Centro Tecnológico Minero — Res. 564-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que lo sustituyen (sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla), Remuneraciones (sub materia: gratificaciones), Jornada, Horario de Trabajo y Descanso Remunerados (sub materia: vacaciones), Compensación por Tiempo de Servicio (sub materia: depósito de CTS), Bonificación no remunerada, Desnaturalización de Relación Contractual y Seguro social (sub materia: inscripción en el seguro social). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional del primer periodo remuneración vacacional 2015/2016 remuneración vacacional, 2016/2017 (trunca del 4 de agosto de 2016 al 2 de junio de 2017); segundo periodo: remuneración vacacional 2017/2018 (truncas del 14 de agosto al 24 de noviembre de 2017) y del cuarto periodo remuneración vacacional 2018/2019 (trunca del 6 de noviembre de 2018 al 1 de marzo de 2019) a favor de Sr. PEREZ AGUILAR JUAN MANUEL, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de octubre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 9,450.00.

i. Conforme a los documentos exhibidos acerca del señor Juan Manuel Pérez Aguilar, se constató que brindó sus servicios bajo la modalidad de contrato por locación de servicios desde septiembre de 2015 hasta marzo de 2019, en forma parcial, de acuerdo a los recibos por honorarios emitidos y que fueron remitidos durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, que demuestran que no existió continuidad en los servicios prestados, asimismo, no contienen el mismo monto, es decir, no es una remuneración sino un pago de servicios.

ii. Respecto a las infracciones relacionadas a los incumplimientos en materia de relaciones laborales, tales como gratificación legal, bonificación extraordinaria, compensación por tiempo de servicio y vacaciones, corresponden a beneficios sociales de un trabajador del régimen privado durante cuatro periodos laborados, dichos incumplimientos deberán ser dilucidados en instancias jurisdiccionales.

iii. En el desarrollo de las actuaciones inspectivas, ha existido una permanente colaboración con la autoridad administrativa, es decir, se cumplió con los requerimientos solicitados y asistiendo a las comparecencias programadas, por lo que no se amerita sanción por el no cumplimiento de la medida inspectiva de

requerimiento, en atención a los artículos 38 y 36 de la LGIT; y artículos 45 y 46 del RLGIT.

i. De la documentación presentada por la inspeccionada, se puede observar las comunicaciones vía correo electrónico del personal de la inspeccionada con el Sr. Pérez Aguilar Juan Manuel, así como la información y los recibos por honorarios, por lo que se advierte la presencia de 3 elementos determinantes de un contrato de trabajo; la prestación personal del servicio, la cual es verificada a través de los informes académicos que emitió la inspeccionada en razón que el Sr. Pérez Aguilar Juan Manuel era instructor (docente), las remuneraciones recibidas por el referido señor, conforme se advierte de los recibos por honorarios, por el cual se acreditó un pago por los servicios prestados, así mismo se acreditó subordinación con los correo cursados, puesto evidencia coordinaciones sobre el horario de trabajo para el dictado de clases, entrega de notas y otros.

ii. Al amparo del artículo 4° del TUO del DL 728, se presume la existencia de un contrato laboral cuando concurren los tres elementos esenciales (prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración), debe de tenerse en cuenta que la determinación del vínculo laboral no sólo se sustenta en la información proporcionada por la inspeccionada, previamente expuesta, sino también los indicios de laboralidad, indicados en la sentencia recaída en el Exp. 03917-2012-PA/TC.

iii. La inspeccionada habría impuesto la celebración de un contrato de naturaleza civil, con el objeto de aparentar la ausencia del vínculo laboral, pese a la ocurrencia de la subordinación.

iv. No se ha vulnerado el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que esta autoridad administrativa de ninguna manera está interfiriendo con la labor judicial, ni su ejercicio de impartir justicia, toda vez que la autoridad administrativa se encuentra debidamente facultada para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales por parte de las empresas inspeccionadas, en virtud de los establecido en el artículo 3 de la LGIT.

v. Se verifica que la inspeccionada no acató la medida inspectiva de requerimiento, lo cual constituye una falta administrativa por sí sola, con independencia a la asistencia

2 Véase foja 59 del expediente sancionador.

a las comparecencias programadas y la colaboración brindada a las otras diligencias inspectivas, por lo que, no haberlo hecho en forma oportuna genera que haya cometido una infracción a la labor inspectiva, debiendo por ende soportar las consecuencias pecuniarias en su contra.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Centro Tecnológico Minero

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de agosto de 2021, la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1229-2021-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente:

i. La resolución materia de revisión trasgrede el principio de motivación contemplado en el artículo 139° numeral 5 de la Constitución.

ii. No se ha valorado por las instancias administrativas que el extrabajador Pérez Aguilar Juan Manuel brindó sus servicios por un contrato de locación de servicios desde septiembre 2015 a marzo 2019, en forma parcial conforme obra en los propios recibos por honorarios, que obran en el expediente, pero no han sido merituado en su integridad.

iii. Se han sustentado en forma reiterada, que no se han cumplido los tres requisitos de un contrato de trabajo; subordinación, prestación personal de labores y remuneración, tal así que de los propios documentos aportados por el reclamante y CETEMIN, puesto no existen dichos presupuestos.

iv. El pago de beneficios sociales es una controversia que deberá de determinar en las instancias jurisdiccionales laborales competentes, mas no en un procedimiento sancionador.

v. Asumir a priori que existe vinculación laboral, implica una abierta violación al principio del debido proceso y a la tutela jurisdiccional, por lo que la autoridad administrativa de trabajo transgrede normas de orden constitucional, y también los principios que regulan el procedimiento sancionador. En consecuencia, la sanción de multa resulta ilegal y nula ipso iure.

vi. La autoridad administrativa pretende asumir competencias que no le corresponden, no puede existir dos vías paralelas para resolver situaciones de conflictos laborales referente a la existencia de vinculación laboral, no en tanto se trata de un procedimiento contencioso que debe ventilarse dentro de un debido proceso y con las garantías para las partes, no imponiéndose multas en forma arbitraria.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador 6.1. En el procedimiento sancionador ha operado la caducidad, pues desde el 07 de enero de 2020, fecha en la que se notificó el inicio del procedimiento, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

- El 07 de enero de 2020 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 1388-2019-SUNAFIL/ILM/AI18.

- El 14 de enero de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 37-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE1, siendo notificada el 19 de enero de 20219.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

8 Véase folio 11. 9 Véase folio 47.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador”. (El énfasis es añadido).

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

Sobre la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos durante el estado de emergencia

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

11 Al primer día hábil siguiente, según lo dispuesto en el numeral 145.2 del TUO de la LPAG.

la autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 37-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 14 de enero de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra CENTRO TECNOLÓGICO MINERO recaído en el expediente sancionador N° 3754-2019-SUNAFIL/ILM de la Intendencia de Lima Metropolitana, disponiendo su ARCHIVO.

12 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CENTRO TECNOLÓGICO MINERO y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga