CIA de Seguridad Prosegur S.A — Res. 964-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no responder el requerimiento de información notificado el 23 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no responder el requerimiento de información notificado el 05 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Que, el inspector bien pudo haber otorgado un plazo mayor para presentar la información contenida en el requerimiento de fecha 05 de abril de 2021; citar a comparecencia virtual o presencial; emitir nuevos requerimientos de información; sostener entrevistas con sus representantes o trabajadores. Sin embargo, claudicando a su deber de fiscalización, prefirió extender un Acta de Infracción imputando la supuesta imposibilidad de ejercer sus funciones.

ii. En este caso, la no conclusión de las actuaciones inspectivas y la falta de análisis de los hechos denunciados son enteramente atribuibles al inspector de trabajo. Por tanto, refieren que resulta un abuso de autoridad que se les pretenda sancionar por supuestos incumplimientos al deber de colaboración con la inspección del trabajo, cuando ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que el inspector comisionado realice sus labores de fiscalización.

iii. Señalan que se ha transgredido el principio reformatio un peius, toda vez que, a pesar de que el Informe Final de Instrucción determino reconducir el supuesto incumplimiento del requerimiento de información del 23 de marzo de 2021, como una infracción muy grave, debiendo aplicarse el artículo 46.3 del RLGIT, lo cual consiste en una agravación de la falta que resulta contraria al debido procedimiento.

iv. El Tribunal de Fiscalización Laboral es claro en sostener que el solo hecho de cumplir parcialmente un requerimiento de información no califica como una negativa a facilitar información bajo el alcance del artículo 46.3 del RLGIT. Se debe analizar cuidadosamente el comportamiento del sujeto inspeccionado para determinar si efectivamente ha existido una negativa o si, por el contrario, se trata de una demora en la entrega de la información o una entrega parcial, como en este caso.

v. Finalmente, cabe señalar que la presente Orden de Inspección persigue la misma finalidad que la Orden de Inspección N° 1570-2020, pues ambas inspecciones pretenden atender la denuncia formulada por los trabajadores, por supuestos actos de hostilidad a causa de su traslado de puesto de trabajo, lo que constituye una vulneración al principio de non bis in ídem en su vertiente procesal. Esta doble inspección por la misma materia ha devenido en la aplicación de doble sanción por el mismo hecho.

i. Respecto a la negativa de brindar la información y documentación solicitada por medio de los requerimientos de información; teniendo a la vista los requerimientos emitidos, se advierte que estos fueron correctamente notificados por medio de la casilla electrónica de la inspeccionada, mediante el cual el inspector comisionado emitió el plazo suficiente para que sean respondidos por esta última de manera oportuna.

ii. Si bien la inspeccionada señala que el inspector comisionado culmino sus actuaciones inspectivas antes de los 30 días hábiles de plazo con los que contaba la Orden de Inspección N° 356-2021, lo cierto es que luego de la notificación de los dos últimos requerimientos de información, al no tener respuesta idónea y oportuna por parte de la inspeccionada es que el inspector comisionado opto por culminar con sus actuaciones pero no de forma antojadiza como lo pretende entender la inspeccionada, sino conforme a lo establecido en el numeral 13.7 del artículo 13 del RLGIT.

iii. Que la inspeccionada indica que el segundo requerimiento (05 de abril de 2021) debió ser considerado como retraso de entrega de documentación, ya que, si bien fue remitido fuera del plazo, finalmente se presentó. Sobre el particular, podemos evidenciar de los requerimientos de información, que la inspeccionada si bien presentó documentación como respuesta al segundo requerimiento de información,

2 Notificada a la impugnante el 18 de julio de 2022. Véase folio 150 del expediente sancionador.

es cierto también que fue fuera del plazo requerido, y bajo otro medio ajeno a la casilla electrónica.

iv. No obstante, dicha documentación fue objeto de análisis del inspector comisionado a fin de determinar actos de hostilidad; sin embargo, la documentación presentada no fue la suficiente para ser dilucidada como tal, evidenciándose que la inspeccionada al igual que el primer requerimiento de información no presentó la totalidad de información y documentación requerido, lo que advirtió el inspector, en tanto que la información es relevante para el proceso de fiscalización, siendo apenas lógico que el inspector requiera documentación minuciosa y detallada para poder determinar la existencia de responsabilidad o no de la inspeccionada.

v. Respecto al cuestionamiento de la vulneración al principio reformatio in peius, en el caso que atañe, si bien la autoridad instructora discierne según su razonamiento y punto de vista que la conducta infractora de la inspeccionada, referente al segundo requerimiento de información de fecha 23 de marzo de 2021, fue una conducta de retraso mas no de negativa, esta no fue más que una propuesta de sanción derivada a la autoridad de primera instancia en etapa sancionadora que es la Sub Intendencia de Sanción, la misma que es encargada de emitir la resolución que dispone la imposición de la sanción o la decisión de archivar el procedimiento.

vi. Bajo dicha premisa, se tiene que luego de haber sido la resolución de primera instancia impugnada a través del recurso de apelación, no es posible que la inspeccionada alegue vulneración al precepto normativo 258 del TUO de la LPAG, ya que ello se materializaría si el despacho sancionara por una infracción más gravosa a la impuesta por la autoridad de primera instancia.

vii. Por otro lado, la demora en la entrega de información al inspector de trabajo es sancionable por cuanto genera retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas, comportamiento que está tipificado en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT; sin embargo, dicho supuesto debe distinguirse de la negativa del sujeto responsable de entregar información al inspector comisionado, conducta que es tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

viii. Bajo dicha premisa, se advierte que la fiscalización llevada a cabo a razón de la Orden de Inspección N° 356-2021, no podría proseguir, en tanto la negativa de la inspeccionada de entregar dicha documentación frustró la fiscalización, toda vez que los documentos requeridos son ineludibles a lo que debía analizar el inspector para determinar la existencia o no de la materia objeto de investigación: hostilidad laboral.

ix. Respecto a la aplicación del principio non bis in ídem, si bien en los procedimientos sancionadores (N° 93-2021 y 201-2021) se está lesionando el bien jurídico de la Administración Pública, sobre el deber de colaboración respecto a la función inspectiva, cierto es también que son bajo días distintos. Con relación a ello, se debe tener en cuenta que las infracciones a la labor inspectiva se sancionan de manera independiente al resultado del procedimiento de fiscalización.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 092-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, sí presentaron información y documentación al inspector de trabajo respecto del requerimiento de información de fecha 23 de marzo de 2021, por lo cual, se ha vulnerado el principio de tipicidad al imponer la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

ii. Alegan que, el requerimiento de información de fecha 05 de abril de 2021 obligaba presentar documentación y/o información que no se encontraba obligada a poseer y, por ende, tampoco se encontraba obligada a entregar, por ello es ilegal.

iii. Asimismo, cuestionan el apartamiento del precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 1-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

iv. Por otro lado, refieren que se ha vulnerado el principio de legalidad, puesto que se había requerido información y/o documentación requerida con anterioridad en el marco de la Orden de Inspección N° 1570-2020, en ambas inspecciones se pretende atender la denuncia formulada por una trabajadora de la empresa por supuestos actos de hostilidad a causa de su traslado de puesto de trabajo, lo que constituye una vulneración al principio de non bis in ídem.

v. Cuestionan que el inspector concluyo las actuaciones inspectivas mucho antes de que concluya el plazo de 30 días hábiles que concede la ley para desarrollar sus funciones, pretendiendo trasladar la responsabilidad de no haber cumplido con su labor inspectiva.

vi. Respecto a la inaplicación del principio de tipicidad, refieren que no incurrieron en incumplimiento de los requerimientos de información de fecha 23 de marzo y 05 de abril de 2021; en tanto que, sí cumplieron con remitir la información solicitada; en efecto, precisan que, en el Acta de Infracción, se dejó constancia de que remitieron la información solicitada. Sin embargo, la Autoridad Inspectiva pretende descalificar dicha información por no haber sido presentada a través de la casilla electrónica, sino mediante correo electrónico -lo cual no puede ser motivo de sanción en base al principio de informalismo-, y por no haber sido entregada dentro del plazo de cuatro días hábiles, lo cual tampoco implica una negativa a facilitar información en los términos que el Tribunal de Fiscalización Laboral ya ha reconocido mediante la Resolución N° 475-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

vii. Precisan que, el no haber proporcionado toda la información requerida dentro del plazo otorgado no equivale a una negativa del sujeto inspeccionado a facilitar información al inspector de trabajo para el desarrollo de sus funciones, por cuanto no es equiparable la presentación de información parcial o extemporánea con una negativa a facilitar información, para dicho efecto, invocan la Resolución N° 62- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y Resolución N° 43-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

viii. Por tanto, alegan que cumpliendo con el requerimiento de información de fecha 23 de marzo de 2021, presentaron la documentación con la que contaban el 30 de marzo de 2021, es decir, solo un día después de que venciera el plazo. Al respecto, señalan que se debe tener en cuenta que el inspector recién verificó que habían cumplido con presentar la documentación solicitada el 05 de abril de 2021, por lo cual, a la fecha de verificación el inspector sí contaba con la documentación remitida.

ix. Asimismo, refieren que no es cierto que el inspector no haya tenido la información relevante para verificar los hechos materia de inspección, pues sí cumplieron con presentar la mayoría de la documentación solicitada. Por tanto, solicitan se declare nulo el procedimiento sancionador por vulnerar el principio de tipicidad o que se revoque la multa impuesta.

x. Refieren el apartamiento del precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución de Sala Plena N° 1-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en razón que no se ha motivado de forma suficiente, demostrando la configuración del incumplimiento al deber de colaboración, ya que el inspector concluye mecánicamente que, por no haberse presentado la totalidad

de la información dentro del plazo señalado en el requerimiento, habrían incurrido en una negativa a facilitar la información.

xi. Solicitan al Tribunal de Fiscalización Laboral, aplicar el precedente de observancia obligatoria, y valorar el aporte abundante de documentación en respuesta al requerimiento del 23 de marzo de 2021, de esta manera se puede verificar que el inspector sí pudo continuar desarrollando su función fiscalizadora, no siendo el único medio de investigación la emisión de requerimiento, pues pudieron utilizarse la comparecencia virtual, o la visita inspectiva, más aún cuando quedaba plazo para desarrollar las actuaciones inspectivas.

xii. Cuestionan que se ha inaplicado el principio de legalidad, en tanto que el inspector de trabajo solicitó información y/o documentación que la empresa no se encontraba legalmente obligada a poseer ni presentar. Al respecto señalan que, en cumplimiento del primer requerimiento de información, presentaron información relacionada al procedimiento del cambio de área y traslado de la supuesta trabajadora afectada a la ciudad de Ayacucho. Así pues, presentaron la carta notarial notificada a la trabajadora, en donde se pone en conocimiento la decisión de trasladarla; el informe sobre el proyecto de centralización de reportes del soporte bancario. Sin embargo, precisan que, mediante los requerimientos de información posteriores, se solicita la documentación sobre el procedimiento de traslado cuando ya habían acreditado ello.

xiii. Por otro lado, señalan que respecto a presentar documentación “idónea” que justifique razonablemente la necesidad del cambio de área y traslado de la supuesta trabajadora afectada, insisten en que dicho requerimiento resulta inválido, pues se solicita información con calificativos que denotan subjetividad. Tomando en consideración ello, refieren que cumplieron con presentar el documento denominado “Proyecto Centralización de Reportes Cambiarios”, que acreditaba la razón del cambio de área y traslado de la supuesta trabajadora afectada a la ciudad de Ayacucho, documento que no fue considerado por no encontrarse suscrito.

xiv. Manifiestan que se ha inaplicado el principio de presunción de veracidad y el principio de presunción de licitud, puesto que el documento “Proyecto Centralización de Reportes Cambiarios” fue presentado por un representante de la empresa, para lo cual, invocan la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, tampoco se ha analizado la carta notarial enviada a la señora Huancahuari, explicándole el motivo de su traslado; debiendo los inspectores revisar estos documentos para advertir irregularidades, de lo contrario correspondía el cierre de la inspección sin multa.

xv. Por otro lado, señalan que se ha inaplicado el principio de legalidad y de non bis in ídem, en tanto el inspector solicito información con la que ya contaba en una Orden de Inspección anterior y en donde se analizan los mismos sujetos hechos y fundamentos; asimismo, precisan que este argumento no ha sido tomado en consideración en la resolución impugnada.

xvi. Refieren que, en el presente caso, no existe dicho incumplimiento ni mucho menos una afectación al bien jurídico particular o al bien común, pues no han incurrido en actos de hostilidad, ya que el traslado de la trabajadora y su cambio de puesto respondió a una comprobada necesidad empresarial.

xvii. Por último, cuestionan la vulneración al principio de verdad material, en razón que el inspector culminó las actuaciones inspectivas el 09 de abril de 2021, pese a que contaba con plazo suficiente para continuar con dichas actuaciones, hasta el 28 de abril de 2021 y pese a haber contado con información y/o documentación suficiente para dilucidar la materia inspeccionada, lo que también transgrede el principio de causalidad y el principio de verdad material. Teniendo otras herramientas para continuar con las actuaciones inspectivas. Sin embargo, claudicando a su deber de fiscalización, prefirió extender un Acta de Infracción imputando la supuesta imposibilidad de ejercer sus funciones; al respecto invocan la Resolución N° 62-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

xviii. Por último, señalan que, si a partir de la información proporcionada, el inspector no pudo detectar incumplimiento alguno, debió dar por concluida la inspección en base al principio de licitud, lo que no supone una falta al deber de colaboración de la empresa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del Título Preliminar del TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

ELECTRÓNICA” de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 3 de febrero de 2020 (vigente en ese momento), se dispone que: “si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según los previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

- A folio 80, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 23 de marzo de 2021; y, a folios 81 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 23 de marzo de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación: Figura 01:

- Así también, se aprecia a folio 84, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 05 de abril de 2021; y, a folios 85 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 05 de abril de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

presenta documentación respecto del segundo requerimiento de información; sin embargo, se advierte que no presentó la documentación requerida de manera integral, es decir, se ha dejado constancia por parte del inspector comisionado que la impugnante no presentó la documentación para determinar la existencia de responsabilidad respecto a los supuestos actos de hostilidad denunciados por la trabajadora afectada. En tal sentido, se evidencia del desarrollo de las actuaciones inspectivas de investigación que, la fiscalización derivada de la Orden de Inspección N° 356-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, no pudo proseguir, en razón de que la negativa de la impugnante de entregar dicha documentación frustró la fiscalización, en tanto que, los documentos requeridos son ineludibles a lo que debía analizar el inspector comisionado para determinar la existencia o no de la materia de investigación: actos de hostilidad. Por lo tanto, no resulta amparable dicho extremo del recurso.

10 TUO de la LPAG, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”.

inspectiva de investigación, resultará difícil la realización de la finalidad de la inspección del trabajo. Los acápites anteriores y otros medios emprendidos creativamente deben permitir al fiscalizador actuante el cumplir con el objeto de la inspección, procediendo con la profundidad y diligencia que corresponde en el marco de la finalidad y objetivo de la Inspección del Trabajo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No responder el requerimiento de información notificado el 23 de marzo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No responder el requerimiento de información notificado el 05 de abril de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 092-2022- SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 15 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 201- 2021-SUNAFIL/IRE-ICA, en el extremo referido a la invocación del principio de verdad material, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos 6.24 al 6.31 de la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 092-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, respecto de las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos 6.1 al 6.11 de la presente resolución. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución a la CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., y a la Intendencia Regional Ica, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231004MCR