Cencosud Retail Perú S.A — Res. 529-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (incluye todas), Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (incluye todas), y Norma de Ergonomía (incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

de 2018, otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT). 1.3 La Sub Intendencia de Resolución mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 010-2019- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 10 de enero de 2019, notificada el 18 de febrero de 2019, multó a la impugnante por la suma de S/ 47,281.50 por haber incurrido, entre otras, en: - Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 11 de mayo de 2016, conforme al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/13,825.00.

2 Notificada el 12 de julio de 2021.

parte dicha resolución y adecuó el monto de la multa a la suma de S/. 44,931,25, por los siguientes argumentos: i) La estructura del RISST presentado por la inspeccionada, no contiene la estructura mínima exigida por Ley; es decir, no consigna los estándares de seguridad y salud en las operaciones correspondientes al puesto de trabajo del personal de caja, respecto a las labores específicas que se encuentran en el IPER. ii) La inspeccionada no acreditó, durante la etapa inspectiva ni ante la autoridad de primera instancia, el cumplimiento de su obligación de contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a Ley. iii) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo debe de contar con la estructura mínima, de acuerdo a las exigencias establecidas en las disposiciones y/o regulaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y al no estar debidamente tipificado el incumplimiento referido a no tener el antes mencionado reglamento, se revoca la sanción impuesta en dicho extremo, dejando a salvo el valor probatorio de los hechos constatados y el derecho que el corresponde a los trabajadores afectados. iv) No se acreditó la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo en relación a los riesgos ergonómicos a los que estaban expuestos los trabajadores afectados en el puesto de trabajo de cajeros. v) El programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional 2015 no garantizó que la información brindada sea oportuna y adecuada, conforme se advierte del quinto hecho verificado del acta de inspección. vi) Se observa que no ha existido transgresión al principio non bis in ídem, toda vez que los hechos y fundamentos constitutivos en infracción atribuidos a la inspeccionada son distintos. vii) Las infracciones fueron motivas e impuestas conforme a Ley, asimismo fueron plenamente identificadas en los hechos verificados descritos en el Acta de Infracción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A.

Con fecha 02 de agosto de 2021, la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1100-2021-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente: i) Inaplicación del numeral 10 del artículo 66 y del numeral 1.4 del artículo IV del TUO de LPAG, pues no se tomó en cuenta que, de la forma más gravosa, se sanciona a la empresa por las mismas infracciones en 21 procedimientos inspectivos. ii) Inaplicación del numeral 10 del artículo 248 y del numeral 1.4 del artículo 1.2 del TUO de LPAG, porque se vulneraron los principios de culpabilidad y del debido procedimiento al momento de emitir la medida inspectiva de requerimiento. iii) Inaplicación del artículo 51 de la LGIT y artículo 252.2 del TUO de LPAG, por lo que el procedimiento inspectivo debe ser declarado nulo, por cuanto operó el plazo de prescripción de 4 años. iv) Inaplicación del numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues se vulneró el principio de tipicidad al sancionar a la empresa con una infracción que no es aplicable al caso en concreto. v) Aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT, ya que no debió extenderse la medida inspectiva de requerimiento por cuanto cumplió con acreditar, de forma oportuna, el cumplimiento de sus obligaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. vi) Inaplicación de los numerales 1.7 del artículo IV y 9 del artículo 248 de la LPAG, así como del Numeral 16 del artículo 2 de la LGIT al momento de emitir la medida inspectiva de requerimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador 6.1 En el procedimiento sancionador ha operado la caducidad, pues desde el 03 de mayo de 2018, fecha en la que se notificó el inicio del procedimiento, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente: - El 03 de mayo de 2018 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante del Proveído s/n de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador de fecha 17 de abril de 20188.

8 Véase folio 12.

- El 10 de enero de 2019 se emitió la Resolución de Sub-Intendencia N° 010-2019- SUNAFIL/ILM/SIRE5, siendo notificada el 18 de febrero de 20199.

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

9 Véase folio 326. 10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

ocasiona que el plazo establecido para su culminación se venza, adelantando el término del procedimiento por mandato de ley”. Debe entenderse, pues, que la caducidad prevista en el TUO de la LPAG es respecto del procedimiento, por lo que la Intendencia de Lima Metropolitana solo podía haber determinado la existencia de una infracción antes del vencimiento del plazo de caducidad. 6.4 Cabe señalar que Morón Urbina también señala que existen tres manifestaciones de la caducidad en el Derecho Administrativo, entre las que encontramos: i) Caducidad-carga: Referida al tipo de caducidad que opera en los supuestos en los que el particular tiene un plazo corto para el ejercicio de un derecho en beneficio propio; ii) Caducidad-sanción: Este tipo de caducidad opera para poner fin a los efectos de un título habilitante por incumplimiento de las obligaciones que asumió el administrado con la obtención del mismo; y iii) Caducidad-perención: Este tipo de caducidad supone la terminación anormal (extinción) de un procedimiento administrativo por ausencia de actividad del interesado (en caso de procedimientos iniciados a iniciativa de parte) o de la Administración Pública (en caso de procedimientos iniciados de oficio). Para efectos del presente caso, nos encontramos ante la caducidad-perención, en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio. 6.5 En tal sentido, para que opere la caducidad-perención del procedimiento sancionador, basta la superación del plazo establecido para concluir el mismo. Por tanto, como señala el artículo 259 del TUO de la LPAG, una vez transcurridos nueve (9) meses desde el inicio del procedimiento sancionador, este caducará indefectiblemente, procediéndose a su archivo. 6.6 Por su parte, el ítem 7.1.1.6 del punto 7.1 del numeral 7 de la Directiva Nº 001-2017- SUNAFIL/INII17, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017- SUNAFIL, señala que la caducidad es declarada de oficio o a pedido de parte, siendo que en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito la autoridad competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. 6.7 Tomando en cuenta que, según lo estipulado en el artículo 259 del TUO de la LPAG, la caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente, en el presente caso, dado que se trata de una materia sujeta a la competencia del Tribunal y no fue advertida en la instancia inferior, la caducidad podrá ser declarada por este órgano de revisión. 6.8 Por consiguiente, considerando que el procedimiento administrativo sancionador se inició el 03 de mayo de 2018, fecha en la que se notificó el proveído s/n de inicio de procedimiento administrativo sancionador, por tanto, el plazo para resolver el procedimiento administrativo caducó el 04 de febrero de 2019. Por lo que, habiéndose notificado la Resolución de Sub Intendencia N° 010-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE5 el 18 de febrero de 2019, se ha superado el plazo resolver el procedimiento, operando de manera automática la caducidad del presente procedimiento, debiéndose proceder a su archivamiento.

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 010-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 10 de enero de 2019, emitida por la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A. recaído en el expediente sancionador N° 2178-2016- SUNAFIL/ILM/SIRE5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, disponiendo su ARCHIVO.

TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 6.13 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Jessica Alexandra Pizarro Delgado