Cika Inversiones & Negociaciones E.I.R.L — Res. 223-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub Materia: Comité -o Supervisor- de Seguridad y Salud en el Trabajo), Equipos de protección personal (Sub Materia: Incluye todas), Seguro complementario de trabajo de riesgo (Cobertura en Salud e invalidez y Sepelio) y Planes y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub Materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

1. Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la documentación requerida con fecha 12 de mayo de 2021; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con S/ 1,804.00 soles.

2. Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la documentación requerida con fecha 24 de mayo de 2021; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con S/ 1,804.00 soles.

i. La impugnante señala que por desconocimiento del uso de la casilla electrónica no se pudo enviar de manera correcta y en los plazos señalados la documentación requerida, a pesar de tener los documentos solicitados antes de la generación de la orden de inspección, conforme se puede verificar de los anexos del recurso de apelación. La impugnante afirma estar siempre en constante cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.

ii. La impugnante reconoce la responsabilidad de las infracciones detalladas en el informe final, y solicita la aplicación del literal a), numeral 2, artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y de la Directiva 001-2017 INII, que regula el Procedimiento Sancionador de Sistema de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL, que en el punto 7.1.5.5. página 33, señala que “constituyen condiciones atenuantes de responsabilidad por la comisión de infracciones, las situaciones previstas en ellos literales a) y b), del numeral 2 del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en el punto 7.1.5.6. página 33, menciona que “para la aplicación de los previsto en el literal a) antes descrito, el reconocimiento de la responsabilidad, el cual es expreso y por escrito, debe ir acompañado del compromiso de subsanar las infracciones en un plazo menor a un año. En este supuesto, la reducción de la multa será el 80% de la original propuesta o impuesta.”. En conclusión, deberá ser acogida por estos puntos mencionados.

i. En el presente caso, corresponde mencionar que, a través de su casilla se envió los requerimientos de información de fechas 12 y 24 de mayo de 2021, indicando que se presenten documentación relacionada al objeto de la investigación a favor de 6 trabajadores. Sin embargo, revisada la bandeja electrónica con fechas 17 y 28 de mayo de 2021 respectivamente, se tiene que el sujeto inspeccionado no ha remitido documentación alguna. Siendo oportuno precisar que las infracciones en contra de la labor inspectiva son de emisión inmediata e insubsanables.

ii. De esta manera, ante los argumentos de defensa expuestos por la apelante, corresponde tener presente que conforme al deber de colaboración, regulado en el artículo 9 de la LGIT, los empleadores, trabajadores y sus representantes, así como todos los responsables del cumplimiento de las normas socio laborales, están obligados a colaborar con los inspectores cuando sean requeridos para ello.

iii. Con relación a los argumentos expuestos, en el recurso de apelación presentado, se advierte que, son redundantes y repetitivos en los descargos presentados ante la imputación de cargos e informe final de instrucción, los mismos que han sido desvirtuados en los considerandos respectivos de la resolución apelada, Asimismo no guardan correspondencia lógica, con la conducta que es materia de sanción, debiendo desestimarse el mismo.

iv. En conclusión, quedan desvirtuados los argumentos formulados por la impugnante, habiéndose desarrollado la investigación inspectiva, y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes, cómo son los principios administrativos

2 Notificada a la impugnante el 06 de octubre de 2021.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CIKA INVERSIONES & NEGOCIACIONES E.I.R.L.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. La resolución impugnada no tomó en cuenta el cuarto párrafo del artículo 39 de la LGIT, sobre la reducción al 50% de la multa a las MYPES, que señala que “la sanción que se imponga por las infracciones que se detecten a las empresas calificadas como micro o pequeñas empresas conforme a la ley se reducen en 50%”. Esta disposición se contempla también en las modificatoria del RLGIT, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, en su artículo 1, realizada al artículo 48.1-A, que señala que “conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley, la tabla de multas para la micro y pequeñas empresas incluye la reducción del 50%”. “Para la aplicación de la tabla de multas previstas para las microempresas y pequeñas empresas, el sujeto inspeccionado presenta, hasta antes de la resolución de segunda instancia, la constancia de inscripción en el Registro Nacional de la micro y pequeña empresa- REMYPE que lo acredita como tal”. En tal sentido, al haber verificado el inspector actuante previamente a sus investigaciones comprobatorias que la impugnante es una microempresa, la autoridad instructiva debió de efectuar la reducción del 50% de la multa originalmente propuesta, pero no lo hizo. Sin perjuicio de ello, se cumple con adjuntar la constancia de inscripción en el REMYPE, debiendo su despacho pronunciarse y dar cumplimiento de la norma citada en aplicación del principio de legalidad.

ii. Sobre la reducción de la multa establecida en el 40% de la LGIT, la autoridad instructiva no se pronuncia sobre este artículo que indica que las multas previstas en la LGIT se reducen al 30% de la multa originalmente propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de infracciones detectadas, desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación. Por lo tanto, solicitó a usted contemplar esta observación como una solicitud de los términos que resulten más favorables a la impugnante, debiendo resolver en su condición de autoridad administrativa de trabajo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“(…) El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. (…)

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). (énfasis añadido)

8 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

9 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

antes descrito, el reconocimiento de la responsabilidad, el cual es expreso y por escrito, debe ir acompañado del compromiso de subsanar las infracciones en un plazo menor a un año. En este supuesto, la reducción de la multa será el 80% de la original propuesta o impuesta.”. En conclusión, deberá ser acogida por estos puntos mencionados. No obstante, se advierte que la autoridad sancionadora omite pronunciarse en la Resolución de Sub Intendencia respecto del argumento expuesto, quedando la solicitud realizada por la impugnante sin respuesta.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil,

aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 131-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA de fecha 23 de julio de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Huancavelica, dentro del procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 097-2021-SUNAFIL/IRE-HVCA, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Devolver todos los actuados a la Intendencia Regional de Huancavelica, para que proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.21.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a la CIKA INVERSIONES & NEGOCIACIONES E.I.R.L. y a la Intendencia Regional de Huancavelica, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (https://www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA