CFG Investment S.A.C — Res. 540-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de gestión SST en las empresas, Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo, Equipos de Protección Personal e Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (sub materia: prevención de riesgos). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 14 de agosto de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,309.00.

i) Resulta irrazonable que se pretenda multar por la nomenclatura o título consignado en el Reglamento Interno de Seguridad. Asimismo, el inspector no efectuó el requerimiento de la documentación que acreditaba el deber de informar a sus trabajadores.

ii) El Mapa de Riesgos si es legible, no existiendo motivos suficientes para imputar la infracción.

iii) En el Acta de Infracción no se sustentan los motivos por los cuales la información proporcionada resulta insuficiente para acreditar el cumplimiento de la obligación de formación e información en seguridad y salud en el trabajo.

iv) Respecto al IPERC, la actividad “movilización y trabajo en sede” es una de carácter general propia de todos los puestos de trabajo; por lo que, resulta irrazonable que se exija que dicha actividad debió ser tratada conforme a cada puesto de trabajo.

v) Sobre el supuesto incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se cumplió con dicha medida, apersonándose el representante de la empresa con carta poder. Sin embargo, se tendría por incumplida la medida por presentar carta poder con firma digital. Asimismo, se cumplió con presentar toda la documentación mediante correo electrónico con fecha 20 de agosto de 2021, faltando a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pretendiendo multar bajo una mayor exigencia de lo requerido por la propia norma.

2 Notificada a la inspeccionada el 13 de agosto de 2021. Ver fojas 152 de expediente sancionador

i) Respecto al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador debe observar la estructura mínima del referido documento contemplado en la norma, siendo de carácter formal la exigencia que se debe cumplir. Asimismo, también fue materia de requerimiento, por parte de los inspectores de trabajo, la acreditación de la entrega a los trabajadores y su exhibición en las áreas de trabajo del referido reglamento. Por lo tanto, se desvirtúa el argumento de la inspeccionada.

ii) Sobre el Mapa de Riesgos, de las fotografías recabadas por los inspectores, no se puede visualizar legiblemente todo el mapa, resultando insuficiente que solo la leyenda del mismo pueda ser observada.

iii) La resolución apelada sustenta los motivos por los cuales la documentación presentada por la inspeccionada resulta insuficiente para acreditar una adecuada formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, carece de sustento la falta de motivación. Asimismo, no se cumplió con acreditar que las capacitaciones impartidas a los trabajadores hayan sido realizadas al retorno al centro de trabajo, pues las pruebas ofrecidas demuestran la realización de las capacitaciones en fechas posteriores al retorno.

iv) La actividad “Movilización y trabajo en sede” puede considerar diferentes riesgos y peligros por cada puesto de trabajo o actividad que realice determinado trabajador; por ende, no puede considerarse la misma matriz para todos los puestos de trabajo. Asimismo, los riesgos y peligros determinados no se encuentran acorde con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, pues únicamente han considerado el riesgo de contagio de COVID- 19 por la actividad de “Movilización y trabajo en sede”, sin considerar que, en el uso de las zonas comunes de trabajadores, estos también se encuentran expuestos a dicho contagio. Además de ello, las medidas de control en los distintos puestos de trabajo no contemplan como mínimo el uso de protección respiratoria o el distanciamiento social de 1.5 metros como mínimo. Por lo tanto, se evidencian las falencias advertidas en la matriz IPERC de la inspeccionada.

v) La impugnante confunde las dos infracciones a la labor inspectiva imputadas en el Acta de Infracción, siendo éstas totalmente independientes; por lo que, resulta viable imponer sanción por cada uno de los supuestos trasgresores. Asimismo, respecto a la documentación presentada durante la comparecencia para acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, esta fue valorada; sin embargo, no acredito el cumplimiento de lo requerido por los inspectores de trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CFG INVESTMENT S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 100-2021-SUNAFIL/IRE-AQP señalando los siguientes fundamentos:

i) El incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento es una infracción subordinada a la existencia de infracciones principales que requieran subsanación para asegurar el respecto de los derechos de los trabajadores.

ii) Respecto al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, las resoluciones de primera y segunda instancia señalan que dicho documento no se encontraría conforme a la norma al no considerar un apartado para los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. Sin embargo, el referido documento si contiene los estándares de seguridad. Por lo tanto, resulta irrazonable que se pretenda multar por la nomenclatura o título con el que es calificada dicha información dentro del documento en mención. Asimismo, el referido Reglamento fue presentado a otras Intendencias Regionales, por distintas Ordenes de Inspección, por similar materia en su ámbito territorial respectivo, sin que ninguna de ellas observase incumplimiento alguno. Por tanto, existe un abuso de la facultad mediante un formalismo excesivo, cuando la propia norma no establece que, los estándares de seguridad de actividades conexas deban tener su propio apartado o título dentro del Reglamento. Por otro lado, en anteriores descargos, se presentaron las pruebas que demuestran la entrega de las Políticas Integradas de Sistema de Gestión, y, sin haber hecho el requerimiento de información, los inspectores de trabajo asumieron que la empresa habría incumplido con el deber de informar a sus trabajadores.

iii) Sobre la supuesta publicación ilegible del Mapa de Riesgos, se debe precisar que las fotos que se adjuntan muestran lo contrario, ya que, al haber hecho el acercamiento a la LEYENDA, se demuestra que esta es legible, igual que la

señalética en el mapa de riesgos. Por tanto, existe una afectación al derecho de defensa al ignorarse las pruebas presentadas, afectándose con ello los principios de legalidad, razonabilidad y predictibilidad.

iv) En el Acta de Infracción se menciona que se cumplió con presentar los registros de capacitación que se realizaron sobre el COVID–19, así como las diversas fotografías publicadas en diversos puntos del centro de trabajo. Sin embargo, no se motivan las razones por las cuales resultan insuficientes, habiéndose demostrado que existían infografías relacionadas con el COVID–19 a plena vista, y se presentaron las capacitaciones impartidas en agosto 2020, y enero 2021. Sin embargo, se sanciona porque dichas capacitaciones fueron realizadas en forma posterior a la fecha de retorno al centro de trabajo. Por lo tanto, se encuentra acreditado que existe un criterio subjetivo de suficiencia en la entrega de la información, afectando el principio de razonabilidad.

v) Se ignora que la actividad “Movilización y trabajo en sede” es una actividad general propia de todos los puestos de trabajo, pues involucra el solo hecho de estar presencialmente dentro de la sede para trabajar y movilizarse en ella. Por lo tanto, es una actividad propia de todos los puestos de trabajo que involucra peligros y riesgos vinculados a la exposición biológica del COVID- 19. Es por ello que, resulta incongruente que se pretenda imputar una infracción por considerar una actividad transversal y propia de todos los puestos como contrario a las disposiciones propia del IPERC.

vi) Existe una afectación al principio de razonabilidad por aplicar una sanción que se basa en apreciaciones subjetivas del inspector de trabajo, y una afectación al derecho a la valoración de las pruebas ofrecidas, vulnerándose el derecho a obtener una decisión motivada y al debido procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la

8 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 10 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

i) Sistema de Gestión SST en las empresas, para lo cual deberá suministrarse, por parte del sujeto inspeccionado, la documentación que corresponde al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo prescrito en la normativa vigente sobre el particular; acreditando su entrega a los trabajadores o su exhibición en las áreas de trabajo, según corresponda en cada uno de los casos.

ii) Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá suministrarse por parte del sujeto inspeccionado, la documentación que corresponda a los eventos de esta naturaleza desarrollados en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID–19; de conformidad con lo prescrito en la normativa vigente sobre el particular y su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”. iii) Equipos de protección personal, para lo cual deberá suministrarse por parte del sujeto inspeccionado la documentación que permita verificar la entrega de estos últimos a los trabajadores, en el marco del Estado de Emergencia Nacional Sanitaria por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacional a consecuencia de la COVID-19; de conformidad con lo prescrito en la normativa vigente sobre el particular y su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID–19 en el trabajo”. iv) Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), para lo cual deberá suministrarse, por parte del sujeto inspeccionado, esta de conformidad con lo prescrito en la normativa vigente sobre el particular; acreditando a su vez exhibición en las áreas de trabajo, según corresponda en cada uno de los casos.

referido cuerpo normativo dispone: “El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador”.

por la impugnante sobre temas preventivos en el marco de la COVID-19 datan del 17 y 19 de agosto de 2020, y del 22 de enero de 2021. Es decir, dichos documentos acreditan capacitaciones realizadas en fechas posteriores a la reincorporación de sus trabajadores al centro de trabajo, ya que dos trabajadores afectados retornaron el 15 de mayo de 2020; uno, el 24 de julio de 2020; y, el otro trabajador afectado se encontró laborando de forma continua. Entonces, no es cierto que el Acta de Infracción no contenga el sustento debido para proponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, por las consideraciones expuestas, no existe un criterio subjetivo al haber determinado el incumplimiento de la impugnante; todo lo contrario, la determinación de su responsabilidad administrativa se basa en las disposiciones normativas de la materia (Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID- 19, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 448-2020- MINSA) y a los señalado en el propio Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 de la impugnante.

instalaciones y los equipos de trabajo, entre otros. La evaluación de riesgos es un proceso posterior a la identificación de peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el trabajador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Entonces, la evaluación debe realizarse, considerando las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y las condiciones de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CFG INVESTMENT S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 100-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 11 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 359-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 100-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 14 de agosto de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a CFG INVESTMENT S.A.C. y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Desirée Bianca Orsini Wisotzki

Jessica Alexandra Pizarro Delgado

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar el cumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental en

materia de seguridad y salud en el trabajo (infracción leve) y el cumplimiento de obligaciones respecto al deber de prevención, formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo (infracciones graves) sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 14 de agosto de 2020.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos” 11

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

11 Gordillo, A. (2007). Tratado de derecho administrativo: el acto administrativo (Vol. 3). Agustín Gordillo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo8.pdf

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, de fecha 14 de agosto de 2020, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO en los términos expuestos en el presente voto singular.

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas Presidente