Cinpar S.A.C — Res. 3-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla); Condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad); Prevención y protección contra incendios (Sub materia: Equipos de extinción); y, Ergonomía (Sub materia: Incluye todas). 2 Véase folios 186 y 187 del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar sus obligaciones relacionado a la ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, al no entregar las sillas de trabajo adecuadas a sus onces (11) trabajadores afectados, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,195.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la adopción de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de octubre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,312.00.

i. Alegan que, a raíz de la emisión del Decreto Supremo N° 003-2020, publicado el 14 de enero de 2020, se aprobó el uso obligatorio de la casilla electrónica de los actos y actuaciones administrativas a cargo de la SUNAFIL, a través de un sistema informático de notificación electrónica. Sin embargo, en el presente caso no se cumplió con notificar a la casilla electrónica el acta de infracción y la imputación de cargos, incumpliendo con el citado decreto, vulnerando los principios del debido procedimiento, legalidad. Incumpliéndose con lo establecido en el artículo 53 del RLGIT, pues hay un incumplimiento en el trámite del procedimiento sancionador, en el inicio de la fase instructora, lo que vulnera el derecho de defensa que tiene el administrado. ii. Sostienen que, se han vulnerado las disposiciones reguladas en los artículos 9 y los numerales 13.3 y 13.14 del artículo 13 del RLGIT, ya que la orden de inspección fue emitida con fecha 19 de setiembre de 2018, teniendo el personal inspectivo un plazo de 30 días hábiles a fin de realizar las actuaciones correspondientes. Sin embargo, el inspector actuante expidió recién con fecha 05 de noviembre de 2018 el acta de infracción, excediendo el citado plazo. No siendo correcto lo señalado en la resolución apelada, pues el plazo de 30 días hábiles venció el 02 de noviembre de 2018 y no el 05 de noviembre de 2018. Concluyéndose así que, todos los actos investigados y comprobados por el inspector en el presente procedimiento resultan ser inválidos y no pueden ser utilizados para justificar un acta de infracción, correspondiendo al superior jerárquico determinar la no continuación del procedimiento administrativo

sancionador pues no se cumplió con el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT. iii. Por último, consideran que ha operado la caducidad en el presente procedimiento sancionador, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 53.1 del artículo 53 del RLGIT, pues la etapa instructora de acuerdo al propio dicho de la administración concluyó al momento de la expedición del acta de infracción, esto es el 05 de noviembre de 2018, siendo que desde ese entonces han transcurrido en exceso los 09 meses que señala la norma sin que haya ocurrido una ampliación excepcional.

i. En el caso presente la imputación de cargos y el acta de infracción fueron notificados en el domicilio fiscal de la inspeccionada, ubicado en la avenida Aviación N° 2814, urbanización San Borja, Interior 501, distrito de San Borja, con fecha 30 de junio de 2021, a las 3:00 pm, en la segunda visita efectuada por el notificador César Augusto Arévalo Quispe, cumpliéndose con todos los requisitos contenidos en los artículos 20 y 21 del TUO de la LPAG, conforme se puede observar de la cédula de notificación N° 29768-2021. Igualmente, se debe agregar que la notificación fue efectuada en el domicilio que ha sido declarado por la propia inspeccionada ante a SUNAT, según se corrobora de su página web oficial, por lo que, la notificación efectuada es completamente valida y conforme a ley, careciendo de sustento lo esgrimido por la inspeccionada. ii. De acuerdo a lo señalado por el artículo 13 de la LGIT, siendo que mediante Orden de Inspección N° 16049-2018-SUNAFIL/ILM, se otorgó al personal inspectivo el plazo de 30 días hábiles para realizar las actuaciones inspectivas de investigación, las cuales iniciaron con fecha 26 de setiembre de 2018, mediante la comprobación de datos conforme consta en el Acta de Infracción, debiéndose precisar que, la orden de inspección fue emitida con fecha 19 de setiembre de 2018, verificándose así que se cumplió a su vez con el plazo de 10 días hábiles que indica la norma para dar inicio a las actuaciones inspectivas desde recibida la mencionada orden de inspección. Así, finalmente se dieron por concluidas las actuaciones inspectivas el día 05 de noviembre de 2018, fecha en la que se programó la última actuación inspectiva, cuya constancia obra a fojas 190 del expediente inspectivo, sumando en su totalidad los 25 días hábiles, tiempo menor al plazo de 30 días hábiles concedidos para la realización de las actuaciones inspectivas. iii. Para efectos de contabilizar el plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador, debemos indicar el computo del plazo desde la fecha de notificación de la imputación de cargos materia de autos, que de acuerdo con la Cédula de

3 Notificada a la impugnante el 16 de mayo de 2022. Véase folio 63 del expediente sancionador.

notificación N° 29768-2021, fue notificada el 30 de junio de 2021, siendo a partir de esta fecha que corre el plazo para contar los nueve (9) meses, a cuyo vencimiento opera la caducidad del procedimiento sancionador. iv. Por lo que, al haberse emitido la Resolución de Sub Intendencia N° 256-2022- SUNAFIL/ILM(SIRE5, con fecha 22 de febrero de 2022, y habiendo sido notificada con fecha 24 de febrero de 2022, conforme se observa de la constancia de notificación electrónica, se ha podido corroborar que la autoridad de primera instancia cumplió con resolver el presente procedimiento sancionador dentro del plazo antes mencionado, pues a la fecha de notificación de la resolución apelada habían transcurrido 7 meses y 23 días, no correspondiendo que se declare la caducidad del presente procedimiento sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CINPAR S.A.C.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 797-2022-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Consideran que la autoridad no ha valorado correctamente la fundamentación de derecho sustentada mediante su escrito de apelación de fecha 16 de marzo de 2022, presentado a través de la mesa de partes virtual de la SUNAFIL, en la cual, además, se solicitó archivar definitivamente los actuados por vicios de nulidad trascendentes conforme a ley. ii. Invocan la violación de los principios de publicidad, legalidad y debido

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

procedimiento, en tanto que, la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción fueron notificados en el domicilio fiscal de su representada; sin embargo, de la revisión de la casilla electrónica de la SUNAFIL, se puede constatar que el Acta de Infracción y la Imputación de Cargos, no le fueron notificadas en su casilla electrónica, infringiendo lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR. iii. Sostienen que, a afectos de la modernización de los servicios prestados por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, mediante el Decreto Supremo N° 003-2020-TR (publicado el 14 de enero de 2020) se aprobaron disposiciones sobre el “uso obligatorio de la casilla electrónica”, de los actos y actuaciones administrativas a cargo de la SUNAFIL, a través de un sistema informático de notificación electrónica, lo cual no se ha cumplido en el presente procedimiento, vulnerándose con ello su derecho a la defensa, por lo que, invocan formalmente que se han violado los principios del debido procedimiento y de legalidad en el presente procedimiento administrativo. iv. Asimismo, alegan que se ha incumplido con lo establecido en el artículo 53 del RLGIT, referido al trámite del procedimiento sancionador, en tanto que es una violación flagrante al derecho a la defensa y al debido procedimiento. v. Cuestionan la violación de las disposiciones reguladas en los numerales 13.3 y 13.4 de los artículos 9 y 13 del RLGIT, en tanto que, la Orden de Inspección N° 16049- 2018-SUNAFIL/ILM, fue emitida por la SUNAFIL, con fecha 19 de setiembre de 2018, para lo cual, el personal inspectivo tuvo un plazo legal de treinta (30) días hábiles, a fin de poder realizar las correspondientes actuaciones inspectivas y/o comprobatorias. vi. Sin embargo, manifiestan que el inspector actuante expidió recién con fecha 05 de noviembre de 2018 el Acta de Infracción, luego de transcurridos los 30 días hábiles, cuando en dicha fecha ya se había vencido el plazo otorgado al inspector para la realización de sus labores inspectivas, ya que el plazo venció el 02 de noviembre de 2018, y no el 05 de noviembre de 2018, fecha en la que se programó la última actuación inspectiva, sumando un total de 31 días hábiles, tiempo mayor al plazo de 30 días hábiles concedido para la realización de las actuaciones inspectivas, encontrándose por ello fuera de la ley; con lo cual, se advierte de manera fehaciente que hubo una vulneración al numeral 13.3 del artículo 13 del RLGIT, concluyendo que todos los actuados de investigación y de comprobación efectuados por la inspectora actuante resultan ser inválidos y no pueden ser utilizados para justificar una Acta de Infracción. Asimismo, señalan que no se advierte que se haya solicitado alguna prórroga o ampliación del plazo inicialmente concedido para tal efecto. vii. Por lo que, al haberse puesto en evidencia la trasgresión de los principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo, mencionados en el artículo 44 de la LGIT, y aquellos que regulan la potestad sancionadora, previstos en el artículo 230 de la Ley N° 27444, por ende, corresponde determinar la no

continuación del procedimiento administrativo sancionador y proceder a archivar los actuados. viii. Invocan la caducidad administrativa del procedimiento sancionador, de acuerdo a lo señalado en el artículo 259, numeral 1 del TUO de la LPAG2, en tanto que, la etapa instructora, concluyo al momento de la expedición del Acta de Infracción e Imputación de Cargos, esto es, el 05 de noviembre de 2018 (lo cual es incorrecto porque la etapa instructora terminó el 02 de noviembre de 2018).

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Figura 03:

11 Véase folio 17 del expediente sancionador. 12 Véase folio 27 del expediente sancionador. 13 Véase folio 52 del expediente sancionador. 14 Véase folio 65 del expediente sancionador.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del

órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”15.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 2135-2020- SUNAFIL/ILM/AI1 30/06/2021 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 256-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE5 24/02/2022

Sobre el plazo de las actuaciones inspectivas de investigación

15 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

16 Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (...) 5.5 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción a la labor inspectiva. (...) 17 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “…no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar sus obligaciones relacionado a la ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, al no entregar las sillas de trabajo adecuadas a sus onces (11) trabajadores afectados. Numeral 27.9 del artículo 78 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la adopción de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de octubre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CINPAR S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 797-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo

sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1452-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 797-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. -Notificar la presente resolución a CINPAR S.A.C., a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250108MCR – HR 92634-2022