Central de Inteligencia Privada del Perú Sociedad Anónima — Res. 1044-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 11092409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Arequipa, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas- juridicas.asp. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “CENTRAL DE INTELIGENCIA PRIVADA DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA” se deberá entender que es dirigida a “CENTRAL DE INTELIGENCIA PRIVADA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA”. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contratos de trabajo (Sub Materia: Formalidades); Certificado de trabajo (Sub Materia: Incluye todas); Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Gratificaciones; Pago de bonificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS).

de Infracción N° 243-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no acreditar documentalmente el pago íntegro de las vacaciones truncas conforme al detalle establecido en la medida inspectiva de requerimiento con los respectivos intereses hasta la fecha efectiva de su pago, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir la medida inspectiva de requerimiento notificada a través de la casilla electrónica el 16 de diciembre de 2022, cuyo plazo de atención vencía a las 23:59 horas del 21 de diciembre de 2022.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar documentalmente el pago de las gratificaciones de fiestas patrias y fiestas de navidad detalladas en los cuadros N° 1,2 y 3, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 506.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar documentalmente el pago de las bonificaciones extraordinarias de las gratificaciones de fiestas patrias y fiestas de navidad detalladas en los cuadros N° 4, 5 y 6, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 506.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar documentalmente el pago directo de las CTS detallada en los cuadros N° 7 y 8, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 506.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar documentalmente el pago de las vacaciones truncas detallado en el cuadro N° 09, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 1058.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida de requerimiento notificada a través de la casilla electrónica del día 16 de diciembre de 2022, a fin de que se envíe a través de la casilla electrónica hasta las

23:59 horas del día 21 de diciembre de 2022, la documentación que acredite el cumplimiento íntegro de lo ordenado en el numeral 1), 2), 3) y 4) del acápite primero de la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 1,058.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no enviar y/o presentar (hasta las 23:59 horas del día 28 de octubre de 2022) a través de la casilla electrónica la información / documentación requerida y detallada en el numeral 2), 3), 4) 5), 6), 8), 9), 10) y 11) del primer requerimiento de información, notificado el día 25 de octubre de 2022, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 506.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no enviar y/o presentar (hasta las 23:59 horas del día 14 de noviembre de 2022) a través de la casilla electrónica la información / documentación requerida y detallada en el numeral 3) y 5) del segundo requerimiento de información, notificado el día 09 de noviembre de 2022, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 506.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no enviar y/o presentar (hasta las 23:59 horas del día 15 de diciembre de 2022) a través de la casilla electrónica la información / documentación requerida y detallada en el numeral 1) y 2) del tercer requerimiento de información, notificado el día 12 de diciembre de 2022, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 506.00.

i. Manifiesta que efectuó el pago de los beneficios sociales en su totalidad por los conceptos de compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, bonificaciones extraordinarias y vacaciones truncas, conforme al régimen de la Pequeña Empresa, dado que pertenecía a dicho régimen. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 27626 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2002-TR, el cual precisa, en el segundo párrafo de su artículo 5°, que no procede la extensión de derechos y beneficios cuando las labores desarrolladas por el personal destacado no son efectuadas por ningún trabajador de la empresa usuaria. No obstante, se efectuó el pago de los beneficios sociales aplicando el régimen de la empresa usuaria, con la finalidad de otorgar un beneficio mayor.

ii. Se sostiene que el personal inspectivo no valoró esta circunstancia, señalando que el trabajador gozaba de los beneficios y derechos del régimen laboral de la actividad privada, efectuando un cálculo incorrecto, contrario a derecho y a los hechos verificados. iii. En cuanto a los requerimientos de información, se precisa que, debido a que la inspeccionada cuenta con un gran número de sedes a nivel nacional y una sede central, la documentación relevante es derivada a la ciudad de Arequipa, lo que dificulta la recopilación de la información solicitada por la SUNAFIL. Sin embargo, esta situación no fue valorada por la autoridad actuante. En consecuencia, se solicita la nulidad de las sanciones impuestas por vulnerar la normativa vigente y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

i. El derecho de defensa y el debido procedimiento, previstos en el literal a) del artículo 44° de la LGIT y en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, aseguran que en todo procedimiento sancionador las partes cuenten con las garantías necesarias para ejercer plenamente su defensa. Estas comprenden, entre otras, el derecho a ser notificadas, acceder al expediente, refutar cargos, ofrecer y actuar pruebas, así como obtener una decisión motivada, fundada en derecho y emitida en un plazo razonable. El Tribunal Constitucional ha reiterado que tales garantías, de naturaleza constitucional, resultan exigibles en cualquier actuación estatal, sea jurisdiccional o administrativa, para salvaguardar los derechos de los administrados. En el presente caso, la revisión de los actuados evidencia que los actos administrativos fueron notificados válidamente a la inspeccionada, otorgándosele el plazo correspondiente para presentar sus descargos, los cuales fueron admitidos oportunamente. Esto demuestra que la Autoridad Administrativa de Trabajo actuó conforme al marco legal, respetando las garantías propias del debido procedimiento. ii. El derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho implica que las autoridades deben considerar de manera expresa los argumentos de hecho y de derecho relevantes y pertinentes para la solución del caso, sin estar obligadas a pronunciarse sobre todos los expuestos por el administrado, sino únicamente sobre aquellos con relación directa a la decisión. Según el Tribunal Constitucional, aunque este deber no tiene un referente constitucional expreso, constituye un principio implícito del Estado democrático de derecho, que exige que toda actuación administrativa esté sujeta al Derecho y cuente con una motivación adecuada sobre los hechos, la interpretación normativa y el razonamiento seguido, a fin de evitar cualquier sospecha de arbitrariedad. iii. La Orden de Inspección fue emitida a raíz de una denuncia presentada ante la autoridad laboral, disponiéndose la verificación del cumplimiento de diversas materias de orden sociolaboral en la empresa inspeccionada. Entre los puntos de fiscalización se incluyeron: contratos de trabajo y sus formalidades, entrega de certificado de trabajo, pago de remuneraciones (sueldos y salarios), pago de gratificaciones, pago de bonificaciones, otorgamiento de vacaciones y depósito de compensación por tiempo de servicios (CTS). El plazo inicial de veinte días hábiles para realizar las actuaciones inspectivas fue posteriormente ampliado, mediante

decreto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por veinte días hábiles adicionales, con el fin de culminar las verificaciones correspondientes. iv. Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, con el propósito de esclarecer las materias incluidas en la Orden de Inspección, la autoridad administrativa de trabajo emitió tres requerimientos de información. Estos fueron notificados a través de la casilla electrónica institucional en las siguientes fechas: 25 de octubre de 2022, 09 de noviembre de 2022 y 12 de diciembre de 2022. En cada caso, se concedió un plazo de tres días hábiles para la presentación de la documentación e información solicitada. En relación con estos requerimientos, la empresa inspeccionada cumplió con remitir información en los dos primeros, el 25 de octubre de 2022 y 09 de noviembre de 2022, aunque con ciertos faltantes respecto a lo requerido. Sin embargo, en el caso del tercer requerimiento, notificado el 12 de diciembre de 2022, no presentó la información solicitada dentro del plazo otorgado. La autoridad inspectiva calificó tales hechos como infracciones previstas en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, por obstaculizar la labor inspectiva. v. Con la documentación proporcionada durante la fase inspectiva, dicha autoridad pudo determinar la existencia de determinados incumplimientos en materia de relaciones laborales. Por ello, el 16 de diciembre de 2022 notificó a la inspeccionada una medida inspectiva de requerimiento, ordenándole subsanar las conductas infractoras detectadas. Ante la inobservancia de esta medida, se procedió a levantar el Acta de Infracción, la cual dio inicio al procedimiento administrativo sancionador correspondiente. vi. Durante el procedimiento sancionador, y tras la notificación de la imputación de cargos y del informe final de instrucción, la empresa inspeccionada presentó sus descargos, los cuales fueron evaluados por la autoridad sancionadora. Finalmente, en primera instancia, se impuso una sanción de multa por infracciones tanto en materia de relaciones laborales como a la labor inspectiva, resolución que motivó la interposición del recurso de apelación. vii. En mérito a dicho recurso, la inspeccionada sostuvo que cumplió con pagar en su totalidad los beneficios sociales cuestionados —CTS, gratificaciones, bonificaciones extraordinarias y vacaciones truncas— aplicando el régimen especial de la Pequeña Empresa, ya que la empresa usuaria en la que el trabajador prestó servicios pertenecería a dicho régimen. Alegó que el inspector no consideró este aspecto y que, al aplicar el régimen laboral de la actividad privada general, se realizó un cálculo de beneficios que resultaba contrario a derecho y a la realidad de los hechos. En atención a ello, la autoridad de segunda instancia analizó este argumento a la luz de la Ley N° 27626, que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, así como del Decreto Supremo N° 003-2002-TR. En base a estas normas, concluyó que las empresas de intermediación laboral deben otorgar a los trabajadores destacados en una empresa usuaria las remuneraciones y condiciones de trabajo que dicha usuaria concede a sus propios trabajadores,

siempre que la actividad desempeñada sea equivalente y salvo casos de beneficios especiales no extensibles. viii. En este sentido, se constató que la empresa inspeccionada es una empresa de intermediación laboral y que el trabajador destacado prestó servicios en una empresa usuaria. No se acreditó que esta última estuviera inscrita en el régimen de la Pequeña Empresa, por lo que correspondía aplicar el régimen laboral de la actividad privada general. Con base en ello, se declaró infundado el argumento de la apelante relativo al cálculo de beneficios sociales. ix. Sobre las infracciones a la labor inspectiva, la Intendencia revisó el precedente establecido por la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que distingue entre la entrega tardía y la negativa de entregar información. Se determinó que, respecto a los requerimientos de información del 25 de octubre de 2022 y del 09 de noviembre de 2022, la inspeccionada sí presentó documentación, aunque incompleta, lo que permitió a la autoridad determinar incumplimientos sustantivos. Por tanto, no se trataba de una negativa ni de una demora que frustre la fiscalización, en ese sentido, se procedió a revocar la sanción en estos extremos. x. En cuanto a la infracción por el no pago de vacaciones truncas, la Intendencia observó que esta obligación no está vinculada al descanso físico vacacional, sino que constituye un concepto remunerativo. En consecuencia, no correspondía su tipificación en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, que sanciona infracciones muy graves relacionadas con el descanso vacacional, sino en el numeral 24.4 del artículo 24° del mismo reglamento. Con esta adecuación, y al dejar sin efecto las sanciones por los dos requerimientos revocados, se redujo la multa impuesta de S/. 5,152.00 a S/. 3,588.00, confirmándose las demás infracciones relacionadas con gratificaciones, bonificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones y los incumplimientos del requerimiento de información del 12 de diciembre de 2022 y de la medida inspectiva de requerimiento del 16 de diciembre de 2022.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

8 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Central De Inteligencia Privada Del Peru Sociedad Anonima

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de agosto de 2023, la CENTRAL DE INTELIGENCIA PRIVADA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 037- 2023-SUNAFIL/IRE-MOQ, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicita que se declare la nulidad de lo actuado por la inaplicación y/o aplicación errónea de normas de derecho laboral, así como por el apartamiento de un precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral. ii. La Orden de Inspección N° 588-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ fue emitida el 14 de diciembre de 2022 y, a los dos días hábiles, se notificó un requerimiento de información otorgando un plazo de tres días hábiles para su atención. En ese periodo, la empresa se encontraba en un proceso de reorganización empresarial, lo que ocasionó que la revisión y atención del requerimiento quedará en abandono. iii. Se indica que no se recibió ningún aviso o alerta respecto a la notificación efectuada en la casilla electrónica institucional, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 18.1 del

artículo 18° del TUO de la LPAG y en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Ello vulnera el Principio del Debido Procedimiento, reconocido en el numeral 1.2 del artículo III del TUO de la LPAG, situación que ha sido respaldada en la Resolución N° 552- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en atención al fundamento contenido en su considerando 6.11. iv. Asimismo, se precisa que, al tener conocimiento de los requerimientos, la empresa cumplió con entregar toda la información de la que disponía. Sin embargo, debido a que la sede central se encuentra en la ciudad de Arequipa, no toda la documentación se encontraba en la sucursal desde la cual se solicitaba la información, lo que dificultó su entrega oportuna y completa. v. Por otra parte, cuestiona que el Intendente haya persistido en confirmar las sanciones por infracciones en materia de relaciones laborales relacionadas con el pago de gratificaciones, bonificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones. Según la apelante, la resolución de intendencia evidencia una interpretación errónea de la normativa aplicable, conforme se desprende de los considerandos 4.38 y 4.39 de dicho pronunciamiento. vi. En relación con el régimen laboral aplicable, el Intendente sostuvo que, de acuerdo con la base legal citada, el trabajador destacado se rige por el régimen laboral de la actividad privada. Además, señaló que el artículo 5° del reglamento de la Ley N° 27626 regula la extensión de remuneraciones y condiciones de trabajo, mas no del régimen laboral. Sin embargo, no se consideró lo dispuesto en el segundo párrafo de dicha norma, que excluye la extensión de derechos y beneficios cuando las labores desarrolladas por el trabajador destacado no son realizadas por ningún trabajador de la empresa usuaria. Asimismo, sostiene que el pago de beneficios sociales —principal imputación en su contra— fue efectuado en su integridad, incluso otorgando montos superiores a los que correspondían, dado que se trata de una microempresa. vii. De otra parte, enfatiza que la SUNAFIL debe interpretar y aplicar de manera correcta tanto la Ley como su Reglamento, recordando que estos últimos son normas de detalle que viabilizan la aplicación de disposiciones legales de mayor jerarquía y que se emiten generalmente mediante decreto supremo. Conforme al Tribunal Constitucional, los reglamentos se subordinan a la Ley y a la Constitución, pudiendo ser: i) secundum legem o ejecutivos, que desarrollan la ley sin contradecirla ni desnaturalizarla; o ii) extra legem u organizativos, que regulan competencias o aspectos internos otorgados por la ley, sin que ello implique desarrollar la norma legal. viii. Finalmente, señala que, de aplicarse correctamente la Ley N° 27626 y su reglamento, quedaría demostrado que la empresa no incurrió en infracción alguna en materia de relaciones laborales y que el pago de beneficios sociales se encuentra completo, por lo que las sanciones impuestas deben ser dejadas sin efecto.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención

de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

FIGURA N° 01

10 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

FIGURA N° 02

FIGURA N° 03

FIGURA N° 04

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 12 Enlace web: https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.consultaNotificacion/

FIGURA N° 05

Información Adicional

N ° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar documentalmente el pago de las gratificaciones de fiestas patrias y fiestas de navidad detalladas en los cuadros N° 1, 2 y 3. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar documentalmente el pago de las bonificaciones extraordinarias de las gratificaciones de fiestas patrias y fiestas de navidad detalladas en los cuadros N° 4, 5 y 6. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar documentalmente el pago directo de la CTS detallada en los cuadros N° 7 y 8. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar documentalmente el pago de las vacaciones truncas detallado en el cuadro N° 09. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

Labor inspectiva Incumplimiento de la medida de requerimiento notificada a través de casilla electrónica del día 16 de diciembre de 2022, a fin de que se envíe a través de la casilla electrónica hasta las 23:59 horas del día 21 de diciembre de 2022, la documentación que acredite el cumplimiento íntegro de lo ordenado en el numeral 1), 2), 3) y 4) del acápite primero de la medida de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No enviar y/o presentar (hasta las 23:59 horas del día 15 de diciembre de 2022) a través de la casilla electrónica la información/documentación requerida y detallada en el numeral 1) y 2) del tercer requerimiento de información, notificado el día 12 de diciembre de 2022. Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CENTRAL DE INTELIGENCIA PRIVADA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 037-2023-SUNAFIL/IRE-MOQ, de fecha 05 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Moquegua, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 018-2023-SUNAFIL/IRE- MOQ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 037-2023-SUNAFIL/IRE-MOQ, de fecha 05 de julio de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa en el extremo de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la CENTRAL DE INTELIGENCIA PRIVADA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA, y a la Intendencia Regional de Moquegua, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250813MABJ – HR: 151583-2022