Cencosud Retail Perú S.A — Res. 966-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: Libertad sindical, cuota sindical, entre otras). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las cuotas sindicales de enero a agosto 2018, en perjuicio de cuarenta y siete (47) trabajadores, tipificada en el numeral 24.10 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/112,050.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/28,012.50.

i. Que, si bien el Acta de Infracción ha sido emitida el 12 de diciembre de 2018, esta ha sido notificada el 17 de febrero de 2021, es decir, luego de dos (02) años después, lo que vulnera el plazo de cinco (05) días para notificar cualquier acto por parte de la administración pública, tal como ha sido establecido en el artículo 24° del Texto Único Ordenado del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG). Asimismo, con relación al plazo de expedición del Informe Final, se ha desconocido el plazo que refiere el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT. De igual manera, respecto al plazo de notificación de la resolución apelada, se ha inobservado el plazo dispuesto en el literal c) del numeral 53.3 del artículo 53° del RLGIT. Por lo expuesto, el presente procedimiento administrativo sancionador (PAS) deviene en uno irregular, puesto que se ha incurrido en plazos irrazonables, tal como lo ha estipulado el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 3778-2004-AA/TC, se advierte la vulneración de los principios del debido procedimiento, de seguridad jurídica, predictividad e interdicción de la arbitrariedad, lo que generó un estado de indefensión a esta empresa, puesto que no se tuvo conocimiento sobre lo ocurrido en el PAS. ii. Que, no se ha motivado debidamente las imputaciones que contiene el presente PAS, lo que genera la nulidad de la resolución apelada, pues se evidencia una motivación aparente, toda vez que en el considerando 20 de la resolución apelada se indica que en los documentos presentados no corresponden a los cuarenta y siete (47) trabajadores afectados, lo que carece de veracidad pues el 23 de octubre de 2018 y

06 de noviembre de 2018, se comunicó la lista de personas que ya no eran sus trabajadores, razón por la que esta empresa no estaba obligada en realizar los descuentos por aportes sindicales. iii. En el considerando 21 de la resolución apelada, la autoridad de primera instancia indica que de las cincuenta (51) cartas de desafiliación presentadas solo una corresponde a uno de los trabajadores afectados, lo cual no es verdadero pues en la comparecencia del 12 de noviembre de 2018, se presentó cincuenta y un (51) cartas de desafiliación y una lista de trabajadores que se desafiliaron al Sindicato Unitario de Trabajadores del Grupo Económico Cencosud Perú (SUTRAGRUCEP) entre enero y agosto de 2018. iv. Contrariamente a lo precisado en el considerando 23 de la resolución apelada, se ha presentado el documento denominado “Cumplimiento de Requerimiento” y la constancia de transferencia de montos pendientes por cuota sindical a la cuenta del Banco BBVA. En base a lo expuesto, corresponde expresar que la empresa no posee la obligación de realizar los descuentos sindicales porque: (i) Los trabajadores dejaron de laborar entre enero y agosto de 2018; (ii) Los trabajadores solicitaron que deje sin efecto los descuentos para la cuota sindical entre enero y agosto de 2018; y, (iii) Los trabajadores se desafiliaron al sindicato entre enero y agosto de 2018. v. Debido a que ha cumplió con el pago de las cuotas sindicales correspondientes, no correspondía haberse efectuado el mandato contenido en la medida inspectiva de requerimiento, toda vez que dicha orden no observó el principio de legalidad.

i. Que, el hecho que el Acta de Infracción se notificara en un lapso de tiempo superior a dos (02) años de haberse emitido, o que las fases del PAS no hayan emitido sus pronunciamientos en los plazos previstos en el RLGIT, estos no se encuentran calificados como un acto arbitrario con la capacidad de alterar o desnaturalizar el debido procedimiento administrativo. Así las cosas, la Intendencia no observa la vulneración de los principios del debido procedimiento, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. ii. Conforme el numeral 4.12 de los hechos constatados del Acta de Infracción, el inspector detectó que, de enero hasta agosto de 2018, la inspeccionada no realizó el descuento de las cuotas sindicales de cuarenta y siete (47) trabajadores afiliados al SUTRAGRUCEP, ni los abonos respectivos a favor del citado sindicato. De esta manera, se incumplió la obligación prevista en el artículo 28° del Texto Único Ordenado de la

2 Notificada a la impugnante el 28 de febrero de 2022, véase folio 126 del expediente sancionador.

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010- 2003-TR, constituyendo el supuesto de hecho que refiere la infracción prevista en el numeral 24.10 del artículo 24° del RLGIT, la cual ha sido objeto de determinación de responsabilidad administrativa por el inferior en grado. iii. Expresa que, de la evaluación que realiza este despacho sobre la documentación aportada por la inspeccionada a lo largo del PAS, se observa lo siguiente: (i) Constancias de baja y lista de extrabajadores de la inspeccionada, no son los mismos que los trabajadores considerados como afectados en el presente PAS; (ii) Cartas de desafiliación, sólo esta considera el trabajador Daniel Rubén Flores Hurtado dentro del grupo de trabajadores afectados, quien solicitó su desafiliación el 04 de julio de 2018, es decir, quedando pendiente los descuentos sindicales de los meses de anteriores; y, (iii) el “Cumplimiento de Requerimiento”, que acredita el cumplimiento de ciento once (111) trabajadores, pero no de los trabajadores afectados por la presente infracción en análisis, documentos que también fueron previamente evaluados por el inspector comisionado en el numeral 4.11 de los hechos constatados del Acta de Infracción. iv. En base a lo expuesto, este despacho deduce que la documentación alegada por la inspeccionada no resulta la idónea para desvirtuar la presente imputación, siendo los mismos elementos que tuvo presente el inferior en grado al momento de determinar la existencia de responsabilidad administrativa. Esto último bajo la estricta observancia del derecho a la motivación de los actos administrativos, no existiendo así causal de nulidad amparable. v. Precisa que, no se ha logrado acreditar los extremos del mandato de la presente medida de requerimiento, esto es, la retención y abono de las cuotas sindicales de los periodos de enero a agosto de 2018 a favor de SUTRAGRUCEP, lo que equivale a desconocer el deber de colaboración frente a las actuaciones inspectivas. De esta manera, en vista que la inspeccionada se encontró obligada en proceder con la transferencia de las cuotas sindicales pendientes de los periodos 2018, siendo tal obligación el fondo del presente mandato, el inspector emitió la medida de requerimiento con la finalidad de subsanar la conducta ilícita detectada, lo que guarda armonía a lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT. Así las cosas, se refiere que dicho mandato resulta acorde al principio legalidad, dado que este se expidió bajo los límites previstos por nuestro ordenamiento sociolaboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 378-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT, que regula la imposición de una medida inspectiva de requerimiento, pues se necesita como requisito indispensable que primero se compruebe fehacientemente que el empleador omitió el cumplimiento de una obligación legal. ii. Señala que, sí cumplió con el pago al sindicato de los descuentos sindicales, por lo tanto, la medida inspectiva de requerimiento fue emitida de forma ilegal. iii. Expone que, la Intendencia inaplicó el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que regula el debido procedimiento. iv. Que, no se ha valorado las pruebas presentadas durante la etapa de investigación, sobre las constancias de alta y baja de extrabajadores de Cencosud, las cartas de desafiliación, el escrito de “cumplimiento de requerimiento” y la constancia de trasferencia de montos pendientes por cuota sindical. v. Solicita se rectifique el sentido de la resolución de intendencia y se le excluya de la multa impuesta. vi. Señala que, se ha incurrido en una motivación aparente, pues se convalidó la multa impuesta sin justificación ni mucho menos prueba alguna. vii. Inaplicación del numeral 9 del artículo 248° del TUO de la LPAG, que regula el principio de licitud.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

10 Ley General de Inspección de Trabajo, Ley 28806 Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su Justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. 11 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo 019-2006-TR Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. 12 Ley General de Inspección de Trabajo, Ley 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (...)

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento

son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura Nº 1:

Figura Nº 2:

Medida Inspectiva de Requerimiento

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

Figura Nº 3:

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como

principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Sobre la afectación del principio de licitud

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de las cuotas sindicales de enero a agosto 2018, en perjuicio de cuarenta y siete (47) trabajadores. Numeral 24.10 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de diciembre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 378-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 691-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 378-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo en el extremo de la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de diciembre de 2018. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231004JCR