CFG Investment S.A.C — Res. 106-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Licencia con goce de haber (Sub materia: Incluye todas), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones), Contratos de trabajo (Sub materia: Modificación unilateral del contrato y de las condiciones de trabajo) y Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, no acreditar el cese de los actos de hostilidad efectuado contra los trabajadores afectados, traducidos en el traslado injustificado de los mismos a otras sedes ubicados en el norte del país, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa equivalente a S/ 33,884.00 soles.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, no cumplir con lo dispuesto la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 31/08/2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa equivalente a S/ 33,884.00 soles.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, no acreditar el cese de los actos de hostilidad efectuado contra los trabajadores afectados, traducidos en el traslado injustificado de los mismos a otras sedes ubicados en el norte del país, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa equivalente a S/ 33,884.00 soles.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificado el 31/08/2020, tipificada en

el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa equivalente a S/ 33,884.00 soles.

i. El Acta de infracción no cumplió con probar la supuesta afectación de los derechos de los trabajadores. ii. No se cuenta con prueba irrefutable que demuestre fehacientemente la afectación del derecho a la dignidad o la existencia del perjuicio, por el contrario, sólo se aplicó un criterio subjetivo del equipo de inspectores para calificar que el traslado ha afectado la dignidad de los trabajadores. iii. Se demostró la razonabilidad de la medida de traslado durante las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador, las necesidades operativas, así como resguardar la existencia de la relación laboral y la continuidad de los ingresos de los trabajadores afectados. iv. El sólo hecho de haber fundamentado la imputación de actos de hostilidad y la medida de requerimiento de retorno a la sede Arequipa en una supuesta afectación a la salud, la misma que es inexistente, asimismo, involucraría un vicio que genera la nulidad del Acta de Infracción. v. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva, los trabajadores supuestamente afectados retornaron a la región de Arequipa el 09 de octubre de 2020, con anterioridad al 24 de febrero de 2021, fecha en la que recién se notificó la imputación de cargos y el Acta de Infracción, siendo acreditado por documento correspondiente, dicho hecho debe ser considerado por la Autoridad de trabajo. vi. El plazo otorgado de tres días para acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento resulta irrazonable y materialmente imposible, puesto que los trabajadores se encontraban trabajando en diversas regiones, y el traslado de los mismos requería de estándares de seguridad acorde del estado de emergencia por COVID. vii. El Acta de Infracción y el nuevo Informe Final presentan vicios y carecen de la motivación debida y suficiente, resultandos nulos por carecer de los requisitos mínimos propios del procedimiento sancionador.

2 Notificada a la inspeccionada el 24 de septiembre de 2021. Ver fojas 156 de expediente sancionador

i. Cuando una empresa se plantea la posibilidad de desplazar a un trabajador a otro centro de trabajo, es necesario que evalúe si el traslado cumple, con las características correspondientes, asegurando primero que el motivo del traslado este fundado en una necesidad real de la empresa, y, en segundo lugar, considerar los daños o perjuicios que ese cambio puede ocasionar al trabajador, tanto económico como morales.

ii. La disposición del traslado de 27 trabajadores no aportó documento alguno que sustente fehacientemente dicha necesidad, a fin de acreditar que en las sedes donde se efectuaron los traslados no se contaban con trabajadores en similares puestos o que se requería personal adicional y porque dichos trabajadores fueron elegidos para el desplazamiento, configurándose sólo afirmaciones de la inspeccionada sin un sustento debido para la decisión adoptada.

iii. La Carta para Circulación de personal de Contratistas que prestan servicios a CFG Investment S.A.C., en la cual se consigna una cantidad de transporte interprovincial efectuará la movilización de colaboradores, como hecho y argumento de descargo, es valorado por el órgano de primera instancia, señalando que dicha carta no resulta el medio de prueba idónea para demostrar la subsanación efectiva de la transgresión, puesto se configura en un comunicado emitido a favor de la empresa de transporte interprovincial, para que justifique su desplazamiento, más no contiene información laboral propiamente de los afectados. En consecuencia, no se observa supuesto suficiente para aplicar el eximente de responsabilidad alegada por la inspeccionada.

iv. Respecto a la infracción contra la labor inspectiva, se acreditó que no resultó legal el traslado dispuesto por la empleadora, no pudiendo demostrar la apelante que su decisión fue razonable y debidamente justificada, vulnerando derechos reconocidos constitucionalmente, por ello la inspeccionada si tenía la obligación de cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. En conclusión, la inspeccionada no presentó argumentos válidos que desvirtúen las infracciones detectadas, advirtiendo una adecuada observancia del debido procedimiento a lo largo del desarrollo del procedimiento inspectivo y sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CFG INVESTMENT S.A.C.

de quince (15) días hábiles, computados a partir del 27 de septiembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes fundamentos:

i. Los inspectores no valoraron debidamente la carta entregada a cada uno de los 27 trabajadores sobre su traslado temporal, indicándoles las razones de traslado relacionadas con la necesidad de evitar el contagio debido a los altos índices de contaminación en Arequipa.

ii. Se aplicó erróneamente el artículo 30.c de la LCPL al exigir como requisito de validez del traslado temporal, la aceptación del trabajador. En ninguna de estas normas se ha contemplado el consentimiento del trabajador como un requisito de validez de un traslado temporal.

iii. La razonabilidad de la medida no es un requisito legal para determinar validez del traslado, por lo tanto, no podría sustentarse la imposición de la sanción en el no cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 9 de la LPCL.

iv. El poder de dirección del empleador es el medio que tiene para hacer efectivo su derecho a dirigir, organizar, disponer la de actividad laboral del trabajador, a fin de conseguir los objetivos empresariales.

v. La resolución impugnada no tomó en cuenta la argumentación expuesta por CFG INVESTMENT sobre las razones, lícitas y razonable, que motivaron que se trasladara temporalmente a los trabajadores, sustentadas también en las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

vi. La medida inspectiva, era imposible de cumplir en 03 días otorgados, por la cantidad de trabajadores involucrados, ubicación de cada uno de ellos, condiciones adecuadas acorde con las medidas sanitarias y por la necesidad de coordinación y tiempo de anticipación para ejecutar el retorno de los trabajadores.

vii. La sanción impuesta por no cumplir la medida de requerimiento afecta la dimensión material del principio non bis ídem.

viii. El numeral 18 de la Resolución de Intendencia precisa, tácitamente que no habría infracción por actos de hostilidad sino por incumplimiento de las normas legales previstas para afrontar las consecuencias de la pandemia de la COVID 19.

ix. La decisión de imponer sanción carece de motivación suficiente, resultando nulo de conformidad a los dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 27444.

x. No se tomó en cuenta que la pandemia del COVID 19 constituye un hecho de fuerza mayor que libera al empleador de cumplir con ciertas disposiciones legales y a adopta medidas excepcionales, inclusive contrarias a la ley, para afrontar la emergencia sanitaria. Por ello CFG INCESTIMENT estableció la medida especial y temporal para que los trabajadores siguieran trabajando en condiciones sanitarias que impidan el contagio.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los elementos constitutivos de los actos de hostilidad y el destaque del personal de la sede habitual de labores a otras sedes de la empresa

a) El poder de dirección, el cual contiene las facultades de organización (que versan sobre las órdenes e instrucciones generales o particulares, mediante las

cuales se instrumenta la implementación de los recursos empresariales en orden a la consecución de sus objetivos) y de control de los trabajadores (que supone el empleo de los medios necesarios para comprobar que el trabajador ha cumplido sus obligaciones); b) El poder disciplinario (que se refiere a la facultad de sancionar, en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, la cual se constituye como una especie de corolario de las facultades de organización y control); y, c) El poder de variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que impongan las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características las que lo dotan de un carácter restrictivo8.

8 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273. 9 TOYAMA, Jorge. El derecho individual del trabajo en el Perú, un enfoque teórico-práctico. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 251.

de sus derechos constitucionales, constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, la cual es pasible de sanción económica.

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha”(énfasis añadido).

"Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (énfasis añadido).

10 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE. 11 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

julio de 2020, notificándoles que debían de apersonarse con fecha 29 de julio de 2020 para la toma de pruebas rápidas de detección del Covid-19 y posterior embarque a las distintas sedes ya asignadas, en las que estarían destacados de manera temporal.

Reconociéndose por parte de la autoridad sancionadora de primera instancia que “…para que se configure el acto de hostilidad basta que el empleador no logre acreditar la razonabilidad y funcionalidad al cambio de lugar de prestación de servicios, siendo innecesario acreditar el perjuicio ocasionado al trabajador afectado con la medida.”

12 Obrante a folios 86 del expediente sancionador. 13 Obrante a folios 109 del expediente sancionador.

participación sindical de los mismos y las condiciones para el traslado (pruebas de detección, aislamiento preventivo, hospedaje y mantenimiento de las condiciones económicas), acreditan – a la luz del principio de presunción de licitud– que tales actuaciones se encuentran acorde a derecho.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

14 Fundamento 6.18 de la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido)

15 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 16 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54. 17 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 18 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 19 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

“1. Acreditar el traslado de los trabajadores detallados en el cuadro N° 01 a su centro de trabajo ubicado en Arequipa 2. Acreditar la reanudación de las actividades del centro de trabajo ubicado en la región Arequipa, o de ser el caso la comunicación a los trabajadores del otorgamiento de licencia con goce de haber compensable.”

Dándose un plazo de tres (3) días hábiles para el retorno del personal asignado a las sedes de Chicama, Pisco, Chimbote, Bayóvar, Chancay y Tambo de Mora y para la reanudación de actividades en una planta que –a conocimiento del inspector de trabajo– no se encontraba en producción.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CFG INVESTMENT S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 22 de septiembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 322-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos, dejando sin efecto las sanciones impuestas.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CFG INVESTMENT S.A.C. y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUZ IMELDA PACHECO ZERGA