Cementos Pacasmayo S.A.A — Res. 134-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Cartel indicador del horario de trabajo, Pago de remuneración, Horas extras, Registro de control de asistencia. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las horas extras, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 33,884.00.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de registro de control de asistencia, tipificadas en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 11,309.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 33,884.00.

i. Existe vulneración al debido proceso.

ii. No se ha considerado que, las horas realizadas con posterioridad a la jornada laboral, no califican como sobretiempo, siendo que se considerado como base el D.S. N° 007- 2002-TR y su reglamento; sin embargo, se ha obviado que, la referida norma señala que, el trabajo en sobretiempo es voluntario; siendo que, además, las horas laboradas por los trabajadores sindicalizados no fueron asignadas como sobretiempo, sino como recuperación de las horas dejadas de laborar durante la vigencia de la licencia con goce de haber compensable.

iii. Los 42 trabajadores materia de investigación, suscribieron convenios de compensación con la empresa.

iv. La subintendencia solo se ha basado en repetir argumentos anteriores, sin mayor evaluación o análisis, ha incluido los mismos del informe final, incurriendo en motivación aparente, afectando de nulidad.

v. Los tres trabajadores detallados, sí suscribieron convenios de recuperación de horas, señalando que, las horas trabajadas luego de la jornada en los meses de mayo y junio, no han sido pagadas, habiéndose demostrado la suscripción de convenios de compensación de horas dejadas de laborar, el 30 de julio de 2020.

vi. No ha sido tomado en cuenta el calculo que se realizó respecto al mes de julio.

vii. No se ha producido incumplimiento de pago de sobretiempo al colaborador Luis Ramón Espinoza Vera.

viii. No se ha incumplido con el registro de control de asistencia; no obstante, no se ha revisado de manera adecuada la información alcanzada.

ix. No se ha incumplido con el deber de colaboración, al considerar que, el representante abandonó la diligencia el 6 de julio de 2020, lo cual es exagerado pues, no se dejó de asistir y participar a las diligencias, cumpliendo con todo mandato y requerimiento.

x. La empresa se encuentra facultada para delimitar la modalidad de recuperación de horas dejadas de laborar de sus trabajadores y programar su compensación; y de acuerdo con el DU 029-2020, la empresa se encuentra en posibilidad de acordar con sus trabajadores, y, a falta de acuerdo, se encuentra en potestad de programar su programación.

i. Esta Intendencia Regional, concuerda con lo señalado por el personal inspectivo, al no poder emitir pronunciamiento sobre la validez o no de los convenios suscritos por los trabajadores con la empresa inspeccionada, toda vez que, la Autoridad Administrativa carece de facultades para pronunciarse sobre ello, dejando a salvo el derecho de los trabajadores de acudir ante la vía legal correspondiente, de considerarlo necesario.

ii. Respecto al cuadro de los trabajos en sobretiempo de los meses de mayo y junio de 2020, hace la precisión que hay trabajadores con convenio de compensación por horas extras; no obstante, respecto de los demás trabajadores, detalló la discrepancia entre las horas laboradas y las horas reconocidas y efectivamente pagadas por la empresa, verificándose montos pendientes de pago en los meses de mayo y junio de 2020.

iii. En el presente caso, no se discute el hecho que, los trabajadores no hayan firmado sus convenios, sino que debe evaluarse si corresponde o no el saldo insoluto pendiente de pago. Para tal efecto, la inspeccionada no ha presentado documento alguno que acredite que cumplió con pagar los saldos insolutos que el personal inspectivo verificó

2 Notificada a la inspeccionada el 13 de mayo de 2021. durante la tramitación del procedimiento sancionador; sino que, se limitó a argumentar que los trabajadores aceptaron voluntariamente que, las horas pendientes de recuperación, se paguen con otro concepto laboral sobre el cual, pudieran disponer y entre ellos, se incluye la recuperación de horas, después de la jornada laboral.

iv. Existe una inconsistencia en lo señalado por la inspeccionada, al referir que, todas las horas trabajadas después de la jornada son para compensar, sin haberse siquiera considerado la idea que, los trabajadores podrían haber laborado más horas de las que correspondiere recuperar, tal y como lo ha verificado el personal inspectivo pues, correspondía a la inspeccionada, acreditar que, dichas horas han sido pagadas y no solo limitarse a señalar que absolutamente todas las horas laboradas luego de la jornada, corresponden indistintamente de su contabilización o no, al hecho de compensarlas. Siendo así, correspondía que la inspeccionada realice una contabilización de las horas que ya han sido recuperadas, las que están pendientes de recuperación o incluso, las que han sido laboradas en exceso.

v. Si bien, la inspeccionada presentó boletas de pago digitales, de esta no se verifica que, se haya realizado dicho pago, toda vez que, no adjuntó los documentos que acrediten los pagos realizados conforme el detalle de las boletas, siendo que, le correspondía acreditar que, cumplió con el pago íntegro de lo señalado.

vi. La inspeccionada sólo adjuntó print de pantalla de las boletas de pago, de las cuales, no se puede verificar que, la licencia con goce de haber fue otorgado de manera efectiva, como sí acreditaría un documento o comunicación dirigida por el empleador al trabajador, u otro documento análogo; no pudiendo verificarse que, lo señalado por la apelante, sea cierto.

vii. Respecto al hecho que, el registro de control de asistencia, se pueda sustituir con una comunicación simple, con lo cual, no se encuentran de acuerdo, al señalar que dicho criterio no es válido, pues vulnera las normas emitidas en el estado de emergencia y de los medios digitales establecidos en el D.L. 1310, debe precisarse que, si bien es cierto, no existe una legislación que obligue al empresario a llevar un registro de control de asistencia a los trabajadores que realizan labores remotas; no obstante, ello no se encuentra en discusión pues, como ya se ha dicho, no basta con el empleador se limite a señalar que, el trabajador se encuentre de licencia con goce o se realice trabajo remoto; sino que, ello debe ser acreditado con documentos que generen certeza que ello ha sido otorgado a dichos trabajadores; lo cual, la empresa no ha cumplido con acreditarlo.

viii. Si el personal inspectivo cita a las partes a una diligencia, éstas tienen la obligación de colaborar en todo momento con dicho personal, al encontrarse facultados por ley, para realizar las averiguaciones correspondientes; en tal sentido, hasta que, el personal inspectivo, no haya señalado que, las partes puedan retirarse de la diligencia, éstas se encuentran obligadas, por ley, a seguir prestando su declaración, siendo que, no es factible abandonar la diligencia que se estaba efectuando, tal y como lo señaló la propia inspeccionada; y si bien, es su derecho a retirarse pues, no puede obligarse a nadie a participar contra su voluntad; no obstante, esto si constituye afectación a la investigación pues, no había culminado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 02 de junio de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 057-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, solicitando que se excluya de la resolución impugnada las sanciones impuestas, por adolecer de vicios, en consideración a los siguientes argumentos:

Aplicación indebida del artículo 26.2 del Decreto de Urgencia N° 029-2020

- En el presente caso las labores realizadas luego de la jornada laboral por los trabajadores sindicalizados no fueron asignadas ni acordadas con los trabajadores como sobretiempo, sino como compensación de las horas dejadas de laborar durante la licencia con goce de haber compensable prevista las normas de emergencia emitidas en el marco de la pandemia de la COVID-19.

- Desde mediados del mes de marzo hasta el mes de mayo del presente año con ocasión del Estado de Emergencia Nacional, los trabajadores acumularon una cantidad importante de horas dejadas de laborar que han sido tratadas y registradas como “Licencia con goce de haber compensable”. En ese sentido, mediante los respectivos convenios con los 42 trabajadores señalados en el cuadro N° 4 del Acta de infracción, se dejó claramente establecido el número de días y sus correspondientes horas, dejadas de laborar como licencia con goce de haber sujeta a compensación, tal y como se puede apreciar de las cláusulas segunda, tercera y cuarta de los convenios suscritos.

8 Iniciándose el plazo el 14 de mayo de 2021. - De los convenios presentados a lo largo del procedimiento, y de las “horas insolutas” de mayo y junio del 2020 verificadas en el Acta de Infracción que precisamente corresponden a las horas de la licencia pendientes de compensar, queda incluso, horas pendientes de compensar. Por lo tanto, las labores calificadas como “sobretiempo” no son tales, pues corresponden a la recuperación de horas dejadas de laborar por los trabajadores en el marco del Decreto de Urgencia N° 029-2020, no habiendo incumplido con ninguna de las normas señaladas por la Resolución de Intendencia.

Inaplicación del numeral 1.15 del artículo IV del TUO de la LPAG, y la falta del requisito de antijuridicidad

- Se ha demostrado a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, que la conducta no es antijurídica por estar amparada en las normas antes mencionadas que permiten la compensación de horas trabajadas en merito a los convenios suscritos con los trabajadores y el Decreto de Urgencia N° 029-2020.

Aplicación errónea de los artículos 1 y 5 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR

- La Autoridad Laboral no ha reparado que la norma que otorga la facilidad de la Licencia con Goce de Haber es precisamente el Decreto Supremo N° 029-2020-TR que regula disposiciones relativas a las medidas laborales durante el Estado de Emergencia originado en la situación de pandemia por la COVID-19 que azota a nuestro país. Pese a ello, se pretende obligar a la Empresa y a los trabajadores a que registren la asistencia pese a que no es factible por las actuales circunstancias y a la modalidad de trabajo remoto.

- La legislación laboral existente faculta a empresas como la nuestra a desarrollar la administración de documentación y control de personal a través de medios digitales, cuya acreditación en procedimientos como el presente puede ser precisamente a través de información digital, conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1310 vigente. Bajo esa premisa, y conforme lo hemos informado y demostrado anteriormente, resulta necesario tener presente que nuestro sistema de Registro de Asistencia es de naturaleza digital y no manual, por lo que la asistencia del personal se registra a partir de su marcación dactilar en los equipos informáticos instalados en el ingreso a nuestras sedes de trabajo. A partir de ello y a su natural configuración, si el trabajador no acude a colocar su marcación dactilar no habrá registro de asistencia de aquel día, y por eso ante una ausencia a laborar no habrá registro de asistencia, resultando imposible que se nos exija la presentación de una marcación o registro inexistente, pues se nos requiere la presentación de un elemento probatorio inexistente para acreditar un hecho que no tuvo lugar como lo es la falta de asistencia al centro de trabajo.

- Está perfectamente demostrado que el motivo por el cual durante el mes de mayo de 2020 el trabajador Esqueche Millones no figura en el Registro de Control de Asistencia es porque durante dicho periodo se encontraba de Licencia con Goce Compensable, conforme fue así señalado en su Boleta de Pagos. Asimismo, la diferencia entre las horas supuestamente ingresadas en el Registro de Control de Asistencia y las pagadas durante los meses de mayo y junio del presente año respecto al trabajador Machuca Mendoza se encuentran perfectamente acreditadas. Con respecto a la ausencia de marcaciones en el Registro de Control de Asistencia por el mes de junio del trabajador Liberato Zaldívar, se hace presente que a partir del 25 de abril del presente año el referido trabajador pasó a laborar bajo la modalidad de trabajo remoto desde su domicilio, motivo por el cual no se evidencian mayores marcaciones en el control de asistencia, conforme fue señalado por su jefatura directa.

- El hecho de solicitar otros medios probatorios distintos, como lo pretende señalar la Intendencia, configuraría una prueba diabólica que significa exigir al denunciado una prueba de

difícil e incluso, imposible acreditación, pero ello no por su inexistencia, sino por el considerable grado de dificultad que implica su obtención, lo cual genera la indefensión de la Empresa.

Aplicación errónea del numeral 18.2 de artículo 18 del RLGIT

- No debió extenderse la medida inspectiva de requerimiento, por cuanto Pacasmayo cumplió con acreditar, de forma oportuna, que no correspondía el pago de horas extras respecto a los 42 trabajadores aparentemente afectados.

- A lo largo de todo el procedimiento sancionador, SUNAFIL se ha limitado a extraer el número de horas trabajadas fuera de la jornada ordinaria sin compensarlas con el número de horas de la licencia con goce otorgada a los 42 trabajadores, lo cual es fácilmente verificable de los convenios presentados. Así como, no se calculó el número de las supuestas horas extras no pagadas, no presentando ello en un cuadro resumen en la imputación de cargos.

Inaplicación del numeral 10 del artículo 66 y el numeral 6 del artículo 248 del TUO de la LPAG

- La Intendencia resolvió multar a nuestra Empresa por la presunta comisión de estas infracciones: i) No acreditar el pago de horas extras por los meses de mayo y junio de 2020, a favor de 42 trabajadores (artículo 25.6 del RLGIT) y ii) No cumplir con la medida de requerimiento (artículo 46.7 del RLGIT). Las 2 infracciones se sustentan en una sola conducta: el presunto incumplimiento por no acreditar el pago de horas extras por los meses de mayo y junio de 2020, a favor de 42 trabajadores. Esto está prohibido por el principio de concurso de infracciones previsto en el numeral 6 del artículo 24812 del TUO de la LPAG y en el artículo 48- A13 del RLGIT que establecen que cuando una misma conducta califica como más de una infracción se aplicará la de mayor gravedad. En este caso, ese principio no se cumplió, pese a que las infracciones imputadas corresponden a una misma conducta.

Inaplicación del numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG

- Las infracciones imputadas por no acreditar el pago de horas extras y el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento se sustentaron en un mismo hecho: el presunto incumplimiento por no acreditar el pago de horas extras por los meses de mayo y junio de 2020, a favor de 42 trabajadores.

Inaplicación de las normas referentes al debido procedimiento en el procedimiento inspectivo

- Los hechos imputados contenidos en el Acta de Infracción que fueron notificados por la Autoridad Instructora a la Empresa no cumplen con las garantías del debido procedimiento generando una afectación al derecho de defensa, toda vez, que no se puede apreciar en qué afectó a la labor inspectiva u obstaculizó la inspección, el hecho del retiro de la audiencia por parte del representante de la Empresa, lo cual no solo constituye una falta de motivación conforme al numeral 1 del artículo 6 del TUO de la LPAG, que se inició con el Acta de Infracción, sino que constituye una vulneración al derecho de defensa, debido a que no es factible hacer unos descargos si no se ha establecido la consecuencia de la conducta presuntamente infractora.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el pago de las Horas Extras

“2.1. Las disposiciones constitucionales. 2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional. 2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. 2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. 2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. 2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. 2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas. 2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. 2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas. 2.10. Los principios generales del derecho administrativo. 3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.”

el artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT9, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú10, los precedentes vinculantes que sobre el particular emita el Tribunal Constitucional y la norma especial sobre la materia; por lo que, según el fundamento 15 de la sentencia citada, sobre el particular se debe tener presente que:

“(…) a) Las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son prescritas como máximas en cuanto a su duración. b) Es posible que bajo determinados supuestos se pueda trabajar más de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana. Este supuesto dependerá del tipo de trabajo que se realice. c) El establecimiento de la jornada laboral debe tener una limitación razonable. d) Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos. e) En el caso de nuestro país, la Constitución impone la jornada máxima de trabajo de cuarentiocho horas semanales, de modo que, siendo ésta la norma más protectora, prevalecerá sobre cualquier disposición convencional que imponga una jornada semanal mayor; (por ejemplo, el artículo 4° del Convenio N°1 (1919) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”

9 “C001 - Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (número 1), ratificado por Perú el 8.11.1945 Artículo 2 En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas a continuación: (a) las disposiciones del presente Convenio no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza; (…) (c) cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana.” 10 “Constitución Política de 1993 Artículo 25°. - La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.”

- “El numeral 26.1 se refiere a las actividades esenciales y faculta al empleador a adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales.

- El numeral 26.2, donde el legislador establece que, si no se trata de una actividad esencial y siempre que no se aplique el trabajo remoto, corresponde al empleador otorgar una licencia con goce de haber a los trabajadores, estableciendo para el sector privado que la compensación se dará de la siguiente manera: 1.- Acuerdo entre las partes. 2.- A falta de acuerdo, corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional”.

actividades consta de 4 fases para su implementación, dando inicio a la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” desde mayo del 2020.

trabajadores posterior a la jornada laboral habitual de labores, se encuentra en dicho marco consensuado, debiéndose imputar para dicho efecto como compensación de horas por la licencia con goce de haberes, de las que fueron efecto los trabajadores durante el periodo de pandemia. Por lo antes expuesto, este Tribunal ha considerado amparar este extremo del recurso de revisión.

Sobre el Registro de Control de Asistencia

11 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR encontraba en licencia con goce de haber durante los 30 días del mes. Lo propio ocurre en el caso del trabajador Carlos Estuardo Machuca Mendoza, pues verificada la boleta del mes de junio de 2020, se evidencia que el mismo se encontraba en licencia con goce de haber durante los 30 días de dicho mes. Por tanto, atendiendo a la finalidad del registro de control de asistencia antes señalado, y considerando que los trabajadores referidos no prestaron labor efectiva en los periodos referidos, resulta incompatible exigir al empleador que los trabajadores bajo licencia con goce de haberes registren su asistencia.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se

entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (el énfasis es añadido)

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fi n de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”. (el énfasis es añadido)

12 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 13 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a que la medida de requerimiento se emite una vez se compruebe la existencia de una infracción. Por lo tanto, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta por dicha infracción.

Sobre el incumplimiento al deber de colaboración

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente

14 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

(…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente."

” …no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe…”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004- 2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. contra la Resolución de Intendencia N° 057-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 07 de mayo de 2021, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 007-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 057-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a las sanciones impuestas por las infracciones tipificada en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dichos infracciones en la Resolución de Sub Intendencia N° 427-2020-SUNAFIL/IRE-LL/SIRE, de fecha 30 de diciembre de 2020. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga