Cinemark del Perú S.R.L — Res. 1532-2025

Mediante Orden de Inspección N° 20536-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3511-2020-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 627-2021-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 18 de marzo de 2021, notificado el 22 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1364-2021-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 12 de noviembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1236-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 06 de diciembre de 2021, notificado el 09 de diciembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,644.40, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 27 de diciembre de 2021, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1236-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3.

Mediante Resolución de Intendencia N° 362-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de abril de 2023 y notificado el 17 de abril de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundada la nulidad formulada e infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la primera instancia.

Con fecha 02 de mayo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 362- 2023-SUNAFIL/ILM. 1.7. La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 003054- 2023-SUNAFIL/ILM recibido el 04 de octubre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CINEMARK DEL PERU S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 362-2023- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 11,644.40, por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 18 de abril de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CINEMARK DEL PERU S.R.L.

Debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG, establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción.

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con la infracción muy grave, e identificando si sobre esta se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

En principio, en razón a los argumentos expuestos en el recurso impugnatorio y a lo desarrollado en el proceso administrativo sancionador, este Tribunal procede a realizar el análisis respectivo desde la aplicación del principio del debido procedimiento y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco de la presente causa.

Sobre el particular, el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG establece que:

Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA: “2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido). 6.11 En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

El Principio de Debido Procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA/TC, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material8.(énfasis añadido).

Respecto a la falta de motivación, en palabras de Guzmán Napurí9, se ha expresado lo siguiente:

En esta misma línea, el Tribunal Constitucional precisa lo siguiente en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC:

Como se aprecia, en nuestro ordenamiento administrativo, se ha contemplado que “no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento”10.

En el presente caso, de la revisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1236-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 06 de diciembre de 2021, se aprecia que incurre en un vicio de motivación, dado que la impugnante en su descargo de informe final, entre otros argumentos, solicitó la aplicación de la causal de eximente de responsabilidad administrativa, ante el cumplimiento efectivo de la entrega de la boleta de pago del mes de abril de 2020 al extrabajador afectado, el Sr. Erixon Quispe. Sin embargo, la autoridad de sanción desestimó dicho pedido en razón a que, si bien reconoce el acto de subsanación por parte de la administrada, consideró que este acto se ha materializado de manera posterior al inicio del proceso administrativo.

Al respecto, se identifica que la administrada postula como tesis de defensa que, se ha visto imposibilitada de acreditar cumplimiento de la entrega de la boleta de pago del mes de abril de 2020 al extrabajador afectado, en razón a que el vínculo con él concluyó el 25 de abril de 2020 y no se le ha podido entregar directamente; aun así, alega que cumplió con la remisión efectiva del mismo mediante conducto electrónico a su dirección electrónica. Por lo cual, en el marco de lo regulado por el numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto Legislativo 131011, debe contemplarse como satisfecho dicha obligación legal.

Según se verifica del expediente de sanción, en el descargo de imputación de cargos obran las capturas de los correos electrónicos remitidos por la empresa a la dirección electrónica de ejose_1991@hotmail.com, mediante el cual se le envió al extrabajador la boleta de pago de abril de 2020 (04 de julio de 2020) y sobre el cual no existe duda de que le pertenece, conforme se logra verificar de la captura de Whatsapp12, de fecha 25 de abril de 2020, y del cual se ha corroborado su dominio y empleo en el mes que se ha efectuado la denuncia (junio de 2020), según las capturas de diversos correos electrónicos adjuntos a la misma.

Posteriormente, en el descargo de informe final de instrucción, la administrada proporcionó a la administración la boleta de pago de abril de 2020 (con firma y huella del sujeto afectado) que le valió a la autoridad de sanción para concluir en la subsanación efectiva de la obligación sustantiva materia de sanción. Sin embargo, respecto a la oportunidad de subsanación, precisó que los correos remitidos por la administrada a la dirección electrónica ejose_1991@hotmail.com, no le generan la debida certeza respecto a si se llegó a recepcionar o tomar conocimiento del documento adjunto o si este documento, resulta ser la boleta de pago materia de cuestionamiento. Así, no se consideró que la subsanación se haya efectivizado en fecha 04 de julio de 2020 (antes del inicio del proceso administrativo en fecha 22 de marzo de 2021), mediante la remisión de los correos, sino en la oportunidad que se ha presentado al proceso (25 de noviembre de 2021), aplicando la reducción de la multa según lo regulado por el literal a) del artículo 40 de la LGIT13 y no la eximente de responsabilidad administrativa por infracciones regulado en el artículo 257 del TUO de la LPAG14.

Del mismo modo, resulta trascendente, tomar en consideración el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución de Sala Plena Nº 001-2023- SUNAFIL/TFL, de fecha 05 de enero de 2023, mediante el cual se ha establecido ciertas directrices respecto de la obligación de la administración de desvirtuar la presunción de licitud del administrado mediante la verificación plena de los hechos (verdad material), recabando medios probatorios idóneos antes de sancionar, sobre la base de los siguientes términos:

Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento.” (el resaltado es propio).

Sobre dicho marco jurisprudencial, se establece el parámetro de valoración probatoria para la administración en la inspección de trabajo, a fin de estandarizar su juicio según los Principios de Licitud y de Verdad Material. Mediante dichas aristas, se define la necesidad de genere un esfuerzo por establecer la responsabilidad de la inspeccionada bajo una razonada y genuina valoración probatoria.

Sin embargo, en el presente caso, a pesar que la autoridad de sanción reconoce que la dirección electrónica de ejose_1991@hotmail.com le pertenece al extrabajador afectado, ha demeritado la oportunidad del cumplimiento de la obligación sociolaboral por parte de la empresa administrada (04 de julio de 2020), sin tomar en consideración, que existe evidencia que dicho correo electrónico se ha encontrado bajo dominio del recurrente en la oportunidad que se ha enviado los correos electrónicos con la boleta de pago de abril de 2020, según lo precedentemente señalado y el pedido expreso de este17, respecto a establecer comunicación escrita únicamente por medio de dicho correo electrónico, solicitud efectuada en la misma fecha de la que data los correos en mención, esto es, el 04 de julio de 2020.

De acuerdo a ello, en el marco del Principio de Licitud y Verdad Material, ante dichas evidencias, el acto subsanatorio efectuado por la empresa mediante la boleta de pago del mes de abril de 2020, requería por parte de la autoridad de sanción una valoración integral de los medios de prueba incorporados al proceso desde la inspección de trabajo hasta la oportunidad de pronunciamiento de la misma, de la cual se podrá advertir que los correos se han remitido a la dirección electrónica informada y bajo dominio del propio sujeto afectado, lo cual grafica el cumplimiento de la remisión de la boleta de pago el 04 de julio de 2020, esto es, antes de iniciado el proceso administrativo.

De este modo, se verifica que la autoridad de sanción no ha establecido en el presente caso un fundamento que contradiga dicho bloque probatorio, por el contrario, se ha sustentado en la aplicación del numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto Legislativo 1310, sin siquiera mencionar que existían medios de prueba que revelan, no solo que la dirección electrónica en mención pertenece al sujeto afectado, sino que este solicitó comunicación exclusiva por dicho conducto y que se encontraba en dominio del mismo en la oportunidad en la que se le remitió la boleta de pago del mes de abril de 2020.

En ese sentido, resulta razonable valorar el cumplimiento de la obligación sustantiva en la oportunidad en la que se han remitido los correos a la dirección electrónica informada y bajo dominio del propio sujeto afectado, lo cual tiene incidencia directa en la concurrencia de la causal de la eximente de responsabilidad invocada por la administrada, y que, sobre la base de lo precedente, se concluye que la autoridad de sanción no ha resultado generando una válida evaluación.

De este modo, se verifica que la instancia venida en grado ha optado por ignorar su deber de garantizar que la motivación de su pronunciamiento comprenda la absolución integral de lo postulado por la administrada en su recurso de apelación, bajo una genuina fundamentación de hecho y de derecho dirigido a determinar adecuadamente si resulta aplicable la eximente de responsabilidad a la administrada por la infracción tipificada bajo el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una inexistencia de motivación, la cual se configura ya que la Sub Intendencia, no analizó, ni desvirtuó de forma motivada la alegación planteada por la impugnante desde su descargo de informe final de instrucción, deviniendo en que su decisión carece de sustento jurídico alguno.

Resulta imperativo enfatizar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar el respeto por los principios del procedimiento administrativo -entre los cuales se encuentran los principios de Debido Procedimiento18 y Verdad Material-, y que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14 del TUO de la LPAG19, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo, así tenemos:

Por tanto, resulta imposible convalidar la actuación de la instancia de mérito, la cual debió evaluar de manera adecuada el marco normativo que nuestro sistema integra, respecto de los cuestionamientos invocados por la administrada. Lo anterior generó la vulneración del derecho de defensa del administrado20 y al debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente cada conducta antijurídica atribuida al imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que las Resolución de Sub Intendencia N° 1236-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE33, de fecha 06 de diciembre de 2021, y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 362-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de abril de 2023, incurren en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independizables para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad21. Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente válido, en la parte que no adolece de vicio alguno, tal como se evidencia en el presente caso.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 1236-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 06 de diciembre de 2021, en el extremo referido a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ha sido emitida vulnerando el derecho a la debida motivación; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento vinculados a dicho extremo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.2 del artículo 1322 del TUO de la LPAG.

Cabe mencionar que, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo23.

En cuanto a los argumentos integrados en el recurso de revisión, sobre la base de los vicios identificados que sostiene parte de la imputación contra la administrada, carece de objeto emitir pronunciamiento al haber declarado la nulidad parcial del procedimiento administrativo.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento administrativo desde la indebida motivación en la resolución de primera instancia, mediante la cual se ha omitido generar pronunciamiento garantizando la debida motivación.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 1236-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 06 de diciembre de 2021, ha sido emitido vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, tal resolución carece de efecto y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, se remite la presente Resolución a la Intendencia de Lima Metropolitana y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva. POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;