Christiam Joao Abanto Villavicencio — Res. 394-2022

Mediante Orden de Inspección N° 062-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, mediante proveído de fecha 05 de octubre de 20201, se dispuso el cambio de numeración, siendo el Nº 196-2020- SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 10-2020-SUNAFIL-IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 326-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 12 de noviembre de 2020, notificado el 14 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 210-2021/SUNAFIL/IRE-ANC-SIAI, de fecha del 17 de mayo de 2021, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ancash, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 310-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE3, de fecha 23 de julio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 1,978.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 04 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 310-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, argumentando que:

Mediante Resolución de Intendencia N° 082-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 28 de octubre de 20214, la Intendencia Regional de Ancash declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 23 de noviembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 082-2021- SUNAFIL/IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Ancash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 1036-2021- SUNAFIL/IRE-ANC, recibido el 30 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CHRISTIAM JOAO ABANTO VILLAVICENCIO presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 082- 2021-SUNAFIL/IRE-ANC, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, que confirmó la sanción impuesta de S/ 1,978.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir de 04 de noviembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por CHRISTIAM JOAO ABANTO VILLAVICENCIO.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”11. De allí que el comportamiento del inspector comisionado

Por su parte, el artículo 9° de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1113 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del Reglamento, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

De acuerdo al inciso 3 del numeral 3.2 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo, que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para exigir la presencia del empleador o de sus representantes y encargados en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector de trabajo.

En tal sentido, cuando el inspector de trabajo notifique válidamente un requerimiento de comparecencia en el desarrollo de sus actuaciones, el empleador tendrá la obligación de apersonarse en el día, la hora y en la oficina pública a la que hubiere sido citado, aportando la documentación que se le requiera, de lo contrario, incurre en una obstrucción a la labor inspectiva, por inasistencia a una diligencia de comparecencia prevista en el numeral 3 del artículo 36° de la LGIT, y calificada como una infracción muy grave prevista en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

El 15 de enero de 202014 el inspector comisionado, se constituyó en el domicilio de la impugnante, Av. Argentina Mz. B2 Lote 66, siendo atendido por Landra Kitty Valdivieso Castillo, quien refirió ser la esposa del sujeto inspeccionado- persona natural con negocio-, notificándole el requerimiento de comparecencia, a fin que, el sujeto inspeccionado o su representante o apoderado acuda a las instalaciones de la autoridad inspectiva y presente la documentación requerida: i) Poder de representación, vigencia de poderes y copia de DNI del representante; ii) Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) vigente, evidencia de la participación de los trabajadores, organizaciones sindicales y CSST para su elaboración, así también evidencias de implementación de medidas preventivas. En caso de accidente de trabajo adicionar IPER anterior a la fecha de ocurrencia del mismo, art. 82 del D.S. Nº 005-2012-TR; iii) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, a personal propio y contratistas. Incluir medición de cumplimiento y comprensión de capacitaciones brindadas a los trabajadores; iv) Acreditar la subsanación de observaciones.

Fijándose la diligencia para el día 20 de febrero de 2020. Consignándose, además, que su inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa.

Conforme se verifica del numeral 4.2 de los hechos constatados del acta de infracción, el impugnante no acudió a la comparecencia programada para el 20 de febrero de 2020.

En tal sentido, el inspector comisionado reitera mediante requerimiento de comparecencia, de fecha 14 de febrero de 2020, para que acuda el 20 de febrero de 2020 a horas 8:50 a.m. Sin embargo, conforme el numeral 4.3 de los hechos constatados del acta de infracción, el impugnante no acudió a esta comparecencia programada.

Considerando lo expuesto, el artículo 21 del TUO de la LPAG, señala que:

La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. (…)”.

En ese contexto normativo, y de la revisión integral del expediente de inspección, se advierte que se cumplió con las disposiciones normativas referidas a la notificación; de acuerdo a lo señalado en el numeral 21.1 del artículo 21 del TUO de la LPAG, se recabaron los datos de la persona que recibió ambos requerimientos, precisando el DNI y el cargo que ocupaban, conforme a lo establecido en el numeral 21.3 del artículo 21 del TUO de la LPAG, conforme se aprecia a continuación:

En tal sentido, se encuentra acreditado que el impugnante había sido debidamente notificado. Debiéndose valorar que no ha negado que conocía los requerimientos de comparecencia, fijados por la autoridad inspectiva. Lo cual permite colegir que, quien recibió las notificaciones de los dos requerimientos de comparecencia, le informó de su contenido. De este modo, se establece la idoneidad de las notificaciones y de los requerimientos de comparecencia.

Por tales razones, el impugnante se encontraba en la obligación de acudir a las citaciones, en los días y horas establecidas.

El recurrente afirma que se encontraba imposibilitado de concurrir a las comparecencias programadas y/o delegar poder, pues cuando se emitió el primer requerimiento se

Sin embargo, el primer requerimiento de comparecencia, notificado el 15 de enero de 2020, fue fijado para el 21 de enero de 2020, y el segundo, notificado el 14 de febrero de 2020, se programó para el 20 de febrero de 2020. En ambos casos el plazo fue de cuatro (04) días hábiles, en consecuencia, no puede calificarse de excesivamente corto.

Ahora bien, sobre la razón que imposibilitó al impugnante asistir a la comparecencia, programada para el 21 de enero de 2020. De los actuados, se advierte que, si bien cuando se emitió este requerimiento de comparecencia- el 15 de enero de 2021- el impugnante se encontraba fuera del país, esto no implica la imposibilidad de delegar su representación. más aún si estaba en el deber de cumplir con lo ordenado por el inspector comisionado, conforme lo dispone el artículo 9 del LGIT. Por lo que este argumento debe ser desestimado.

Sobre la causa que alega para no acudir al segundo requerimiento de comparecencia, consistente en que se encontraba en Lima y no en Ancash en esa fecha, con mayor razón estaba en posibilidad de extender el poder para cumplir con su deber de colaboración con la labor inspectiva, por lo que esta nueva inobservancia también responde a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En ese orden de ideas, los argumentos del impugnante dirigidos a sostener la configuración de una eximente de responsabilidad, deben ser desestimados, pues no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por el artículo 47-A del RLGIT15.

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones materia de la presente revisión, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionada ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, pasible de sanción económica.

En tal sentido, la sanción impuesta por las inasistencias a las comparecencias de fechas 21 de enero y 20 de febrero de 2020, por la comisión de dos infracciones a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, es consistente con la conducta del impugnante. Para su cálculo se ha considerado lo dispuesto por el artículo 47 del RLGIT, por lo que no se ha inobservado dicha normativa. Así como, también se observó lo dispuesto por el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, razón por la cual, al ser dos infracciones, se aplican dos multas, puesto que tuvieron lugar en dos fechas distintas. Por tales razones, los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo deben ser desestimados.

Sobre el argumento referido a que, a la fecha, cumplió con levantar las observaciones efectuadas por el inspector comisionado, cuando realizó la primera visita inspectiva. Este extremo debe ser también desestimado, pues este argumento solo constituye una afirmación unilateral del impugnante, al no haberla sustentado con medios de prueba suficientes.

Respecto a la nulidad deducida por la impugnante; debe ser desestimada porque no acreditó que la instancia de mérito haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

También se aprecia de los actuados, que no se afectó el principio de la debida motivación, pues la instancia de mérito, ha valorado el conjunto de documentales e incumplimientos incurridos por el impugnante. Por lo que, no existe vulneración al debido procedimiento, ni a la debida motivación, ni al derecho de defensa, así como tampoco al principio de legalidad y razonabilidad, en los términos que alega la impugnante. Por lo que no se ha vulnerado el artículo IV de la LPAG. En consecuencia, este extremo debe ser desestimado.