Chimú Agropecuaria S.A — Res. 689-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Discriminación en el trabajo (Sub materia En la remuneración). 20555195444 soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar, a los supervisores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones (requerimiento de información de fecha 21 de octubre de 2020), tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar, a los supervisores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones (requerimiento de información de fecha 23 de noviembre de 2020), tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. El Acta de Infracción tiene fecha 07 de diciembre de 2020, sin embargo, la Imputación de Cargos tiene fecha 16 de febrero de 2021, y ha sido notificada el 22 de febrero de 2021, es decir, casi después de transcurridos dos meses, por lo que se ha atentado contra los principios del debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad y celeridad, entre otros. ii. Mediante correo de fecha 23 de octubre de 2020, se cumplió con presentar la información requerida, sin embargo, la resolución apelada sostiene que no se cumplió con presentar los poderes de representación. En ese sentido, se advierte un vicio relacionado al defecto o la omisión de uno de los requisitos de validez del acto administrativo, el deber de motivación.

2 Notificada a la impugnante el 15 de diciembre de 2021. Véase a folio 153 del expediente sancionador.

i. El principio de legalidad, establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, dispone que las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas, y de acuerdo a los fines para los cuales les fueron conferidas. ii. En similar sentido, el principio del debido procedimiento, establecido en numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG, es recogido como uno de los elementos especiales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa; señalándose adicionalmente en el artículo 254 del mismo cuerpo normativo que una de las características del procedimiento sancionador es la notificación a los administrados a los hechos que se le imputan a título de cargo, concluyendo que “…la observancia del principio del debido procedimiento implica una correcta notificación de la imputación de cargos (que inicia el PAS), a efectos que el administrado pueda conocer de forma clara, precisa y suficiente los hechos atribuidos” (fundamento 3.14). iii. Así, se verifica que la Imputación de Cargos ha sido notificada a la casilla electrónica del sujeto inspeccionado el 22 de febrero de 2021, con el cual deja constancia del depósito del documento, corroborado por el apelante en sus argumentos, por lo que la notificación de la misma cumplió su finalidad, que consistía en que el administrado tenga conocimiento de los hechos que se imputan, a fin de que pueda hacer valer su derecho de defensa. Por tanto, no se evidencia una vulneración al debido procedimiento, tales como el derecho a ser notificado, a refutar los cargos imputados o a ofrecer y producir pruebas. iv. El hecho de que la notificación de la Imputación de Cargos se haya realizado dos meses después de la emisión del Acta de Infracción no implica una vulneración a los principios del procedimiento administrativo sancionador. En caso así lo hubiese advertido oportunamente, hubiera presentado un remedio como la queja por defecto de tramitación ante la supuesta “conducta apartada” del servidor público. v. En virtud del artículo 9, inciso e) de la LGIT, todo empleador que se encuentre sujeto a una inspección se encuentra en la obligación de colaborar con los inspectores de trabajo cuando sean requeridos para ello, siendo que de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 5 de la LGIT, que los inspectores de trabajo se encuentren facultados para “Recabar y obtener la información, datos o antecedentes con relevancia para la función inspectiva”. vi. En similar medida, el numeral 7.11.3 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL tipifica como una infracción muy grave la no atención de estos requerimientos, bajo la figura del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. vii. De la revisión de los actuados, se verifica que el sujeto inspeccionado presentó la información requerida de forma parcial, pues no presentó las boletas de pago del trabajador Lener Valentín Serrano Espejo.

viii. Posteriormente, mediante requerimiento de información de fecha 23 de noviembre de 2020, el Inspector Auxiliar solicitó la presentación de nueva documentación, la cual tampoco fue atendida, incurriéndose en dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, según lo tipificado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al no cumplir con su deber de colaboración consistente en la presentación de la documentación solicitada, constituyendo cada uno actos independientes pasibles de ser sancionados individualmente por su incumplimiento. ix. Finalmente, se aprecia una motivación suficiente en la propuesta de sanción descrita en el Acta de Infracción y la resolución impugnada, no evidenciándose un proceder arbitrario por la autoridad administrativa, sino un trámite llevado con respeto y sujeción del debido procedimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CHIMU AGROPECUARIA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 243-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE en términos similares al recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Refiere que se han vulnerado los principios de legalidad y debido procedimiento, contenidos en numeral 1 del artículo 2 y del literal a) del artículo 44 de la LGIT, y del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

ii. De la verificación del expediente de actuación inspectiva, se constata que a fojas 83-84 obra el requerimiento de información vía medio electrónico, de fecha 23 de noviembre del 2020, y luego a fojas 85 el Acta de Infracción No. 340-2021- SUNAFIL/IRE-LAM; es decir, que entre uno y otro documento, no figura el cargo o constancia de haber notificado dicho requerimiento a Chimú, incluso si se realizó por vía electrónica, como ocurrió por ejemplo con el proveído de fojas 81, sobre el cual consta a fojas 82 la constancia de notificación electrónica a la empresa. iii. La autoridad inspectiva omitió notificar a Chimú el requerimiento de información de fecha 23 de noviembre del 2020, razón por la cual ésta no cumplió con enviar la documentación solicitada, pues desconocía la existencia de un mandato en ese sentido. iv. Siendo así, la empresa no tenía modo de cumplir un requerimiento de información que la autoridad inspectiva no le notificó de forma legal y fehaciente y que por ende desconocía, tanto más si el Artículo 18 de la LPAG, estipula que es obligación de toda entidad administrativa la notificación de sus disposiciones a los administrados, no siendo posible que se configure una infracción a la labor inspectiva por falta de colaboración. v. A Chimú se le notificó un requerimiento de información el día 21 de octubre del 2020, figurando entre los documentos solicitados las boletas de pago de remuneraciones del trabajador Lener Valentín Serrano Espejo, lo cual debía presentarse hasta el 26 de octubre del 2020; sin embargo, la empresa presentó los documentos requeridos, salvo las citadas boletas de pago, lo que configuró una infracción a la labor inspectiva por falta de colaboración, por lo cual se le impone una multa de S/ 11,309.00 Soles. vi. Al respecto, de la lectura del requerimiento de información vía medio electrónico que obra a fojas 19-20 del expediente de actuación inspectiva, se constata que la solicitud de documentación, en cuanto a las boletas de pago, se formula del modo siguiente:

vii. Como se aprecia del texto copiado, la disposición inspectiva no es fehaciente y unívoca en lo que se requiere, pues de su lectura se entiende que lo solicitado son las boletas de remuneraciones del trabajador Deydi Julio Reátegui Reategui y no las del otro trabajador mencionado, Lener Valentín Serrano Espejo, al no constar una orden expresa en ese sentido. viii. El requerimiento de información de fecha 21 de octubre del 2020, fue entendido por la empresa en el sentido expuesto, tanto así que cumplió con presentar las boletas de pago de remuneraciones del trabajador Deydi Julio Reátegui Reategui, así como los demás documentos referidos en su tenor, como consta a fojas 21-79 del expediente de actuación inspectiva, pero no las boletas de pago de remuneraciones del trabajador Lener Valentín Serrano Espejo, pues esta disposición no se consignó de manera clara y

fehaciente. ix. En todo caso, si el mandato de la autoridad inspectiva carecía de la precisión necesaria para ser entendido debidamente por el administrado, lo que razonablemente correspondía hacer era emitir un requerimiento posterior, específicamente sobre las boletas de pago del trabajador Lener Valentín Serrano Espejo, tanto más si el resto de la documentación solicitada había sido presentada en su integridad por la empresa. x. Al haber sancionado a Chimú por el incumplimiento de presentar las boletas de pago del trabajador Lener Valentín Serrano Espejo, cuando esta disposición no estaba expresa y unívocamente consignada en el requerimiento de información de fecha 21 de octubre del 2020, se vulneró el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido xi. En consecuencia, queda demostrado que la Resolución de Intendencia No. 243-2021- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, al imponer una sanción a Chimú por infracción a la labor inspectiva, inaplica el Principio de Razonabilidad, previsto en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por lo que el presente recurso de revisión debe declararse fundado en el extremo referido, dejando sin efecto la multa impuesta.

Análisis Del Recurso De Revisión

Del requerimiento de información de fecha 21 de octubre de 2020

“Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para (…) 4. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función inspectiva.”

“(…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, toda persona, natural o jurídica, está obligada a proporcionar a la Inspección del Trabajo los datos, antecedentes o información con relevancia en las actuaciones inspectivas, siempre que se deduzcan de sus

relaciones con los sujetos sometidos a la acción inspectiva y sea requerida para ello de manera formal.”

Del requerimiento de información de fecha 23 noviembre 2020 y los requerimientos por medio de sistemas de comunicación electrónica

9 “TUO DE LA LPAG Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: (…) f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255”.

10 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 20. Modalidades de notificación 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. (…)”

11 Sentencia recaída en el Expediente N° 02540-2012-PA/TC, del 18 de julio de 2014. En similar sentido, la sentencia recaída en el Expediente N° 01709-2011-PA/TC del 17 de marzo de 2011, en el fundamento 4 señala lo siguiente: “4. Que el Tribunal no comparte los pronunciamientos de las instancias judiciales, pues si bien la litis versa sobre actos emanados de la administración pública, no puede desconocerse que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado sobre el contenido y aplicación del debido proceso, precisando que “(…) los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano”; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa. En el caso de autos no se aprecia la notificación al obligado de acuerdo a lo establecido por ley, y este Tribunal ya ha determinado que la vía del amparo resulta ser la idónea para la dilucidación de controversias como la de autos, en la cual se alega la falta de notificación de una multa.” (énfasis añadido) 12 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…)” 13 Fundamento 6.20 de la Resolución N° 020-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 08 de junio de 2021.

14 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. 14va. Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 73 15 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. “Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CHIMU AGROPECUARIA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 243-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 97-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 243-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en todos sus extremos, dejando sin efecto la sanción impuesta.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

16 De conformidad con la definición propuesta en el artículo 1 de la LGIT respecto de la “Inspección de Trabajo”: “…servicio público que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias; así como, de conciliar administrativamente en las materias que correspondan, y teniendo en cuenta el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo” 17 Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CHIMU AGROPECUARIA S.A., y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA