Center Medical X RAY E.LR.L — Res. 929-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios)). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación al personal inspectivo, para el desarrollo de sus funciones, el 15 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación al personal inspectivo, para el desarrollo de sus funciones, el 02 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. El señor Jaime Poma Colqui, interpuso demanda de beneficios sociales e indemnización recaído en el Expediente Judicial N° 01816-2021-0-1801-JP-LA-01, del cual se llegó a un acuerdo conciliatorio acordando el pago por concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario; estos mismos se hizo de conocimiento al Inspector durante las visitas inspectivas del 15 de junio de 2021, inclusive en la última fecha 02 de julio de 2021. En ese sentido, la labor inspectiva constituye no solamente un avocamiento indebido a una causa judicializada sino contraviene los Principios de Primacía de la Realidad. ii. La resolución apelada aplicó sanción de acuerdo a la tabla de multas aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-TR; sin embargo, teniendo en cuanta el artículo 38 del mismo cuerpo legal, y si bien el artículo 48.1 del RLGIT establece una tabla de infracciones y las insubsanables, en el presente caso, se puede verificar que existía una acción judicial en curso y que la acción inspectiva fue posterior a la demanda formulada por el trabajador. Por tanto, la resolución apelada no ha determinado de manera cierta y válida la existencia del perjuicio invocado, esto es, una falta de colaboración o un acto u hecho que debe ser considerado obstrucción de la labor inspectiva, por lo cual debe desestimarse la sanción impuesta; por ende, la resolución apelada carece de una debida motivación.

2 Notificada a la impugnante el 02 de noviembre de 2022. Véase folio 55 del expediente administrativo sancionador.

i. Si bien los sujetos que intervienen en el proceso judicial son el trabajador demandante y el empleador demandado, por el contrario, en el procedimiento administrativo sancionador, las partes que concurren están formadas por la autoridad administrativa, quien sanciona los incumplimientos corroborados por el Inspector de Trabajo, y la inspeccionada (o, administrado, durante el procedimiento sancionador). Además, respecto al análisis de los fundamentos jurídicos en ambas vías, los mismos son diferentes. En el proceso judicial se analiza si al demandante le compete o no un derecho reclamado y la extensión del mismo; mientras que en los procedimientos de la Inspección del Trabajo se determina la responsabilidad administrativa sancionable por incumplimiento de la norma de trabajo y a la labor inspectiva, esto en ejercicio de la potestad sancionadora. De esta manera, aun cuando pueda existir similitud de hechos, no sucede lo mismo con los sujetos y los fundamentos, máxime si ambas vías pueden abordar el caso de autos desde sus respectivas competencias. ii. Sobre este punto, es necesario también precisar que, sobre la prohibición de avocarse a causas pendientes de un órgano jurisdiccional, establecida en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, ello implica la posibilidad del órgano resolutivo de ejercer o interferir con la labor del juez, de manera tal que se impidiese cumplir las funciones judiciales o las sustituyera de alguna forma. Como puede apreciarse, esto no sucede para el caso de la Inspección del Trabajo (ni los procedimientos sancionadores), toda vez que en nada impiden, limitan o condicionan el ejercicio de la función jurisdiccional. Además de ello, se debe tomar en cuenta que, conforme lo establece el numeral 74.2 del artículo 74 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), “Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia”. De esta manera, de los documentos que se han tenido a la vista y que se actuaron en el procedimiento inspectivo y sancionador, no obra instrumental alguno que permita establecer que se haya emitido un mandato judicial expreso que ordene a la autoridad administrativa que no siga desplegando su competencia, lo que implica que ésta no puede dejar de pronunciarse sobre los asuntos respecto a los cuales se encuentra facultado para ello. Por último, cabe recordar que las decisiones de la Autoridad Administrativa de Trabajo, expedidas en última instancia, de acuerdo a Ley, son recurribles ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo. En dicho sentido, se desestima lo alegado por la inspeccionada contra lo resuelto por la Autoridad de Primera Instancia, al no existir razón alguna para que esta se haya tenido que inhibir en el presente caso. iii. Sobre la infracción a la labor inspectiva por no remitir la información solicitada a través de un requerimiento de información, respecto a la vigilancia del

cumplimiento de los derechos laborales del trabajador afectado, las actuaciones inspectivas se vieron obstaculizadas, toda vez que la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación requerida, por el personal inspectivo, a través de los requerimientos de información de fechas 15 de junio y 02 de julio de 2021. iv. De acuerdo al numeral 4.4 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada no ha remitido información solicitada el 15 de junio de 2021, en la cual se le otorgó el plazo de tres (03) días hábiles. Asimismo, conforme se ha señalado en el numeral 4.12 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada no ha remitido información solicitada el 02 de julio de 2021, en la cual se le otorgó el plazo de tres (03) días hábiles. v. Habiendo verificado las actuaciones inspectivas realizadas en el caso de autos, ha quedado evidenciada la negativa de la inspeccionada de entregar información requerida a la Inspectora comisionada ante dos requerimientos de distinta fecha, la cual se traduce en dos incumplimientos al deber de colaboración que frustra la realización de la labor inspectiva en forma idónea, por la ausencia de información que debió ser presentada ante la Inspectora comisionada. vi. Las justificaciones alegadas a través del recurso impugnatorio no desvirtúan su responsabilidad en la comisión de las infracciones sancionadas; el inferior en grado impuso una multa total cuyos montos han sido debidamente determinados en cumplimiento de lo prescrito por ley, habiéndose calculado y graduado la sanción en atención a la tabla de cuantía y aplicación de sanciones, que se encuentra prevista en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT. Dicha tabla tiene valores fijos, es decir, sin que la autoridad de primera instancia tenga discrecionalidad para imponer un monto diferente al establecido por el legislador considerando; además, la tabla de multas aplicada ha sido adecuada en función a los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, conforme al Decreto Supremo N° 008-2020-TR. vii. La intendencia considera que no existe una falta de motivación en los términos que alega la inspeccionada. Por el contrario, de la lectura de la resolución apelada, se advierte que la misma se encuentra debidamente motivada, en tanto que se ha detallado los hechos que sustentaron la sanción, precisando las normas vulneradas y determinándose que la inspeccionada incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción. Por tanto, se desestima lo argumentado en este extremo del recurso de apelación, debido a que no se ha configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, que invaliden el procedimiento sancionador de autos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CENTER MEDICAL X RAY E.LR.L.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 23,144.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 03 de noviembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1804-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. El trabajador afectado interpuso demanda de beneficios sociales e indemnización, la cual recayó en el expediente judicial N° 01816-2021-0-1801-JP-LA-01, el cual fue seguido ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Especialidad Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, mediante audiencia única, de fecha 02 de julio de 2021, el sujeto inspeccionado llegó a un acuerdo conciliatorio con el demandante, acordando el pago de la suma de S/ 15,000.84 (Quince Mil con 84/100 Soles) por concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, incluido los intereses legales, costas y costos del proceso. En ese sentido, conforme se aprecia de los actuados, la impugnante hizo de conocimiento oportuno de dicha situación durante las visitas inspectivas del 15 de junio del 2021 e inclusive en la última de fecha 02 de julio del 2021. De manera simultánea se hizo de conocimiento de la audiencia que concluyó con el acuerdo conciliatorio, acuerdo que ha sido cumplido en todos los términos fijados, tal es así que el trabajador afectado no ha formulado ningún recurso o queja relacionado con algún incumplimiento vinculado con el mismo. ii. En el presente caso, la administración incumple los Principios de Razonabilidad y Buena Fe Procedimental, toda vez que el personal inspectivo siempre tuvo conocimiento de la judicialización del hecho, al haber sido puesto de su conocimiento por el trabajador afectado; incluso se les informó que, con fecha 16 de marzo del 2021, había formulado su demanda en la vía judicial. De este modo, la labor inspectiva ha incurrido no solamente en un avocamiento indebido a una causa judicializada, sino que ha quebrantado los Principios de Primacía de la Realidad y Objetividad previstas en los incisos 2° y 16° del artículo 2° de la LGIT. Ello porque existe una evidente parcialización de la labor inspectiva ya que, ante la

supuesta falta de amparo judicial, se activó la inspección del trabajo para sustentar su derecho, a pesar que el trabajador ya había recurrido a la instancia judicial. iii. En todo caso, de considerar válida su competencia, la inspección de trabajo debió, al momento de la aplicación de la sanción, tomar en cuenta dicha judicialización al momento de establecer la sanción. Debe considerarse que se hizo de conocimiento, del personal inspectivo la situación legal del trabajador afectado, por lo que no puede considerarse su conducta como un incumplimiento de la obligación de informar sobre trabajador afectado. De este modo, la sanción deviene en injusta y fuera de los marcos de la razonabilidad, más aun considerando que se debió también evaluar la buena fe procedimental del recurrente. iv. Se debe considerar, además, que la actuación de la impugnante está dentro de los cánones que rigen las normas laborales. Así, se ha cumplido estrictamente con el acuerdo conciliatorio al que se arribó ante el Poder Judicial. Incluso, mediante resolución 06, se ha dado cumplimiento a la ejecución del acuerdo conciliatorio y se dispuso el archivo definitivo del proceso seguido ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Especialidad Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Consecuentemente, no resulta válido que se pretenda realizar una doble sanción por un hecho que ya fue resuelto y ejecutado por la autoridad judicial, más aún si no se toma en cuenta criterios de razonabilidad de la sanción, y la actuación de buena fe procedimental del impugnante, desarrollada en relación al trabajador afectado. v. Respecto a la sanción pecuniaria impuesta, si bien el artículo 48.1 del RLGIT establece una tabla de infracciones, además de señalar las insubsanables, en el presente caso se puede verificar que existía una acción judicial en curso y que la acción inspectiva fue posterior a la demanda formulada. De este modo, la resolución materia de apelación no ha determinado de manera cierta y válida la existencia del perjuicio invocado, es decir, una falta de colaboración o un acto u hecho que debe ser considerado obstrucción de la labor inspectiva. vi. Del mismo modo, no se ha tomado en cuenta los Principios de Razonabilidad y Buena Fe Procedimental al momento de fijarse la sanción, debido a que los órganos inspectivos no han tenido en cuenta los presupuestos establecidos en el artículo 38 de la LGIT, la existencia de una información proporcionada respecto de la situación legal del trabajador afectado, que ya se encontraba judicializada. Tampoco se ha tomado en cuenta que la impugnante no ha tenido sanción alguna, además que ha cumplido con los términos del acuerdo conciliatorio suscrito con el trabajador afectado, cosas que no se ha valorado al momento de imponer la sanción. Así, toda sanción no debe estar fijada de manera mecánica en la tabla de referencia de las sanciones sino, tal como lo señala los principios que regulan la actividad administrativa, estas deben ser razonables y en función de la buena fe procedimental expresada por la impugnante en el presente procedimiento sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el conflicto de competencias por la tramitación del proceso judicial

9 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 139°. - Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 10 Véase el siguiente enlace: https://dle.rae.es/avocar 11 TUO de la LPAG, “Artículo 80.- Avocación de competencia 80.1 Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de avocación de conocimiento, por parte de los superiores, en razón de la materia, o de la particular estructura de cada entidad. 80.2 La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.” 12 TUO de la LPAG Artículo 74.- Carácter inalienable de la competencia administrativa

ordenar, en un caso concreto, el que no se ejerza la competencia administrativa. Sin embargo, el solo riesgo de que existan resoluciones discrepantes en uno y otro ámbito no es un asunto que debiera llevar a soluciones que hagan declinarla, sin más.

(…) 74.2 Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia. 13 “Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Artículo 4.- Cumplimiento obligatorio de las decisiones judiciales Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia. (…) Artículo 13.- Suspensión del procedimiento administrativo Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad

administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso.” “Constitución Política del Perú Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia (…) 2. La independencia en el órgano jurisdiccional: Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.” “TUO de la LPAG, Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.” Ibídem, “(…) 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.”

procedimiento sancionador) a fin de valorar la triple identidad a la que dicho principio se refiere.

“7.3. FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS POR CUESTION LITIGIOSA EN SEDE JUDICIAL 7.3.1. En caso el inspector comisionado tome conocimiento que se está tramitando una cuestión litigiosa en sede judicial, acreditada por el empleador con el auto admisorio de la demanda, sobre los mismos hechos, sujetos y fundamentos que los correspondientes a las actuaciones inspectivas, y que requiera ser esclarecida previamente a estas diligencias, debe disponer su término y comunicar al Supervisor Inspector para el archivo o cierre de la orden de inspección. 7.3.2. Para este efecto, se entiende que, en el caso correspondiente a las actuaciones inspectivas y el proceso judicial, existe identidad: – De sujeto, cuando corresponden al mismo empleador y trabajador o trabajadores. – De hechos, cuando se refieran a iguales obligaciones sociolaborales y/o de seguridad y salud en el trabajo, e iguales periodos, en caso dichas obligaciones sean periódicas. – De fundamento, cuando ambos busquen el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. 7.3.3. Si en el caso asignado al personal inspectivo, se advierte que, del total de trabajadores involucrados en la investigación, sólo respecto de algunos se configure la identidad descrita en el párrafo precedente, corresponde finalizar en relación a estos las actuaciones inspectivas (lo que se consigna en el documento resultado de la inspección), continuando dichas actuaciones respecto de los demás trabajadores. 7.3.4. La Inspección del Trabajo puede tomar conocimiento de la existencia de la cuestión litigiosa mediante una comunicación con documento de fecha cierta realizada por la propia autoridad judicial, por el sujeto inspeccionado o un tercero con interés legítimo.”

“El principio non bis in ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal:

a) Desde el punto de vista material, el enunciado según el cual, “(...) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (...)”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea

El inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala que “no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” Estos componentes son reiterados, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de marzo de 2018 recaída en el expediente 68849-2015-PA/TC, Fj. 12.

sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

b) En su vertiente procesal, tal principio significa que “(...) Nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos(...)”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)”.

Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tomo II., 14va edición, Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 467.

“LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten.” Ibidem, “Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

22 Véase en: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad23.

23 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 24 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y

perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 25 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 26 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 27 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

Figura N° 02:

Figura N° 03:

 Del expediente inspectivo se aprecia, a folio 22, el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 15 de junio de 2021, donde se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folio 23 obra la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, documento que acredita la notificación en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 15 de junio de 2021, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 04:

 Asimismo, a folio 26 del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 02 de julio de 2021, donde se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folio 27 obra la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, documento que acredita la notificación en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 02 de julio de 2021, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 05:

Figura N° 06:

Figura N° 07:

permita corroborar que, anterior a la presentación de los descargos de fecha 28 de marzo de 2022, se informó de dicha circunstancia al personal comisionado a la Orden de Inspección. Por tanto, no existiendo medio probatorio o documental que acredite sus dichos, los planteamientos señalados en esos extremos deben ser desestimados.

“[1] Poderes de representación con facultades expresas de representación en sede administrativa y/o carta poder simple, adjuntándose la vigencia de poderes actualizada de quien otorga la carta poder, y copias de DNI del poderdante y apoderado. [2] T-Registro, constancias de alta y baja del señor (…) [3] Acreditar el pago de las remuneraciones desde abril de 2020 hasta enero de 2021 a favor del señor (…), adjuntándose las respectivas boletas de pago y los abonos bancarios que sustenten el pago efectuado por cada mes a su favor. Cabe mencionar, que el referido recurrente adjunta a su solicitud de inspección la Resolución Directoral N” 038391-2020-SPL-MTPE/1/20.2, la que resuelve DESAPROBAR la comunicación excepcional de Suspensión Perfecta de Labores presentada por la empleadora Center Medical X Ray E.I.R.L. respecto del trabajador (…) por el periodo 16/10/2020 al 05/01/2021.”28

28 Se solicitó similar información en el requerimiento de fecha 02 de julio de 2021.

busca proteger el correcto funcionamiento de la labor inspectiva, la cual se puede perjudicar por la conducta de los empleadores que, teniendo posesión de la documentación e información necesaria para dilucidar un caso, se nieguen a exhibirla o no colaboren con proporcionarla a la Autoridad Administrativa del Trabajo, ello con la finalidad de entorpecer su labor.

“8. En esa medida, además de las infracciones detectadas por incumplimientos a la normativa sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo, las infracciones a la labor inspectiva se configuran, entre otros supuestos, cuando existe una obstrucción de parte de los inspeccionados al deber de colaboración en las actuaciones inspectivas.

9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo (énfasis agregado)”.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas

29 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No facilitar la información y documentación al personal inspectivo, para el desarrollo de sus funciones, el 15 de junio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No facilitar la información y documentación al personal inspectivo, para el desarrollo de sus funciones, el 02 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CENTER MEDICAL X RAY E.LR.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1804-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2665-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1804-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CENTER MEDICAL X RAY E.LR.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730RZR - HR 22312-2021