CIA Minera Santa Luisa S.A — Res. 410-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y Salarios); Trabajo remoto (Sub materia: Incluye todas); Licencia con goce de haber (Sub materia: Incluye todas); y, Hostigamiento y Actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos). soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

requerimiento notificada el día 07 de junio de 20212; en mérito a la solicitud de actuación inspectiva presentada por el secretario general del “Sindicato de Trabajadores Mineros de Santa Luisa de Huanzalá”, por supuestos actos de hostilidad, por efectuar la reducción inmotivada de la remuneración de trabajadores, quienes se encuentran dentro del grupo con factor de riesgo.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago integro de la Licencia con Goce de Haber compensables de los trabajadores Ñaupari Leiva Hernández, Maylle Montoya Nicolás y Celestino Sudario Cirilo, en los meses de enero hasta mayo de 2021, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04 de junio de 2021, notificada el 07 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Respecto a los plazos y oportunidad de las actuaciones inspectivas, la compañía reafirma su postura sobre la vulneración al principio de eficacia y de celeridad, en razón que, los inspectores actuantes supuestamente han expedido el Acta de Infracción el 16 de junio de 2021, el mismo día que culminaron las actuaciones; sin embargo, notificaron el acto administrativo el 27 de septiembre de 2021, a pesar de la existencia de la casilla electrónica. ii. El Decreto Supremo N° 003-2020-TR, regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica de SUNAFIL, siendo obligatoria la notificación mediante este buzón electrónico de las actuaciones del proceso inspectivo; por lo que no resulta

2 Véase folio 31 del expediente inspectivo.

razonable, y contraviene los principios de eficacia, probidad y celeridad el uso excesivo del plazo de notificación por parte de la autoridad administrativa. iii. Respecto al supuesto incumplimiento normativo, la resolución únicamente se enmarca en la existencia o no del pago y no en las causas que generan el derecho al pago o las causas que justifican su no otorgamiento. iv. La propuesta de sanción señala que el incumplimiento recae en 3 trabajadores, pero se expide una segunda infracción por 4 trabajadores; en consecuencia, se ha generado una imputación por un número de trabajadores mayor al supuesto número de trabajadores afectados, lo cual contraviene el principio de objetividad y legalidad del procedimiento inspectivo. v. No se ha realizado un análisis de la información entregada por la empresa, lo que vulnera los principios de legalidad, primacía de la realidad, imparcialidad, objetividad y el principio ordenador de probidad. vi. De acuerdo a la normativa vigente, señalan que cumplieron con el test de protección, manteniendo el vínculo laboral con los trabajadores y otorgando las licencias compensables hasta un monto que no afecte económicamente a la empresa. vii. No se debe violentar el derecho y libertad de empresa, debiéndose velar por la reactivación económica. viii. No se ha tomado en consideración la anotación sobre los estados financieros del 2020, verificando que la modificación de las licencias con goce compensables se dio de forma posterior al conocimiento de las pérdidas. ix. Los trabajadores en cuestión realizan labores bajo un régimen atípico de trabajo, con una jornada diaria de 10 horas y 17 minutos, lo que no permite compensar con mayor tiempo de trabajo, pues, esto vulneraría los límites legales y pondría en riesgo la salud de los trabajadores de edad avanzada y cercana a la jubilación. x. En la actualidad, los trabajadores tienen más de dos meses de reincorporación y hasta la fecha no han podido retornar monto alguno, mediante compensación por trabajo. xi. Precisa que mediante Informe de Actuaciones Inspectivas de Investigación de la Orden de Inspección N° 258-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, se analizó la misma materia, respecto de los mismos trabajadores afectados. xii. No han incumplido la medida de requerimiento, pues no consideran que se haya tipificado un incumplimiento. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 042-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 21 de abril de 20223, la Intendencia Regional de Ancash declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

3 Notificada a la impugnante el 25 de abril de 2022, véase folio 85 del expediente sancionador.

i. Respecto a los plazos y oportunidad de las actuaciones inspectivas, señala que debe tenerse en cuenta que el plazo otorgado para el inicio y finalización de la Orden de Inspección fue de 30 días, teniendo presente que el procedimiento inspectivo se inicia el 25 de mayo de 2021 y culmina el 16 de junio de 2021 con la emisión del Acta de Infracción, es decir, dentro del plazo otorgado. ii. Considera pertinente diferenciar el procedimiento inspectivo del sancionador, ya que son distintos tanto en la finalidad como en los servidores a cargo; debiendo precisarse que cada uno cuenta con un plazo específico, y que el Acta de Infracción fue notificada junto con la Imputación de Cargos, dándose inicio al procedimiento sancionador, el cual tiene como plazo máximo para resolver de 9 meses, por lo que, se han respetado los principios administrativos. iii. Trae a colación el numeral 3 del artículo 151 del TUO de la LPAG, el cual dispone que el plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas, atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera del término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo, lo cual no se verifica en el presente caso. iv. Respecto al número de trabajadores afectados en la segunda infracción, se advierte que ha existido un error material, toda vez que el número de trabajadores afectados en el presente procedimiento son solo 3 trabajadores, por lo que, debe aplicarse el numeral 2 del artículo 212 del TUO de la LPAG. v. Sobre el extremo que justifica el no haberle pagado de manera íntegra la licencia sin goce de haber a los trabajadores afectados, precisa que, la accionante, al no haber iniciado un proceso de suspensión perfecta de labores o arribar a un acuerdo entre las partes, no puede dejarse de pagar la remuneración de los trabajadores y otorgarle licencia sin goce de haber, puesto que los dispositivos legales no señalaban que, de manera unilateral, el empleador podría realizar dichos actos, más aún si se trataba de trabajadores que se encontraban en el grupo de riesgo. vi. Respecto a la vulneración a los principios de integridad y a tener una resolución fundada, señala que debe tenerse en cuenta que la Orden de Inspección N° 258- 2021 fue generada por la materia de discriminación en el trabajo, por ende, se vieron hechos distintos. Si bien es cierto, se trata de los mismos trabajadores afectados, la investigación era para la reincorporación de los trabajadores, materia distinta a que se desarrolló en el presente procedimiento. vii. Sobre la medida de requerimiento, existía la obligación de haber cumplido con lo solicitado por el inspector comisionado, por lo que, al no haber cumplido, se le ha sancionado correctamente con una infracción muy grave a la labor inspectiva. 1.6 Con fecha 13 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Áncash, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 042-2022- SUNAFIL/IRE-ANC.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente. 3.2 Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal. 3.3 El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9. 3.4 En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas. 3.5 En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CIA MINERA SANTA LUISA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 042-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del numeral 1 del artículo 24 del TUO de la LPAG respecto a la notificación del Acta de Infracción y del Informe Final de Instrucción, en razón que, en el presente caso, el Acta de Infracción notificada tiene fecha 16 de junio de 2021, lo que demuestra que SUNAFIL se demoró tres meses para cumplir con lo establecido por ley. ii. En la Resolución de Intendencia se reconoce que el no cumplimiento del plazo legal, no afecta el debido procedimiento administrativo, por ende, respecto a la notificación extemporánea del Acta de Infracción se ha transgredido lo dispuesto en la LGIT y el TUO de la LPAG, argumentos que no fueron desvirtuados. iii. Este incumplimiento a los plazos se ha seguido inaplicando con el Informe Final, pues se tiene que la fecha de emisión fue el 25 de noviembre de 2021, con lo cual, correspondía que sea notificada máximo el 02 de diciembre de 2021; sin embargo, fue notificada el 06 de diciembre de 2021, lo cual adolece de nulidad. iv. Que, la Intendencia incurre en nulidad al establecer como justificación la aplicación del numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, respecto a la suspensión perfecta de labores al personal materia de inspección, debido a la imposibilidad de aplicar tal medida a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo por edad.

v. Asimismo, la Intendencia establece de manera equivocada que aplicaron licencia sin goce de haber a los trabajadores materia de inspección; sin embargo, de la información proporcionada se puede advertir lo contrario, debido a que se mantuvo la percepción de la remuneración; lo cual acarrea la nulidad, ya que lo establecido como argumentos para efectos de imputarles una infracción se ha realizado sobre la base de hechos que no se ajustan a lo aportado en el presente procedimiento. vi. Se ha inaplicado el principio de razonabilidad y de manera indirecta el de proporcionalidad, en razón de imponer una multa por incumplir la medida de requerimiento, pese a la información aportada. Sin embargo, cuando se hace referencia al número de trabajadores, inicialmente se establece 4 y luego 3, aspecto determinante para efectos de evidenciar que desde la emisión del Acta de Infracción se incurrió en nulidad. vii. Interpretación errónea del numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, en relación a la observancia de la debida motivación de las resoluciones administrativas, en tanto que, la Resolución de Intendencia no cumple con el estándar de motivación que exige el derecho al debido procedimiento; por lo que, debería ser declarada la nulidad de la Resolución de Intendencia. viii. La resolución impugnada incurre en un vicio de motivación inexistente, puesto que no ha dado respuesta concreta a los argumentos de defensa vertidos en el recurso de apelación. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (…)” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como

la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (párrafo 69) (…)” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios en el procedimiento administrativo sancionador

“Principio de tipicidad, en mérito al cual, la descripción legal de una conducta específica aparece conectada a una sanción administrativa. Esta exigencia deriva de dos principios jurídicos específicos; el de libertad y el de seguridad jurídica.

10 TUO de la LPAG, Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 11 MORÓN URBINA, J. (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 14va ed., Tomo II, p. 421.

Conforme al primero, las conductas deben estar exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, mientras que, en relación al segundo, los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de manera suficiente y adecuada, las consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas generales o indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al “arbitrio” de la administración, sino que ésta sea prudente y razonada”.

12 Nieto García, A. (2017). Derecho Administrativo Sancionador. Primera reimpresión. Madrid: Tecnos, p. 269. 13 Vid. Sentencia del 11 de octubre de 2004 recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC, segundo párrafo del fundamento jurídico 5.

“4.3 (…) j) se ha verificado en las boletas de pago que obra en autos, que desde el mes de enero hasta mayo de 2021, fecha hasta donde se ha fiscalizado, el sujeto inspeccionado no viene pagando mensualmente de manera completa la licencia con goce de haber compensable de acuerdo al monto íntegro de la remuneración, a los trabajadores Ñaupari Leiva Hernández, Maylle Montoya Nicolás y Celestino Sudario Cirilo; habiendo acreditado sólo el pago de la licencia con goce de haber compensable correspondiente al 50% del importe de la remuneración mensual.

(…) n) Ahora, si tenemos en cuenta que el pago de la licencia con goce de haber compensable corresponde al monto de la remuneración; entonces, para que proceda la reducción en el pago de la licencia con goce de haber compensable, el sujeto inspeccionado ha debido de celebrar un acuerdo consensuado con cada uno de los trabajadores para la reducción de la remuneración, hecho que el sujeto inspeccionado no ha acreditado en el caso presente, por lo que no le asiste el derecho para reducir unilateralmente la remuneración; y consecuentemente, el importe de la licencia con goce de haber compensable de cada uno de los referidos trabajadores a partir del mes de enero de 2021”.

14 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

15 “TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CIA MINERA SANTA LUISA S.A. y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 28-2022- SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 28 de enero de 2022, notificada el 31 de enero de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Áncash y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 315-2021-SUNAFIL/IRE-ANC. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 28-2022- SUNAFIL/IRE-ANC, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a CIA MINERA SANTA LUISA S.A., y a la Intendencia Regional de Áncash, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Áncash y la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.31 de la presente resolución. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230426MCR