Center FOR Research IN Environmental Health – Centro… — Res. 545-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Certificado de trabajo (Sub materia: incluye todas) y, Bonificación no remunerativa (Sub materia: incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft

inspectiva de requerimiento notificada en fecha 03 de julio de 20182 y, por no asistir a la comparecencia prevista para el 01 de junio de 20183; en mérito a la solicitud de actuación inspectiva interpuesta por la extrabajadora Karla Patricia Hernández Ventura (Coordinadora región Lima y Callao), por el supuesto incumplimiento al pago de la liquidación de beneficios sociales y la entrega del certificado de trabajo.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no entregar el certificado de trabajo por todo el periodo laborado (10 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2017), tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 954.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la gratificación legal de diciembre 2015, julio y diciembre 2016 y julio 2017, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la bonificación extraordinaria de la gratificación legal de diciembre 2015, julio y diciembre 2016 y julio 2017, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no depositar la CTS de los semestres vencidos en noviembre 2015, mayo y noviembre 2016, mayo 2017, noviembre 2017 (periodo trunco), tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración vacacional del periodo 2015-2016 y 2016-2017 (periodo trunco), tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

2 Véase folio 397 del expediente inspectivo. 3 Véase folio 305 del expediente inspectivo.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 03 de julio de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia de fecha 01 de junio de 2018, a las 12:30 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Con fecha 19 de agosto de 2015, la señorita Karla Patricia Hernández Ventura fue admitida como tesista de posgrado de la inspeccionada, limitándose a las coordinaciones y avance de su propuesta de tesis, la misma que al ser evaluada, se determinó que no era claro el enfoque para una tesis, y no estaba alineada a las áreas que desarrollaba la inspeccionada, manifestándole que habría información que le podría servir para elaborar su propuesta, invitándola a acompañar en las actividades en campo en el marco de los proyectos de investigación, como un proceso de aprender haciendo, en la temática, uso de instrumentos y equipos en salud ambiental. ii. Mediante correos de fechas 01 de octubre y 19 de noviembre de 2015, se acredita que la señorita Karla Patricia Hernández Ventura, disponía de sus tiempos para cumplir con sus actividades, dando prioridad a sus actividades académicas; además, consciente de la inexistencia del vínculo laboral, pedía de favor que se le expidiera un certificado de trabajo, demostrándose que la relación existente entre la inspeccionada y la señorita Hernández era estrictamente de colaboración para la elaboración de su tesis de posgrado, no obstante, por segunda vez con fecha 28 de febrero de 2016, como favor pese a la inexistencia de relación laboral pidió se le emitiera una constancia de trabajo, solicitud que le fue negada. iii. Desde enero de 2016 hasta julio de 2017, la presencia de la señorita Karla Patricia Hernández Ventura fue intermitente, debido a que frecuentemente avisaba que no estaría en Lima, y al no tener relación laboral con ella, tenía derecho a priorizar sus actividades particulares, no existiendo restricción por parte de la inspeccionada, por lo que se acompaña correos donde se demuestra que no hubo continuidad de servicios. iv. Se le brindaba apoyo económico en su condición de tesista para servicios puntuales que requería la inspeccionada, el mismo que variaba de acuerdo al servicio. Para el pago presentaba informes previos mediante correo electrónico, siendo que varios de ellos los presentaba con retraso; asimismo, no existió cese laboral, ya que fue la tesista quien decidió retirarse porque había decidido realizar su tesis en otro tema, firmando un documento de confidencialidad de la información para prevenir el uso de los datos que tenía en su poder. v. De lo anterior, se concluye que las condiciones de una relación laboral no se dieron en este caso, el servicio era de apoyo-colaboración (tesista-inspeccionada), la presentación

de información no implica subordinación, y el reconocimiento económico del servicio estaba condicionado a la complejidad del mismo, no pudiendo comprobarse con pagos variables. vi. No obstante, con fecha 23 de mayo de 2018 se exhibió ante SUNAFIL, toda la documentación emitida por la señorita Karla Patricia Hernández Ventura en su condición de tesista, servicios prestados, el pago de retribución, siendo expuestos todos los hechos y documentos complementarios con fecha 01 de junio de 2018, comprobándose que en ningún momento y copulativamente se han dado las 3 condiciones básicas durante la estadía variable de la tesista (prestación personal de servicios, remuneración y subordinación), no existiendo subordinación conforme se demostró en las líneas precedentes, ya que de haber existido relación laboral, las ausencias debieron ser solicitadas formalmente y contar con la aprobación de la inspeccionada, así como hacer la entrega de cargo de las funciones asignadas, lo que no ocurrió, dándole las facilidades por su condición de tesista. vii. La inspeccionada no extendió jamás una constancia de trabajo, y la tesista lo entendía por su condición, por ello lo requería de favor, habiéndose retirado con fecha 07 de julio de 2017, y no 31 de julio de 2017 como alega, siendo evidente que tenía proyectado presentarse al OEFA, sin estimar que la constancia de trabajo presentada por la misma fuera consultada a la inspeccionada, quien respondió con veracidad, desconociendo dicho documento, presentando la inspeccionada una denuncia ante la 3era Fiscalía Penal Provincial de Lima, en contra de la señorita Karla Patricia Hernández Ventura, por el delito contra la fe pública – uso de documento privado falso, contradiciéndose la misma en que si es auténtica a la constancia de trabajo, pues fue con fechas 22 de enero y 26 de febrero de 2018 que solicita la emisión de dichas constancias, cuando los procesos CAS en el OEFA fueron del 09 de agosto de 2017 al 15 de setiembre de 2017 y del 07 de julio de 2017 al 31 de octubre de 2017, deduciéndose su ilícito penal.

i. En primer lugar, respecto al escrito de fecha 23 de agosto de 2019, solicitando el archivamiento del expediente, debido a que se encuentra en trámite un proceso judicial, menciona que tanto el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú como el artículo 4 del TUO de La Ley Orgánica del Poder Judicial, protegen la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, en el sentido que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, siendo que el espíritu de aquellas normas recae en la independencia de la institución, sin embargo, la autoridad administrativa de ninguna manera está interfiriendo con la labor judicial ni su ejercicio de impartir justicia, debiéndose tener presente el artículo 10 de la LGIT. En tal sentido, la inspección del trabajo actuará siempre de oficio, como consecuencia de orden superior que podrá derivar de una orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o del Gobierno Regional. ii. Ahora bien, lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no impide o limita la acción de la inspección del trabajo ni el cumplimiento de sus finalidades reguladas en el artículo 3 de la LGIT. Asimismo, en atención al artículo 75 del TUO de la LPAG, no corresponde a la autoridad inspectiva inhibirse, al no concurrir las condiciones señaladas en la citada norma, esto es, la necesidad objetiva de obtener un pronunciamiento judicial previo, toda vez que, al ser los casos sometidos a la inspección

4 Notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022, véase folio 117 del expediente sancionador.

del trabajo establecidas por ley, no requiere un pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional para determinar la responsabilidad de la inspeccionada. iii. Conforme consta del segundo hecho constatado del Acta de Infracción, la inspeccionada exhibe formatos R12 del PLAME sobre renta de cuarta categoría a partir de enero 2016 a agosto 2017, donde se registra a la extrabajadora, advirtiéndose que la inspeccionada le efectuó pagos por los servicios prestados de manera periódica, ello corroborado con los recibos por honorarios emitidos por la extrabajadora a partir de enero del 2016 a julio de 2017. Asimismo, que la extrabajadora habría suscrito tres contratos de locación de servicios, de cuyo contenido se puede advertir que el objeto del mismo era el apoyo en las actividades de proyectos, realizando la remediación y otras intervenciones que reduzcan el riesgo contaminante tóxico para la salud humana en las comunidades del Perú, que es precisamente la actividad principal de la inspeccionada, teniendo como obligación representar a la inspeccionada, presentar informes mensuales, así como realizar actividades programadas acorde a los fines de los proyectos, obligándose la inspeccionada a su vez, a proporcionar al locador las actividades programadas a realizar cada mes, a otorgar a la extrabajadora materiales y equipos necesarios para las capacitaciones, así como supervisar el servicio que prestaba la extrabajadora. iv. Asimismo, se verifica que la inspeccionada exhibe los informes presentados por la extrabajadora dirigidos al Director de CREEH PERÚ, los mismos que fueron presentados de manera diaria en los meses de enero y febrero de 2016, y de forma mensual a partir del mes de marzo de 2016 a julio 2017, en cuyo contenido se describen las actividades realizadas de los distintos proyectos bajo la supervisión de la inspeccionada, evidenciándose el horario de trabajo en oficina y horario de las actividades en el campo como en el Asiento Minero de Pucará de 8:30 am a 5:50 pm. Asimismo, la extrabajadora presentó durante el procedimiento inspectivo una serie de fotografías de las actividades de campo desarrolladas en el mes de setiembre de 2015, 9 informes de campo de las actividades desarrolladas en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015; presentando, además, correos donde se informa sobre las actividades desarrolladas en campo. v. De otro lado, se verifica que la inspeccionada proporcionó una tarjeta de presentación con el logotipo de la empresa, con su dirección y teléfonos a nombre de la extrabajadora, a quien también le entregó celular, ropa de trabajo consistente en polos con el logotipo de la inspeccionada, que fueron exhibidos por la extrabajadora en la comparecencia de fecha 23 de mayo de 2018. Además, el director de CREEH PERÚ, refirió en su manifestación que la extrabajadora fue admitida como tesista de la maestría a inicios de setiembre 2015, que dentro de ese tiempo se le llevó a campo, dándole algunas tareas para que desarrolle en campo y oficina al fin de evaluar su desempeño y en base a ello se decidió que en enero 2016 pase a la condición de locación de servicios, en donde a partir de setiembre se le abonó viáticos de 60 soles diarios para las actividades de campo, y que a partir de enero 2016 se le asignó funciones de apoyo para el proyecto de minería y plomo, pactándose una remuneración de S/ 1,500.00 soles mensuales, pagándole viáticos para actividades de campo, refiriendo que las actividades no fueron diarias, así como también asistía a la

oficina a realizar sus informes donde exponía las actividades desarrolladas, para la emisión de sus recibos por honorarios. vi. De esta manera, resulta evidente la clara manifestación de los elementos esenciales del contrato de trabajo, quedando demostrado que existía un vínculo de naturaleza laboral pues se presentaron los siguientes elementos: (i) prestación personal del servicio en apoyo de los proyectos; (ii) remuneración acreditada con los recibos por honorarios exhibidos, y (iii) subordinación, denotándose este último en la dirección y supervisión del jefe inmediato, llevándose a concluir que la relación laboral que mantenía la inspeccionada con la extrabajadora fue desnaturalizada, no pudiendo la inspeccionada justificar su accionar en el contrato de locación de servicios, pues en el caso presente prevalece el principio de primacía de la realidad. vii. Que, la documentación que obra junto con el presente recurso de apelación, no solo contiene lo ya presentado en la etapa inspectiva, sino documentos exhibidos durante el procedimiento sancionador y documentos nuevos tales como las comunicaciones que se mantuvieron con la jefa de la Oficina de Administración del OEFA, la convocatoria CAS N° 170-2017, el certificado de trabajo presuntamente falsificado, la carta simple y la carta notarial de la extrabajadora solicitando su constancia de trabajo y sus beneficios sociales, y el atestado policial N° 2485-2018, documentación que no logra desvirtuar la relación laboral que la inspeccionada mantuvo con la extrabajadora. viii. Teniendo en cuenta lo verificado y desarrollado en los párrafos precedentes, considera importante mencionar que la inspeccionada no acreditó en su totalidad el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales respecto de la extrabajadora afectada, siendo su total responsabilidad el cumplir con cada una de sus obligaciones dentro de los plazos que la ley establece, no siendo una eximente de responsabilidad el desconocer su vínculo laboral.

Hernández Ventura, y reformándola, la declaró infundada en todos sus extremos; de este modo, la impugnante sostiene que se confirma de que no hubo vínculo laboral con la extrabajadora. Asimismo, a través del escrito de fecha 29 de mayo de 2023, “solicita la constancia de archivamiento”, pedido que ha sido reiterado mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2023.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CENTER FOR RESEARCH IN ENVIRONMENTAL HEALTH – CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD AMBIENTAL – CREEH PERÚ

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. No se han tenido en cuenta los hechos y pruebas alegadas y actuadas de su parte, como la copia literal que señala su objeto y fines; en el artículo 4 del Estatuto, el cual acredita que se tiene como fines realizar capacitaciones en el tema de salud y ambiente, y en el cumplimiento de estos fines, la señorita Hernández, inicia la relación con la institución; así como la convocatoria de tesistas vía Facebook, de fecha 02 de julio de 2015, para el desarrollo de tesis frente a trabajos técnicos-científicos en materia de temas de salud ambiental; los mensajes de correo electrónico de fecha 05 de agosto, 04 de setiembre, 01 de octubre y 19 de noviembre de 2015, 28 de febrero y 29 de setiembre de 2016, 16 de enero y 23 de julio de 2017, a través de los cuales, la señorita Hernández comunica la demora en sus avances, inasistencias, así como también solicita constancia de trabajo, ya que daba prioridad a sus estudios (maestría), capacitaciones y tesina, lo que acredita que no existía un vínculo laboral. ii. Asimismo, la Carta N° 1496-2017-OEFA/OA, de fecha 01 de setiembre de 2017, mediante la cual la Oficina de Administración del OEFA les comunica sobre un control posterior en

mérito a una convocatoria, para ello le solicita informar sobre el periodo laborado por la señorita Hernández, habiendo tomado conocimiento con esta carta que la señorita habría entregado al OEFA un documento falso a nombre de la institución. A lo que respondieron con Oficio N° 317-2017-CREEH-PERU de fecha 11 de diciembre de 2017, que la señorita Hernández ha colaborado con la institución bajo locación de servicios por el periodo de un año, informando que la constancia no era un documento de la institución, por lo que fue denunciada, y a partir de este hecho, demandó a la impugnante por el pago de derechos laborales. Siendo que, el OEFA contesta que el documento falso ha sido reportado a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos del OEFA, para el deslinde de responsabilidades, mediante el Oficio N° 225-2018-OEFA/OAD. iii. De otro lado, se tiene la Carta S/N de fecha 22 de enero de 2018 y la carta notarial del 26 de febrero de 2018, por medio de las cuales la señorita Hernández, reclama sus derechos laborales; lo que acredita que recién a partir de haber sido sorprendida entregando un documento falso al OEFA, siendo investigada por eso y denunciada por la impugnante, solicita una reunión como extrabajadora. De igual forma, señalan que el cuadro de publicación de resultados de entrevista personal, del proceso CAS N° 316-2017, de fecha 31 de octubre de 2017, corrobora la alegación que con la señorita Hernández no existía relación laboral, ya que recién a partir de haber ganado y haber sido descalificada en el proceso, por haberse descubierto que habría presentado un documento falso, reclamó derechos laborales. iv. Asimismo, señala que del Atestado N° 2485-2018-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-DIVINDDMP- DEPINV, de fecha 10 de diciembre de 2018, por medio del cual se concluye que, luego de la investigación policial, la señorita Hernández, resulta ser presunta autora de la comisión del Delito contra la Fe Pública – Uso de documento privado falso en agravio de CREEH PERÚ, así como del recibo por honorarios N° E001-14, de fecha 25 de abril de 2017, la constancia de investigación de fecha 12 de octubre de 2015, expedida por la institución, por la participación como encuestadora en un proyecto y la constancia de trabajo de fecha 04 de agosto de 2017, falsificada por la señorita Hernández, siendo elementos probatorios que acreditan que no ha existido relación laboral , determinando que la multa impuesta devenga en arbitraria, por irrazonable y desproporcionada, y por transgredir el principio del debido procedimiento y de verdad material, lo que configura causal de nulidad. Siendo así, la resolución en cuestión adolece de una debida motivación, ya que se fundamenta en falsedades y falacias. v. En la resolución en cuestión, se ha aplicado indebidamente el artículo 4 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, siendo que no concurre el elemento de la subordinación, así como el artículo 1764 del Código Civil, al concluir que se configura un contrato de trabajo, y no un contrato de prestación de servicios. vi. Finalmente, siendo que se ha acreditado que no se configuran las infracciones muy graves, por el pago de remuneración vacacional, por no asistir a la diligencia de comparecencia y por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, la consecuencia es que devengan en nulas las infracciones y multas impuestas.

todos sus extremos; pedido que ha sido reiterado mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2023.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la culminación de la cuestión litigiosa en vía judicial

“CONSIDERANDO: Primero: El presente proceso ha sido resuelto mediante la Sentencia del 16 de agosto de 2022, que REVOCARON la Sentencia que declara fundada en parte la demanda; y REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda, la misma que fue debidamente notificada a las partes el 23 de agosto del año en curso; Segundo: Desde la fecha de notificación a las partes, ha transcurrido en exceso el término para la

interposición de recurso impugnatorio; Tercero: El inciso 2) del artículo 123 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral, establece: Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 2) “Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos.”; en consecuencia, encontrándose el presente proceso dentro del supuesto señalado, DECLARARON: CONSENTIDA la Sentencia de 16 de agosto de 2022; y conforme está ordenado DEVUÉLVASE los actuados al Juzgado de origen”.

Sobre la infracción leve y las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019- JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la existencia del vínculo laboral 6.11 Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos, la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración).

“1.1 LA COMITENTE es una organización civil sin fines de lucro dedicada a realizar investigación, consultorías y asesorías en el área de las ciencias de la salud y las ciencias ambientales. En el marco de sus actividades desarrolla diferentes Proyectos en Salud y Ambiente. 1.2 El objeto principal de los proyectos es: Realizar la remediación y otras intervenciones que reduzcan el riesgo que presentan los contaminantes tóxicos para la salud humana en las comunidades del Perú. 1.3 LA COMITENTE requiere los servicios profesionales de un profesional para que brinde los servicios de apoyo en las actividades de los proyectos”.

11 Véase folios del 10 al 15 del expediente inspectivo. 12 Véase folio 145 del expediente inspectivo. 13 Véase folios del 16 al 31 del expediente inspectivo.

que en los citados informes14 se haya dejado constancia, respecto de la prestación de servicios de manera continua así como tampoco un horario de trabajo que determine un inicio y término de sus labores, allí se observan que la trabajadora describe en forma detallada las actividades desarrolladas en los distintos proyectos.

14 Véase folios del 151 al 302 del expediente inspectivo. 15 Véase folio 326 del expediente inspectivo. 16 Véase folio 304 del expediente inspectivo. 17 Véase folio 328 del expediente inspectivo.

derechos legalmente establecidos, entre los que encontramos el derecho a la remuneración vacacional. Por tanto, corresponde dejar sin efecto dicha sanción. Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son

calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

“1.- Acreditar el pago de la gratificación legal y la bonificación extraordinaria de diciembre del año 2015, de julio y diciembre de 2016 y julio de 2017;

18 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

2.- Acreditar el pago y goce vacacional a partir del mes de septiembre del 2015 a julio de 2017; 3.- Acreditar el pago y la entrega de las hojas de liquidación de la compensación por tiempo de servicios de los periodos semestrales vencidos en noviembre del año 2015, mayo y noviembre de 2016 y mayo de 2017 y la generada a julio de 2017; y, 4.- Acreditar la entrega del Certificado de Trabajo por el periodo laborados del mes de septiembre de 2015 a julio de 2017, a favor de la recurrente Karla Patricia Hernández Ventura”,

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

19 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1120 de la LGIT (énfasis añadido).

20 LGIT, “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público”.

del referido documento se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No entregar el certificado de trabajo por todo el periodo laborado (10 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2017). Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Relaciones Laborales No pagar la gratificación legal de diciembre 2015, julio y diciembre 2016 y julio 2017. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones Laborales No pagar la bonificación extraordinaria de la gratificación legal de diciembre 2015, julio y diciembre 2016 y julio 2017. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No depositar la CTS de los semestres vencidos en noviembre 2015, mayo y noviembre 2016, mayo 2017, noviembre 2017 (periodo trunco). Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No asistir a la comparecencia de fecha 01 de junio de 2018, a las 12:30 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CENTER FOR RESEARCH IN ENVIRONMENTAL HEALTH – CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD AMBIENTAL – CREEH PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1821-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 29 de diciembre de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1991-2018- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 635- 2019-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 12 de agosto de 2019, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1821-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y, a la infracción muy grave a labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1821-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a CENTER FOR RESEARCH IN ENVIRONMENTAL HEALTH – CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD AMBIENTAL – CREEH PERÚ, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante. Sintetizo mi posición en las siguientes consideraciones: 1. El caso sometido a análisis de la Sala refleja una discusión jurídica en la que la administración del trabajo y la jurisdicción han sido activadas para la emisión de resoluciones de distinto fundamento jurídico: una, para la determinación de un comportamiento infractor de las normas sociolaborales (obligación sociolaboral respecto de una prestadora de servicios quien no fue reconocida como trabajadora), lo que activa una consecuencia jurídica sancionadora, de competencia de la Administración del Trabajo respecto de un sujeto administrado. La segunda, una competencia jurisdiccional para resolver un conflicto intersubjetivo entre dos partes (la trabajadora interpuso una demanda para que se reconozca el vínculo laboral, junto con el reconocimiento de los beneficios laborales correspondientes).

2. Se evidencia que hay una competencia legal que es inalienable y que tiene que actuar la Administración de Trabajo para evaluar los hechos. En ese análisis material, se advierte la subordinación determinada por la sentencia de primera instancia. Sin embargo, este pronunciamiento fue revocado por la resolución de segunda instancia, respecto de la calificación de los elementos esenciales del contrato de trabajo, porque califica a los elementos típicos como esenciales, porque no cumple con un estándar de motivación adecuadamente estricto en sentido jurídico; entonces termina desdiciendo una razón legal plasmada en la sentencia de primera instancia.

3. Así, nos encontramos ante un caso en el que la autoridad administrativa, en ejercicio de su competencia, ha determinado la existencia de un contrato de trabajo en la relación de servicios ejecutada por la denunciante, encontrándose: 1) la prestación personal de servicios (apoyo en diversos proyectos operados por su contratante); 2) la subordinación

(representando a su contratante, presentando informes mensuales y realizando actividades programadas, conforme con lo establecido cada mes, con la entrega de la contratista de materiales y equipos necesarios para las actividades a realizarse, evidenciándose además la supervisión efectiva de las actividades realizadas por la prestadora de servicios); y 3) el pago periódico, aunque bajo lapsos y montos variables, de una contraprestación por las actividades desplegadas desde enero de 2016 a julio de 2017. La SUNAFIL estableció una sanción de acuerdo con la siguiente línea de tiempo:

a. El 3 de julio de 2018, tras la denuncia formulada por la ex prestadora de servicios, la SUNAFIL concluyó, a través de la inspección desplegada, que esa persona había tenido una relación de servicios de carácter subordinado, motivo por el que se planteó una medida de requerimiento, exhortándose al sujeto inspeccionado a que cumpla con ciertas prestaciones correspondientes al trabajo dependiente.

b. El acta de infracción de fecha 13 de julio de 2018, propuso sanciones leves y graves correspondientes a la ausencia de prestaciones formales y sustantivas propias de las relaciones de trabajo, incluyendo a una infracción “muy grave” por no pagar la remuneración vacacional y dos infracciones del mismo rango contra la labor inspectiva vinculadas a la detección de una relación material de trabajo.

c. El 12 de agosto de 2019, la Resolución sancionadora de la Sub Intendencia de Resolución respectiva coincidió con la razón expresada en el acta de infracción, confirmando las propuestas de sanción.

d. El 29 de diciembre de 2021, la Intendencia de Lima Metropolitana emitió una resolución que confirmó lo resuelto en la instancia previa. Finalmente, los extremos referidos a las infracciones “muy graves” fueron impugnados a través del recurso excepcional de revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral.

4. En tanto, el 23 de mayo de 2022, a través de la RESOLUCIÓN N° VEINTINUO, se emitió la Sentencia núm., 218-2022 del 20° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima (expediente 27536-2018-0-1801-JR-LA-07). La sentencia determinó la existencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. El órgano jurisdiccional determinó una prestación de servicios bajo dependencia jurídica a través de medios de prueba como el contrato de locación de servicios (que indicaba el requerimiento de un profesional para que brinde servicios de apoyo administrativo); la presentación periódica de informes, por parte de la entonces demandante, el pago de una contraprestación por la entrega de los informes. En adición, la motivación de la sentencia sostuvo al carácter subordinado del vínculo a partir de un intercambio de correos electrónicos en los que se indicaba a la trabajadora que debía seguir cierto esquema para los informes a partir de cierto momento, la indicación sobre el uso de una tarjeta de presentación con el logo de la demandada.

5. Impugnada la sentencia comentada en el párrafo anterior, la Primera Sala Laboral Permanente de Lima la revocó, por considerar que no existía subordinación. En forma controversial, el colegiado resolvió esto el 16 de agosto de 2022 sosteniéndose en ciertos argumentos polémicos:

a. A criterio de la Sala, ciertos correos electrónicos intercambiados entre la entonces demandante y la contratante de sus servicios implicaban “que la parte demandante determinaba los tiempos en los que prestaba servicios según su disponibilidad” (considerando número quince), negando así que puedan existir grados de subordinación, por los cuales existen prestadores de servicios que pueden ejercer cierta autonomía respecto de la determinación de los lapsos de su puesta a disposición. En el considerando siguiente se añade que la inexistencia de “un horario fijo de trabajo alguno” (lo que es consecuencia del tipo de actividad ejecutada) “no crea convicción a este Colegiado para establecer una relación laboral”.

b. Ahonda en este error conceptual el órgano jurisdiccional al indicar que la ausencia de medios probatorias que evidencien que la demandante “se haya encontrado sujeta a fiscalización directa o que haya sido pasible de sanción alguna de parte de la empresa demandada contra la demandante” (considerando número dieciséis). Este criterio desconoce que se trata de facultades cuyo ejercicio es potencial o facultativo para el empleador.

6. En fecha posterior, el 10 de octubre de 2022, sin conocer de estas decisiones adoptadas en la vía judicial, el voto mayoritario de esta Sala determinó la suspensión del procedimiento sancionador, en aplicación (bajo mi criterio) incorrecta del artículo 75° de la LPAG. Se trata de una norma que refiere a dos partes ante los que la Administración ejerce alguna facultad resolutiva que, en esencia, puede guardar una conexión más fuerte con un proceso judicial (que, como se ha dicho, resuelve un conflicto intersubjetivo). Si se reconoce a la parte trabajadora como parte material, por aplicación extensiva de dicho artículo, debería igualmente extenderse a dicho sujeto la iniciativa recursiva, cosa que no ocurre en el ámbito de un procedimiento sancionador, cuya naturaleza es bilateral.

7. Así, ordenada la suspensión, que ante los fundamentos expuestos en la sentencia de segunda instancia, que cuando menos se deben considerar “debatibles”, que la autoridad administrativa asimile un criterio judicial que podría resultar injusto para dejar de actuar su competencia administrativa, resultaría entonces un criterio que debe ser examinado con cuidado, por su repercusión ante otros casos y ante cualquier mala praxis de la invocación de la tutela judicial efectiva por parte de cualquier interesado que busque utilizar el criterio invocado por la mayoría para procurar la suspensión de la fiscalización o del procedimiento sancionador.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO.

20230607MCR