Cineplex S.A — Res. 1166-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contratos de trabajo (Sub materia: Primacía de la realidad); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras, vacaciones, descansos en días feriados no laborables y trabajo nocturno); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones y remuneración mínima vital); Bonificación no remunerativa (Sub materia: incluye todas); Certificado de trabajo (Sub materia: incluye todas); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS) y Participación en las utilidades (Sub materia: pago). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

a labor inspectiva, por no haber cumplido oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega del certificado de trabajo por el periodo laborado del 16 de enero de 2016 hasta el 16 de marzo de 2017 a favor de la ex trabajadora Sharon Marysol Carazas Vicente, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 954.50. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de julio de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Sostiene que cumplió con la entrega del Certificado de trabajo, conforme al documento presentado por la inspeccionada que obra en el presente expediente, y señala que, de forma complementaria, el día 24 de marzo de 2017, la inspeccionada remitió el correo con asunto: “Liquidación BBSS – CARAZAS VICENTE ANTONELLA SHARON MARYSOL: centro”, que evidencia la entrega del citado certificado, lo que, conforme al principio de presunción de veracidad, dicha información es cierta. ii. Solicita la reducción de la multa al 30% de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la LGIT, al haber subsanado la observación, pues ha hecho entrega vía notarial del certificado de trabajo a la extrabajadora Sharon Marysol Carazas Vicente. iii. Con relación a la medida inspectiva de requerimiento, señala que, la multa impuesta en esta infracción carece de sustento fáctico, pues la inspeccionada acreditó el cumplimiento de la entrega del certificado de trabajo. iv. Considera que la autoridad administrativa actúa de manera arbitraria contraviniendo el principio de razonabilidad e imparcialidad, por lo que, se debe dejar sin efecto la multa impuesta.

i. Refiere que, es importante traer a colación la Tercera Disposición Complementaria Transitoria Denegatoria y Final del Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, que establece que finalizada la relación laboral, el trabajador recibirá del empleador, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, un certificado en el que se indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicios y la naturaleza de las labores, asimismo, dicho documento indicará la apreciación de la conducta o rendimiento del trabajador, siempre que lo solicite. Ahora bien, en el presente caso, la inspeccionada alega que, con fecha 24 de marzo de 2017, remitió vía correo electrónico el certificado de trabajo a la extrabajadora Sharon Marysol Carazas Vicente; sin embargo, no se observa el cargo de recepción de dicho certificado ni se aprecia documentación alguna donde la extrabajadora haya declarado como suyo el correo electrónico al que se adjuntó el documento, por lo que, no se acredita fehacientemente la entrega efectiva de aquel certificado. ii. Por otra parte, observa que la autoridad administrativa adoptó las medidas correspondientes para tener la certeza que, de manera fehaciente, el certificado de trabajo enviado vía correo electrónico, había sido entregado a la extrabajadora Sharon Marysol Carazas Vicente, solicitándole mediante la medida inspectiva de requerimiento acredite la entrega de dicho certificado; sin embargo, la inspeccionada, en la diligencia de verificación de cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, no presentó ningún documento al respecto. iii. De la revisión de autos, aprecia que si bien es cierto, mediante escrito de fecha 11 de setiembre de 2021, la inspeccionada adjunta la carta notarial, mediante la cual notificó el certificado de trabajo a la extrabajadora Sharon Marysol Carazas Vicente; sin embargo, se observa que la carta notarial presentada por la inspeccionada y que contenía adjunto el certificado de trabajo, no pudo ser notificada efectivamente en el domicilio de la extrabajadora Sharon Marysol Carazas Vicente. Por tanto, considera que los documentos presentados no permiten desvirtuar la infracción imputada. iv. En virtud a ello, expresa que la inspectora comisionada, producto de la evaluación de los documentos exhibidos por la inspeccionada, advirtió, entre otros, el incumplimiento de la obligación en materia de relaciones laborales, respecto a la entrega del certificado de trabajo, por parte de la inspeccionada. Por lo tanto, con fecha 26 de julio de 2018, emitió la medida inspectiva de requerimiento, conforme a ley, la cual incumplió la impugnante. v. Finalmente, argumenta que no se advierte afectación al principio de razonabilidad al determinar la sanción a imponer; por el contrario, se verifica que la autoridad de

2 Notificada a la impugnante el 10 de enero de 2022, véase folio 301 del expediente sancionador.

primera instancia ha actuado de acuerdo a las disposiciones legales previstas en el RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CINEPLEX S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 006-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i) Argumenta que se ha interpretado erróneamente el numeral 7 del artículo 46° del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, puntualizando que su empresa procedió a presentar el certificado de trabajo durante las actuaciones inspectivas y se debe entender dicha versión como cierta por el principio de “presunción de veracidad”

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

del administrado que regula el TUO de la LPAG. De ahí que, con fecha 24 de marzo de 2017, se envió un correo a la ex trabajadora adjuntando la liquidación de beneficios sociales y el certificado de trabajo correspondiente. Asimismo, de forma complementaria, su empresa procedió a diligenciar vía notarial el certificado de trabajo hacia el domicilio de la extrabajadora que tenía guardado en sus archivos, información que proporcionó la misma en su ficha de ingreso. ii) Sostiene que el criterio arbitrario de la autoridad administrativa aplicado al presente procedimiento administrativo contraviene los principios de razonabilidad e imparcialidad, debido a que resulta poco razonable que la autoridad administrativa no estime como válida la notificación que se realizó del certificado de trabajo vía correo electrónico, siendo este mecanismo ideal para notificar cualquier documento. iii) Alega que se ha vulnerado la debida motivación y derecho de defensa, contenidos en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. iv) Expresa que la falta de motivación no solo se encuentra en la insuficiente investigación realizada por la Intendencia, sino también en la carencia de argumentación para desvirtuar sus argumentos del su recurso de apelación, trasgrediendo su derecho de defensa. v) Solicita la sustracción de la materia, debido a que sí cumplió con remitir el certificado de trabajo en favor de la ex trabajadora.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una

decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N. º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante: al derecho a la defensa, debida motivación y legalidad.

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”(énfasis agregado).

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”13.

“el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, su ejercicio no es absoluto, por cuanto se encuentra sujeto a determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho”.

(…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 12 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 13 El subrayado no es del original. 14 J. Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II, Lima: Grijley, 2019, 405.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

Figura 01:

actuaciones a las cuales la Administración se encontraba obligada con relación a la aplicación del principio de verdad material, en el sentido de que la Administración tiene el deber de realizar todas las actuaciones que considere convenientes para -en caso tenga indicios de algún incumplimiento normativo- conocer la verdad material (lo cual incluye solicitar una declaración al administrado, entre otros).

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

nulidad de la Resolución de Sub Intendencia N° 725-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CINEPLEX S.A. y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 725-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 16 de agosto de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, y también las sucesivas actuaciones y actos emitidos en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1686-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 725-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a CINEPLEX S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.33 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20221207JCR