Centro Ceramico las Flores S.A.C — Res. 27-2021

Antecedentes

Infracción, se dio inicio a la etapa instructiva, otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de los descargos.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración mínima vital, respecto de seis (06) trabajadores, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de las bonificaciones otorgadas unilateralmente a favor de la trabajadora Margarita Vicaña Figueroa, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no adoptar las medidas necesarias que acrediten el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21 de setiembre de 2018, respecto de seis (06) trabajadores, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. -

i. Se les impone sanción mediante un auto de Sub intendencia, cuando corresponde que se emita una resolución, por lo que el procedimiento deviene en nulo.

ii. Solicitan la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, por cuanto desde la notificación del Acta de Infracción y la Imputación de Cargos hasta la emisión del Auto de Intendencia N° 140 que le impone la sanción de multa, de fecha 08 de diciembre de 2020, y notificada el 03 de marzo de 2021, ha transcurrido 02 años, 02 meses y 10 días por lo que el procedimiento habría caducado.

1Ver fojas 111 a 121 del expediente sancionador 2 De conformidad con la tabla de sanciones propuesta mediante Decreto Supremo N° 015-2017-TR, vigente en la fecha de imposición de la multa, en aplicación del artículo 48.1 del RLGIT.

iii. El acta de infracción, el Informe Final de Instrucción fueron emitidos fuera de los plazos establecidos en los numerales 7.1.3.6., 7.1.2.2., 7.1.2.6., 7.1.2.1.,6.4.1.4, 7.1.1.5, 7.1.1.6., de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL, por lo que devienen en nulos.

iv. Asimismo, el Auto Subdirectoral confirma la falta de motivación del acta de infracción, el Informe Final de Instrucción, toda vez que no se han tenido en cuenta los argumentos de defensa expuestos por la impugnante.

v. No se ha analizado el Decreto Ley N° 14222, Ley que establece Métodos de Fijación de Salario Mínimo, a efectos del cálculo de la remuneración mínima vital, supuestos normativos que fueron aplicados por la inspeccionada.

vi. Que la construcción lógica sobre las remuneraciones no es la adecuada, en atención a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Casación N° 1075- 2002-LIMA, artículo 17 del TUO de Compensación por Tiempo de Servicios, concluyendo que sus políticas de cálculo de comisiones y bonificaciones demuestran que sus trabajadores dependiendo del puesto que desempeñan tendrán una estructura de pago distinta y comprendida por diferentes conceptos.

 El Auto de sub Intendencia en virtud de lo dispuesto en el numeral 1.1. del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS de la Ley N° 27444, (en adelante, TUO LPAG) es un acto administrativo que produce efectos jurídicos respecto de los intereses y obligaciones de la impugnante, aunado a ello, el referido auto contiene los requisitos de validez de los actos administrativos previstos en el artículo 3 del TUO LPAG, por lo que la denominación atribuida a dicho documento, no enerva lo dispuesto en el numeral 53.3 del artículo 53 del RLGIT y el punto 7.1.3.6. de la “Directiva que regula el procedimiento administrativo sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”; en consecuencia, este acto administrativo surte efectos legales.

 Respecto de la caducidad solicitada, determina que la imputación de cargos con el acta de infracción, fueron notificadas el 21 de noviembre de 2018, iniciando el procedimiento sancionador, cuyo plazo venció con la notificación de la Resolución de Sub Intendencia N° 019-2019-SUNAFIL/IRE-AYAC/SIRE de fecha 12 de febrero de 2019, habiendo transcurrido solo 04 meses y 10 días; por lo que no ha operado la

3 Notificada a la inspeccionada el 09 de abril de 2021.

caducidad del procedimiento. Pues, el hecho de que haya sido declarada nula la resolución N° 019-2019-SUNAFIL /IRE-AYAC que le impone la sanción, mediante resolución de Intendencia N° 026-2019 de fecha 07-10-2019, en nada enerva el computo para la caducidad aludida, toda vez que el numeral 1 del artículo 259 del TUO LPAG determina que la caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo y por ende no opera en etapa impugnativa. Además, que solo puede ser declarada en primera instancia.

 Respecto de la solicitud de nulidad del acta de infracción y el informe final, carecen de asidero legal por cuanto no son actos administrativos por cuanto por si mismo no producen efectos jurídicos en el administrado.

 En tal sentido, los efectos de la nulidad sólo se dieron contra la resolución de sub intendencia, preservando todo el estadio y procedimiento sancionador hasta la emisión de una nueva resolución.

 La Remuneración Mínima Vital tiene por objeto determinar el monto por debajo del cual no se puede retribuir a un trabajador por la prestación de los servicios subordinados, además que toda remuneración tiene amparo en la Constitución Política del Estado, en normas supranacionales, normas legales que garantice un monto mínimo para el pago de sus beneficios sociales, así como los aportes mínimos a la seguridad social, tanto en salud como en pensiones. En tal sentido, el hecho de que la inspeccionada haya entregado unilateralmente una bonificación, que no es permanente, sino que está condicionada a cumplimiento de metas establecidas por el empleador, atenta la regulación normativa de la RMV.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

que para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C.

la sanción impuesta de S/. 24 772.50 por la comisión de las infracciones: MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración mínima vital, respecto de seis (06) trabajadores, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT; Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de las bonificaciones otorgadas unilateralmente a favor de la trabajadora Margarita Vicaña Figueroa, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT y Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no adoptar las medidas necesarias que acrediten el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21 de setiembre de 2018, respecto de seis (06) trabajadores, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 09 de abril de 2021, fecha en que fue notificada la citada resolución9.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Interpretación errónea del artículo 259 del TUO LPAG, pues en el presente caso operó la caducidad y la Intendencia se niega a ratificarla, vulnerando el Principio de Legalidad.

La Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL, establece los plazos en el procedimiento inspectivo y sancionador los cuales han sido desconocidos en el presente procedimiento, por lo que solicitan la nulidad de los mismos. Asimismo, precisan que corresponde a la autoridad instructiva evaluar la caducidad del procedimiento sancionador, que es de 9 meses, contados desde la notificación de imputación de cargos. Plazo que puede ser ampliado por 3 meses aprobado por una resolución debidamente motivada, previo al vencimiento del mismo. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo.

Asimismo, la impugnante como parte de sus argumentos expresamente señala:

“DE ESTA MANERA EL EFECTO DE LA NULIDAD SERÁ MANTENER TODO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y DEJAR SIN EFECTO (COMO SI NO HUBIESE EXISTIDO – PUES ES UNA NULIDAD Y NO ANULABILIDAD) LA RESOLUCIÓN DE SUBINTENDENCIA.

9 Iniciándose el plazo el 12 de abril de 2021, día hábil siguiente al de la fecha de notificación.

CON ELLO VUESTRO DESPACHO DEBIÓ EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE LEY (15 DÍAS HÁBILES) Y SE REINICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE CADUCIDAD, EL MISMO QUE HABRÍA INICIADO CON LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE INFRACCIÓN EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.

SIN EMBARGO, VUESTRO DESPACHO NO CUMPLIÓ CON NINGUNO DE LOS PLAZOS DE LEY Y NOTIFICA EL PRESENTE AUTO EL 03 DE MARZO DE 2021, ES DECIR DESPUÉS DE 02 AÑOS, 02 MESES, 10 DÍAS, EXCEDIENDO EN DEMASÍA EL PLAZO DE OS 9 MESES ESTABLECIDO COMO LÍMITE DE CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.”

Además, que no se puede considerar la suspensión de plazos a partir del 16 de marzo de 2020 al 29 de junio de 2020, por cuanto a esa fecha solo estaba pendiente de notificar la resolución de sanción.

Consideran que la resolución cuya nulidad solicitan ha interpretado erróneamente el artículo 259 del TUO LPAG, en el extremo “la caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo”, pues este supuesto no es limitante para que la Intendencia pueda pronunciarse respecto de la caducidad, pues no es una decisión exclusiva de la autoridad de primera instancia.

- Inaplicación del numeral 53.3 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, al vulnerar el principio de legalidad al no emitir una resolución sino un auto.

Esta norma precisa que mediante resolución se debe resolver el procedimiento que imponga sanción o no, la cual debe ser notificada al administrado a fin de que interponga los medios impugnatorios que corresponda.

En tal sentido, correspondía emitir resolución de sanción y no un auto, por los efectos diferentes que producen dichos documentos jurídicos, por lo que dicho error debe ser sancionado con nulidad de dicho acto, por contravenir el principio de legalidad.

- Interpretación errónea e inaplicación del Decreto Ley N° 14222, por cuanto no sigue las condiciones establecidas para el cálculo de la remuneración mínima vital.

Al respecto señalan que la resolución materia de recurso de nulidad, no ha analizado lo dispuesto en los artículos 9, 11 y 12 del Decreto Ley N° 14222, toda vez que, si establece parámetros para determinar el cálculo de la remuneración mínima vital, en los que se deben considerar las bonificaciones u otros abonos permanentes y fijos que se paguen de manera

permanente al trabajador, ya sea en dinero o en especie, así como las obligaciones legales de cargo del trabajador.

Pues el argumento de la resolución cuya nulidad se solicita, por cuanto no se analizan las normas citadas, para luego concluir que la inspeccionada no ha cumplido con pagar el RMV a los trabajadores afectados, a pesar de haber demostrado que si cumplieron con pagar además de la RMV otras bonificaciones. Para ello invocan lo señalado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que determina los conceptos que constituyen la remuneración, considerando todo lo que percibe el trabajador de manera permanente y que sean de su libre disposición. Asimismo, precisan los conceptos que no tienen carácter remunerativo, a los que se refieren los artículos 19 y 20 del TUO del Decreto Legislativo N° 650. Para luego citar el artículo 9 del Decreto Supremo N° 001-97-TR, que establece la remuneración computable, incluyendo la remuneración básica, y todas las cantidades que perciba regularmente el trabajador, en dinero o en especie como contra prestación de su labor, cualquiera sea su denominación.

Es decir, que la remuneración mensual del trabajador podrá ser integrada con distintos conceptos que sean de su libre disposición.

No obstante, lo señalado precedentemente, consideran que las comisiones y bonificaciones que otorga la impugnante las clasifica por grupos ocupacionales como administradores de tienda, asesores comerciales, trabajadores de almacén y mantenimiento, en los que se le asigna una bonificación permanente, y en otros casos nivelación.

Para el pago de bonificaciones, ha considerado los grupos ocupacionales de administradores de tienda, de acuerdo al porcentaje de la meta en las ventas, entre 1 500.00 a 2 400 soles; los asesores comerciales entre S/ 60.00 a 100.00 soles; trabajadores de almacén y mantenimiento entre S/ 50.00 a 70.00 soles. Considerado como un ingreso adicional principal y contraprestativo, sin condición alguna.

Respecto a la nivelación de la remuneración mínima vital, la consideran dentro de la estructura salarial de la inspeccionada en los supuestos en que el colaborador no obtenga bonificación ni comisiones, o cuando en rendimiento de la tienda es bajo o no llegue al 90% de las metas establecidas; por lo que se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento administrativo, así como los principios de legalidad, imparcialidad y presunción de veracidad, por lo que, la multa impuesta resulta ilegal, pues han cumplido con las normas laborales correspondientes.

- La resolución de intendencia confirma la falta de motivación del Acta de Infracción, del Informe Final de Instrucción y de la Resolución de Intendencia; sin embargo, no sanciona con la nulidad de estos documentos.

Señalan que la resolución de intendencia no ha cumplido con la estructura lógica de toda resolución, como es la parte expositiva, considerativa y resolutiva. Además que no ha presentado una justificación interna de la resolución, ni se advierte la apreciación de los medios probatorios, dejando de lado os argumentos de defensa respecto de la regulación de la remuneración mínima vital, pues desde sus escritos de descargos solicitaron la nulidad del Acta de Infracción y del Informe Final de Instrucción, por lo que se ha vulnerado el artículo 44 de la LGIT que regula el principio de la observancia del debido procedimiento en el sistema inspectivo, en el que se permita al administrado a exponer su derecho de defensa, ofrecer pruebas y obtener una resolución debidamente fundada en hechos y derecho, concordante con el articulo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, así como las causales de nulidad de los actos administrativo descritos en el artículo 10 del citado TUO LPAG.

La impugnante en el recurso de revisión solo reitera los argumentos de sus descargos de la imputación de cargos, del informe final de instrucción, y del recurso de apelación

Análisis Del Recurso De Revisión

De la creación de la Sunafil y sus competencias 6.1 Como se señaló en el punto 2.1 de la presente resolución, mediante Ley N° 29981, promulgada el 15 de enero de 2013, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral10, entendida como la autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo.11

10 Iniciando funciones el 01 de abril de 2014, según lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 037- 2014-TR. La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Sunafil, se realizó el 31 de marzo de 2014, según lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución en mención. 11 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 Artículo 18. Ente rector La Sunafil es la autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; y como ente rector de ese sistema funcional dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del Sistema con la participación de los gobiernos regionales y de otras entidades del Estado según corresponda. 12 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 “Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

privado13 y bajo los alcances de la Ley N° 3113114 a nivel nacional, en su calidad de autoridad central de inspección del trabajo, disponiéndose para este fin la transferencia de los “órganos, unidades orgánicas y cargos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, referidas a la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa sociolaboral”.15

13 Considerar los alcances del literal “i” del artículo 4 de la Ley N° 29981, para aquellos trabajadores que presten servicios en entidades públicas sujetas al régimen laboral. 14 Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público, se estableció que la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) estaría a cargo de la Sunafil. 15 Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981 16 Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29981, que modificó el literal f) del artículo 48 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 17 A partir del 10 de julio de 2018, en tanto la referida ley fue publicada el 09 de julio de 2018 en el diario oficial El Peruano. 18 Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR. 19 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, publicado el 25 de octubre de 2013.

actuaciones inspectivas de fiscalización que le fueron otorgadas a la Sunafil como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, entendido éste como un “…sistema único, polivalente e integrado en dependencia técnica, orgánica y funcional directa de la Autoridad Central de la Inspección del Trabajo”20.

Sobre la Interpretación errónea del artículo 259 del TUO LPAG, que establece la la caducidad del Procedimiento Administrativo Sancionador y de la vulneración del Principio de Legalidad.

20 Artículo 18 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806. 21 Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, Decreto Supremo N° 054-2018-PCM 22 En ese sentido, el texto original del artículo 37 y el actual artículo 47 del ROF de la Sunafil establecen que las Intendencias Regionales dependen jerárquicamente del Despacho del Superintendente de la Sunafil. 23 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General “Artículo 259.- Caducidad del procedimiento sancionador. (…) 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo.”

Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo “Disposiciones Complementarias Finales (…) Quinta. - Para la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 237-A de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece un plazo de un (1) año, contado desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, para aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se encuentran en trámite.” Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL. – Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo.

7. Disposiciones Especificas

febrero de 2019, por lo que solo habría transcurrido 2 meses 23 días; por lo que no se habría excedido de plazo de caducidad establecido en la norma materia de análisis. Por lo que, concluimos que los argumentos en este extremo del recurso de revisión no corresponden ser amparados. Además, que la autoridad de segunda instancia al declarar infundado el recurso de apelación ha emitido pronunciamiento en el mismo sentido, en los considerandos 09 al 13 de la resolución materia del recurso de revisión.

Sobre la inaplicación del numeral 53.3 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, al vulnerar el principio de legalidad al no emitir una resolución sino un auto

Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL. – Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo.

7. Disposiciones Especificas

iv. en una situación concreta; v. en el marco del derecho público; y vi. puede tener efectos individualizados o individualizables.

29 “Artículo 9:Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.” 30https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3409_ponenciaforonulidad_actos_ad ministrativos.pdf

que este Tribunal a la luz de los conceptos descritos precedentemente, advierte que se trata de un acto administrativo, que reúne los requisitos esenciales, para su validez, por cuanto la figura jurídica de la nulidad requiere que se acredite el perjuicio ocasionado al administrado con la emisión del acto administrativo, el cual debe ser declarado en sede administrativa o judicial, pues los meros formalismos no constituyen de ninguna manera causales de nulidad. En consecuencia, de acuerdo a la presunción de validez de los actos administrativos surten efectos legales, sin importar la denominación. Lo que importa es la estructura de la resolución que sea coherente, sustentada en derecho y subsumiendo los supuestos fácticos y que se haya emitido en clara observancia del derecho al debido procedimiento administrativo.

Sobre la iInterpretación errónea e inaplicación del Decreto Ley N° 14222, por cuanto no sigue las condiciones establecidas para el cálculo de la remuneración mínima vital.

31 Cfr. art. 12.

productividad normales una remuneración menor que el salario mínimo de los trabajadores a jornal”.

Sobre la falta de motivación del Acta de Infracción, del Informe Final de Instrucción y de la Resolución de Intendencia

32 (EMPLEO, 2005)@7 33 Cfr. D.S 054-90-TR. 34 Las normas de la RMV obligan a pagar ésta por trabajar 48 horas semanales y un mes completo. Si la jornada es de menos horas, el pago será proporcional.

35 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. 36 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004- 2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13). 37 Ley 27444, art. IV, 1.1 38 Ley 27444, art. IV, 1.1

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 13-2021-SUNAFIL/IRE-AYAC, de fecha 07 de abril de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 68-2018-SUNAFIL/IRE-AYA. SEGUNDO.- En ese sentido, REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 13-2021- SUNAFIL/IRE-AYAC, en los extremos referentes a la comisión de una infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT y en el de la comisión de la infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por las razones expuestas en la presente resolución, dejando sin efecto las multas impuestas por dichas infracciones. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C. y a la Intendencia Regional de Ayacucho, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Ayacucho.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.sunafil.gob.pe).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga