Cementos Pacasmayo S.A.A — Res. 1490-2025

Mediante Orden de Inspección N° 300-2020-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 81-2020-SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 500-2022-SUNAFIL/ILM/AI32, de fecha 25 de febrero de 2022, notificado el 28 de febrero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1720-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI3, de fecha 22 de agosto de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1300-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 24 de noviembre de 2022, notificado el 28 de noviembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 94,643.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2022, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1300-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1. Ante ello, la Intendencia de Lima Metropolitana emitió la Resolución de Intendencia N° 289-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de abril de 2023 y notificado el 10 de abril de 2023, mediante la cual se declaró no ha lugar el uso de la palabra, infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción contra la administrada.

Con fecha 27 de abril de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 289- 2023-SUNAFIL/ILM, solicitando informe oral

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-003051-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 04 de octubre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 289-2023- SUNAFIL/ILM, que confirmó la resolución de primera instancia, por la comisión de, entre otra, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de abril de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

Con fecha 27 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 289-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Adicionalmente, en el “segundo otrosí decimos” del recurso impugnatorio se advierte la solicitud del impugnante del uso de la palabra para informar oralmente ante el Tribunal, con el fin de exponer sus argumentos de defensa.

Previa evaluación de los argumentos postulados en el recurso de revisión, resulta pertinente tomar en consideración la Resolución de Sala Plena Nº 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, el cual constituye precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, y que expresamente señala:

Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo No 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal,

Sobre esa base, se advierte del recurso de revisión algunos argumentos genéricos, no ceñidos a los criterios antes señalados; es decir, no se ha incorporado en el recurso fundamentos encuadrados en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco, se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. En ese sentido, se precisa que esta instancia analizará solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o a la postulación de la afectación del debido proceso9, no tomando en consideración los argumentos que excedan a dichos presupuestos.

En principio, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra las emisiones de medidas inspectivas de requerimiento.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece lo siguiente:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Respecto al contenido y finalidad de la medida de requerimiento, este Tribunal ha adicionado consideraciones a evaluar en dicha herramienta inspectiva, mediante Resolución de Sala Plena Nº 009-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 23 de mayo de 2023, el cual también tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, sobre la base de los siguientes términos: “6.26. La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”10, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al escribirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. d) Así las cosas, un análisis circunscrito únicamente a la determinación del quantum a cancelar por los incumplimientos en materia de relaciones laborales de significado económico, como supuesto de quiebre del principio de legalidad (arguyéndose la “necesidad” de una identificación específica del monto a cancelar por parte del sujeto inspeccionado por los incumplimientos laborales de naturaleza económica), resulta erróneo; toda vez que el bloque de legalidad invocable (conforme con lo dispuesto por los artículos 5 y 14 de la LGIT y los artículos 13 y 17 del RLGIT) no establece como requisito sine qua non que la medida inspectiva de requerimiento deba identificar el monto dinerario que adeuda el sujeto inspeccionado. (…).” (el resaltado es propio).

De acuerdo a ello, tenemos que esta Sala ha establecido como supuestos de hecho que la validez de la medida de requerimiento exige una evaluación de dos ámbitos marcados. Por un lado, la referente al contenido y la finalidad de la misma, para lo cual de manera expresa se requerirá: la identificación de los trabajadores afectados, establecer la

En cuanto el plazo de la medida de requerimiento, el contexto del caso y el lapso transcurrido para la adopción de acciones requeridas, este Tribunal ha definido ciertos parámetros a considerar, mediante Resolución de Sala Plena Nº 014-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 05 de diciembre de 2022, el cual tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, sobre la base de los siguientes términos: “6.10 Sin embargo, existen supuestos específicos —como el caso materia de autos— en el cual la naturaleza de los incumplimientos y la reincidencia en el incumplimiento de las conductas obligan a efectuar un análisis que comprenda tanto al plazo otorgado por los inspectores comisionados (evaluando si el mismo era suficiente para el cumplimiento de lo conminado), como al lapso transcurrido durante en el que el sujeto inspeccionado pudo adoptar acciones tendientes a cumplir con conductas que le eran conocidas de antemano, al haber sido objeto de sanción previamente o al haber tomado conocimiento de los acontecimientos constituyentes de incumplimiento durante las actuaciones inspectivas. 6.14 Un análisis circunscrito únicamente al plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento conllevaría a concluir, apriorísticamente, el quiebre del principio de razonabilidad (arguyéndose a la “razonabilidad” del tiempo otorgado al sujeto inspeccionado como fundamento). Sin embargo, tal conclusión constituye un resultado que es contradictorio al contenido de dicho principio, como manifestación de una adecuada proporción entre los medios y fines dispuestos ante un caso concreto. Por ello, el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento debe analizarse de acuerdo con el contexto en el que dicha facultad de la inspección del trabajo es ejercida, lo que incluye a los hechos derivados del propio expediente, así como a situaciones directamente acreditadas en otros expedientes que puedan ser un antecedente concretamente invocable. 6.16 En ese sentido, al expedirse la medida inspectiva de requerimiento no solo se debe de contemplar el plazo a otorgar al sujeto inspeccionado frente al plazo restante de las actuaciones inspectivas, sino también las particularidades del caso concreto, lo cual implica la gravedad de la infracción o las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral debidamente comprobadas (por el impacto que causen hacia el trabajador o los trabajadores afectados) y el comportamiento previo del sujeto inspeccionado (si conocía de antemano la infracción, o si había sido sancionado previamente bajo la misma causa); y otros supuestos derivados del contexto en el que se desarrolló el procedimiento inspectivo, que justifiquen la adopción de dicha medida.” (el subrayado es propio).

En ese mismo sentido, corresponde tomar en cuenta lo dispuesto en la Directiva Nº 001- 2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre el ejercicio de la Función Inspectiva”, en sus versiones Nº 1 y 2, respecto de las consideraciones a tomar en cuenta por el comisionado al momento de definir el plazo de la medida de requerimiento, así tenemos:

Toda omisión sobre dichas consideraciones constituirá una afectación a los Principios de Razonabilidad, Proporcionalidad y Legalidad, correspondiendo no acoger la propuesta de sanción de la medida de requerimiento.

Finalmente, no debe perderse de vista lo prescrito en el precedente de observancia obligatoria emitido por esta Sala, correspondiente a la Resolución de Sala Plena Nº 019- 2024-SUNAFIL/TFL, de fecha 30 de noviembre de 2024, mediante el cual se ha definido la causal mediante la cual el inspeccionado puede resultar exento de responsabilidad ante el incumplimiento de una medida de requerimiento, bajo los siguientes términos:

En el presente caso, de la revisión de los actuados se observa que el personal inspectivo emitió y notificó la medida inspectiva de requerimiento al inspeccionado el 22 de julio de 2020, otorgándole seis (06) días hábiles de plazo, a fin de que adopte las siguientes medidas:

En cuanto a la validez de la medida de requerimiento, de una evaluación integral de la misma, en el marco de los supuestos de hecho definidos en los precedentes de observancia obligatoria citados, se advierte que la medida de requerimiento emitida por el cuerpo inspectivo cumple con expresar el ámbito subjetivo y objetivo del mandato; es decir, se encuentran individualizados los trabajadores afectados (numeral 3) por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado (literal A. de los “Hechos Constatados Específicos y Normas Infringidas”), identifica la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador y establece cómo es que debe cumplirse dicha medida.

Sobre el particular, de la fundamentación de la medida de requerimiento, se establece que la administrada ha considerado en sus matrices IPERC (42 en total) los riesgos asociados con el contagio de Covid-19 en las actividades o tareas específicas de la empresa; sin embargo, no ha tomado en cuenta la identificación de los riesgos adicionales, como los psicosociales y disergonómicos, existentes en cada puesto de trabajo y su respectiva evaluación de riesgos y la adopción de las medidas de control, omisión que se extiende a todas las actividades del centro de trabajo ubicado en la Carretera Panamericana Norte 666, Distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad.

Al respecto, corresponde precisar que dichas observaciones se encuentra en función a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº 128-2020-MINEM/DM, las cuales establecen la obligación del empleador en la vigilancia a la exposición de otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos (jornada de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosociales (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros) u otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia de la Covid- 19.

Adicionalmente, en cuanto al plazo otorgado en la medida de requerimiento, si bien se advierte un importante número de matrices IPERC observadas (42 en total), el contexto del caso y el lapso transcurrido a fin de determinar el proceder del administrado, a criterio de esta Sala, se ha proporcionado al impugnante un plazo razonable, que le ha significado la oportunidad de generar el trámite respectivo para dar cumplimiento al mandato definido en la medida de requerimiento. Así, corresponde precisar que el mandato no ha exigido ningún acto de gestión adicional a la reevaluación propia de las matrices observadas, para lo cual se le ha solicitado, únicamente, la presentación de las mismas dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº 128-2020-MINEM/DM. De este modo, según el proceder omisivo de la administrada, no existe duda de la configuración del incumplimiento de esta, máxime si, a la fecha de interpuesto su recurso de revisión, no ha dado muestra de haber generado la subsanación integral de las observaciones determinadas en la medida de requerimiento.

Por otro lado, respecto del cumplimiento, se advierte que el comisionado dejó constancia en el acta de infracción que, transcurrido el plazo otorgado, la administrada no cumplió con acreditar de manera íntegra la medida de requerimiento (numeral 4.15), individualizando las omisiones subsistentes de la siguiente manera (numeral 4.14):

Del desarrollo del proceso administrativo, se verifica que, en razón al informe de actuaciones inspectivas complementarias de fecha 07 de julio de 2021, el personal inspectivo dejó constancia de la satisfacción de la primera de las observaciones generadas en cuanto a las matrices IPERC verificadas, esto es, respecto del “Número de personas expuestas en la evaluación de riesgos”, lo cual permitió a la autoridad de instrucción advertir el levantamiento de las observaciones por parte de la administrada respecto de las siguientes matrices IPERC: IPERC – ADMINISTRACIÓN 2020, IPERC – CONTROL DE CALIDAD 2020, IPERC – GESTIÓN HUMANA 2020, IPERC – I_D 2020, IPERC – SSOMA 2020, IPERC – TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 2020, IPERC – PROD-MOVIMIENTO DE MATERIALES 2020, IPERC-PROD-GRÚA PUENTE Nº 01 Y Nº 02 2020, IPERC – MOLINO Nº 05 2020, IPERC – PROD – EMBOLSADURA 4, 5 Y 6 2020, IPERC-MNTTO – MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 2020, IPERC – MNTTO – MANTENIMIENTO TRANSPORTE 2020, IPERC – MNTTO –

En ese mismo sentido, respecto a la matriz IPERC – PROD – MOLINO DE CRUDO Nº 02 2020, de la verificación del CD adjunto a folios 26 del expediente inspectivo, se verificó que la administrada incluyó los peligros relativos a turno de trabajo extraordinario y actividades repetitivas más de cuatro ciclos por minuto, razón por la cual también se identifica que se ha cumplido con generar la evaluación pertinente respecto de dicha matriz. Sin embargo, respecto de las demás, la administrada mediante escrito de fecha 31 de julio de 2020, no ha cumplido con acreditar satisfactoriamente las observaciones determinadas en actuación inspectiva, como lo ha alegado la impugnante en su recurso (ítem vi) del resumen del recurso de revisión).

Al respecto, esta Sala ha generado evaluación de los medios de prueba proporcionados por la empresa, a propósito de la medida de requerimiento; no obstante, se aprecia que, sobre las matrices ajenas a las citadas precedentemente, persisten las observaciones generadas por el cuerpo inspectivo, omisiones que se ha mantenido durante el proceso administrativo, incluso, en la presentación del recurso de revisión. De este modo, procedemos a citar algunos ejemplos que sostienen lo referido:

De acuerdo a ello, esta Sala corrobora el incumplimiento de la medida de requerimiento por parte de la administrada, razón por la cual encuentra sustento la imputación de la infracción, ante la subsistencia de las observaciones consistentes en: i) Se establece como medida de control el “Uso de EPP básico”, sin especificar cuales ni tampoco guarda relación su uso ante el riesgo advertido; ii) Se precisa que el nivel de severidad difiere entre la evaluación inicial (3) y la residual (2), sin que se hayan establecido medidas de control, en el caso de las matrices de IPERC – MNTTO – PROGRAMADOR DE MANTENIMIENTO 2020, IPERC – MNTTO – JEFE DE GESTION DE MANTENIMIENTO 2020, IPERC – MNTTO – PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO 2020 y IPERC-MNTTO – JEFE DE PLANIFICACION 2020; y, iii) Se ha considerado como medida de control de riesgo adicional (administrativa) “Solicitar reparación de pisos con desnivel” la cual no guarda relación ante el riesgo advertido en el caso de la matriz de IPERC – PROD- MOLINO DE CRUDO Nº 001-2020.

Definido lo precedente, en cuanto a los ítems i) y ii) del resumen del recurso de revisión, mediante el cual la administrada alega que el presente proceso se ha desarrollado sobre

De acuerdo a ello, la interpretación que propone la administrada, constituye una postura forzada y ajena a la legalidad y límites del proceso definidos desde la LPAG, la cual establece directrices que en la presente causa se han respetado, al haberse determinado la caducidad del proceso administrativo primigenio y dado inicio a un nuevo mediante la emisión de una nueva imputación de cargos. Así, corresponde precisar que la emisión de un nuevo número de expediente administrativo ante la declaratoria de caducidad de un procedimiento administrativo, no constituye un mandato determinado por ley. El presente, resulta ser un argumento alegado anteriormente por la administrada y absuelto por las instancias precedentes, lo cual configura evidencia de que se ha garantizado a la administrada una resolución debidamente motivada y en el marco de un debido procedimiento.

En ese mismo sentido, respecto del ítem iii) del resumen del recurso de revisión, en cuanto al cuestionamiento de los sujetos afectados determinados en el proceso de inspección. Se advierte que, conforme a lo precisado en el acta de infracción, la presente investigación se ha generado contra la administrada, respecto del centro de trabajo ubicado en la

Por otro lado, respecto al ítem viii) del resumen del recurso de revisión, mediante el cual se alega la vulneración del Principio Non Bis In Ídem al haberse sancionado de manera reiterada sobre un mismo hecho infractor, corresponde generar la absolución desde la comprensión de los alcances del principio invocado.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Peruano ha establecido en distintas resoluciones12 el contenido del principio, señalando en la resolución recaída en el expediente N° 02704-2012-PHC/TC, fundamento 3.3, lo siguiente:

Asimismo, Morón Urbina13 señala, respecto de la triple identidad de presupuestos (sujeto, hecho y fundamento) lo siguiente:

En ese orden de ideas, existe una notable diferencia en los fundamentos que tutelan las medidas de requerimiento, respecto a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que pretende tutelar, dado que, en el primer caso, se garantiza

Es pertinente mencionar que el incumplimiento al mandato del requerimiento se encuentra calificado como conducta susceptible de reproche, puesto que afecta el desarrollo de las actuaciones de la autoridad inspectiva encaminada a salvaguardar - dentro de un plazo determinado- los bienes jurídicos que componen el ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, no resultan concurrentes la triple identidad (sujetos, hechos y fundamento) necesaria para la configuración del Principio Non Bis In Idem, de este modo, no se ha afectado la integridad del debido procedimiento en la presente causa.

Finalmente, respecto del ítem vii) del resumen del recurso de revisión, mediante el cual se cuestiona que la administración no le haya otorgado el uso de la palabra. Al respecto, resulta pertinente lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, que en el literal d) del fundamento 9 señaló:

De este modo, al verificarse que los pronunciamientos de las instancias precedentes se encuentran definidas sobre la base de una debida motivación, al haber absuelto cada uno de los extremos cuestionados en los escritos de descargo y recursivos planteados por parte de la administrada, se verifica que su derecho de defensa se ha encontrado garantizado; razón por la cual, el no haberse llevado a cabo el informe oral no ha afectado su derecho a un debido procedimiento.

En ese sentido, se desestiman cada uno de los argumentos formulados por la administrada en su recurso de revisión, resolviendo confirmar la Resolución de Intendencia N° 289-2023-SUNAFIL/ILM materia de análisis. En cuanto a los argumentos identificados en los ítems iv) y v) del resumen del recurso de revisión, en razón a encontrarse dirigidos a cuestionar una infracción sobre el cual el Tribunal no resulta competente14, no corresponde emitir pronunciamiento.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

Al respecto, resulta pertinente los alcances proporcionados por el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, precedentemente citado. En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002- 2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral solicitado por el impugnante.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.