 de noviembre de 2017, se presentó un escrito, conteniendo argumentos que rebatían la existencia de la subordinación laboral. Sin embargo, en ningún extremo se ha actuado, valorado y contradicho sus argumentos, limitándose a emitir el Acta de Infracción. iii. Que, los inspectores únicamente realizaron una mención sucinta respecto a la presentación del escrito, además ha sido citado de manera errónea y negligente como fechado el 28 noviembre de 2017. Otro elemento que permite revelar que no se atendió su escrito es que el Acta de Infracción fue emitida y fechada el mismo día en que se presentó el escrito; por lo que el acta antes mencionada ya se encontraba preparada y se prefirió omitir su derecho de defensa. Por tanto, el Acta de Infracción emitida carece de toda validez jurídica, al afectar su derecho a la defensa, el debido procedimiento y la debida motivación. iv. Señalan que, en el Acta de Infracción, no se cumplió con incluir las observaciones formuladas como argumentos de defensa en el escrito presentado ante el presunto incumplimiento de las normas sociolaborales. Por su parte, al amparo del inciso 4 del numeral 241.2 del artículo 241 del TUO de la LPAG, los inspectores en ningún momento cumplieron con entregar copia del Acta de Fiscalización y recién ha sido notificada luego de tres años de haberse concluido el procedimiento. Por tanto, el Acta de Infracción ha devenido en nulidad de pleno derecho. v. Alegan que, se ha asumido una postura única, aduciendo la preclusión del derecho del administrado hasta el momento mismo de la realización de la diligencia; lo cual se contradice con la actuación de los inspectores, ya que no se puede invocar que al momento de emitir su acto no hayan tenido conocimiento de sus argumentos. Además, la falta de motivación que acarrea la nulidad del Acta de Infracción no puede ser saneada con la emisión del Informe Final, en tanto el Tribunal de Fiscalización Laboral ya ha sentado su posición respecto a que la nulidad recaída en el Acta de Infracción no puede ser materia de subsanación posterior, acarreando lo actuado con posterioridad a dicho acto ilegal. vi. Que, no se ha negado la prestación de servicios de parte de los médicos, pero bajo la modalidad de locación de servicios sin que dicha relación implique un desempeño intuito personae. La resolución impugnada incurre en error al considerar que no existía posibilidad de efectuar delegaciones o ayudas de terceros. Cuando un médico presentaba imposibilidad para prestar dichos servicios en el horario o turno elegido en coordinación con ellos mismos y sin imposición alguna, los pacientes eran atendidos por otro médico que se encontraba prestando servicios en dicho turno, lo cual

demuestra que no resulta cierta la afirmación realizada por el Informe Final al señalar que los servicios contratados eran desarrollados necesariamente por dichos trabajadores sin posibilidad de ningún tipo de sustitución o colaboración. vii. Que, la supuesta presencia de la relación intuito personae de los locadores se pretende justificar únicamente en una referencia nominal en la revisión de cuatro contratos y en una cita doctrinal. Un elemento que demuestra la nulidad de la resolución impugnada es que ha ignorado pronunciarse sobre lo expresamente señalado en la cláusula octava de los contratos de locación de servicios suscritos, por el cual se dejó constancia que el contrato no genera exclusividad ni relación laboral. Por ende, los inspectores han conducido una actuación ilegal que terminó perjudicando su derecho al trasladarle la carga de la prueba al verse obligada a demostrar su inocencia. viii. Señalan que, los servicios prestados por los médicos generan el pago de una retribución que es cancelada por intermedio de la Clínica cuando se tratan de pacientes asegurados o se percibe directamente de cada paciente cuando no es asegurado; por lo que no existe remuneración pagada por su parte, al no existir la posibilidad de que los médicos perciban directamente de sus pacientes los pagos por las consultas realizadas. ix. Asimismo, manifiestan que, el locador presta un servicio de atención médica a los pacientes que lleguen a la Clínica, pero que no limita las actividades del profesional o le impone labores a realizar en una jornada de trabajo. Por el contrario, los médicos contaban con total libertad para ordenar y ejecutar sus atenciones médicas, según su propia programación, de modo tal que dentro de ellas podían atender de manera particular a los pacientes que desearan sin que la Clínica tuviera vinculación, injerencia o percepción económica por ello, siendo que esta situación implicaría una abierta contradicción a lo dispuesto en los incisos e) y g) del artículo 22 del Reglamento Interno de Trabajo. x. Cuestionan que, los inspectores del trabajo no han podido comprobar con elementos sustentados en derecho que hayan emitido órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución del trabajo. En el escrito del 9 de noviembre de 2017, se ha demostrado que la Clínica no imponía horarios o turnos; incluso, se aportó como medios probatorios mensajes de coordinación realizados por la dirección médica para consultar con dichos profesionales sí tenían disponibilidad para cubrir determinados turnos de atención. xi. Que, tanto en el Acta de Infracción como en el Informe Final se ha invocado el fundamento jurídico 4 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 02069-2009-PA/TC. Sobre la base de dicha cita jurisprudencial, se ha construido la tesis de la relación laboral encubierta; sin embargo, tendenciosamente, se ha omitido mencionar el fundamento 5 de dicha sentencia, que brinda de manera clara cuáles serían los elementos a considerar en caso no se presenten los indicios de laboralidad.

i. Que, el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral que trae a colación no constituye precedente de observancia obligatoria, para esta Intendencia, la nulidad no es invocable respecto del Acta de Infracción al no constituir un acto administrativo en sentido estricto, debiendo tenerse presente que aquella contiene una propuesta de sanción por la comisión de las infracciones detectadas en la etapa de actuaciones

3 Notificada a la impugnante el 28 de marzo de 2022, véase folio 751 del expediente sancionador.

inspectivas, que se encuentra sujeta a evaluación en el procedimiento administrativo sancionador, a través de los órganos competentes. ii. La inspeccionada ha planteado desde que se tramitó el procedimiento sancionador, en su fase instructora, que el escrito de absolución de la medida de requerimiento el 9 de noviembre de 2017, debió ser objeto de análisis y pronunciamiento expreso al expedirse el Acta de Infracción, lo cual no fue efectuado al solo haberse dejado constancia de su presentación por parte de los inspectores. Sin embargo, la actividad de fiscalización concluyó con la extensión de la medida inspectiva de requerimiento el 2 de noviembre de 2017, a través de la cual se comprobó que hubo vulneración a las disposiciones sociolaborales relacionadas con el registro en la planilla electrónica y la inscripción en los regímenes de la seguridad social en salud y pensiones en perjuicio de los médicos comprendidos en la inspección, luego de haberse agotado las diligencias de investigación, donde la inspeccionada tuvo la oportunidad de presentar los medios de prueba que demuestren que los médicos eran reales locadores de servicios. iii. Que, si la inspeccionada no estaba de acuerdo con lo ordenado en la medida de requerimiento de fecha 2 de noviembre de 2017, no correspondía que presente su escrito de absolución a la misma ante los inspectores del trabajo para obtener una respuesta expresa de ellos al haberse concluido la fase de investigación. En ese contexto, los argumentos y medios probatorios debieron ser planteados en la oportunidad que correspondía hacer la defensa frente a los cargos que se le informen al iniciarse el procedimiento sancionador, con todas las garantías del debido procedimiento, sin perjuicio de dejar constancia de su disconformidad por escrito. iv. Las autoridades que condujeron el procedimiento sancionador no estaban impedidas de continuar su tramitación, ya que los inspectores actuantes no han cometido ninguna irregularidad por no emitir pronunciamiento expreso en el Acta de Infracción sobre los escritos que se presentaron para absolver la medida de requerimiento, en vista de su carácter inimpugnable. v. Que, esta Intendencia no advierte que la resolución apelada haya sido afectada por alguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 10 del TUO de la LPAG al analizar los hechos expuestos por la inspeccionada o en su evaluación del desarrollo de las actuaciones inspectivas; por lo que resulta infundada la nulidad que se plantea contra la resolución venida en alzada, según lo peticionado tanto en el recurso impugnativo como en la Hoja de Ruta N° 35650-2022. vi. Que, sobre lo estipulado en la cláusula octava de los contratos de locación de servicios presentados, si bien se pactó con los médicos que el contrato no genera exclusividad ni relación laboral, debe diferenciarse la exclusividad del carácter personalísimo de los servicios prestados, pues el primero se refiere a que solo se puede prestar servicios para un solo empleador, mientras que lo segundo implica que los servicios no pueden desarrollarse por otras personas. En el caso, en ningún extremo de lo resuelto se ha hecho alusión a que la prestación de los servicios médicos sea desarrollada con carácter exclusivo para concluir la desnaturalización de la locación de servicios. Además, aun

cuando en los referidos contratos se haya señalado que no generan relación laboral, si de los hechos comprobados por los inspectores del trabajo se comprueba lo contrario, resulta aplicable el principio de primacía de la realidad, a fin de dar preferencia a las constataciones de la autoridad inspectiva. vii. La inspeccionada plantea que lo que se les paga a los médicos eran retribuciones por las atenciones dadas a los pacientes asegurados y que estos percibían directamente otros pagos en caso de pacientes no asegurados. Sin embargo, aun cuando ello aparece pactado en los contratos celebrados con dichos profesionales de la salud, no se desvirtúa el carácter remunerativo de los pagos percibidos por los médicos por parte de la inspeccionada, en tanto como refiere son cancelados por la atención dada a los pacientes asegurados que acuden a la Clínica, lo que denota su carácter contraprestativo. Si a los médicos se les permite en forma adicional prestar sus servicios para atender a sus propios pacientes en la hora que tenga disponible la Clínica, esta circunstancia no enerva que sus servicios también son dirigidos a los pacientes asegurados de la inspeccionada, que conforman su actividad económica principal, y de la que se beneficia económicamente la inspeccionada. viii. Que, los Inspectores comisionados no han hecho mención a que a los médicos comprendidos en la inspección se le hayan aplicado las prohibiciones establecidas en los literales e) y g) del artículo 22 del Reglamento Interno de Trabajo, como parte de su análisis del elemento remunerativo o de sus hechos constatados. Además, la autoridad sancionadora no ha explicado porque se ha determinado que, al amparo del referido Reglamento, los médicos estaban impedidos de realizar actividades económicas particulares en las instalaciones de la inspeccionada, si es que en sus contratos celebrados se pactó lo contrario. Por ende, deberá revocarse este extremo de lo resuelto, sin que ello afecte el sentido de lo resuelto, en tanto no se ha desvirtuado el carácter remunerativo de los pagos que recibieron los médicos por las atenciones de los pacientes asegurados de la Clínica. ix. Por otro lado, aun cuando no se ha podido comprobar prueba directa de la existencia de órdenes de la inspeccionada, registro de control de ingreso y salida o imposición de sanciones disciplinarias, sí se han identificados indicios de que en los servicios prestados por los médicos estos no tenían plena elección de sus pacientes, a fin de demostrar que el trabajo se realizaba sin subordinación, pues debían, mínimamente atender a los pacientes asegurados de la Clínica, en los horarios programados por la Dirección Médica. x. En los escritos de absolución a la medida de requerimiento presentados el 9 de noviembre de 2017, se aprecia que la inspeccionada presentó solamente capturas de pantalla de WhatsApp, que reflejan conversaciones con la Dra. Carla Patricia Alarcón Parra y el Dr. Marco Leoncio Meza De la Cruz, los cuales no revelan que haya existido total libertad e independencia para elegir los turnos de trabajo, ya que los mismos eran previamente determinados por la inspeccionada y los médicos debían aceptar o, a lo sumo, se les daba alguna capacidad de decisión respecto de algunos días que no podían asistir. xi. De otro lado, al analizar el Acta de Infracción, no se aprecia que alguno de los indicios de laboralidad encontrados esté relacionado con el ejercicio del poder disciplinario, como ha sostenido la autoridad sancionadora al señalar que; "se acredita el poder de dirección y poder disciplinario que ejerce el sujeto inspeccionado a través del Director Médico quien es el encargado entre otras funciones de supervisar el trabajo del personal médico, conforme es de verse de lo señalado en el Manual de Organización y Funciones - MOF obrante en autos"; pues de este documento solo se ha desprendido la existencia de supervisión de los trabajos por parte del Director Médico, al ser una de sus funciones específicas; por lo que este extremo de lo resuelto debe ser revocado. Sin embargo, tampoco se puede concluir que solo haya existido coordinación en la

programación de los turnos de trabajo entre la inspeccionada y los médicos, toda vez que estos no son los que proponen o disponen de sus horarios de trabajo, sino que son determinados previamente por la inspeccionada en base a un rol elaborado por la Dirección Médica. xii. En el presente caso, de los siete rasgos de laboralidad que fueron descritos por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 4 de la sentencia del Expediente N° 02069-2009-PA/TC, la autoridad instructora precisó que solo se utilizaron dos de ellos: uno relacionado a que los trabajadores afectados fueron contratados para desempeñar un cargo que forma parte de la estructura organizacional y otro referente a que perciben el pago de una remuneración, sin perjuicio de los otros indicios que han sido explicados en el considerando 4.35 de la resolución; por lo que deviene en inoficioso analizar aquellos rasgos que no han sido mencionados en este procedimiento para determinar relación laboral encubierta en el caso de los médicos. xiii. Ahora bien, sobre el primero, la inspeccionada aduce que los trabajadores afectados no han sido contratados para desempeñar un cargo que forma parte de la estructura organizacional del empleador, cuestionando que la autoridad sancionadora se haya basado solo en el tipo de actividad económica, sin analizar los cargos o la estructura organizacional de la empresa. Sobre el particular, no es correcta la conclusión arribada por la inspeccionada en tanto los inspectores comisionados determinaron que existía una estructura organizacional en la que los médicos asistenciales dependen de la Dirección Médica en base al Manual de Organización y Funciones, lo que ha sido tomado en el pronunciamiento venido en grado; por lo que lo determinado en esta parte se encuentra debidamente sustentado en base a dicho documento. xiv. En vista de lo antes expuesto, se aprecia que la inspeccionada no ha logrado desvirtuar la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo que se expusieron en el Acta de Infracción; por lo que le correspondía registrar en la planilla electrónica a los diez médicos comprendidos en este procedimiento, así como inscribirlos en el régimen de la seguridad social en salud y en pensiones, lo cual no ha sido cumplido en el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 2 de noviembre de 2017.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, Artículo 14 y Decreto Supremo N°004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, Artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CLINICA JAVIER PRADO S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 491-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Cuestionan una aplicación incorrecta del principio de primacía de la realidad, afectándose el derecho a contar con un debido procedimiento y las garantías de objetividad e imparcialidad que deben primar la actuación de la autoridad administrativa. ii. Sobre la prestación personal refieren que, se ha afirmado de manera categórica sin contar con prueba alguna, que los servicios materia de los contratos de locación que se habían suscrito eras “desarrollados necesariamente por dichos trabajadores sin posibilidad de ningún tipo de sustitución o colaboración”. iii. Alegan que, ni durante el procedimiento de inspección, ni sancionador, se ha demostrado de manera fehaciente que los locadores contratados se encontrarían impedidos de contar con alguna colaboración para el desarrollo de los servicios contratados. iv. Señalan que, en ningún momento han negado la existencia de una prestación de servicios de parte de dichos médicos, pero, por el contrario, se ha demostrado durante la fiscalización laboral que dichos médicos mantenían prestaciones de servicios bajo la modalidad de locación sin que dicha relación implique un desempeño intuito personae. Que, conforme se acreditó con los respectivos contratos suscritos por dichos profesionales, en su Cláusula Octava se indicaba que el locador era el único y exclusivo responsable frente a la Clínica del cumplimiento de las obligaciones asumidas, precisando además que no se encontraba sujeto a subordinación, horario fijo o mínimo, ni asistencias diarias u obligatorias impuestas o determinadas por la Clínica. v. Manifiestan que, en mérito a dicha relación contractual, cada uno de los locadores eran responsables ante la empresa de la prestación de los servicios contratados, pero de ninguna manera y en ninguna circunstancia se les estableció alguna prohibición para que dichos profesionales puedan contar con asistencias, colaboraciones o sustituciones, como se sostiene en la resolución impugnada sin haberse demostrado lo contrario.

vi. Respecto al considerando 4.28 de la resolución materia de revisión, la autoridad sancionadora no asume la carga de la prueba de las aseveraciones; por el contrario, pretenden trasladar al administrado la obligación de probar su inocencia respecto de las presuntas infracciones que se le imputan, cuando dicha responsabilidad y obligación corresponde única y exclusivamente a la administración, la inversión de la carga de la prueba sólo es válida cuando se determina así por Ley; lo que implica desconocer el criterio asumido por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 011-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala y Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. vii. Asimismo, señalan que, la segunda afirmación realizada en el considerando 4.26 de la resolución impugnada demuestra tergiversación, ya que se utiliza la cláusula de los contratos de locación referida a la prohibición de cesión de la posición contractual para sostener que ella representaría prueba de que los locadores ejecutaban un servicio personalísimo. viii. Que, dicha afirmación permitiría demostrar la subjetividad como han venido actuando en el presente procedimiento las autoridades administrativas pero también su aparente desconocimiento de la práctica contractual civil ya que no sólo resulta perfectamente válido y jurídicamente posible sino también usualmente utilizado que, en los contratos de locación de servicios se pacte la imposibilidad de que ambas o sólo una de las partes pueda realizar la cesión de su posición contractual de manera unilateral y sin el conocimiento y consentimiento de su contraparte. ix. Alegan que, la supuesta presencia de la relación intuito personae prestado por los locadores se intenta justificar, únicamente, en una referencia nominal de los locadores, en la “revisión” de 4 contratos de locación (ni siquiera se realizó el esfuerzo de evaluar los contratos de los 10 locadores), y en una cita doctrinal. x. Sobre la existencia de una remuneración, señalan que, la relación fue una de locación de servicios, la cual evidentemente debe generar el pago de una retribución que es cancelada por intermedio de la Clínica cuando se trata de pacientes asegurados o se perciben de manera directa de cada paciente cuando se trata de pacientes no asegurados, siendo justamente esta última situación un elemento probatorio de que no existe relación laboral ni “remuneración” pagada por la Clínica ya que en caso ello fuera así, no existiría esta posibilidad de que los médicos perciban directamente de sus pacientes los pagos por las consultas realizadas. xi. Al respecto, refieren que, se encuentran ante una locación de servicios que exigía de parte del locador la prestación de un servicio de atención médica a los pacientes que llegaran a la Clínica, pero que no limitaba en modo alguno las actividades del profesional o imponía las labores que este debía realizar dentro de una supuesta “jornada de trabajo”, por el contrario, los médicos locadores contaban con total libertad para ordenar y ejecutar sus atenciones médicas según su propia programación, de modo tal que, podían atender de manera particular y directa a los pacientes sin que la Clínica tuviera algún tipo de vinculación, injerencia, determinación ni percepción económica por ello. De lo contrario, estarían contraviniendo su propio Reglamento Interno de Trabajo.

xii. Asimismo, manifiestan que, resultan contradictorios e inverosímiles los argumentos de la resolución impugnada en cuanto declaró fundado el extremo de la apelación que hacía referencia a que la resolución de sanción no demostró por qué se había determinado que al amparo del RIT los médicos locadores estaban impedidos de realizar actividades económicas particulares en las instalaciones de la inspeccionada pero, pese al reconocimiento de dicha omisión, en el considerando 4.31 de la resolución impugnada insiste en señalar que “Si los médicos se les permite en forma adicional prestar sus servicios para atender a sus propios pacientes en la hora que tenga disponible la Clínica esta circunstancia no enerva que sus servicios también son dirigidos a los pacientes asegurados de la inspeccionada”. xiii. Que, esta situación negada implicaría sostener que la empresa habría generado una condición de “trabajadores” especiales a los que haya desistido de aplicar el Reglamento Interno de Trabajo y lejos de ello, haya impulsado contractualmente la posibilidad de que incurran en conductas prohibidas para sus trabajadores; sin embargo, no se ha probado que los locadores hayan “gozado” de este tipo de “atributos” de trabajadores “especiales” como pretende sostener la autoridad administrativa. xiv. Refieren que no es cierto que se habría establecido un horario de trabajo a 8 médicos locadores; en tanto que, la cláusula 1.5 de los contratos precisaron que; “queda convenido que EL LOCADOR acepta y reconoce que su vinculación a LA CLÍNICA es por el servicio profesional médico que ofrece, en las horas que tenga disponible". xv. Sobre la supuesta subordinación, alegan que, la Clínica no imponía horarios o turnos a los referidos profesionales, incluso se aportó como medios probatorios los mensajes de coordinación realizados por la Dirección médica para consultar con dichos profesionales si tenían disponibilidad para cubrir determinados turnos de atención, situación que resulta imposible de presentarse en una relación laboral. Que, no se tiene ninguna prueba de que la empresa haya ejecutado acciones directas de subordinación sobre los locadores, tales como entrega de órdenes, controles de asistencia o sanciones. xvi. Refieren que, ni los inspectores del trabajo ni las autoridades del procedimiento sancionador han podido demostrar que la empresa haya ejercido algún tipo de injerencia sobre la autonomía e independencia de los locadores sobre las prácticas para el ejercicio de sus actos médicos, por lo que la existencia de elementos como la derivación de pacientes no constituye per se un elemento que pruebe la desnaturalización de la locación ya que, como reiteran, el objeto del contrato celebrado entre las partes fue la realización de servicios médicos, el cual en ningún momento fue incumplido. xvii. Que, se repiten de manera reiterada las incongruencias del Acta de Infracción, en cuanto que el Manual de Organización y Funciones de la empresa, señala que "En consecuencia, esta verificado que la inspeccionada a través de la Dirección Médica de la Clínica ejerce el poder de dirección y control del personal médico”, asumiendo con ello que los locadores por tener profesión de médicos se encontraban bajo el poder de dirección y control del Director Médico de la clínica, sin haber cumplido de modo alguno con su obligación de realizar las actuaciones probatorias para demostrar ello. xviii. Por otro lado, manifiestan que la resolución impugnada pretende desconocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su integridad, por la construcción de su tesis de la supuesta existencia de una relación laboral encubierta y del presunto incumplimiento de la normativa sociolaboral, al omitir la evaluación del fundamento jurídico 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02069-2009-PA/TC; en tanto que, no existe documento alguno que demuestre que se haya impuesto un horario de trabajo fijo para la prestación de los servicios contratados, así como prueba de que se haya ejercido el derecho a controlar el trabajo y el poder de dirigirlo; es decir, no se demostró con pruebas la existencia de subordinación. Asimismo, señalan que no se ha demostrado que los médicos que mantenían relación de locación de servicios hayan sido contratados para

ejercer cargos que estén incorporados en la estructura organizacional de la Clínica, habiendo basado su interpretación únicamente en el tipo de su actividad económica. xix. Por último, refieren que ni la autoridad a cargo de la fiscalización ni la autoridad instructora llegaron a demostrar que hayan actuado en reconocimiento de algún derecho laboral sobre los médicos cuya contratación civil se pretende imputar como una infracción, ello debido a que en todo momento la clínica ha actuado en respeto del marco normativo vigente y, por tanto, resultaba claro para ambas partes contractuales que la relación mantenida era una locación de servicios.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el registro en la planilla electrónica

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

10 Cfr. Numeral 2 del artículo 2 de la LGIT.

realizadas por los trabajadores, se encontraban relacionadas directamente con la actividad principal de la impugnante. Por otro lado, el otorgamiento de citas para la atención médica en las distintas especialidades médicas que brinda la inspeccionada se otorga a través del sistema CISOFT de admisión de la clínica y únicamente para los pacientes asegurados en los horarios de trabajo programados por la Dirección Médica mensualmente, de lo que se advierte que, el empleador es quien dirige y señala los pacientes que debe de atender el mencionado personal médico y dentro de los horarios de atención de los médicos que es remitida al área de admisión por la Dirección Médica de la clínica. Por otro lado, del Manual de Organización y Funciones, se advierte la “Descripción de funciones y cargos del director Médico” del que dependen jerárquicamente los médicos afectados, en tanto que, es el encargado entre otras funciones de supervisar el trabajo del personal médico. Por lo que, en el ejercicio de sus funciones, se verifica que la comisionada ha recabado y actuado los medios probatorios necesarios para acreditar las imputaciones efectuadas, motivo por el cual se evidencia que ha cumplido con la carga probatoria necesaria y suficiente para respaldar sus actuaciones e imputaciones.

desarrollados necesariamente por dichos trabajadores sin posibilidad de ningún tipo de sustitución o colaboración, alegando además que, cada uno de los locadores eran responsables ante la empresa de la prestación de los servicios contratados, pero de ninguna manera y en ninguna circunstancia se les estableció alguna prohibición para que dichos profesionales puedan contar con asistencias, colaboraciones o sustituciones, así como, que la presencia de la relación intuito personae se intenta justificar, únicamente, en una referencia nominal de los locadores, por la revisión de solo 4 contratos de locación, y en una cita doctrinal.

y Médico Cardiólogo, respectivamente) y la impugnante. Asimismo, se corrobora que la instancia previa ha cumplido con su deber de motivación.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico

sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”. (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

11 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….)

Figura N° 01:

Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas

de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No registrar en la planilla electrónica a sus trabajadores desde el día 16 de agosto de 2017. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en salud, a sus trabajadores desde el día 16 de agosto de 2017. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones, a sus trabajadores desde el día 16 de agosto de 2017. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento emitida el de noviembre de 2017. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CLINICA JAVIER PRADO S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 491-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento

administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2012-2017-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 491-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la CLINICA JAVIER PRADO S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231213MCR