Century Mining Perú S.A.C — Res. 854-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios colectivos) incluye todas. 20555195444 soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no otorgar íntegra y oportunamente los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 33,669.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas notificado el 11 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 60,974.00.

i. Se solicita que se declare la nulidad de la impugnada y consecuentemente el archivo del proceso por no ajustarse a derecho, dado que la cuestionada resolución en ninguno de sus considerandos precisa los criterios utilizados para la valoración de la documentación y de los medios probatorios que obran en el procedimiento inspectivo, y que le hayan permitido concluir que hubo la comisión de infracción, efectuando la imposición de una multa únicamente basado en el pronunciamiento del inspector en el acta de infracción, vulnerando el principio de motivación, de legalidad, y al debido procedimiento. ii. Han existido errores dentro del procedimiento, así en la imputación de cargos notificada a la casilla electrónica no fue adjuntada el acta de infracción, continuándose con el procedimiento sin advertir ello; notificándose el informe final de instrucción donde tampoco se adjuntó, hecho que evidencia un vicio, pues de la revisión realizada el 25 de febrero de 2021, no se encontraba adjunta el acta de infracción, constituyéndose en un acto lesivo al derecho de defensa, generando un estado de indefensión, vicios que generan una causal de nulidad. iii. La entrega de los implementos de trabajo dentro del plazo de cumplimiento establecido por el convenio colectivo 2019-2020 se ve afectada y alterada debido a la situación fortuita y de fuerza mayor que se suscitó en el año 2020 debido al Covid-19, así estos hechos fueron expuestos al inspector de trabajo durante el procedimiento; por lo que están inmersos dentro de una condición de eximente de responsabilidad de infracciones por caso fortuito y fuerza mayor.

i. En aplicación de la carga dinámica de la prueba es que le correspondía a la impugnante durante la etapa de investigación, la presentación de medios probatorios tendientes a rebatir los incumplimientos en materia de relaciones laborales observados por el inspector actuante; al haber verificado que no cumplió con sus obligaciones de entrega de los implementos de trabajo a todos los trabajadores, debido a no haberse desvirtuado en este etapa sancionadora lo claramente comprobado por el inspector, es que habrían quedado acreditadas las infracciones incurridas por la impugnante; por lo que, la causal de nulidad alegada ha quedado desvirtuada. ii. Por consiguiente, conforme se puede dilucidar de la resolución apelada la autoridad sancionadora ha cumplido con pronunciarse de forma razonada, suficiente y congruente como resultado del análisis del expediente, considerando lo establecido en el informe final de instrucción y los argumentos de defensa practicados, en tanto no desvirtuaron las conductas infractoras sub examine; de esta manera la resolución apelada ha cumplido con manifestarse respecto a cada supuesto configurante de la infracción, con sujeción a lo reglado en el literal a) del sub numeral 7.1.3.7 de la Directiva. iii. Respecto al supuesto defecto de notificación del acta de infracción, cabe precisar que, mediante la información remitida por la Oficina General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de SUNAFIL, con fecha 15 de diciembre de 2021, se adjuntan las capturas de pantalla de la casilla electrónica de la impugnante, a través de las cuales se evidencia que, si, se efectúo la debida notificación de la imputación de cargos como del acta de infracción, habiendo sido notificados el 23 de diciembre de 2020, verificándose que el usuario descargo ambos documentos, tanto el documento principal que es la imputación de cargos y el documento anexo que constituye el acta de infracción. iv. Sobre la condición de eximente de responsabilidad, de la verificación del expediente se tiene que la impugnante no ha presentado ningún medio de prueba del cual se pueda corroborar la ocurrencia de las situaciones señaladas que generaron el retraso de sus proveedores, y que asimismo comprueben el estado concursal que alegó en la etapa inspectiva, puesto que la situación del Covid-19, no implica el no cumplimiento por parte del empleador de sus obligaciones laborales, así es el deber de toda empresa el entregar implementos de trabajo, puestos que sin los cuales no podría ejercerse las prestaciones laborales; por lo que, el supuesto eximente alegado es inválido. v. Así, frente a la naturaleza de las funciones que desempeñaban los trabajadores, es que se enerva la obligación de la impugnante de otorgamiento del uniforme de trabajo necesario para la realización de las labores a ser realizadas por parte de los trabajadores de conformidad con la naturaleza de sus funciones y que en conjunto con los equipos de protección personal buscan mitigar los riesgos a los que están expuestos; uniformes que

2 Notificada a la impugnante el 12 de enero de 2022, conforme consta a folios 46 del expediente sancionador.

debieron ser proporcionados considerando los criterios de higiene y salubridad, puesto que al encontrarse en ejecución de actividades mineras implica el desgaste continuo de dichos implementos de trabajo. vi. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, y conforme a las alegaciones formuladas por la impugnante, no es convalidable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo con el cumplimiento de sus obligaciones laborales consignadas en la medida inspectiva de requerimiento, subsistiendo por ende la infracción muy grave a la labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CENTURY MINING PERU S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 02-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes fundamentos:

i. La cuestionada resolución tiene como fundamento para sancionar “(…) para la fecha en que se emitió la medida inspectiva de requerimiento, la inspeccionada no logró acreditar la entrega de los implementos de trabajo del mes de julio de 2020, por lo expuesto se evidencia fehacientemente la responsabilidad de la impugnante, siendo pasible de la multa propuesta por el inspector comisionado, por incurrir en una infracción grave en materia de relaciones laborales en perjuicio de ciento veinte trabajadores”.

ii. Se llega a la conclusión de confirmar e imponer la sanción al recurrente pero en ninguno de sus considerandos precisa los criterios utilizados y la valoración de la documentación y medios probatorios que obran en el procedimiento inspectivo que le haya permitido concluir que hubo la comisión de una infracción y consecuentemente la imposición de una multa; únicamente basa su pronunciamiento en lo esbozado por el inspector en el acta de infracción; siendo así, y considerando que la resolución impugnada trata de una decisión administrativa, la exigencia de la motivación debía ser rigurosa; pese a ello, de la misma se observa que su contenido deviene en una motivación insuficiente que acarrea nulidad. Hecho que consideramos resulta trasgresor al principio de legalidad, y consecuente vulneración al debido procedimiento.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

iii. La autoridad administrativa señala que el 23 de diciembre de 2020 se cursó a través del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, la imputación de cargos, mediante la cual se da inicio al procedimiento administrativo sancionador; al respecto debemos hacer presente que fuimos notificados únicamente con la imputación de cargos, más no fue notificada el acta de infracción; asimismo, se continuó con el procedimiento notificándose el informe final de instrucción donde tampoco se adjuntó el acta de infracción, hecho que evidencia un vicio procesal en la notificación y que se verifica y evidencia del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL. Este hecho evidencia una clara afectación a nuestro derecho de defensa.

iv. Por tanto, el hecho de no haber notificado el acta de infracción con la imputación de cargos contraviene y constituye un acto lesivo al derecho de defensa, colocando a la impugnante en un estado de indefensión toda vez que el acta de infracción contiene todas las actuaciones y fundamentos que derivaron en la propuesta de multa, más aún si de la misma imputación de cargos notificada, se desprende en el punto V. Anexos, que se adjuntaba como anexo copia del acta de infracción. Consecuentemente se ha trasgredido los establecido en el literal C y D del punto 7.1.2.3. de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, directiva que regula el procedimiento sancionador de sistema de inspección de trabajo. Así entonces, el hecho de no haber notificado el acta de infracción con la imputación de cargos y continuar con el procedimiento sancionador, ha conculcado nuestro derecho de defensa que acarrea la nulidad, al haberse vulnerado el principio de legalidad afectando el derecho al debido proceso.

v. Ahora bien, al revisar la casilla electrónica, con fecha 10 de junio de 2021, habiendo excedido los plazos, la administración adjunte el acta de infracción en forma temeraria y arbitraria, vulnerando todo el debido proceso en aras de salvar un procedimiento que carecía de legitimidad. Esta acción realizada por la administración resulta arbitraria y debería devenir en una queja al funcionario o servidor que realizó este acto inválido, pretendiendo ocultar y subsanar un vicio en el procedimiento que evidentemente afecta nuestro derecho de defensa y vulnera el procedimiento administrativo, acarreando la nulidad.

vi. Respecto a la infracción sobre el otorgamiento de los beneficios laborales acordados por convenio colectivo, cabe precisar que la producción y entrega de los implementos de trabajo, dentro del plazo en cumplimiento de lo establecido en el convenio colectivo 2019- 2020, se vio afectada y alterada debido a la situación fortuita y de fuerza mayor que se suscitó en el año 2020 debido a la Covid-19 y la consecuente paralización de actividades por el estado de emergencia sanitaria nacional; estos hechos fueron expuestos al inspector de trabajo, sin embargo, no fueron considerados ni merituados, a pesar que constituye un caso fortuito y de fuerza mayor, y que debe ser advertido por el superior en grado en aplicación al principio de razonabilidad; por lo que, en aplicación al principio de legalidad, solicito se declare fundado y se aplique la condición de eximente de responsabilidad y se

proceda con el archivo del proceso. Finalmente, por los evidentes vicios la resolución impugnada se encuentra inmersa en causal de nulidad, prevista en el TUO de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

Sobre el supuesto defecto de notificación del acta de infracción

Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el procedimiento sancionador del Sistema de Inspección de Trabajo, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL.

Figura 02:

Figura 03:

Figura 04:

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No otorgar íntegra y oportunamente los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas notificado el 11 de noviembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CENTURY MINING PERU S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 02-2022-SUNAFIL/IRE-ARQ, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 496-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 02-2022-SUNAFIL/IRE-ARQ, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CENTURY MINING PERU S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA